El caso de la red de ciberestafas destapado el miércoles en Santa Cruz ya tiene imputación. La Fiscalía sindicó de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito a cinco implicados en ciberextorsiones.

Entre los imputados hay extranjeros y bolivianos que están sindicados de la captación de estudiantes, principalmente universitarios, para trabajar en un “call center” (centro de llamadas) desde donde se realizaban llamadas internacionales para cobros bajo amenazas.

“Los imputados son el presunto jefe de la organización Lei Z., de nacionalidad china, los peruanos Gianella M.M.L, Luis A.F. S. y Franco R.R., además del colombiano Miguel A.F. y los bolivianos Marcelo T. M., Percy R.D. y Fiorela S.V.”, señala una nota del Ministerio Público.

“Desde el momento en que se conoció del funcionamiento irregular del ‘call center’, se realizaron todas las diligencias investigativas para conocer cómo captaban a los trabajadores que en su mayoría eran estudiantes, qué tipos de cobros realizaban y a qué países llamaban, asimismo, se colectó las declaraciones de todas las personas que fueron encontradas en el lugar, se colectó chip de diferentes telefonías, documentos y otros elementos probatorios que ya cursan en el Ecosistema Justicia Libre del Ministerio Público y que serán presentados en audiencia cautelar”, dijo el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca.

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Los imputados aguardan en celdas policiales su audiencia de medidas cautelares. El caso fue destapado el miércoles, luego de un megaoperativo en inmediaciones del segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz, tras una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía y la Policía.

“Se conoció que personas de diferentes nacionalidades captaban a estudiantes y otras personas para trabajar en el ‘call center’ que se encontraba en un edificio…, donde realizaban llamadas para cobrar a personas deudoras en otros países y en caso de no ser efectivos los pagos se intimidaba y amedrentaba a las víctimas”, continúa la nota institucional.

En el lugar fueron descubiertas más de 100 personas organizadas en bloques llamados “estaciones de trabajo”, desde donde se realizaban las llamadas y enviaban mensajes de texto; cada persona contaba con libretas con nombres, anotaciones de montos de dinero y cuentas bancarias para realizar las presuntas extorsiones.

La Fiscalía indicó que la empresa fachada estaba bien hilvanada, con ejecutivos, subdirectores y una oficina de Recursos Humanos que otorgaba incentivos. Se reclutaba a jóvenes, sobre todo universitarios, con conocimiento en informática, con horarios y sueldos atractivos.

El comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez, reveló el jueves que las pesquisas permitieron desbaratar otras dos redes de ciberestafadores en el cuarto y quinto anillos de la capital oriental. Asimismo, se informó que la primera red había migrado de Perú.

La red de ciberestafadores que fue desbaratada el miércoles, en Santa Cruz, migró de Perú a Bolivia, donde se asentó en Santa Cruz bajo la fachada de una empresa de call center. Nueve de los «ejecutivos» se encuentran aprehendidos y brindan declaraciones en la Fiscalía.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, indicó que este grupo delincuencial fue descubierto en diciembre en el país vecino, por lo cual escaparon a territorio boliviano. Indicó que se realiza una coordinación con autoridades peruanas para tener más datos del caso.

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“Es un ciudadano chino y sus jefes de personal (los cabecillas), y el elemento humano se ha encargado de manipular a la gente que trabajaba en ese call center, que además realizaba labores de ingeniería social y extorsión, además de manipulación informática”, dijo a Unitel.

Los delitos por los que se investiga a esta red internacional son extorsión, legitimación de ganancias ilícitas con afectación al Estado y enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público continúa recabando las declaraciones de los «ejecutivos» de diferentes nacionalidades.

El megaoperativo del miércoles en la mañana intervino las oficinas de esta empresa fachada, donde se aprehendió a más de un centenar de personas. Sin embargo, la mayoría fue liberada, aunque ello no implica que están fuera de las investigaciones, indicó la Fiscalía.

Harold Lora, dueño de Las Loritas Edificios que afronta procesos por estafa, se descompensó en la audiencia cautelar que iba a determinar su situación jurídica, por lo cual fue trasladado por efectivos policiales a un centro médico.

El empresario constructor afrontaba su audiencia en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz; allí fue llevado el lunes tras ser aprehendido y acogerse a su derecho al silencio en la Fiscalía.

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El Ministerio Público informó que Lora es investigado en cinco procesos, cuatro de ellos por estafa y estafa múltiple en la zona Sur. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, adelantó que se solicitará su detención preventiva por seis meses.   

Eso no es todo, ya que Alave reveló que el gerente de Las Loritas tiene también abierto un caso por legitimación de ganancias ilícitas, tras un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por movimientos económicos sospechosos.

Las Loritas

El lunes, a su salida del Ministerio Público, Lora alcanzó a declarar lo siguiente a los medios de prensa: “Desde hace cinco meses estamos trabajando, dando la cara, pero bueno, hay personas que no quieren entender eso. El dinero está invertido, el dinero se les va a devolver”.

Cuando la defensa del empresario intervenía en la audiencia cautelar, el juez determinó un cuarto intermedio para la atención médica. El constructor fue trasladado a una ambulancia que lo llevó a un centro médico de la ciudad de La Paz.

Martes 14 de mayo. Casa Grande del Pueblo. Ciudad de La Paz. Acompañado de autoridades y dirigentes de sectores sociales y la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Luis Arce anunciaba la anulación del Decreto Supremo 5143, sobre Derechos Reales. 

Es la cuarta norma en la que su administración gubernamental capitula durante su gestión de tres años y medio, desde noviembre de 2020. En el listado se encuentran los proyectos de ley 218 (octubre de 2021) y 280 (abril de 2023), la Ley 1386 (noviembre de 2021) y precisamente el decreto 5143.

“En esta amplitud que nos ha caracterizado como gobierno nacional, hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo 5143 para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando”, dijo el mandatario, en su conferencia.

Arce

El mensaje fue celebrado por sus rivales opositores, que catalogaron a la determinación gubernamental como una derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder. Mientras que el Gobierno atribuyó el rechazo a la norma a intereses políticos que generaron desinformación, con una malintención de por medio.

LISTA. En criterio de Arce, podía germinar un ambiente de “convulsión social” si no se anulaba el decreto 5143, ya que el tema inclusive fue tomado como bandera por el expresidente Evo Morales, que lidera el otro bloque del MAS. Un discurso que ya se asumió en otras oportunidades, con la denuncia de planes de desestabilización.

La primera capitulación gubernamental llegó en octubre de 2021, cuando la escalada en las movilizaciones de los gremiales se centró contra el proyecto de Ley 218, contra la “Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”.

Proyectos

Se retiró el documento de la agenda de la Asamblea Legislativa, empero, ello no bastó para los movilizados, que sumaron otros aliados como transportistas y cooperativistas, y pusieron en la mira a la que denominaron “ley madre”, la 1386, sobre la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”.

La mayor observación fue que el Presidente podía ajustar la estrategia por decreto. El 14 de noviembre, Arce abrogaba la norma. “Ya no queremos más luto, ya no queremos más zozobra, más dolor… Tenemos la obligación de cuidar la economía, la democracia, de cuidar a nuestras familias”, remarcó, ante las movilizaciones.

La pulseta no acabaría allí. Año y medio después, en abril de 2023, nuevamente salió a la palestra un proyecto del Ejecutivo ante la Asamblea con la misma temática: la Ley 280, sobre “Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”. Y otra vez surgió la presión de sectores como los gremiales, que denunciaron la criminalización de la protesta.

Protesta

“Se han vertido una serie de mentiras que dicen que afectará a los gremiales, carpinteros, trabajadores por cuenta propia, diciendo que en el proyecto de Ley 280 existe una delimitación de nuevos delitos tributarios y eso es falso”, aclaró entonces el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. No obstante, el documento fue retirado de la Asamblea para que sea debatido.

La cuarta vez que el Gobierno levantó las manos fue la anterior semana, con el decreto 5143. Ello a nivel de normas, ya que para desbloquear el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 reformulado, el año pasado, retiró dos disposiciones del proyecto, también ante la presión en las calles y en la Asamblea, por parte de legisladores afines a Morales y opositores.

Ahora, se abrió otro conflicto con gremios como el magisterio y los trabajadores en salud; esta vez sobre el proyecto de Ley 035, de incremento a los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez, que está en el Legislativo. Por ahora se activaron mesas de trabajo para su discusión. ¿Arce cederá al pedido de retirarla o logrará su aprobación?

Un cuestionado Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), bajo la sombra de la prórroga de mandato, tiene nuevamente la llave para revivir o sepultar el nuevo proceso de las elecciones judiciales en la Asamblea. Se espera su fallo hasta mañana.

El jueves 16 se dio el último portazo a los comicios, cuando fracasó la convocatoria al diálogo del presidente nato del Legislativo, el vicepresidente David Choquehuanca. Una cita que contó con representantes de los dos bloques (arcistas y evistas) del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Las posiciones encontradas afloraron. Por un lado, el ala del MAS que respalda al expresidente Evo Morales y las alianzas opositoras, que apuntaron a Choquehuanca y lo acusaron de no tener la voluntad para llamar a una sesión de la Asamblea que defina el camino a seguir para reencauzar la preselección de postulantes al TCP, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.

Por el otro, Choquehuanca y los asambleístas que apoyan al presidente Luis Arce, que ratificaron su posición de esperar el pronunciamiento del TCP sobre la tutela solicitada por el Legislativo para que se pueda proseguir el proceso de las judiciales, que quedó truncado en la fase de los exámenes orales a los aspirantes.

TCP

La brújula de las judiciales está sin norte al igual que el año pasado, cuando debían realizarse pero fueron bloqueadas por recursos judiciales. Ahora, una acción popular admitida por la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, dejó en foja cero la preselección y declaró inaplicables la ley y la convocatoria de los comicios.

Así, sigue en curso la prórroga de mandato de las autoridades judiciales dictada por el Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado, lo cual es objetado por evistas y opositores, por lo cual también demandan el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075 para que estos magistrados sean retirados de sus cargos.  

Ayer, en Bolivia Tv, el presidente de la bancada del MAS en la Cámara Baja, Jerges Mercado, del bloque arcista, ratificó que la llave jurídica para destrabar las elecciones está en el TCP. “Inmediatamente el Tribunal Constitucional nos asigne la tutela, retomamos todo el proceso de preselección. Estábamos ya en la recta final”. Y admitió que los plazos están al límite, ya que para este año están previstas igual las primarias en las organizaciones políticas y la elección del nuevo Fiscal General.

Judiciales

La anterior semana se supo que el TCP ya sorteó el recurso presentado por la Asamblea y que se designó al Tribunal de Garantías del departamento de Pando para que asuma una determinación. Mercado complementó que se espera entre hoy y mañana si las judiciales son reencaminadas.

PRÓRROGA. Así, el TCP, cuestionado sobre todo por su resolución para la prórroga de mandato de los magistrados ante la no realización de las judiciales en 2023, y por otras deciciones como la “inhabilitación de Evo Morales” para las presidenciales de 2025, y la orden al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que supervise el congreso del MAS arcista en El Alto, tendrá de nuevo a su cargo una sentencia clave.

Y en ello no hay que olvidar que el año pasado fue precisamente el Constitucional que enterró los comicios, cuando se intentó impulsar el proceso mediante el proyecto de Ley 144 aprobado por la Cámara de Senadores. En diciembre, declaró inconstitucionales ocho artículos del documento y prorrogó a los magistrados. Ahora tiene la llave para el proceso, o el candado para cerrarlo de nuevo.