Después de que el jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, instruyera a los legisladores de su bancada aprobar y fiscalizar créditos internacionales, el senador Leonardo Loza afirmó que considerará la aprobación de esos recursos.

“Lo que se pueda aprobar, que sea beneficioso para el pueblo boliviano y que no sea beneficioso para el bolsillo del Gobierno, por supuesto, estamos en nuestra responsabilidad de considerar su aprobación”, dijo a los periodistas en su oficina en el edificio de la Asamblea Legislativa, en La Paz.

Actualmente hay ocho proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados y que no fueron sancionados por el Senado. Todos ellos están destinados a infraestructura, salud, electrificación y preinversión, por un total de $us 645,42 millones.

Créditos

El principal escollo, desde febrero de este año, es la condición de la oposición y del mismo bloque evista del MAS de, primero, abordar los proyectos de ley 073 y 075. Con estas dos normas se busca definir la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017.

“Yo creo que no es ningún condicionamiento el fiscalizar; es nuestro deber vigilar a dónde van tantos recursos económicos que hemos aprobado hasta este momento”, agregó Loza, formado políticamente por el mismo Morales.

Hubo una contradicción cuando Morales dio a sus legisladores la instrucción referida a los créditos, pues el ampliado del MAS, celebrado el 18 de mayo en Cochabamba, había determinado que no se apruebe “ni un crédito más”. Consideraron que dar luz verde a esos recursos implica ser “cómplices del endeudamiento, la hipoteca y dependencia económica de nuestro Estado Plurinacional”.

El vocal electoral Tahuichi Tahuichi informó que, hasta ahora, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) no remitió su informe técnico respecto del congreso arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) celebrado a principios de este mes en El Alto.

“Todavía la Sala Plena no ha tomado conocimiento de ese informe de supervisión, porque el Sifde todavía no ha entregado ese informe. Ya debería, ya debería haber (sido) entregado”, dijo el vocal en una entrevista con La Razón.

Tahuichi Tahuichi

Consultado sobre los motivos, Tahuichi dijo que no conoce el porqué del retraso, pero que le causa “extrañeza”. Volvió a explicar que el Sifde, luego de un plazo de siete días, debió presentar su informe al director nacional de esa oficina, que a su vez tenía otros dos más para validar o modificar el documento. Cumplido ese tiempo, la Sala Plena debió recibir el informe final hasta el viernes 17 de mayo, pero eso no ocurrió.

“Esperamos que (los miembros del Sifde) en el transcurso del día entreguen ese informe y, de esa manera, la Sala Plena pueda ya empezar a trabajar y adoptar una decisión”, agregó el vocal.

Tahuichi también señaló que, remitido y analizado el informe del Sifde, la Sala Plena puede pedir un “informe complementario”, en caso de que necesite más detalles. Esa petición implica un eventual plazo de hasta cinco días para que defina si registra o no ante el Órgnao Electoral las resoluciones del cónclave arcista que eligió a Grover García como nuevo jefe nacional del MAS.

Informe del Sifde

La Razón consultó por posibles sanciones a los miembros del Sifde ante el incumplimiento de plazo. En respuesta, el vocal dijo que ésa será una determinación de la Sala Plena.

Hay una expectativa por la decisión del TSE. La facción arcista defiende como legal y legítimo el encuentro del 3, 4 y 5 de mayo, cuya convocatoria la realizaron las tres organizaciones “fundadoras” del MAS.

Por el otro lado, el evismo hizo su convocatoria a congreso para el 10 de julio, en Cochabamba, y calificó de “trucho” el cónclave de El Alto. No solo criticó la cita, sino que anunció movilizaciones en caso de que el TSE la valide.

Esa determinación fue asumida por las organizaciones sociales que respaldan a Evo Morales, presidente vigente de esa fuerza política desde 2017, en un ampliado nacional celebrado en Cochabamba el pasado 18 de mayo.

«Fuego cruzado»

Al respecto, en una metáfora, Tahuichi describió la situación de los vocales del TSE, en medio de presiones de las dos facciones.

“Aquí estamos, en el fuego cruzado, jaloneándonos, jaloneando. Están, ya, queriendo lanzar botellas, (juegos) pirotécnicos, como (a) todo árbitro; un árbitro siempre es objeto del desencuentro para algunos”, señaló.

El lunes, arcistas del MAS llegaron hasta el edificio del TSE, en Sopocachi, para que ese órgano dé el visto bueno a su congreso.

A 16 meses de las elecciones presidenciales y sin candidatos proclamados, a excepción de Evo Morales, la oposición ya muestra las primeras señales de fragmentación y de acusación.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y precandidato por la alianza Cambio 25, Vicente Cuéllar, sospecha que el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, no busca la unidad porque está “más cerca” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“No quiero opinar sobre precandidatos; si él (Manfred) no quiere formar parte de esa unidad posible, se respeta, obviamente tendrá sus razones. Si está más cerca del MAS, también tendrá sus razones”, apuntó el martes en entrevista con DTV.

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Manfred Reyes

Luego de la reunión de los opositores en Estados Unidos, donde sostuvieron una reunión política, se especuló con la unidad de la oposición de cara a las elecciones de 2025. Sin embargo, Reyes Villa no se mostró a favor de la unidad y prefirió guardar sus palabras sobre temas electorales, con el alegato de que estaba centrado en sus funciones como alcalde.

Además, al ser consultado por los medios, el alcalde afirmó que le daba una nota de seis sobre 10 la gestión del presidente Luis Arce, lo que fue vinculado a una presunta proximidad entre él y el oficialismo.

“Públicamente, el único que ha dicho que no cree en la unidad es el señor Manfred Reyes Villa; después, todos están de acuerdo en lograr esa unidad”, criticó el líder de la alianza Cambio 25.

De acuerdo con una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), que se desarrolló entre abril y mayo de este año, el candidato más ‘capacitado’ para hacer frente al MAS es Reyes Villa.

Sin embargo, en la encuesta el alcalde de Cochabamba obtiene solo el visto bueno del 14,8%. La mayoría, el 58% de los encuestados, votaría por un nuevo actor o, en todo caso, no votaría por ninguno de los otros políticos. En la encuesta figuraban los nombres de Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), Luis Fernando Camacho (Creemos), entre otros.

“Las encuestas pueden cambiar radicalmente”, afirmó tajantemente Cuéllar respecto al “favoritismo” de Reyes Villa.

Pacto de Cuéllar

Adicionalmente, Cuéllar ratificó el pacto de unidad de la alianza Unidad es Posible, firmado por Amparo Ballivián, Agustín Zambrana y Carlos Böhrt, quienes lideran agrupaciones, sin personería jurídica, que pretenden unificarse de cara a las elecciones de 2025.

El rector de la UAGRM informó que el documento se hará llegar también a los políticos tradicionales para buscar la unidad. ¿El primero? Samuel Doria Medina.

A un año de las elecciones presidenciales, el país comienza a “electoralizarse”. Luego de una “reunión política” en Estados Unidos entre los principales cuadros de oposición, ahora otras agrupaciones buscan la unidad para elegir un candidato que provenga de la “ciudadanía”.

“Acabo de firmar el documento de la unidad, de la alianza Unidad es Posible. Un documento que está con varias firmas de varios precandidatos que buscamos la unidad; pero una unidad desde la ciudadanía, donde los ciudadanos seamos los protagonistas”, informó el líder del colectivo El Bunker Tercera República, Agustín Zambrana, a través de un video en sus redes sociales.

Bunker se formó a mediados de 2023, con la intención de convertirse en una nueva fuerza política alejada de los “políticos tradicionales”.

Reunión de oposición

Recientemente, en abril, se reunieron en Washington, Estados Unidos, Zvonko Matkovic, en representación de Creemos; Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC); y Samuel Doria Medina, empresario y excandidato por Unidad Nacional (UN).

Pese a los desmentidos, Matkovic confirmó que la reunión fue política para concretar la unidad que hará frente al Movimiento Al Socialismo (MAS).

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Nuevos actores

“Ya han firmado Amparo Ballivián, ya ha firmado Vicente Cuéllar (…), tengo entendido que otros van a firmar también en los próximos días”, informó Zambrana.

Ballivián, funcionaria en los gobiernos de Hugo Banzer y Jorge Quiroga, confirmó en marzo de este año su intención de hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) y buscar un candidato único, aunque no pertenece a ninguna agrupación.

El rector de la Universidad Autónoma Rene Gabriel Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, presentó a finales del 2023 su alianza Cambio 25.

Ninguna de estas organizaciones está reconocida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que no gozan de personería jurídica con la que puedan presentarse en las elecciones de 2025.

Cuéllar confirmó la existencia del pacto y se mostró abierto a que políticos “tradicionales” lo firmen.

MAS

“Debemos trabajar por una unidad desde la ciudadanía; cinco elecciones que han sido fracasadas (en contra del MAS)”, criticó Zambrana.

Desde su victoria electoral en 2005, en las elecciones de 2009, 2014 y 2020, el MAS ganó con más del 50% de los votos. El único momento en el que su hegemonía se vivió amenazada fue en los comicios de 2019 que fueron denunciados como “fraudulentos” por parte de la oposición y resultó en la crisis social y política que provocó que el entonces reelecto presidente Evo Morales presentara su renuncia.

Sin embargo, un año después, en 2020, con un nuevo binomio, el MAS se impuso con el 55% de los votos. Ese año, la oposición fue incapaz de presentar un candidato único para hacer frente al masismo.

La diputada de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Magaly Gómez afirmó que las elecciones judiciales deben seguir adelante, pero que la continuidad del proceso depende de una acción de tutela que fue solicitada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hace 14 días. 

El 9 de mayo, la bancada arcista del MAS en la Cámara de Diputados solicitó una medida cautelar para continuar con el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa.

La admisión de una acción popular derivó en que la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, anule lo avanzado en la preselección con miras a los comicios judiciales, que estaba en la fase de exámenes orales en las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural. 

Luego de aquella decisión de suspender el proceso, el 30 de abril, la Asamblea Legislativa no se ha podido reunir ni encontrar consensos entre las tres fuerzas políticas. El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, no ha convocado al pleno desde la suspensión del proceso.

En entrevista con La Razón Radio, Gómez aseguró que su bancada todavía espera la decisión del TCP de otorgar la tutela a la Asamblea. Sin embargo, hasta ahora el TCP no se ha manifestado al respecto; por ello, las judiciales continúan en vilo y, además, corre el riego de sobreponerse con las elecciones primarias que deben desarrollarse este año.

En criterio de Gómez, la decisión que tome el TCP sobre los comicios debe ser respetada por los legisladores. “Hay que darles la formalidad y el respeto a las altas autoridades de las entidades (judiciales)”, dijo en referencia a los magistrados, ahora, prorrogados.

Según la Constitución Política del Estado (CPE), el mandato de magistrados y consejeros tiene una duración de seis años. El mandato concluyó el 2 de enero; sin embargo, por el entrampamiento de las elecciones judiciales, las autoridades se han prorrogado hasta que se elijan nuevos titulares.

El 11 de diciembre de 2023, el TCP dictó la prórroga de su mandato y el de los magistrados y consejeros electos en 2017, bajo la Declaración Constitucional 049/2023, la cual desencadenó una marcada desaprobación en la oposición y en el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS).

Al ser cuestionada sobre la prórroga de las autoridades, la legisladora calificó de “complejas” las interpretaciones de los magistrados y consejeros, cuyas decisiones “técnicas” terminan siendo juzgadas “políticamente”.

A su vez, Gómez admitió que las divergencias internas en las tres fuerzas políticas repercuten en la toma de decisiones de la Asamblea, respecto de las elecciones judiciales. Hasta la fecha no se tiene un plazo para que el TCP dé una respuesta. Los comicios debieron desarrollarse el año pasado.

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