Luego de la reactivación del Comité de Seguridad Alimentaria que intensificó los controles en las fronteras para evitar la salida de productos de contrabando, la Aduana decomisó el domingo dos camiones indocumentadas que transportaban hortalizas y frutas frescas en la localidad de Villazón, frontera con Argentina.

El administrador de Aduana Frontera Villazón, Edwin Rolando Flores, informó que la mercadería decomisada tiene un valor en CIF (costo, seguro y flete) de Bs 109.924.

Flores señaló que se hizo gestión para la certificación que emite la autoridad competente, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag); para la disposición de las hortalizas (arveja y zanahoria) y las 27 cajas de manzana.

Por la tarde del mismo domingo, decomisaron un vehículo “chuto” que operaba de manera ilegal.

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Aduana

La autoridad aduanera enfatizó que el control en las fronteras se intensificó para garantizar la producción, el abastecimiento y el control de precios de los alimentos de la canasta familiar.

Asimismo, explicó que se realizan operativos constantes para luchar contra el contrabando de alimentos y otros productos y potenciar la producción y fomentar la exportación e importación legal.

El Comité es una respuesta al agio, especulación y contrabando de alimentos que generó protestas de las amas de casa en los últimos días.

Además, de la Aduana participan en los controles las Fuerzas Armadas y el Senasag para frenar la salida ilegal de producción nacional.

“El Gobierno tiene varios programas productivos para garantizar la seguridad alimentaria de los bolivianos y bolivianas; y como autoridades de control vamos a proteger estos alimentos que intenten salir como contrabando”, complementó.

La autoridad garantizó que los operativos continuarán durante los siguientes días, principalmente en las fronteras con Argentina y Perú; por donde estarían saliendo varios productos desde Bolivia.

Tras la fallida reunión con el Gobierno, los gremiales del país, del sector de Jesús Cahuana, se declararon este lunes en emergencia y advirtieron con movilizarse. Exigen “respeto” al sector y advierten con buscar alianzas con otros sectores y “convulsionar” el país.

Representantes de varios departamentos llegaron este lunes a oficinas del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor para reunirse con el viceministro Jorge Silva, quien los convocó la semana pasada para escuchar sus demandas.

Sin embargo, no pudieron ingresar pues el guardia de seguridad les dijo que la cita había sido postergada y les entregó una nota.

“Señor Presidente sus ministros no sirven, le están perjudicando, en vez de dar soluciones como usted ha ordenado, nos cierran las puertas. Trajimos propuestas claras para el Régimen Simplificado y Aduana, pero sus ministros no sirven”, dijo molesto el ejecutivo del sector, Jesús Cahuana.

Anunció que el próximo lunes se realizará un ampliado en Cochabamba y tomarán determinaciones. Acotó que buscarán apoyo de otros sectores sociales para hacer alianzas y unir fuerzas contra el Gobierno.

El ejecutivo de los gremiales de El Alto, Toño Siñani, informó que su sector asistirá al diálogo convocado por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor para el lunes 10 de junio.

“Nos hicieron venir de Santa Cruz, de Potosí, de todos los departamentos para que nos cierren la puerta. (…) De aquí para adelante solo tendremos la reunión con el presidente si le da la gana de invitarnos, nos vamos molestos”, complementó.

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Gremiales

Al respecto, Carlos Acarapi, representante de la Federación Departamental de ferias de Potosí, exigió respeto para el sector y anunció que, si es necesario, van a “convulsionar” el país.

“Estamos molestos, no somos muñecos, ni niños para que se haga la burla de nosotros. Vamos a sacar una resolución y posiblemente a nivel nacional vamos a convulsionar; porque no es posible que estos ministros incapaces se estén haciendo la burla de nosotros”, dijo en puerta del viceministerio.

El sector de Jesús Cahuana anunció movilizaciones a partir de este 10 de junio; sin embargo, frenaron las protestas ante la convocatoria al diálogo de parte del viceministro Silva.

El sector busca la abrogación del Decreto Supremo 4732. La norma establece parámetros claros para la certificación de los contratos, incluyendo la identificación del propietario, la verificación de la propiedad del inmueble y la obligación de entregar el título de propiedad una vez finalizado el pago.

Además, demandan soluciones a la escasez de dólares y la destitución de la presidenta de la Aduana, por los cobros abusivos que realiza a los gremiales, y de Impuestos Internos.

La semana pasada, el Gobierno llegó a un acuerdo con otro sector de los gremiales.

Luego de un ampliado nacional, el transporte pesado internacional determinó este lunes ejecutar un paro indefinido con bloqueo de carreteras y cierre de fronteras a partir del lunes 17 de junio en protesta por la falta de atención a sus demandas: el irregular abastecimiento de combustibles, falta de dólares y los “abusos” de la Aduana e Impuestos.

Además, el gremio exige la renuncia del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, a quien acusan de dividir al sector, y la abrogación del Decreto Supremo 5146; que regula los contratos entre empresas de transporte internacional y transportistas; sin embargo, dos artículos son observados por la Cámara Boliviana del Transporte (CBT).

Este lunes en Oruro se reunieron representantes de Tarija, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Santa Cruz, Potosí y Cochabamba; y anunciaron que desplazarán todas sus unidades de trabajo a las carreteras y fronteras del país.

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Transporte

En el encuentro, los dirigentes plantearon que se “cansaron” de esperar una respuesta de parte del Gobierno; y exigen la renuncia de las principales autoridades de Impuestos Nacionales y Aduana; debido a “abusos” a los transportistas y porque, supuestamente, no habrían sido nombrados por méritos.

“Ya no debían trabajar en Impuestos ni Aduana, que nombren como se debe, por una elección por méritos y no por dedo. Son personas interinas y hacen daño al transporte nacional e internacional; y también la situación comercial”, sostuvo uno de los dirigentes.

La semana pasada, el transporte pesado paró durante 48 horas y bloqueó varias carreteras en diferentes puntos del país con las mismas exigencias.

Luego de las dos jornadas, declaró un cuarto intermedio y advirtió que, si hasta el 14 de junio no eran convocados por el presidente Luis Arce, el lunes 17 reiniciarán la medida de presión con carácter indefinido.

Sin embargo, no esperaron hasta el 14 y adelantaron la decisión en protesta por las reuniones que lleva adelante el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño; con diferentes sectores del gremio de los transportistas.

Esperarán hasta antes del 17 una convocatoria para dialogar directamente con el presidente Luis Arce; caso contrario ejecutarán la medida desde el 17.

Este lunes, autoridades de Gobierno y representantes de la Cámara de Transporte del Oriente (CTO) iniciaron las mesas de trabajo para dar soluciones a sus demandas, entre ellas el abastecimiento de diésel y la provisión de dólares.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, indicó que una vez se culminen las reuniones en las mesas de trabajo se concretará la reunión con el presidente Luis Arce quien los escuchará como se acordó en los encuentros previos.

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“Tenemos nosotros un cronograma en Santa Cruz de las mesas técnicas para terminar en esta semana y después se pueda realizar la reunión con el hermano presidente Lucho”, indicó Montaño.

Para este lunes se estableció las reuniones con los personeros de la Aduana Nacional, Policía Boliviana y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).

En tanto, otro sector del transporte pesado, el de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), a través de un ampliado, reunido en Oruro, determinó este lunes ir al bloqueo indefinido de carreteras con cierre de fronteras a partir del 17 de este mes. Exigen al Gobierno dé soluciones a la falta de diésel, dólares y la abrogación del Decreto Supremo 5146.

Este sector pide un encuentro directo con el presidente Luis Arce ya que desconocen al ministro de Obras Públicas como interlocutor en las negociaciones.

El Gobierno realizó una inspección a los ingenios arroceros privados, donde se identificó que éstos acopiaban el grano. En uno de ellos se constató que existían 20.000 toneladas y en otro unas 12.000 toneladas.

El gerente general de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, informó que personal del Viceministerio de Comercio y Logística Interna, junto a los del Viceministerio de Defensa del Consumidor, inspeccionaron los ingenios con el objetivo de evitar que se desvíe la producción a otros mercados y se abastezca a las familias bolivianas.

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“Entendemos que uno de ellos, inclusive, ha superado las 20.000 toneladas de arroz que estaban guardadas y en otro 12.000 y otros 10.000, etcétera, (por)que ese arroz tiene que ser beneficiado y distribuido al mercado interno”, sostuvo el funcionario.

La mañana de este lunes, el viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, realizó la inspección en los ingenios arroceros de la ciudad de Montero, Santa Cruz, debido a denuncias de agio, especulación y ocultamiento de arroz. Pidió a la población no especular con los precios del producto.

Los operativos se hacen ante el incremento del precio del arroz de hasta Bs 300 y Bs 400 el quintal en los mercados del país.

Controles

En el marco de evitar la especulación del arroz, el Gobierno también realizará los controles en las zonas fronterizas con Brasil y Argentina, donde el precio del grano se incrementó y muchos comerciantes, principalmente los intermediarios, desvían la producción nacional para obtener mayores réditos.

“En la frontera con el Brasil está superior a los 300 bolivianos el quintal, en la frontera con la Argentina a 270, 280 bolivianos el quintal, por tanto, una mayoría de los bolivianos que se dedican al comercio de estos productos, todo el arroz prácticamente lo están trasladando a las fronteras”, explicó.

Paralelamente, pidió a las autoridades municipales, a los alcaldes de El Alto, Eva Copa, y de La Paz, Iván Arias, a hacer cumplir la Constitución Política del Estado (CPE) y realizar los controles en los mercados y tiendas de abarrotes para que se comercialice el precio del arroz a precio justo.

Esto, debido a que se tiene una producción garantizada y para este año se proyecta tener 851.965 toneladas de arroz en chala, lo que supera el consumo interno, que es de 828.405 toneladas.