The Intercept: El DOJ de EEUU amenazó a analistas del MIT que objetaron informe de la OEA sobre ‘fraude’ en Bolivia
La revista accedió a correos electrónicos de entre octubre de 2020 y enero de 2021, en los que una abogada litigante del Departamento de Justicia hostigó y amenazó con una citación a Jack R. Williams y John Curiel, que afirmaron que no hubo “fraude” en los comicios bolivianos de 2019.
Una publicación de la revista electrónica The Intercept revela que Jack R. Williams y John Curiel, especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), fueron amenazados por una abogada del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por su estudio que objetó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre un “fraude” en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia.
Las pruebas del hostigamiento son correos electrónicos obtenidos por este medio dirigido por el reconocido periodista estadounidense Glenn Greenwald y que saltó a la fama por sus revelaciones sobre el programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con Edward Snowden, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, como fuente.
«COMPLICIDAD» DE TRUMP
“Los correos electrónicos a los analistas muestran la complicidad de la administración de Donald Trump” con el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en Bolivia, señala la presentación de la publicación. Este material muestra “la existencia de la investigación del Departamento de Justicia y agrega evidencia para respaldar las acusaciones de Bolivia de que Estados Unidos estuvo implicado en su golpe de 2019”, complementa.
The Intercept indica que se instaló un “régimen golpista” entre el 12 de noviembre de 2019 —cuando renunció Evo Morales y Áñez se proclamó presidenta después de recibir la banda presidencial de manos de los militares— y el 8 de noviembre de 2020, cuando Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), asumió la presidencia tras ganar en las elecciones del 18 de octubre de ese año, con un respaldo del 55,10% de la votación.
El actual gobierno y el MAS sostienen que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Morales, quien resultó asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Anunció su dimisión el 10 de noviembre de ese año, después de la estocada dada por un polémico informe previo de la OEA, que alimentó el discurso de sus opositores sobre un “fraude” en los comicios presidenciales del 20 de octubre.
Entonces, los resultados electorales habían dado la victoria al jefe del MAS, sin la necesidad de una segunda vuelta con su principal contrincante, el expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), quien fue el primero en arengar un “gigantesco fraude”. Las banderas del supuesto “fraude” provocaron que Morales deje el país el 11 de noviembre de 2019; se asiló primero en México y luego obtuvo refugio en Argentina.
Al respecto, The Intercept publica que “el régimen golpista de corta duración llegó al poder siguiendo un guión claro: en las semanas previas a las elecciones presidenciales bolivianas en octubre de 2019, la oposición bombeó propaganda interminable a través de las redes sociales y las redes de televisión, advirtiendo que el actual presidente Evo Morales haría explotar un fraude generalizado para ganar la reelección”.
El MAS afirma que la contundente victoria de Arce de 2020 demuestra que no hubo irregularidades en el proceso electoral de un año antes. Inclusive se activó un proceso de investigación bautizado como “golpe de Estado”, que derivó en la detención de Áñez y dos de sus exministros, quienes fueron encarcelados por seis meses mientras duran las pesquisas de la Fiscalía, en los penales de Miraflores y San Pedro, respectivamente.
El informe preliminar y la posterior “auditoría” de la OEA han sido objeto de críticas por parte de organizaciones y especialistas internacionales. Países como México o Argentina han puesto en duda la idoneidad del uruguayo Luis Almagro para dirigir la entidad. Y el gobierno de Arce eligió recién al exministro Héctor Arce como embajador ante la OEA, con la misión específica de que haga rendir cuentas a Almagro sobre su “injerencia” de 2019.
DOS ANALISTAS HOSTIGADOS
Precisamente Williams y Curiel fueron dos de las voces que objetaron el documento de la OEA sobre los comicios bolivianos. En febrero del año pasado, mediante un análisis estadístico publicado en The Washington Post, ambos especialistas, comisionados por el Centro de Investigación Económica y Política, indicaron que “no hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar”. Un estudio que sacó ronchas en Bolivia.
El gobierno de Áñez se estrelló contra los especialistas del Laboratorio de Ciencias y Datos Electoral del MIT, al igual que la OEA, que reafirmó que hubo una “manipulación dolosa” en las elecciones de marras y que se notó una parcialización del tribunal electoral; eso sí, no mencionó la palabra “fraude” en las casi 100 páginas de su informe. The Intercept asegura que el análisis trajo consecuencias tanto a Williams como Curiel.
La revista devela que tres días antes de los comicios presidenciales de 2020 en Bolivia, “los investigadores recibieron la primera de las solicitudes del Departamento de Justicia (de Estados Unidos). La abogada litigante Angela George se identificó como abogada de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia y dijo que había ‘recibido una solicitud formal de Paraguay’ de asistencia en una investigación criminal”.
Ese correo electrónico provocó que Curiel le aclarara que “se había equivocado de investigador, ya que él no había trabajado en ningún estudio electoral paraguayo”. George admitió posteriormente su error, y le indicó que se refería a Bolivia. Eso sí, afirma The Intercept, la abogada estadounidense “nunca proporcionó detalles sobre la naturaleza de la investigación criminal, cuya existencia no se había informado previamente”.
“Tenemos algunas preguntas sobre el informe de datos y le agradeceríamos que nos hiciera saber cuándo estará disponible para hablar con nosotros por teléfono antes del 6 de noviembre de 2020”, escribió George a los analistas, continúa la revista electrónica, que accedió a correos electrónicos de entre octubre de 2020 y enero de 2021. Sin embargo, posteriormente vino un hostigamiento que recurrió a un tono amenazador.
Ello sucedió cuando Williams explicó a George que su indagación se basó en datos públicos, disponibles. La respuesta provocó que George amenace con “entregarle una citación a usted y al laboratorio”, aunque luego bajó sus decibeles, aclarando que no era necesaria una entrevista. “Simplemente estoy tratando de averiguar” si el artículo publicado en el diario estadounidense “incluye su investigación y es una copia auténtica” e “incluye la investigación exhaustiva que usted y el señor Curiel condujeron”.
The Intercept trató de hablar con el portavoz del DOJ, Joshua Stueve, quien evitó hacer comentarios. Pero una “fuente familiarizada con la investigación” afirmó que lo sucedido “asustó a los investigadores electorales en la comunidad académica y puede haber tenido un efecto paralizador en la investigación posterior”; además que la “amenaza de citación fue una medida extraordinaria”, porque el DOJ “tiene protocolos estrictos para proteger la libertad de prensa y evitar la intimidación del gobierno” de Estados Unidos.
FUERA DEL PROTOCOLO
Paralelamente, un exabogado litigante del DOJ indicó a The Intercept que los correos son inusuales en estos casos. “Generalmente, la OIA reclutaría al FBI u otra agencia de investigación para ejecutar una solicitud de MLA entrante, como una entrevista voluntaria con un testigo o una investigación como esta. Es inusual que un abogado de la OIA lo maneje”. Añadió que la interacción con medios requiere un aval de los jefes del DOJ.
“Hay todo un conjunto de protocolos onerosos para los abogados litigantes que buscan información de una organización de medios, y la decisión de seguir adelante se tomaría en altos niveles del Departamento de Justicia. Esta solicitud en particular no es su investigación criminal corriente, por lo que puede estar bastante seguro de que recibió una exposición de muy alto nivel”, declaró la fuente que pidió mantenerse en reserva.
La publicación de la revista electrónica señala que dos días antes de los comicios del 18 de octubre de 2020, “el ecosistema mediático de la derecha estaba una vez más plagado de afirmaciones de que la votación sería manipulada, pero el esfuerzo fracasó la segunda vez, ya que el MAS ganó de manera aplastante. Morales, entonces todavía en el exilio (en Argentina), no se postuló, pero su protegido Luis Arce ganó el 55% de los votos”.
