La Fiscalía tiene a siete sindicados por la ‘masacre’ de Sacaba de noviembre de 2019
“Se tiene a siete personas en calidad de sindicadas y será el proceso investigativo que va a dar cuenta respecto de los indicios de su participación o en su defecto si se descarta alguna responsabilidad”, dijo la fiscal Nuria Gonzales.
Dos exautoridades de gobierno, un civil, dos policías y dos militares, entre ellos el excomandante de la guarnición militar de Cochabamba, general de Ejército Alfredo Cuéllar, son los principales sospechosos de las muertes de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, donde fallecieron 10 personas.
Así lo hizo conocer a La Razón la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, quien aclaró que no necesariamente se trata de los autores de las muertes durante los conflictos poselectorales de 2019. Para determinar aquello, dijo, el Ministerio Público está en la etapa inicial de la investigación.
“Se tiene a siete personas en calidad de sindicadas y será el proceso investigativo que va a dar cuenta respecto de los indicios de su participación o en su defecto si se descarta alguna responsabilidad”, manifestó Gonzales.
De los siete sospechosos, solo el exgeneral Cuéllar está con imputación formal y los otros seis fueron convocados para prestar sus declaraciones. A ellos se los identificó por las declaraciones de los testigos y de las víctimas.
Gonzales informó que “solo algunos” respondieron a las citaciones y prestaron sus declaraciones en la Fiscalía. Se presume que las exautoridades de gobierno se fugaron ya que no acudieron a la convocatoria, complementó.
“Estamos pretendiendo la comparecencia de los sospechosos, específicamente de las exautoridades de gobierno, para las cuales se ha hecho las citaciones correspondientes. Lamentablemente no se han presentado, por eso hemos solicitado a la Dirección de Migración el flujo migratorio para establecer si han abandonado el territorio nacional”.
Otro de los investigados es el excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita por el delito de asesinato y lesiones.
Hace un mes, la Fiscalía citó a otros uniformados, entre ellos el excomandante de la Séptima División general Fuad Genaro Ramos, quien acudió a la convocatoria y prestó su declaración pero en calidad de testigo.
Sobre el plazo para la investigación, la autoridad mencionó que son seis meses de acuerdo con el procedimiento penal. Sin embargo, como se identificó a más sospechosos y por la complejidad del caso, se prevé una ampliación.
“Nosotros, como Ministerio Público, garantizamos una investigación minuciosa bajo el principio de exhaustividad y la debida diligencia para poder esclarecer todas y cada una de las muertes que han sucedido el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba y Huayllani”, acotó la fiscal.
Un informe complementario del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba develó que las balas fueron disparadas desde el puente Huayllani, donde se ubicaron los militares durante la arremetida a los movilizados el 15 de noviembre de 2019.
El representante de las víctimas de la masacre de Sacaba, Gerardo Puma, explicó a este medio de comunicación que el primer informe del IDIF, presentado en enero de 2020, estaba incompleto porque no precisaba sobre la procedencia de los disparos. A través de un memorial, los familiares de las víctimas solicitaron complementar ese dato para presentarlo como prueba en la investigación.
“En el primer informe estaba el estudio balístico, los resultados de la planimetría, pero no lo más importante que es la salida de las balas que terminaron con la vida de nuestros hermanos”, explicó.
El informe complementario fue presentado en diciembre de 2020, en el que el IDIF confirma que la procedencia de las balas fue desde el puente Huayllani.
(08/01/2021)
