El abogado del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Wilfredo Chávez afirmó este lunes que el congreso de ese partido, convocado por las organizaciones que respaldan al presidente Luis Arce para el fin de semana pasado, carece de legalidad.

“Indicar que la ilegalidad y el tono en que se ha actuado en ese pseudo congreso es alarmante por la forma en que se conducen estas personas y la forma en que el sistema judicial, particularmente una sala constitucional, rompió todo el esquema previamente debatido”, dijo en una entrevista con radio Éxito.

Asimismo, advirtió que la medida cautelar emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar el congreso del ala arcista del MAS, no quiere decir que ese encuentro haya sido aprobado, porque aún se debe esperar el informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde).

MAS

“Eso no implica que ya hay un reconocimiento al congreso al cumplir una decisión judicial, pero todavía tiene que haber un informe por parte del Sifde, que no podría ser otro que el de no aprobar de ninguna manera ese congreso, porque no ha cumplido ningún parámetro legal”, agregó.

Por su parte, la facción evista del MAS se declaró en emergencia. Anunció un ampliado para el 18 de mayo; en él definirán medidas de presión luego de que el ala arcista eligió a un nuevo jefe de ese partido.

Por su parte, el líder de esa facción, Evo Morales, anunció que agotará una lucha legal para defender a su partido; eso luego de la elección de un nuevo jefe en el congreso arcista del 3, 4 y 5 de mayo.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, anunció que busca una reunión entre las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa para definir el rumbo de las elecciones judiciales.

“Estamos a la espera (de la confirmación), en estos días de la semana, para una reunión conjunta y tomar una decisión entre las tres fuerzas políticas y ambas cámaras para decidir el rumbo y el destino de las elecciones judiciales”, dijo en una conferencia de prensa en La Paz.

El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Pando dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La medida fue emitida por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La preselección se encontraba en la fase de evaluación de méritos de los 404 postulantes que esperaban rendir sus exámenes oral y escrito.

Elecciones Judiciales

Rodríguez, del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que también buscará una reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pues luego de remitida a ese órgano una lista de 192 profesionales habilitados, es el encargado de organizar los comicios.

“Los plazos y el cronograma se han agotado. Si hay todavía alguna posibilidad de coordinación con el TSE, veremos la posibilidad de si se retoma la última fase o se revisa todas las etapas y fases”, enfatizó.

Según los plazos previstos en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, el 6 y 7 de mayo debió remitirse al TSE la lista de los habilitados, para que, en un plazo de 180 días, se realice la elección, pero la decisión judicial frenó todo el proceso.

Además de la acción popular de Pando, la preselección enfrentó al menos 12 amparos constitucionales por la supuesta vulneración de los derechos de postulantes que fueron rechazados en el proceso.

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El expresidente de Bolivia y de la otrora Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé sugirió abrir “un momento constituyente», espacio en el que la población plantee ajustes institucionales o legales sobre el funcionamiento del Estado, ante la evidente crisis institucional en los cuatro órganos (Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial).

El país atraviesa por un “desorden institucional” del Estado. En criterio de analistas, ello proviene de la fractura interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) que vive una de sus crisis más profundas, que incide en la democracia del país.

En los últimos días, actores políticos y la población en general manifestaron su preocupación por la desinstitucionalización del país, luego de que una sala constitucional de Pando frenara las elecciones judiciales y trabara el trabajo de la Asamblea Legislativa.

Otro caso similar ocurrió días después, cuando una sala constitucional de La Paz ordenara al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del MAS arcista luego de que ese órgano haya rechazado el acompañamiento en reiteradas ocasiones. Por ello, la Sala Plena del TSE denunció una intromisión del Órgano Judicial.

De este modo, analistas advirtieron el riesgo que implica el utilizar la Justicia en decisiones políticas que interfieran con las decisiones de otros órganos.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Rodríguez recomendó a las disidencias del oficialismo y la oposición que deben dejar sus fricciones internas de lado y pensar con mayor interés en el Estado, “esa voluntad constituyente que les dio un mandato».

Planteó un acuerdo político para una eventual reforma constitucional por la vía que corresponda. «Sin ello, el país estará enredado en trampas con cinco autoprorrogados y decisiones de salas de debatible legalidad”.

El expresidente consideró que el TSE «cedió» espacio a la jurisdicción judicial que invadió sus competencias. Aseguró que ahora la población necesita un árbitro que sepa hacer valer sus propias decisiones y no sentirse intimidado por fallos de autoridades judiciales prorrogadas.

En su criterio, la Asamblea Legislativa debe hacer lo mismo y tener una posición firme respecto de sus funciones y competencias. “Será necesario tomar decisiones hasta de confrontación institucional”.

Advirtió que, frente a la desinstitucionalización de los poderes, la democracia del país está en riesgo porque —según dijo— no hay certidumbre, ni certezas. Y, eso responde al «control judicial» por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Cuestionó el poder que tiene el TCP en el país y recordó que esa instancia interpretó la Constitución Política del Estado para habilitar la candidatura presidencial del expresidente Evo Morales y, años después, avaló la sucesión de Jeanine Áñez.

En 2017, el TCP habilitó a Morales a través de una sentencia constitucional y explicó que se decidió “declarar la aplicación preferente” de los derechos políticos por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta.

El fallo se produjo debido a que el MAS presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos.

Ya en 2019, el TCP “avaló” la sucesión de Jeanine Áñez a través de un comunicado, luego del derrocamiento y salida del país de Morales rumbo a México. El 12 de noviembre de ese año, el TCP emitió un comunicado en el que invocó la Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001, con la que ese año el entonces vicepresidente Jorge Quiroga blindó su sucesión ante el dimisionario presidente Hugo Banzer.

Áñez y la oposición entendieron que ese comunicado validaba la sucesión de la senadora del partido Unidad Demócrata (UD).

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Luego de la elección de la nueva dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el congreso del ala arcista del partido, el presidente Luis Arce saludó a quienes encabezarán la dirección del MAS durante los próximos años.

Asimismo, recalcó que ese partido vive su refundación, el cual afirmó que no tiene dueño y no debe se lo debe utilizar para saciar las aspiraciones de una sola persona, en claro desafío al expresidente Evo Morales.

“Saludamos la sabiduría y madurez política de nuestras organizaciones sociales y del pueblo boliviano (…). Nunca más nuestro Instrumento Político debe ser utilizado para saciar las aspiraciones de una persona o de un grupo; nunca más nuestras organizaciones sociales deben ser relegadas de su propio proyecto político (sic)”, apuntó Arce en su cuenta de X, en referencia evidente a Morales, cuando concluyó el congreso.

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Congreso

El viernes, tras una polémica resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el congreso arcista se inauguró en la ciudad de El Alto. El objetivo era renovar la directiva del partido, presidida por Morales desde 2017.

Cuando se conoció la decisión del TSE de supervisar el congreso arcista, el ala evista del partido fustigó este accionar. En su criterio, la convocatoria del arcismo es contraria al estatuto del MAS y no puede ser de ninguna manera legal.

Pese a las quejas y denuncias, el congreso arcista, acompañado del resguardo de más de 4.000 efectivos policiales, se realizó con normalidad.

Grover García, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fue elegido nuevo jefe nacional del MAS. De ser validada su elección, estará acompañado de Fidel Surco, en representación de los interculturales, y Julia Ramos, dirigente de Bartolina Sisa.

«Refundación»

“Estas importantes decisiones consolidan la refundación del MAS IPSP y demuestran que el Proceso de Cambio no tiene dueño, porque le pertenece y es patrimonio del pueblo boliviano”, afirmó Arce.

En tanto, seguidores de Morales, y el propio expresidente, denunciaron una usurpación del MAS. Advirtieron medidas y anunciaron que defenderán la sigla con organismos internacionales, ya que, consideran, el Órgano Electoral perdió toda independencia en el país.

“¡Venció la unidad, venció la democracia!”, festejó Arce.

Sin embargo, de acuerdo con el TSE, la directiva elegida no está del todo avalada. Se debe esperar un informe de la comisión técnica que asistió al evento para determinar si se cumplió con el estatuto orgánico del MAS.

Caso contrario, el congreso y la nueva directiva no deberían reconocerse.

El expresidente Evo Morales anunció este lunes que la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) que preside agotará la lucha legal para defender a su partido, luego de la elección de un nuevo líder en el congreso arcista del 3, 4 y 5 de mayo.

Develó que en el ampliado de emergencia del domingo en Cochabamba, dirigentes y militantes de base pidieron empezar “ya” las movilizaciones en defensa del MAS.

“Vamos a agotar toda la lucha legal, estamos con la verdad y la razón para evitar el bloqueo de caminos, pero finalmente hasta a nosotros nos perjudica”, planteó.

Ratificó también un encuentro nacional del 18 de mayo, en el que se determinarán si las protestas serán vigilias, huelgas de hambre, bloqueo de caminos “u otras formas”.

Calificó de “imposición del Gobierno” la determinación del Tribunal Departamental de Justicia (TSJ) de La Paz, que ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) enviar veedores al congreso del MAS arcista.

“Ese congreso es totalmente ilegal (…). Con el equipo jurídico estamos analizando qué (acciones) corresponde (tomar) por estas ilegalidades o inconstitucionalidades que ejercen algunos miembros de las salas constitucionales”, criticó.

Evo Morales

Morales volvió a defender como “única convocatoria” el congreso previsto para el 10 de julio en el Chapare, Cochabamba

“El Gobierno gobierna con fallos judiciales y con sentencias constitucionales que son inconstitucionales”, agregó en la conferencia que se realizó en Cochabamba.

Así, Morales se refirió nuevamente al Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, de cuyo mandato dijo que “no es la presidencia del MAS-IPSP”.

“No es política del MAS proteger la corrupción, (ni) robar en familia”, aseguró y volvió a abordar “negociados” entre el hijo del presidente Arce y empresarios respecto de la industrialización del litio.

“Estamos aguantando, aguantando y aguantando. Cuidado que el pueblo reviente”, advirtió el exmandatario y se refirió al “respaldo” de organizaciones que lo apoyan.

Respecto de la supervisión de una comisión técnica del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) al congreso arcista, el informe será remitido a la Sala Plena del TSE para que emita si la organización cumplió o no los requisitos para el cónclave. El plazo es de 10 días, según informó el vocal electoral Gustavo Ávila.