Ante la competencia desleal, el interés político y los ataques cobardes
Entendimos que la situación no puede seguir así. A la luz de sus números en rojo y el entorno adverso, la empresa tiene el derecho de tomar medidas drásticas para su sobrevivencia y permanencia en el mercado.
En los últimos años, los diarios del mundo fueron afectados por la irrupción de las tecnologías para la comunicación. El fenómeno cambió los hábitos de consumo de noticias, cuya consecuencia directa fue la caída de las ventas de periódicos y la publicidad, sin contar con el encarecimiento de los insumos y el control tributario.
Muchos diarios nacionales tomaron iniciativas propias para reinventarse, desde rediseñar su presentación y sus contenidos hasta decidir nuevos modelos de negocios. Y algunos optaron, de la manera más traumática, por el recorte masivo de personal o la reducción de salarios.
La Razón, como otros medios impresos del país, hizo sus propios esfuerzos por zafar el momento, pero en el intento tropezó con una serie de obstáculos, tanto internos como externos, y en este caso de la manera más artera desde flancos del mismo gremio periodístico, en una franca competencia desleal y sucesivos ataques inéditos contra su prestigio de líder nacional.
No es verdad que este diario haya tenido privilegios en la pauta publicitaria de parte del Estado; si es que de acuerdo con algunas publicaciones lo tuvo, fue gracias a sus tirajes, su llegada a todo el país, su liderazgo y, sobre todo, a su ejercicio responsable, sensato y plural del periodismo como lo tuvieron otros diarios de tiraje importante en el país.
El Estado (llámese Gobierno, gobernaciones, alcaldías, entidades o empresas estatales) no es el principal proveedor de publicidad de esta empresa. Así, no puede inferirse que el Estado sostiene a esta casa periodística; los mayores ingresos de publicidad de este diario corresponden a fuentes de la empresa privada, que usualmente llegan hasta el 88% del total. Aquí prevalece la preferencia por nuestra empresa por su liderazgo e influencia en el mercado.
Entre 2017 y 2019, la publicidad cayó gradualmente: la caída de 2018 respecto de 2017 fue de 12% y de 2019 en relación de 2017, 19%.
Así sea real, el monto de publicidad estatal conocido en el mismo periodo, cerca de Bs 12 millones (según anunciaron desde el Ministerio de Comunicación, antes de ser convertido en viceministerio), es ínfimo en relación al gasto en la partida de personal de La Razón, que alcanzó Bs 101 millones en el mismo tiempo (total ganado del trabajador más aportes laborales)
Si a la carencia de publicidad estatal llaman algunos “asfixia”, La Razón también sufrió del problema, pero siempre entendió que su gestión financiera es independiente de la bienvenida pauta del Estado, sin tutelajes externos más que la conciencia de su dirección y sus periodistas por un trabajo profesional.
Como una empresa grande, este diario tenía la planta de trabajadores también más grande del rubro en el país (220 personas), que suponía a su vez una planilla laboral fuerte y ahora incompatible con el nivel de ingresos de la empresa. El pago de la planilla implicaba más del 80% del total de sus ingresos antes de la cuarentena por el COVID-19, sin contar los gastos de provisión de insumos o pago de servicios.
Aunque en los últimos meses La Razón tuvo dificultades en el pago de sueldos, que es el principal ítem de sus egresos, no incumplió sus obligaciones laborales, desde la atención de la seguridad social, el desembolso a las AFP, las liquidaciones en casos de salida de trabajadores o la misma provisión de condiciones favorables para el ejercicio periodístico, además de los anuales incrementos salariales y aguinaldos y doble aguinaldos.
Esas dificultades tienen su justificativo en la reducción de ingresos de publicidad y la caída de la venta de ejemplares, que de 2018 respecto de 2017 fue de 11% y de 2019 sobre los de 2017, 21%.
En la revisión de resultados en el periodo 2017 a enero de 2020, la pérdida acumulada de la empresa alcanza a Bs 42,6 millones.
Sus obligaciones con la renta están encaminadas. En este punto, hay que decirlo, La Razón también sufrió la presión del Estado por deudas tributarias de sus anteriores propietarios (uno de ellos es hoy propietario actual de un medio de la competencia en La Paz) que implicaron congelamiento de cuentas, anotaciones preventivas y procesos tributarios vencidos con justicia durante el anterior gobierno.
La presión política no fue ajena para nuestro diario, aunque la mejor respuesta fue periodismo sin concesiones. Sufrimos duros ataques desde el poder político de turno, autoridades nacionales y locales, y conocidos políticos-empresarios que hasta cortaron publicidad y suscripciones en su intento de influir en nuestros contenidos. La respuesta siempre fue periodismo sensato y responsable, sin represalias ni obsesiones.
Aún no está resuelto el juicio por “traición a la patria” contra la Directora y un periodista interpuesto por el Procurador del Estado del gobierno del MAS y, luego de un largo proceso judicial, derivado al Tribunal de Imprenta, donde siempre debió instalarse.
Y lo peor de todo es el ataque permanente que sufrió desde la competencia y algunos periodistas (con una extraña y ya conocida fijación con La Razón), que en los últimos años intentaron instalar un mito en la independencia de este diario, con falsedades, adjetivos, acusaciones, insultos y omisiones permanentes de su contraparte, acciones y hasta libros que a su vez trataron constantemente sembrar dudas sobre la ética y la profesionalidad de sus contenidos.
En esa andanada de ataques el blanco es el dueño de la empresa, Carlos Gill, cuyo único interés en el país fue invertir en distintos rubros luego de negociaciones de empresario a empresario, nunca con la intermediación del Gobierno y el Estado.
La compraventa de La Razón fue acordada con el anterior dueño de la empresa, el grupo español Prisa. Sus medios de información en Bolivia son únicamente La Razón y Extra, diario popular y no sensacionalista como con saña lo tildan.
La relación con ATB que los malintencionados se esmeran en repetir no es más que parte del mito que buscan construir sobre la arena de la mentira.
En el caso de las falsas acusaciones o constantes ataques, la razón estuvo de nuestro lado, es por eso que en al menos dos oportunidades el Tribunal de Ética de la Asociación de Periodistas obligó al diario Página Siete a rectificarse y evitar alusiones calumniosas contra La Razón.
En casa, la gestión fue complicada al menos en los últimos tres años, tiempo en el que el otrora Sindicato de Trabajadores de La Razón se mantuvo en permanente estado de emergencia. Pero lo más grave ocurrió el 13 de febrero, cuando una parte de los trabajadores paralizó sus labores, tomó la rotativa por horas, intentó boicotear la publicación de nuestras ediciones, amenazó con procesos sindicales a quienes trabajaron e impidieron cumplir sus labores a otros.
Con los antecedentes de una medida injusta, las calumnias a sus jefaturas y a su Directora, y el desprestigio contra el diario anotados por el Notario de Fe Pública, la empresa acudió al Ministerio de Trabajo para deslegitimar la medida, cuyas autoridades declararon ilegal dicho paro. No conforme con la determinación de esa oficina, un grupo de trabajadores impugnó la resolución pero también les fue denegada.
Ahora, en momentos en que las empresas periodísticas se encuentran en una grave crisis a raíz de la suspensión de sus operaciones y la imposibilidad de vender periódicos por una pandemia sin precedentes, los ataques acosan otra vez a la empresa desde los mismos flancos: autoridades que hostigan con acusaciones y acciones políticas, medios de comunicación como Página Siete que falsean la información y se aprovechan de ella para incurrir en competencia desleal, y ataques anónimos sumados a una presión del otrora Sindicato que siembra acusaciones que derivan en afirmaciones como que los trabajadores no se beneficiaron específicamente de la publicidad estatal (o sea, el pago de salarios supera los más de Bs 100 millones, pero el entonces Sindicato afirma que no se benefició de Bs 12 millones provenientes del Estado).
Entendimos que la situación no puede seguir así. A la luz de sus números en rojo y el entorno adverso, la empresa tiene el derecho de tomar medidas drásticas para su sobrevivencia y su permanencia en el mercado. Hubo motivos de fuerza mayor para buscar ese camino y se lo hizo al amparo de las normas, en resguardo de su salud financiera y con respeto a las obligaciones con sus trabajadores.
En cuanto a sus lectores y sus clientes, La Razón siempre será la referencia. Es la oportunidad para reinventarnos en la adversidad.
*Éste es un espacio institucional de La Razón en el que compartiremos con nuestro público un detallado repaso a las tres décadas recorridas por este diario, mostrando los grandes hitos, los logros más importantes, los galardones, pero también los tropiezos y los momentos duros, como el que ahora nos ha tocado vivir. A partir de ahora, tanto en su versión impresa como en la digital, comenzamos a contar nuestra historia, pero con la mirada puesta en el porvenir. Acompáñennos.
