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Monday 13 May 2024 | Actualizado a 11:18 AM

Elefantes blancos

Tener obras millonarias que no se usan en una urbe de escasos recursos es una afrenta.

/ 20 de junio de 2017 / 05:29

Es bien sabido que El Alto, pese a ser la segunda ciudad más poblada del país, es también una de las más pobres. Tal vez no tanto por el estatus socioeconómico de sus habitantes, que en algunos sectores se muestran crecientemente prósperos, sino por el presupuesto de su gobierno local. En ese contexto, construir obras de alto costo que no se usan es un despropósito.

Un reportaje publicado el domingo en este diario revela que al menos ocho obras de gran envergadura, con un presupuesto que combinado suma Bs 157,6 millones, fueron ejecutadas en los últimos años sin que hasta ahora hayan beneficiado a la población. Los recursos han provenido en gran parte del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, y en casi todos los casos la contraparte fue municipal.

Se trata del estadio Cosmos 79, cuya construcción comenzó en septiembre de 2005, en pleno auge de la afición futbolística alteña, y que hasta la fecha no ha sido concluido; de la Ciclovía, que comienza frente al estadio, pero nadie sabe hasta dónde debe extenderse, y mucho menos cuándo habrá de concluirse; de un parque vial en Villa Adela, que hasta ahora no tiene uso alguno; de dos plantas de lácteos, una en la zona de Pomamaya y otra en Santa Rosa, que carecen de agua potable y por tanto son inoperables; de dos mercados campesinos, uno en Santa Rosa y otro en Villa Tunari, que por falta de alcantarillado sanitario no han sido inaugurados; y el parque de la Avenida Cívica, que pese a haber sido entregado hace pocos meses, sigue cerrado y sin funcionamiento.

En la Alcaldía de El Alto las explicaciones son escasas, pero al menos sirven para comprender que la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), dependiente del Ministerio de la Presidencia (responsable del citado plan de construcción de infraestructura a nombre del Presidente del Estado), no presupuestó apropiadamente ni su funcionamiento ni su mantenimiento, que seguramente podrían ser cubiertos por el gobierno local; pero tampoco se hicieron los trámites de traspaso de propiedad de los bienes inmuebles. El problema es recurrente en casi todas las obras ejecutadas por la Upre en todo el país.

En el caso de El Alto, por la ya anotada situación de precariedad económica de la municipalidad, sumada a un cúmulo de factores sociales y culturales, tener esas obras millonarias en el olvido es una verdadera afrenta y una muestra de insensibilidad tanto de las autoridades nacionales, que dieron curso a los proyectos, como de las locales, que se ven imposibilitadas de ponerlos al servicio de la población.

Urge, pues, que quienes están a cargo de la Upre comprendan la verdadera importancia de las obras que ejecutan, y que va más allá de permitir al Primer Mandatario asistir a los actos de inauguración, y que en los gobiernos municipales se hagan más esfuerzos para coordinar con los primeros.

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Urge una reforma contra la violencia sexual

Tras la sentencia, se han presentado cinco proyectos de ley sobre violencia sexual en Bolivia

Mónica Bayá

/ 13 de mayo de 2024 / 11:16

Ha pasado más de un año desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió un fallo histórico a favor de la sobreviviente de violencia sexual Brisa De Angulo Losada contra el Estado de Bolivia. Aunque se han logrado avances en la implementación de la sentencia, quedan áreas críticas pendientes, particularmente la reforma legal.

Alta prevalencia de la violencia sexual e impunidad. Bolivia tiene las tasas más altas de violencia sexual en América Latina. Una de cada tres niñas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años. A pesar de las estadísticas alarmantes, las sobrevivientes de violencia sexual encuentran barreras al buscar justicia.

Lea: El aborto en el contexto de los derechos humanos

La experiencia de Brisa refleja esta realidad: violada repetidamente por un familiar adulto a partir de los 16 años, enfrentó tres juicios en Bolivia sin que su agresor fuera llevado ante la justicia y sancionado. Durante este calvario dentro del sistema de justicia penal, fue objeto de culpabilización, discriminación de género y más trauma.

La sentencia de la CorteIDH nos trajo esperanza. En enero de 2023, el fallo de la CorteIDH a favor de Brisa finalmente le ha otorgado un nivel de justicia y le ha ofrecido a ella, y a tantas otras sobrevivientes, una esperanza real de cambio. La CorteIDH ordenó a Bolivia adoptar varias medidas, tanto en las leyes como en la implementación de las mismas. Aunque se han dado algunos pasos, el camino hacia la plena ejecución de la sentencia es largo.

En agosto de 2023, el Estado de Bolivia se disculpó formalmente con Brisa en un evento público, reconociendo oficialmente las violaciones a sus derechos humanos. Además, se ha avanzado en la capacitación a operadores/as de justicia para promover la implementación de la perspectiva de género en casos de violencia sexual.

Urge que el Estado avance con la reforma legal. La CorteIDH ha establecido que Bolivia debe modificar su legislación para definir el delito de violación con base en la falta de consentimiento y no en el uso de la fuerza. Además, debe eliminar la figura discriminatoria del estupro, una disposición legal que puede aplicarse cuando un adulto viola a una adolescente que supera la edad legal de consentimiento, pero es menor de 18 años.

Bolivia debe también reconocer explícitamente en el Código Penal el delito de violación incestuosa, definido como cualquier acto sexual entre un adulto y un menor de edad dentro del entorno familiar.

Estas determinaciones de la Corte crean un precedente importante para todos los países del sistema interamericano. Como evidencia el informe de Equality Now Fracaso en la Protección, la mayoría de los códigos penales en América Latina y el Caribe aún se basan en el requisito del uso de la fuerza para definir los delitos de violencia sexual.

Tras la sentencia, se han presentado cinco proyectos de ley sobre violencia sexual en Bolivia. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno ha sido aprobado. En ese sentido, celebramos que recientemente la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional haya alcanzado consenso sobre un proyecto de ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, elimina el delito de estupro, adecúa la figura de la violación a los estándares de la CorteIDH y crea el delito de violación incestuosa. Es imperativo que este proyecto se apruebe y se convierta en ley.

Urge que el Estado investigue. La CorteIDH ha determinado también investigar los actos de revictimización contra Brisa, identificando a funcionarios cuyas acciones contribuyeron a esta situación y posibles irregularidades procesales.

Hasta la fecha, la Procuraduría General del Estado no ha iniciado indagaciones sobre las acusaciones en el documento difamatorio que emitió contra Brisa y que fue presentado ante la CorteIDH durante el proceso.

Este documento ha sido utilizado por el agresor de Brisa y otros para difamarla, iniciar acciones legales en su contra e incluso obstruir el procedimiento de extradición del agresor, quien se encuentra prófugo de la Justicia boliviana. El Estado debe avanzar en la investigación ordenada por la CorteIDH y así detener esta revictimización hacia Brisa, quien lleva 20 años luchando por acceso a la Justicia.

(*) Monica Bayá es secretaria técnica de Comunidad de Derechos Humanos Bolivia; Barbara Jiménez-Santiago es representante regional de Equality Now para América Latina y el Caribe; y Brisa De Angulo Losada es activista, sobreviviente, fundadora y directora de A Breeze of Hope

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Otras claves para entender la cuestión del litio

/ 12 de mayo de 2024 / 00:56

Examinando la información publicada en los medios sobre el asunto crucial del litio, lamentablemente se reitera una antigua convicción: somos un país minero sin periodismo minero, o por lo menos sin un grado aceptable de especialización sobre la materia. Con referencia a las llamadas redes sociales, sabido es que difunden mucha basura desinformante, aunque poseen la virtud de permitirnos el acceso a fuentes primarias documentales.

Las anteriores apreciaciones se confirman en las últimas semanas a raíz del presunto “destape” de la cuestión, convertida en asunto policiacojudicial. Un asunto de la más alta prioridad nacional y de enorme complejidad, pues abarca aspectos tecnocientíficos, políticos económicos, geopolíticos y otros, pasó a manos de la caterva de jueces y fiscales que se constituyó durante el gobierno de Evo Morales, sirvió dócilmente al gobierno dictatorial de Áñez-Murillo, y ahora sirve, sin vergüenza alguna, a los dueños transitorios del poder. El tema del litio degradado y sumergido en el nauseabundo lodazal de la politiquería barata. A eso hemos llegado.

Eludiendo sumarnos a la multitud de “opinadores”, y a riesgo de incomodar a los lectores de papel impreso y poco acostumbrados a los nexos digitales, preferimos invitar a los lectores a visitar algunas fuentes virtuales de utilidad. Concretamente: una entrevista de Toto Salcedo en el canal cristiano realizada en diciembre de 2018 con Luis Alberto Echazú, principal protagonista de esta historia, en la que se anticipa la posibilidad de críticas infundadas saturadas de envidia, ignorancia, estupidez o servilismo consciente o inconsciente a intereses extranjeros (buscar en YouTube El litio de Bolivia, en Encuentro con la Verdad). Y dos presentaciones digitales del mismo Echazú, auspiciadas por una red de militantes del MAS en Europa —buscar en Facebook Coordinadora MAS IPSP Europa, Conversatorio con Luis Alberto Echazú, el antes y el ahora de la industria del Litio (7 de marzo 2023) y Conversatorio con Luis Alberto Echazú, Ex ministro de Minería y Metalurgia (18 de marzo 2024). Cabe hacer notar que ambas muy ilustrativas conferencias se efectuaron varios meses antes del truculento lanzamiento de las acusaciones dizque “judiciales” contra una decena de operadores “implicados” en las obras, entre ellos el malogrado profesional Juan Carlos Montenegro.

En esta misma columna, recordando una entrevista en Canal 13 TVU, decíamos en abril de 2021: “Dos prominentes investigadores, Narciso Cardozo y Justo Zapata, abordaron la cuestión con gran solvencia académica. El primero explicó la enorme importancia que este metal tendría en los siguientes años y, el segundo, fundamentó el rechazo al contrato con la norteamericana Lithco que el gobierno de Paz Zamora había colocado sobre la mesa. ¡Me corre un sudor frío por la espalda al reparar que desde entonces han transcurrido más de 30 años!” (sitio web de La Razón: Litio, litio qué estás haciendo, del 4 de abril de 2021).

 En marzo de 2023 insistíamos: “Sorprende la superficialidad y la desinformación que muestran diversos actores, en algunos casos debido a la ignorancia supina, pero en otros se trata de encubrir posturas antinacionales que pretenden vulnerar la política soberana —con sus luces y sus sombras— que estuvo desarrollándose desde 2006” (La Razón: Litio, algunas claves del laberinto, 19 de marzo de 2023).

En abril alertábamos: “… conocidas las advertencias del brazo militar del imperialismo (Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, fue muy clara al respecto), cualquier asociación defensiva refuerza el rumbo soberano en el tratamiento del tema y contrarresta las presiones que ya han comenzado a ejecutarse” (La Razón: Más sobre el litio, 30 de abril de 2023).

Y por estas mismas fechas, hace un año, volvíamos a la carga: “Es hora de realizar un balance abierto y honesto de lo avanzado. Tomar en cuenta, además, que podrían añadirse nuevas dificultades a la ya de por sí compleja cuestión: el tema medioambiental y las expectativas de las comunidades locales y de los pueblos de la región” (La Razón: El litio embadurnado por la politiquería, 14 de mayo de 2023).

Lo que dijimos ha sido corroborado por la práctica. Peor aún, quizá nos quedamos cortos. Nos asiste el convencimiento de que “denuncias” son la típica búsqueda de tres pies al gato, un burdo afán politiquero que la vida se encargará de poner en su lugar.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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En defensa y resguardo del museo de Orinoca

/ 12 de mayo de 2024 / 00:55

El Museo de la Revolución Democrática y Cultural de Orinoca, en Oruro, provincia Sud Carangas del municipio de Andamarca, fue inaugurado el 2 de febrero de 2017. Orinoca es el lugar de nacimiento del expresidente Evo Morales. Antes de su inauguración, se debatió en esferas públicas sobre el perfil del museo. Se apostó como un espacio intercultural nacional, un museo vivo, activo y con capacidad de enseñar y de mostrar no solo el lugar de nacimiento de un aymara que se convirtió en presidente, sino de ilustrar la existencia emancipadora de los 36 pueblos ancestrales en el país. Para esto, el gesto de Evo fue decisivo, donó todos los objetos que le obsequiaron en sus visitas por el país y fuera de éste en su condición de Presidente de Bolivia. ¿Cuántos expresidentes del país tuvieron la decisión de convertir sus regalos en un espacio cultural público? Incluso algunos expresidentes se atrevieron a la vergonzosa tarea de vender y otros a traficar, por ejemplo, los ponchos obsequiados.

Hace algunos días, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Intercuturalidad de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana, del exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, fue a inspeccionar el museo. A su retorno dijo: “este museo parece el ropero privado de Evo Morales. Se han podido observar poleras de fútbol de Evo…, ponchos de Evo…, trofeos de Evo…, incluso el cuadro del Che Guevara. Realmente es inadmisible que en un museo existan este tipo de objetos”.

Sin lugar a dudas, parte de ese museo está construido sobre los bienes de Evo. Entonces, ¿por qué le extraña al diputado que sea así? ¿Qué es lo “inadmisible” en el museo de Orinoca? Astorga, ¿sabrá lo que es un museo vivo y activo? ¿Alguna vez se ilustró de cómo se han construido los grandes museos en el mundo y por qué hoy son patrimonio, orgullo de algunos países e incluso de la humanidad?

En un museo, los objetos materiales donados, comprados… se convierten en patrimonio material de un país, de un pueblo, etc. Esto es lo que sucedió con el museo de Orinoca. Es decir, todos los objetos materiales con que cuenta y le dan vida, ya no pertenecen a Evo Morales, tampoco son de Orinoca, sino del pueblo boliviano. Representan a los pueblos ancestrales del país. Por lo tanto, para la información de Astorga, el museo de Orinoca pertenece al pueblo de Bolivia y es su obligación como presidente de esa comisión que ese museo se reabra, se preserve y no sea enajenado ningún bien.

Astorga también indicó que los pobladores le habrían manifestado la intención de que el museo se reabra, pero se desconoce de un plan para hacer autosustentable la administración de ese recinto. Cuánta razón tienen los orinoqueños para que se abra al público interesado. Ese plan se tendría que construir con colaboración del Ministerio de Culturas y Descolonización, la Gobernación de Oruro y el municipio al que pertenece.

Lamentablemente, las autoridades de las instituciones aludidas no dicen sí o no. ¿Por qué tanta dejadez? ¿Porque es un museo de indios/ as? Aun se dice por las redes sociales que el museo está muy lejos de las ciudades. ¿Acaso las comunidades rurales, lejos de las ciudades, no tienen derecho a tener museos en sus propios territorios? ¿Qué es eso de que un espacio cultural sea autosustentable? Ningún museo del mundo es autosustentable, todos reciben apoyo de sus Estados y gobiernos, porque forman parte de las políticas de educación abierta. El gran problema es la falta de voluntad política de los diferentes niveles de gobierno con un museo que tiene el perfil de indio/a. Aquí no se quiere practicar la interculturalidad sancionada en nuestra Constitución. ¿La comisión citada, sabrá lo que es interculturalidad, intraculturalidad, incluso cuáles son los pueblos ancestrales?

Finalmente, el razonamiento de Astorga apunta a excluir, discriminar, racializar. Porque apartar los bienes del “ropero de Evo” es racismo al indio. Sentenció “que si se reabre no se deberán exponer artículos que pertenecían al exmandatario”. ¿Qué se va a hacer con esos bienes? ¿No sirven porque son de un indio y son objetos indios/as? ¿Los van a echar a un basurero, los van a quemar, los van a regalar? Si se llegara a este extremo, se estaría produciendo una nueva forma de extirpación de las idolatrías, justificando que es del “ropero de Evo”. ¿Astorga sabrá lo que es ser un extirpador de bienes de los indios? Pareciera que tenemos a un gran extirpador (llamado diputado) de los bienes culturales, como en la época colonial.

Jichhurunakanxa wayna q’aranakawa wali chuchasipxi. ¿Kunatsa musiyu Urinukaxa ujti? Sasina. Jupanakan lurawinakapakixay walichix, jiwasanakan irnaqawinakansa isk’achatakiskchixiya. Arsusiñasawauna wayna q’aranakan amuyuparuxa ¿ janicha?

Esteban Ticona Alejo es aymara boliviano, sociólogo y antropólogo. 

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El MAS es nuestro’

/ 12 de mayo de 2024 / 00:54

En una historia de vida publicada en 2015, la entonces ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Tarija “Bartolina Sisa”, sintetizó en una expresión la esencia del MAS-IPSP. “¡No somos del MAS, el MAS es nuestro!”. Otras historias de vida y conversaciones con dirigentes campesinos e indígenas reafirmaron esa cualidad: el MAS, partido, pertenece a las organizaciones sociales, que lo fundaron como instrumento político.

La citada expresión, que da título al libro (CIS-PNUD-PIEB), corresponde a Julia Ramos, quien en su condición de bartolina fue diputada durante el primer gobierno de Evo Morales y luego su ministra. “Nosotros nos hemos criado, no es un partido político, es un instrumento que nos permite llegar con nuestros candidatos y candidatas al gobierno”, dijo entonces Ramos, que el pasado domingo fue designada vicepresidenta del MASIPSP en el encuentro de la facción luchista.

Si asumimos que el MAS, partido, es de las organizaciones sociales, como IPSP, la pregunta ahora es más complicada: ¿a quién pertenecen las organizaciones matrices? ¿Quién es “dueño” de la CSUTCB, las Bartolinas, los interculturales? (ni hablemos de la Cidob y el Conamaq). ¿Qué intereses promovieron su cooptación, su fractura interna entre los “leales” al candidato EMA y los “afines” al candidato LAC? ¿Quiénes, en fin, obraron la implosión del instrumento político?

“El MAS es nuestro”. Está muy bien. Hoy la disputa, en medio de los fallidos intentos de convocar un congreso del partido-instrumento político, ha trastocado la expresión: “Las (verdaderas) organizaciones matrices son nuestras”, dicen unos y otros. La esencia orgánica, pues, ha sido desplazada por la razón instrumental. Y los efectos son penosos. No pocas voces, en los pasillos, en los balcones, auguran y/o celebran el “fin (o agonía) del proceso de cambio”.

En tal derrotero, si asumiéramos el quiebre del MAS-IPSP, surge una cuestión todavía más compleja: ¿estamos ante el fin de ciclo de los gobiernos masistas, acaso del modelo de Estado, incluso del proyecto-sujeto plurinacional popular? Más allá de quién gane las inciertas elecciones 2025, teñidas de fragmentación, ¿se romperá el esquivo horizonte en construcción de la plurinacionalidad del Estado, la interculturalidad-paridad de la democracia, el pluralismo jurídico, los buenos vivires, la igualdad?

No soy del MAS ni de ningún partido político. Tampoco pertenezco a una organización matriz o equivalente. Igual creo, desde mi trinchera, siempre a la izquierda, que las luchas de transformación en Bolivia y el reto de la emancipación social preceden de lejos y trascenderán este nuevo “tiempo de las cosas pequeñas”. ¿Navegamos?

FadoCracia fotocopiada

1. Es parte de nuestra identidad nacional: para hacer cualquier trámite, debemos andar con la fotocopia del carnet de identidad bajo el brazo. No basta un solo ejemplar, sino varios. 2. No está mal, si recordamos los años de dictadura militar, cuando había que andar “con el testamento bajo el brazo”. Con las cacerías nunca se sabe. 3. Volvamos al carnet. La fotocopia es de rigor, casi como contraseña. Ante la burocracia, la ciudadanía se divide entre los que llevan su fotocopia de carnet (pase) y los que deben ir a sacarla (vuélvase). 4. ¿Qué hacer? ¿Cómo erradicar tan dañina y arraigada práctica? Frente al papeleo, nada mejor que el legalismo. Sí, señorías, hay que aprobar una ley prohibitoria. 5. Suerte que una diputada, preocupada por el asunto, acaba de proponer un proyecto de ley antifotocopias. Es en serio. 6. Además de ahorrar tiempo y dinero — dice—, evitaremos el derroche de toneladas de papel y, ergo, la tala de nuestros bosques (hasta el próximo incendio). 7. ¿Ven que la oposición hace propuestas serias, con fotocopia para todos los asambleístas? Falta que los fotocopiadores, en defensa de su derecho al trabajo, convoquen una protesta.

 José Luis Exeni Rodríguez es politólogo. 

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Tenemos la palabra

/ 12 de mayo de 2024 / 00:53

Una de las enseñanzas de mis mayores estaba dirigida a responsabilizarme de lo que hago y lo que digo. “La palabra es lo único que tenemos los pobres”, me decía mi abuela, en un afán de inculcarme esa parte de la herencia de nuestro pueblo, de la educación en la oralidad.

Hoy la palabra sale de mi boca esa boca que aprendió a masticar los sonidos, con cuidado

para oír aquellos disparos con los que lastimaron los oídos de mis mayores. ¡Somos su continuación! 500 siglos de estridencias, cientos de años de violencias

que estremecieron la piel que guarda, la música de nuestra memoria

disimulando los latidos de nuestro amor y compasión por la tierra.

Quisieron se diluya, nuestro ser y existencia en el silencio de las tumbas

pero desde ahí volvimos armadas de palabras.

Tengo la palabra mi abuela me entrenó la lengua desde muy niña hice los ejercicios de las 5 vocales para afilar las consonantes de un idioma que invadió nuestras bocas.

Hoy tengo los sonidos en los labios hoy tengo los signos en la mano escribo en la lucha de pueblos ancestrales, por eso mi mano está firme los sonidos del corazón que ritman esperanzas y marcan el tiempo de nuestro cambio.

Mi palabra, que es lo único que tengo promete a mis hijas e hijos que no descansaré, hasta acabar con todo tipo de opresiones y plantar las semillas de la comunidad de comunidades.

¡Hermanas y hermanos, ya es hora de decir lo que soñamos!

Julieta Paredes Carvajal es feminista comunitaria

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