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Friday 3 May 2024 | Actualizado a 19:07 PM

Las redes sociales se enfrentan a una nueva realidad tras la suspensión de Trump

Javier Pallero, director de políticas de la organización de derechos digitales Access Now, dijo que la prohibición de Trump podría marcar el inicio de una nueva forma en que las firmas de redes sociales lidiarán con contenido peligroso

/ 20 de enero de 2021 / 16:49

Los gigantes de las redes sociales dieron un paso inédito cuando clausuraron las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de muchos de sus simpatizantes. Ahora se enfrentan al dilema de esforzarse en permanecer políticamente neutrales pero promoviendo, al mismo tiempo, la democracia y la libertad de expresión.

Después de la violencia sin precedentes en la sede del Congreso, plataformas como Facebook, Twitter, YouTube y Snapchat, propiedad de Google, le pusieron un bozal a Trump al suspender sus cuentas para evitar que incitara a los alborotadores.

La red social alternativa Parler, entonces refugio de la ultraderecha, fue obligada a desconectarse cuando Amazon le retiró el servicio de «hosting».

Estas prohibiciones, que por un lado abrieron nuevos caminos para las empresas de Internet, por el otro hicieron añicos la noción de que estas son simplemente plataformas neutrales abiertas a que todos expresen cualquier clase de opinión.

«Prohibir a Donald Trump fue para las redes sociales como cruzar el Rubicón, y ahora no pueden volver atrás», dijo Samuel Woolley, profesor e investigador del Centro para la Participación de los Medios de la Universidad de Texas.

«Hasta ahora, su mayor objetivo era promover la libertad de expresión, pero los acontecimientos recientes han demostrado que ya no pueden hacer esto».

El jefe de Twitter, Jack Dorsey, defendió la semana pasada la prohibición de Trump, pero reconoció que fue producto de su «fracaso en promover una conversación saludable».

Además, «sienta un precedente que considero peligroso: el poder que tiene un individuo o una corporación sobre parte de la conversación pública global», dijo.

Javier Pallero, director de políticas de la organización de derechos digitales Access Now, dijo que la prohibición de Trump podría marcar el inicio de una nueva forma en que las firmas de redes sociales lidiarán con contenido peligroso, incluso el proveniente de líderes políticos.

«Las empresas reaccionaron frente a los llamados a la violencia del presidente de Estados Unidos y esa fue una buena decisión. Pero fracasaron en otras regiones como Birmania», donde las redes sociales se han utilizado para llevar a cabo persecuciones, dijo Pallero.

¿Derechos humanos primero?

En algunas regiones del mundo, las plataformas sociales están viéndose forzadas a elegir entre seguir las leyes nacionales, o darles prioridad a los principios de los derechos humanos, señaló Pallero.

«Les pedimos a las plataformas que pongan los derechos humanos en primer lugar. A veces lo hacen, pero las decisiones sobre la gobernanza del contenido son siempre frustrantes de alguna forma», dijo.

En regímenes autoritarios con leyes restrictivas sobre redes sociales, las plataformas «deberían quedarse y proporcionarle una voz a los activistas por la democracia… Sin embargo, si se ven forzadas a identificar a los disidentes o a censurarlos, entonces probablemente deberían irse. Pero no sin dar la pelea», añadió Pallero.

Woolley dijo que es probable que las redes sociales que prohibieron a Trump, ahora se vean presionadas a tomar medidas contra líderes de estilo similar que abusan de las plataformas.

«No pueden simplemente prohibir a un político en Estados Unidos sin tomar medidas similares en todo el mundo», dijo. «Sería visto como priorizar a Estados Unidos de una manera que sería considerada injusta».

El poder de la plataforma – Hasta hace poco, las plataformas les habían dado a los líderes mundiales un margen de maniobra, puesto que sus comentarios podían ser considerados de interés público aunque fueran incendiarios.

Y quitarle las plataformas a Trump subrayó el inmenso poder de un puñado de redes sociales respecto del flujo de la información, destacó Bret Schafer, investigador de la organización sin fines de lucro Alliance for Securing Democracy.

«Una de las cosas que los obligó a actuar fue que vimos que la retórica del presidente se manifestaba en violencia en el mundo real», dijo Schafer. «Eso puede ser el límite donde se traza la línea».

Pero destacó las inconsistencias en la aplicación de estas políticas en otras partes del mundo, incluso en regímenes autoritarios.

«Discutir que los líderes de algunos de estos países puedan tener una cuenta cuando sus ciudadanos no pueden participar en la discusión es un argumento legítimo», dijo Schafer.

Es probable que las empresas de internet se enfrenten a mayores exigencias de regulación tras los recientes disturbios.

Karen Kornbluh, quien dirige la iniciativa de innovación digital y democracia del German Marshall Fund, dijo que cualquier posible ajuste regulatorio debería ser modesto, para evitar que sea el gobierno el que acabe regulando el discurso en línea.

Añadió que las plataformas deberían tener un «código de conducta» transparente que limite la desinformación y las incitaciones a la violencia, y que deberían rendir cuentas si no cumplen esos términos.

Las plataformas podrían usar alguna clase de «interruptores de circuito» para evitar que el contenido incendiario se viralice, de la misma forma como actúa Wall Street cuando hay cambios extremos.

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Exasesora relata en el juicio de Trump la ‘crisis’ de la campaña de 2016

Trump se negó a responder a las preguntas de los periodistas sobre su exasesora durante una pausa en los procedimientos.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios al salir de la corte.

Por AFP

/ 3 de mayo de 2024 / 18:52

Una exasesora cercana al expresidente estadounidense Donald Trump testificó este viernes durante su juicio en Nueva York sobre la «crisis» en la que se vio envuelta la campaña del magnate en 2016 después de que saliera a la luz una cinta en la que presumía de manosear a mujeres.

La exsecretaria de prensa Hope Hicks fue la primera persona del círculo íntimo del ahora candidato republicano a las presidenciales de noviembre en subir al estrado en su histórico proceso, en el que se le acusa de falsificar registros para encubrir pagos a la exactriz porno Stormy Daniels para evitar otro escándalo antes de las elecciones de 2016.

Juicio de Trump

«Estaba un poco aturdida», dijo Hicks sobre grabación revelada por el programa Access Hollywood y en la que se escucha a Trump jactarse de agarrar los genitales de las mujeres.

«Había consenso entre todos nosotros de que la cinta era perjudicial, esto era una crisis», añadió.

Hicks fue citada a comparecer por la fiscalía, que ha argumentado que el pánico generado por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels por su intención de revelar un supuesto encuentro sexual con Trump, quien ya estaba casado.

La falsificación de dichos pagos, que los hizo pasar como gastos legales de su entonces abogado personal Michael Cohen, es la causa que ha sentado en el banquillo al primer expresidente de Estados Unidos.

Hicks admitió estar nerviosa cuando empezó a testificar, y más tarde rompió en llanto bajo el enérgico interrogatorio del abogado de Trump, Emil Bove, lo que llevó al juez a ordenar un receso.

Leer también: Trump pone en duda respeto a resultados electorales de noviembre

Pieza clave

La exasesora fue una una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, a la que se unió con 26 años. 

«Informé al señor Trump» durante la campaña, dijo Hicks al tribunal, describiéndolo como «muy involucrado».

Según David Pecker, exeditor del diario sensacionalista National Enquirer y primer testigo en el juicio, Hicks estuvo en una reunión en 2015 en la Torre Trump en Nueva York en la se acordó ayudar a la incipiente campaña de Trump del año siguiente. 

Bajo la intensa mirada del republicano, que ella evitó cruzar, dijo, sin embargo, que no recordaba el encuentro. Al parecer, la mujer sigue manteniendo relaciones cordiales con la familia Trump.

Hicks también relató este viernes al jurado la respuesta de Trump a un artículo del Wall Street Journal en el que se afirmaba que había tenido una aventura con una exmodelo de Playboy, Karen McDougal, a la que luego habría pagado, un caso que se hace eco de la supuesta relación con Daniels.

«Le preocupaba cómo lo vería su esposa» Melania, dijo Hicks. 

Trump se negó a responder a las preguntas de los periodistas sobre su exasesora durante una pausa en los procedimientos.

¿Más multas?

La sesión de este viernes comenzó con el juez Juan Merchan dirigiéndose directamente a Trump para «aclarar (cualquier) malentendido» sobre su orden que prohíbe al magnate hablar en las redes sociales de los testigos, el jurado y el personal del tribunal y sus familiares, habitualmente para difamarlos.

Merchan subrayó que Trump tenía «derecho absoluto a testificar» ante el tribunal, y que su orden «solo se aplica a declaraciones extrajudiciales… fuera del tribunal». Trump respondió: «Gracias».

Las repetidas violaciones de dicha orden le han supuesto una multa de 9.000 dólares al republicano. El jueves, el fiscal Christopher Conroy instó de nuevo a Merchan a multar a Trump por cuatro nuevas infracciones.

El juez debe anunciar todavía su decisión.

Como suele hacer cada día a su llegada y salida del tribunal donde le aguardan medios de todo el mundo, Trump, que dice sentirse víctima de una «caza de brujas», lamentó este viernes que su presencia obligada en el juicio le mantiene lejos de su campaña electoral.

Hasta el momento han pasado por el estrado a pedido de la fiscalía además de Pecker, otros testigos que explicaron cómo se gestaron los pagos, en particular Keith Davidson, abogado de Daniels y de la modelo McDougal.

Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020. También se enfrenta a cargos en Florida por manipulación de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.

Los procedimientos en Nueva York se reanudarán el lunes.

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Gobierno argentino ordenó cerrar corresponsalías de la agencia estatal Télam

Argentina retrocedió 26 puestos y se colocó en la 66ª posición en el ranking de libertad de prensa, según el informe anual de Reporteros sin Fronteras

La policía bloqueaba la entrada a la agencia de noticias estatal Télam

Por AFP

/ 3 de mayo de 2024 / 18:35

El gobierno argentino ordenó el cierre de 13 corresponsalías provinciales de la agencia de noticias estatal Télam, luego de haber suspendido, en marzo, la actividad de la empresa con el fin de auditar sus operaciones.

En un comunicado del interventor de la empresa, Diego Martín Chaher, dirigido a empleados de Télam y difundido por la prensa este jueves, se instó a dar inicio a la «ejecución tendiente al cierre operativo de las corresponsalías» en 11 de las 23 provincias y la capital donde funciona Télam.

Las oficinas afectadas están en Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Mendoza.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este viernes en conferencia de prensa que «si la agencia está cerrada porque los trabajadores están dispensados no tiene ningún sentido tener corresponsalías en el interior del país. Es una cuestión simplemente de sentido común».

El 3 de marzo el gobierno argentino había suspendido la actividad de Télam, dispensado a sus trabajadores de tareas y vallado dos de sus edificios en Buenos Aires, tras un anuncio del presidente ultraderechista Javier Milei de que cerraría la empresa de 78 años por ser supuestamente un instrumento «de propaganda».

Desde entonces, el sitio web de la agencia se encuentra fuera de servicio y con un aviso que dice «Página en reconstrucción».

Télam

Esta decisión se suma a la suspensión en marzo de todos los noticieros del fin de semana junto con la cancelación de todos los programas en vivo, excepto algunas emisiones de noticias, de la Televisión Pública. 

Además, se cortó el pago de horas extras y feriados en la Radio Nacional (la radio pública). Esto generó que en las 49 emisoras del interior del país se tuviera que cancelar la programación de fin de semana y retransmitir los programas de Buenos Aires.

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En este contexto, Argentina retrocedió 26 puestos y se colocó en la 66ª posición en el ranking de libertad de prensa, según el informe anual de Reporteros sin Fronteras publicado este viernes, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

«La situación es particularmente preocupante en Argentina tras la llegada al poder del presidente Javier Milei; su postura agresiva respecto al periodismo entorpece el pluralismo», señala el texto.

A comienzos de febrero, el nuevo gobierno ultraliberal argentino decretó la intervención por un año de todos los medios de comunicación estatales para «modificar la estructura orgánica y funcional».

La medida comprendía la radio y televisión pública, la agencia Télam. También el portal educativo Educ.ar, el Polo de Producción Audiovisual y el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (Bacua).

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Hamás reanudará negociaciones, tras examinar propuesta israelí de tregua en Gaza

El plan de tregua incluye un cese de los combates por 40 días y un canje de rehenes israelíes retenidos en Gaza

Humo ondeando sobre Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza

Por AFP

/ 3 de mayo de 2024 / 18:23

El movimiento islamista Hamás, que desde fines de abril estudia su respuesta a una propuesta de tregua con Israel en Gaza, anunció este viernes que el sábado enviará una delegación a El Cairo para reanudar las negociaciones, con un «espíritu positivo».

«La delegación de Hamás viajará a El Cairo mañana, sábado, para continuar las conversaciones. Destacamos el espíritu positivo con el que los dirigentes de Hamás trataron la propuesta de alto el fuego recibida recientemente; y vamos a El Cairo con el mismo espíritu para alcanzar un acuerdo», declaró el movimiento en un comunicado.

El plan de tregua incluye un cese de los combates por 40 días y un canje de rehenes israelíes retenidos en Gaza desde el 7 de octubre por palestinos presos en Israel.

Pero Hamás, que gobierna en Gaza desde 2007, exige un cese el fuego permanente. Además, la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, arrasada por casi siete meses de guerra.

«Hamás y las fuerzas de resistencia palestinas estamos decididos a lograr un acuerdo que satisfaga las demandas de nuestro pueblo de un cese completo de la agresión, la retirada de las fuerzas de ocupación, el regreso de los desplazados, ayuda y reconstrucción, y un acuerdo de canje serio», indicó el comunicado.

La tregua sería la primera desde la que se estableció durante una semana a finales de noviembre. Esta permitió un canje de 105 rehenes retenidos en Gaza por 240 palestinos encarcelados en Israel. 

Propuesta de tregua

Un alto cargo político de Hamás acusó el viernes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de intentar obstruir las negociaciones con sus declaraciones públicas en las que reitera su determinación de ordenar una invasión de Rafah, en el sur del Gaza. 

A Netanyahu «no le interesa un acuerdo y por eso hace declaraciones (…), para frustrar los esfuerzos», añadió el dirigente, Hosam Badran, en declaraciones a la AFP.

El mandatario israelí afirma que Rafah es el último bastión de los comandos de Hamás. Añadió que Israel no podrá proclamar victoria mientras no haya una operación terrestre en esa ciudad; en esta, se hacinan 1,5 millones de palestinos, en su gran mayoría desplazados por la guerra.

«Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás, con o sin acuerdo [de tregua], para conseguir la victoria total», declaró Netanyahu el martes.

La guerra estalló el 7 de octubre tras la incursión de comandos de Hamás. Mataron a 1.170 personas, en su mayoría civiles; también, secuestraron a 250 en el sur de Israel, según un balance de la AFP basado en datos israelíes.

Las autoridades israelíes estiman que, tras el canje de noviembre, 129 personas permanecieron retenidas en Gaza y que 35 de ellas murieron.

La ofensiva lanzada por Israel en respuesta al ataque ha dejado hasta el momento 34.622 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás.

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Temor a un «baño de sangre» en Rafah

El jefe del movimiento islamista, Ismail Haniyeh, ya indicó el jueves que Hamás examinaba con «espíritu positivo» la propuesta de tregua. Añadió que el grupo enviaría «pronto» una delegación a El Cairo, donde tienen lugar las negociaciones indirectas, mediadas por Egipto, Catar y Estados Unidos.

Esas declaraciones alimentaron la esperanza de un acuerdo que otorgue un respiro a la población de Gaza, donde los bombardeos israelíes mataron a 26 personas en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.

Los últimos bombardeos golpearon principalmente Rafah, limítrofe con Egipto.

La ONU y muchos países, entre ellos Estados Unidos, expresaron su temor a una catástrofe humanitaria en caso de que Israel ordene la invasión de esa ciudad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) «está profundamente preocupada por una operación a gran escala en Rafah, Gaza. Esto porque puede conducir a un baño de sangre y debilitar aún más un sistema de salud que ya está desmantelado», afirmó el viernes el director general de esa agencia de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Una residente de Rafah, Sanaa Zoorob, contó que en los bombardeos perdió a su hermana y a seis sobrinos. 

Dos de los niños «fueron encontrados despedazados en los brazos de su madre», relató, pidiendo «un alto el fuego permanente».

Presión sobre Israel

La crisis humanitaria y el creciente número de muertos en Gaza han generado manifestaciones en todo el mundo, incluyendo un amplio movimiento de protesta en las universidades estadounidenses, reprimido por la policía. 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el miércoles la ruptura de relaciones con Israel y Turquía anunció el jueves la suspensión de todos los intercambios comerciales. 

Uno de los temas clave es la llegada de más ayuda a Gaza. Actualmente, viven 2,4 millones de personas confrontadas a una grave escasez por el cerco establecido por Israel.

Bajo la presión de Estados Unidos, Israel aumentó la entrada de ayuda en los últimos días. La OMS indicó el viernes que la disponibilidad de alimentos mejoró ligeramente.

Además, Netanyahu enfrenta protestas dentro de Israel para que su gobierno, formado por partidos nacionalistas, de extrema derecha y ultraortodoxos judíos, negocie la liberación de los secuestrados. 

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Panel de OEA llama a CPI a investigar y detener a responsables de tortura en Venezuela

El panel exhorta a Venezuela a que "cese inmediatamente la comisión de crímenes, las operaciones de encubrimiento, la represión contra los activistas de derechos civiles, las víctimas y sus familiares".

Protestas en venezuela

Por AFP

/ 3 de mayo de 2024 / 17:49

Un panel de expertos de la OEA instó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) a centrarse en personas «específicas» y «perpetradores de nivel medio y alto» de crímenes de lesa humanidad en Venezuela para emitir «ordenes de arresto».

«Las denuncias de cada uno de los crímenes de lesa humanidad son moneda corriente todavía en el país», afirmó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, durante la presentación del tercer informe del panel de expertos independiente que analiza la posible comisión de este tipo de actos en Venezuela desde 2017.

En los últimos seis meses se han analizado casos de tortura, detención arbitraria, violencia sexual y persecución para determinar si se han investigado y juzgado y «las conclusiones son en realidad bastante chocantes», afirmó Joanna Frivet, miembro del panel.

«Venezuela no está cumpliendo con sus obligaciones (…) de exigir responsabilidades». En estas circunstancias, la intervención de la fiscalía de la CPI «es fundamental para impulsar la investigación y procesamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela», añadió.

CPI

El panel recomienda al fiscal de la CPI que «se implique más, de forma urgente, considerando la naturaleza actual de los crímenes, para abrir investigaciones contra individuos específicos y hacer avanzar estos casos ante la Corte con el fin de emitir órdenes de arresto», dijo.

Le pide asimismo que centre sus investigaciones «en perpetradores de nivel medio y alto con carácter de urgencia; así evitar que se sigan cometiendo crímenes» porque «la brecha de impunidad es significativa». 

En «aproximadamente el 83,6% de todos los casos de tortura analizados por el panel no había registros de diligencias de investigación» a pesar de las denuncias, se lee en el informe.

Los retrasos se deben a «una falta de separación entre el poder judicial y el ejecutivo», según Frivet.

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«Una larga lista»

El panel exhorta a Venezuela a que «cese inmediatamente la comisión de crímenes, las operaciones de encubrimiento, la represión contra los activistas de derechos civiles, las víctimas y sus familiares».

Santiago Cantón, presidente del panel, se adelantó a posibles críticas a la OEA, de la que Venezuela solicitó formalmente salir en 2017.

«Algunas personas podrían decir que (…) es parte de un plan de la derecha internacional encabezado por el Secretario General para denunciar y desprestigiar al régimen (del mandatario Nicolás) Maduro», dijo.

«Si esto fuera así, por qué existen además de los informes de este panel» otros muchos que han planteado «exactamente lo mismo», se preguntó Cantón.

El caso de Venezuela es peculiar porque normalmente los Estados «hacen desaparecer las pruebas»; pero aquí las víctimas «son los propios testigos», explicó Manuel Ventura, otro miembro del panel.

«El caso va dirigido contra personas físicas. Es una larga lista y la primera de ellas es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro», añadió.

«Celda de los locos»

Durante la sesión, que duró cinco horas, varias víctimas contaron los horrores vividos en las mazmorras.

Jesús Alemán, un expreso político de 31 años, estuvo detenido en dos ocasiones.

«Fui golpeado, aislado y torturado», dijo. Así, describió cómo le dieron descargas eléctricas, le taparon la cara con bolsas para cortarle la respiración, le acusaron de delitos ficticios y le negaron asistencia médica.

Algo parecido afirma haber vivido el también expreso político Nixon leal, a quien llegaron a clavarle «chinches debajo de las uñas».

Su desesperación le llevó a intentar suicidarse ahorcándose con su suéter pero no lo logró «porque estaba esposado».

Igual de traumática ha sido la experiencia del capitán de navío Luis de la Sotta.

En las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) estuvo en la «celda de los locos»; ahí, aguantó la temperatura glacial con «una braga verde» como única prenda. 

«Me daban los alimentos en un envase que tiraban al piso, sin cubiertos, tenía que comer con las manos llenas de excrementos», contó en Washington.

«A veces me privaban de alimentos, mis necesidades fisiológicas sólidas las hacía en una bolsa plástica, si la tenía, de lo contrario evacuaba en el piso, orinaba en un envase y solo tenía acceso a la ducha una vez por semana», añadió.

También intervino por videoconferencia Perkins Rocha, abogado de la líder opositora, María Corina Machado. Ella está inhabilitada para las elecciones presidenciales de julio pese a ser favorita frente a Maduro, quien aspira a la reelección.

Se quejó de los arrestos de activistas del partido Vente Venezuela, de Machado, de los cuales 10 siguen detenidos. En la mayoría de los casos pasaron un promedio de 30 días  «absolutamente incomunicados del mundo exterior», denunció.

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Chile deporta a 65 venezolanos por cometer delitos o entrar ilegalmente en el país

Chile ya informó el pasado 19 de abril del despegue de otro vuelo rumbo a Bolivia, Ecuador y Colombia con más de medio centenar de migrantes expulsados

El primer vuelo del año a Venezuela con 65 personas

Por Europa Press

/ 3 de mayo de 2024 / 17:36

El Gobierno de Chile ha informado este viernes de la deportación de 65 venezolanos a través de un vuelo chárter con destino Caracas por cometer diferentes delitos o entrar de forma ilegal en el país, lo que suma un total de 411 expulsiones en lo que va de año.

«Estamos hablando de 10 expulsiones administrativas y 55 expulsiones judiciales. Recordar que las expulsiones judiciales son básicamente cuando se aplica frente a delitos que tienen no más de cinco años de condena en nuestro país», ha señalado la portavoz del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, en rueda de prensa.

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65 venezolanos

En concreto, de las personas expulsadas un total de 55 cometieron delitos como asociación ilícita, robo con intimidación, tráfico ilícito de armas o tenencia de armas, entre otras, mientras que las otras diez fueron por ingresar de forma ilegal en el país.

Por su parte, el director de Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, ha subrayado que tanto el vuelo de este viernes como los 11 anteriores y los próximos que vendrán «son una expresión» de la «determinación del Gobierno» de expulsar a «personas que cometan delitos» o «que ingresen irregularmente» en Chile.

Chile ya informó el pasado 19 de abril del despegue de otro vuelo rumbo a Bolivia, Ecuador y Colombia con más de medio centenar de migrantes expulsados por cometer delitos. Del total de 53 migrantes deportados, 34 expulsados por vía judicial y los 19 restantes por vía administrativa.

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