Con un dejo de campaña electoral, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, planteó ayer la reducción de las rentas vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes. Consideró que solo exautoridades electas reciban ese beneficio.

“Los expresidentes de Bolivia tienen derecho a tener una renta, pero ésta debe ser de máximo dos salarios mínimos. Ése es mi compromiso ante el pueblo boliviano si llegó a la presidencia”, escribió ayer el exmandatario en sus redes sociales.

Actualmente, los expresidentes y exvicepresidentes perciben una renta vitalicia mensual de cerca de Bs 25.000, el equivalente de 10 salarios mínimos, que con el último ajuste es de Bs 2.500.

Sin embargo, Morales condicionó el pago de ese beneficio a solo las exautoridades electas por voto. “De los expresidentes que quedan, ninguno ganó elecciones y fueron elegidos por el Congreso, por sucesión. Solo los electos por el voto del pueblo deberían tener una renta de dos salarios mínimos”, propuso Morales.

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Expresidentes

Actualmente, no hay exmandatario cuyas funciones hayan derivado de una votación directa en una elección. A saber: Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, sucedió al dimisionario Carlos Mesa (2003-2005), que a su vez reemplazó en la magistratura al renunciante Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003); Jorge Quiroga (2001-2003) sucedió al renunciante Hugo Banzer (1997-2001) y Jaime Paz Zamora (1989-1993), que resultó tercero en las elecciones de 1989 (luego de Sánchez de Lozada y Banzer), fue elegido en el antiguo Congreso Nacional. Jeanine Áñez, a la que se le atribuye haber gestado el “golpe de Estado” de 2019 y por el que fue sentenciada a 10 años de prisión, no goza la renta a pesar de haberla reclamado.

También reciben ese beneficio los exvicepresidentes Álvaro García y Víctor Hugo Cárdenas.

La renta fue establecida en la Ley 376, de Reconocimiento Pecuniario a Expresidentes y Exvicepresidentes Constitucionales, del 15 de mayo de 2013.

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, electos en 2020, también serán beneficiarios de la renta vitalicia al concluir su mandato.

(27/05/2024)

Evo Morales pidió un juicio penal contra los cinco vocales que en 2020 lo inhabilitaron como candidato a senador por Cochabamba. “Cometieron un acto inconstitucional”, afirmó.

El exmandatario planteó esa iniciativa como respuesta a las reacciones en su contra por su interés de ser indemnizado con Bs 1.912.933,59 en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0087/2021, del 7 de mayo de 2021.

“Nunca hemos pedido dinero como compensación a esa injusticia. Lo dije en marzo de 2022, en un Twitter, que no teníamos intención de cobrar plata”, escribió Morales la tarde de ese domingo en redes sociales.

El jueves, el abogado Wilfredo Chávez recordó que Morales reclamó esa indemnización por razones de justicia, “por concepto de lucro cesante y daño emergente a ser pagado por el TSE”.

El 20 de febrero de 2020, a través de la Resolución Jurisdiccional 010/2020, el TSE inhabilitó a Morales como candidato a una senaturía por Cochabamba. Entonces, los vocales alegaron que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), radicado en Argentina, no contaba con el requisito de residencia.

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En conferencia de prensa, el vocal Salvador Romero comunicó la decisión, acompañado por sus colegas Francisco Vargas, Óscar Hassenteufel, María Angélica Ruiz, Rosario Baptista y Nancy Gutiérrez.

Entonces, a través de Twitter, Morales consideró que la decisión del TSE “es un golpe contra la democracia”. “Los miembros del @TSEBolivia saben que cumplo todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS”, afirmó entonces.

Meses después, el 20 de septiembre, el entonces presidente del TSE, Salvador Romero, ratificó la medida. “El TSE ya se pronunció sobre la residencia del candidato de Evo Morales e hizo toda una evaluación y se pronunció en una resolución, que está de acuerdo al Tribunal Supremo, apegado a lo que disponen la Constitución y las leyes”, afirmó.

En su mensaje de este domingo, Morales consideró que quieren callarlo con esa indemnización. “No estamos aquí por plata, estamos para hacer justicia, no quiero que nunca más mis hermanos menores, líderes políticos, indígenas sean inhabilitados por el TSE”, justificó.

En su criterio, “han comenzado a tergiversar la información” con el “único interés de dañar” su imagen. Esto, “para pretender que la ciudadanía considere que nosotros somos platistas, falseando la verdad y también la realidad”, dijo. El sábado, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi afirmó que, con esa indemnización, Morales “quiere hacerse rico”. Su colega Francisco Vargas calificó el viernes de “exagerado” el reclamo del exmandatario y consideró que el TCP “se extralimitó” con el fallo a favor de Morales.

Liberada la preselección de postulantes para las elecciones judiciales a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el arcismo y el evismo se encuentran enfrentados ahora en el dilema de continuar o no con el proceso suspendido.

Quien puso reparos sobre la situación fue el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, el senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roberto Padilla, quien adelantó que el Órgano Legislativo perdió competencia sobre el proceso debido al vencimiento —en su criterio— de los plazos.

“Siempre hemos dicho que queremos continuar la etapa de preselección, pero ahorita, nosotros, ya no tenemos competencia”, afirmó ayer el legislador a radio Global de Sucre.

Preselección

“Hasta 5, 6 de mayo teníamos que remitir al Tribunal Electoral (la lista de candidatos preseleccionados), ¿ahora en qué fecha estamos? 24 (de mayo); ya no tenemos competencia”, justificó.

Hasta ayer, 24 horas después de la decisión del TCP sobre la continuidad del proceso, ninguna de las comisiones había convocado a una sesión sobre el caso.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, demandó la atención de Padilla y de Miguel Rejas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución. “Ambos son los presidentes de las comisiones y deben liderar este proceso que, a partir de la sentencia del día de ayer, no tiene ningún obstáculo para llegar a buen puerto”, dijo.

Los responsabilizó del futuro del proceso electoral. “Si Rejas y Padilla hacen su trabajo, vamos a tener elecciones judiciales; si continúan negociando los cargos para llevar a sus padrinos —perdón, a sus ahijados— a las candidaturas, claramente no las vamos a tener. Si dejan de negociar y empiezan a trabajar vamos a tener elecciones judiciales”, espetó.

Elecciones judiciales

Lima se refirió a unos audios que la red DTV difundió a finales de marzo. “Van a ir a visitarte, por fa, ¿ya? Ya ahí hablamos y cualquier candidato que tengas, Miguel, empezá a mandármelo, ¿ya? Voy a pasar el número a los dos compañeros para que te llamen, para que preparen la oficina todo y con confianza Miguel porfa ¿ya?”, se escucha decir a una mujer, supuestamente en conversación con el senador Rejas.

En la entrevista de ayer, el senador expuso otro argumento y criticó la decisión del TCP. “El TCP fácilmente dice que continuemos, pero también nos dice el problema de las postulantes mujeres indígenas (…), nuevamente nos van a paralizar, nos van a decir ‘están haciendo ilegal’; ya no confiamos”, arguyó Rejas.

“Mientras existan estos magistrados autoprorrogados el proceso de preselección sigue corriendo riesgo”, cuestionó el senador.

Plazos

La Ley 1549, de Elecciones Judiciales, otorga 80 días calendario Asamblea Legislativa para el trabajo de preselección de postulantes, en todas sus fases, y 150 al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la organización de las elecciones judiciales.

Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural comenzaron su trabajo el 16 de febrero con la convocatoria a postulantes y el 19, con el registro.

El proceso debía terminar el 5 de mayo, pero dos recursos lo impidieron: el 16 de abril, una sala constitucional de Santa Cruz falló a favor de Margarita Medrano y el 30 de abril, otra sala constitucional, esta vez de Pando, dejó en fojas cero el proceso y declaró inaplicable la Ley 1549 a instancias de Jeny Dury. Precisamente, el TCP anuló esta última decisión.

¿Hubo otro tiempo en que el país se encontraba en similar situación a la actual? Muchos; en otros, al límite del abismo. Sin embargo, como se suele decir también, siempre encontró la fórmula impensable para salir de él.

La última vez que el país llegó a ese extremo fue en 2019, cuando Evo Morales fue derrocado tres meses antes del final de su mandato y Jeanine Áñez se autoproclamó en su lugar en una Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia del oficialismo. No fue «sucesión impecable», como justificaría Carlos Mesa; fue golpe de Estado.

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Hubo una arbitraria interpretación de la Constitución y la «jurisprudencia» para validar ese acto al amparo de un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuya emisión fue fruto de un cabildeo previo.

Sin embargo, el antecedente de esa ruptura constitucional fue otro acto cuestionado: la sentencia del TCP que validó una segunda repostulación electoral de Morales. Además, años antes, en 2016, éste había resignado toda opción de postularse otra vez al perder el referéndum con el que buscaba una nueva candidatura a través de la modificación de la Constitución.

En el pasado reciente, el gobernador electo Luis Fernando Camacho quiso burlar el mismo estatuto de Santa Cruz al encargar sus responsabilidades a un asesor en vez de hacerlo con el vicegobernador Mario Aguilera. Impulsó una ley para blindar su gestión desde la cárcel y tuvo que ser el TCP el que arregle la situación y disponga su sucesión temporal.

Sin embargo, el caso más complejo es el que sufre ahora el país: elecciones judiciales fallidas e inciertas en más de un año. Una serie de recursos, consultas y sentencias puso en jaque al país, muchos de ellos por encima de las leyes y procedimientos.

Lo peor, el TCP abusó de todos los mecanismos que se atribuyó hasta lograr el fracaso de dichos comicios en 2023. Su fin, se evidenció con una declaración constitucional, fue prorrogar el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 ahora por tiempo indefinido. La Constitución establece seis años de mandato, y ese plazo terminó el 2 de enero.

Esas elecciones parecían estar encaminadas, pero otra serie de recursos impide la continuidad de los procesos previos. De forma abierta, un órgano incurre en injerencia sobre otro órgano sin mayores reparos. En medio de ese embrollo, un grupo de legisladores de oposición y del evismo no comprende el rechazo de dos proyectos de ley (073 y 075) y porfía por su debate, condicionando así el funcionamiento de la Asamblea Legislativa.

Otro órgano, el Electoral, se encuentra a merced de la disputa de dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se resisten a cumplir la ley e incluso lo amenazan y presionan con la fuerza y la injerencia de otro órgano, Judicial.

Así, con las elecciones judiciales inciertas, las elecciones primarias están a punto de fracasar sin haberse debatido nada, con el tiempo en contra. Incluso, ese desorden institucional arriesga las elecciones generales del próximo año.

Si bien existe una profunda crisis judicial, no es necesariamente a causa de los malos operadores, sino de la idiosincrasia política, que se sustenta en el incumplimiento permanente de las leyes y de la Constitución, y su abstracción de los valores democráticos.

(*) Rubén Atahuichi es periodista

¿Cuál de los congresos del Movimiento Al Socialismo (MAS) es válido? Ni lo uno ni lo otro, hasta donde estableció el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, los vocales sopesan la situación de ese partido en un ambiente de fuego cruzado.

De manera sucesiva, el TSE observó las convocatorias emanadas por las dos facciones del partido oficialista: la citada por el Pacto de Unidad, para los días 3, 4 y 5 de mayo en El Alto, y la de la dirección nacional, del 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba.

El artículo 13 del estatuto orgánico del MAS, vigente desde el 22 de septiembre de 2021, establece que los congresos partidarios serán convocados con 60 o 90 días de anticipación por la dirección nacional y las tres organizaciones matrices: las confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CMCIO-BS) y Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIOB).

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Fuego cruzado

Así, el congreso de El Alto no cumplía con las firmas de los miembros de la dirección nacional del MAS y, por su lado, el de Villa Tunari no consigna con el aval de las organizaciones matrices, respectivamente, según las resoluciones de sala plena TSE-RSP-ADM 0140/2024 y TSE-RSP-ADM 0141/2024, del 17 de abril.

A pesar de la resolución en contra, el congreso del Pacto de Unidad se llevó a cabo en las fechas fijadas y eligió a Grover García como presidente del MAS en reemplazo de Evo Morales, cuyo mandato se extiende desde 2017. Es que, el 2 de mayo, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz —con la firma de los vocales Israel Campero y Alexis Angles— instruyó al TSE a supervisar dicho encuentro.

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), a través de una comisión técnica, cumplió con el trámite, a pesar de los cuestionamientos del TSE a la resolución judicial.

Conocido el informe de dicha instancia, los vocales del TSE deberán definir estos días si validan o no el congreso de El Alto.

Mientras el Pacto de Unidad espera una respuesta favorable de parte del Tribunal Electoral, el ala evista del MAS espera lo contrario, al punto de amenazas de movilización de sus organizaciones.

Congreso

El sábado, en el ampliado del Pacto de Unidad en Cochambamba, la dirigencia del MAS evista desahució el congreso de El Alto.

Y Morales advirtió: “Si mañana o pasado, el TSE reconociera el congreso de El Alto, sería un genocidio político, un genocidio al movimiento indígena mediante su instrumento político”.

“Sería un atentado a la democracia”, insistió el expresidente.

Días después del congreso de El Alto, el presidente Luis Arce revindicó la alección de García y, a su vez, invitó a Morales a reflexionar sobre la situación del MAS.  Tiene que “sentarse con los hermanos del Pacto de Unidad, realizar una convocatoria (a un congreso de unidad) donde todos, como militantes de base, estaremos asistiendo”, afirmó.

Aludido, Morales condicionó la invitación con que, públicamente, Arce se comprometa a “no proscribir” al MAS ni inhabilitarlo, como cree que impulsa.

Sin embargo, hasta ayer, no había señales de acercamiento posible entre las facciones del MAS para un congreso de unidad. En tanto, militantes del MAR arcista protestaron frente al TSE, en la plaza Abaroa de La Paz, en demanda de la validación del congreso celebrado en El Alto.

Aunque cumplió con uno de los dos mandatos de la Ley 1096, de Organizaciones Políticas, la adecuación de estatutos, el MAS no logra renovar su dirección nacional, a pesar de la ampliación, por quinta vez, del plazo. El TSE ya lo amonestó y corre el riesgo de perder su personería jurídica.

(21/05/2024)