El Gobierno presentó este jueves un anteproyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca”, que incluye un nuevo tipo penal: apoderamiento flagrante de la cosa ajena, con una pena de siete años.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que el nuevo tipo penal propuesto incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional son dos años, es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve años.

“Quienes tengan una situación migratoria irregular en el país y cometan ese tipo de delitos, van a tener una agravante”, indicó la autoridad en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

La propuesta, según explicó Del Castillo, surge en respuesta a los reclamos sobre inseguridad y las denuncias por robo que recibió la Policía Boliviana en 2023; los casos alcanzaron los 21.330.

Del total de esos casos, la Policía aprehendió a 2.931 personas que fueron sancionadas con detención preventiva; sin embargo, también en 2023, 2.400, o sea, el 82%, fueron liberadas por la Justicia.

«Lo ajeno no se toca»

“De nada está sirviendo el trabajo de la Policía Boliviana si meses más tarde los delincuentes nuevamente recobran su libertad. Eso significa que el ordenamiento jurídico nacional vigente ya no está funcionando y hay que adecuarlo a nuestra realidad”, lamentó Del Castillo.

Explicó que también el resto de privados de libertad se sometieron a procesos abreviados y obtuvieron una pena de dos o tres años.

“El que ilegalmente se apoderare, sustrajera o tomare, semoviente, joyas, dinero, valores, minerales o energía, objeto cosa mueble sujeto a no registro, mediante descuido, violencia, intimidación uso de armas u otros medios o de cualquier forma que se apropiare de cosa ajena y fuera encontrada o encontrado en flagrancia por la policía boliviana o particular o sea identificado plenamente al momento de la comisión del delito mediante grabaciones imágenes por testigos y/o entrevista policial será sancionado con pena de prisión de siete años sin derecho indulto”, dice el texto principal del anteproyecto.

En el caso de extranjero irregulares, la pena será de ocho años de presidio.

Procedimiento

En cuanto al procedimiento y aplicación, la autoridad explicó que cuando un delincuente sea encontrado en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.

Eso permitirá, según dijo, que las autoridades judiciales no emitirán una imputación, sino una acusación penal. “La primera y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años”, dijo Del castillo.

En el mismo acto, el presidente Luis Arce exhortó a diputados y senadores a aprobar ese proyecto para el beneficio de la población. “Todos juegan con las actuales leyes y la tipificación de este delito va permitir la sanción oportuna de estos delincuentes. Hay que sancionar drásticamente este tipo de robos”, señaló el mandatario.

Asimismo, dijo que la Policía Boliviana cuenta con elementos para implementar y desarrollar ese tipo de labores; citó a BOL-110, que, según anunció, se extenderá a todas las regiones del país.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del MAS evista, planteó este miércoles una ley corta para la continuidad de la preselección de postulantes a las judiciales, pese a que una Sala Constitucional dejó sin efecto el proceso.

“Creemos que se debe, a través de una ley corta, ajustar o, en todo caso, ver los tiempos en coordinación con el Órgano Electoral Plurinacional. También vamos a solicitar una reunión urgente con los miembros del Órgano Electoral para ver los plazos que ellos vean pertinentes en cuanto a la convocatoria”.

El martes, la Asamblea fue notificada con el fallo constitucional que dejó sin efecto el proceso y declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

La medida judicial fue asumida tras la presentación de una acción popular por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri, quien denunció que las postulantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones respecto a las del resto de los departamentos.

Rodríguez también indicó que desde la Presidencia de la Cámara de Senadores se solicitó un informe oficial a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural para que se indique en qué situación se encuentra el proceso.

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Dijo que en base a esto se analizará con las bancadas políticas y se definirá una solicitud de reunión con el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca, para que a través de una ley se “pueda convocar a otras elecciones, o en todo caso, se pueda ajustar los plazos”.  “Ya pasaron los plazos determinados, sin embargo, es necesario viabilizar (el proceso) para que las elecciones judiciales continúen”.

Además, anunció que reunión con las bancadas se analizará las “falencias” que presentó la ley de las judiciales. Consideró que no se debe llegar a foja cero, pero que si así fuera, se necesita que el Órgano Electoral indique “cuántos días necesita para convocar (a las elecciones) y cuánto tiempo tendrían para que se pueda agotar todas las fases (de la preselección)”

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputado, Juan José Jáuregui, señaló el martes que la consulta del control constitucional a la ley de las judiciales, en su momento 144/2023-2024, se hizo con relación a cinco elementos y no a toda la norma. Añadió que en el trabajo de la comisión multipartidaria se hizo notar la “probabilidad” de que postulantes “activen procesos constitucionales”.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este miércoles sobre la suscripción de un convenio binacional entre Bolivia y Perú para realizar operaciones coordinadas en frontera en la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos suscrito un Plan de Acción Binacional 2024 para realizar operaciones coordinadas y simultaneas en frontera, (además) para intercambiar información en tiempo real, identificar blancos y de esa forma desarticular organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de sustancias contraladas que trafican en distintas modalidades, como vía terrestre, fluvial y aérea”, dijo la autoridad.

El trabajo conjunto entre ambos países es catalogado como “crucial”, en razón que ambos países comparten más de 1.000 km de frontera y enfrentan problemas similares relacionados con el tráfico ilícito de drogas y los cultivos de coca excedentarios.

Mamani señaló que la importancia radica en que se debe entender a la problemática de las drogas es una lucha transnacional y no únicamente de Bolivia o de Perú.

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La mañana de este miércoles, se inauguró en la ciudad de Puno, Perú, el Encuentro Técnico Operativo sobre Tráfico Ilícito de Drogas en la Zona de Frontera. Esta iniciativa se basa en los acuerdos alcanzados durante la X Reunión de la Comisión Mixta Peruano-Boliviana que tuvo lugar en agosto de 2023 en Perú.

En el encuentro, Mamani resaltó la relevancia de reforzar la colaboración entre Bolivia y Perú en la lucha contra el narcotráfico.

El director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Tito Villca, también informó que en este encuentro se pudo determinar espacios estratégicos donde se irá focalizando todo el esfuerzo en operaciones antinarcóticas binacionales.

“Este acuerdo nos compromete a cumplir aquellos puntos que se han asumido. Como Bolivia tenemos la fortaleza y responsabilidad de realizar la conjunción del trabajo en equipo y sinérgico entre dos fuerzas especiales, elites, que van a hacer frente al narcotráfico”, dijo el jefe policial.

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra un jefe policial que fue encontrado en poder de 40 paquetes de droga en su vehículo, cerca de comunidad Pozo del Tigre, en Santa Cruz.

Agentes antinarcóticos y la Fiscalía llegaron hasta la vivienda del jefe de Diprove en Puerto Suárez para dar cumplimiento a una orden de allanamiento. Del lugar secuestraron una vagoneta blanca que será sometida a un microaspirado.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó la mañana de este miércoles que agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) cerca de las 21.00 del martes instalaron un punto de control en dicha comunidad donde se procedió a la revisión de diferentes vehículos, entre ellos el vehículo del jefe policial.

De acuerdo con el reporte policial, al ser encontrado infraganti, el jefe policial arrancó su vehículo y arremetió contra un efectivo policial. “Es así que escapa junto al motorizado”.

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Tras la persecución, se logró dar con el motorizado que estaba abandonado con las puertas abiertas y se evidenció un bidón de color azul donde estaba escondida la droga envuelta con cinta masquin.

“Este efectivo está en calidad de investigado. Se ha dado con el vehículo no con la persona, sin embargo, al tener los suficientes indicios por parte del Ministerio Público, se ha librado la orden de aprehensión del policía Marcelo R. C.”, dijo Mariaca. 

El fiscal departamental señaló que el uniformado es investigado por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1008.

La autoridad pidió al jefe de Diprove considerar en presentarse ante la ley a objeto que sea sometido a una investigación y enfrentar a la Justicia.

El abogado de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Wilfredo Chávez advirtió que ese partido no aceptará ninguna amonestación del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

“No vamos a aceptar ninguna proscripción, ninguna amonestación, porque el MAS-IPSP ha cumplido (con los requisitos) para nuestro congreso”, dijo el jurista en una conferencia de prensa.

Así, Chávez se refirió al plazo vencido el martes para que las organizaciones políticas del país presenten la renovación de sus directivas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

MAS

Para cumplir con ello, las dos facciones del MAS presentaron, por separado, una convocatoria a congreso nacional. El arcismo convocó y realizó su encuentro nacional el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.

Dicho encuentro contó con la supervisión del Sistema Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), pero el informe respecto de los cumplimientos de requisitos y el pronunciamiento de la Sala Plena del TSE se conocerán en 10 días, según informó el vocal Gustavo Ávila a La Razón Radio.

El 2 de mayo, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó al TSE enviar veedores al congreso arcista. Esa decisión judicial generó aún más sobre la convocatoria.

Por otra parte, el ala evista llamó a un congreso el 10 de julio en el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, pero el TSE aún no se pronunció sobre el tema, pese a que los solicitantes respondieron a las observaciones iniciales que planteó la Secretaría de Cámara de ese órgano.

Proscripción

“Nos quieren proscribir nuestro instrumento. Quieren sacar una primera amonestación, supuestamente, porque hemos incumplido con la convocatoria al congreso. (Eso es) mentira; hemos complido con todos los plazos, con la ley de la mano”, consideró el también exprocurador general del Estado.

Existe un “candado” que causó el rechazo de ambas convocatorias, se trata del artículo 13 del estatuto orgánico del MAS, que establece que la convocatoria a congreso de ese partido debe contar con la firma de la dirección nacional de ese partido previo consenso con las organizaciones sociales “matrices” de esa fuerza política.

En los hechos, la facción evista presentó su llamado con la firma de Evo Morales, electo jefe en 2017 y vigente mientras se confirme una nueva elección, pero las dirigencias de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) y de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa respaldan el congreso celebrado el pasado fin de semana.

Congreso

“Esperemos que el TSE no siga actuando políticamente y verifique los antecedentes”, cuestionó Chávez y respaldó las declaraciones de Morales, que consideró que el Órgano Electoral “responde órdenes del Palacio de Gobierno”.

Respecto de esas críticas, el vocal Ávila aclaró que no es atribución de la Sala Plena del TSE definir si una convocatoria es o no legal, sino que se limita a registrar las resoluciones del congreso, previo cumplimiento de los requisitos de la Ley 1096, de Organizaciones Políticas y el Reglamento de Supervisión.

No obstante, adelantó que este miércoles los siete miembros de la Sala Plena definirán si el plazo para las nuevas directivas se amplía o se descarta.