El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este lunes que la decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y líderes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) «constituye un paso en la dirección correcta».

«El Gobierno de Colombia acoge con beneplácito el anuncio hecho por el fiscal del TPI en contra de los principales responsables de la violación del Derecho Internacional y comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza. La medida, que abarca por igual a líderes de todas las partes del conflicto, constituye un paso en la dirección correcta y un significativo desarrollo en la lucha contra la impunidad», ha manifestado.

Petro ha agregado que Colombia «confía» en que la sala del tribunal llamada a decidir sobre esta solicitud se pronunciará y acogerá la solicitud de la Fiscalía, según ha indicado a través de su perfil en la red social X.

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Petro

Estas declaraciones tienen lugar después de que el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, haya afirmado este lunes que la petición de órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de «motivos razonables» para creer que «tienen responsabilidad penal» en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad «cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre».

Así, ha destacado que ambos serían responsables de «la muerte por hambre de civiles como método de guerra», «causar voluntariamente un gran sufrimiento o heridas graves» y «tratamiento cruel». Además de «asesinato intencionado o asesinato como crimen de guerra», «ataques contra población civil», «exterminio», «persecución» y «otros actos inhumanos».

Asimismo, ha detallado que las órdenes de arresto afectan igualmente al jefe de Hamás en Gaza, Yahia Sinwar; al jefe del ala militar del grupo, Mohamed Diab al Masri; y al jefe del brazo político, Ismail Haniye; por «responsabilidad penal por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Israel y el Estado de Palestina» desde el 7 de octubre.

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado este lunes que ha «tomado nota» de la petición por parte de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo y la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza.

«Tomo nota de la decisión del fiscal de la TPI de solicitar órdenes de arresto ante la Sala de Cuestiones Preliminares I del TPI contra (el jefe de Hamás en Gaza) Yahia Sinwar, (el jefe del ala militar del grupo) Mohamed Diab al Masri, (el jefe del brazo político) Ismail Haniye, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant», ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Asimismo, ha señalado que «el mandato del TPI, como institución internacional independiente, es procesar los crímenes más graves según el Derecho Internacional». Así, ha recordado que «todos los Estados que ratificaron los estatutos de la corte están obligados a ejecutar las decisiones del tribunal».

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Orden de arresto

El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha afirmado que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de los «motivos razonables» para creer que «tienen responsabilidad penal» en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad «cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre».

Asimismo, ha detallado que las órdenes de arresto afectan igualmente a Sinwar, Diab al Masri, y Haniye, por «responsabilidad penal por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Israel y el Estado de Palestina» desde el 7 de octubre.

«Mi oficina sostiene que las pruebas recopiladas, incluidas entrevistas con supervivientes y testigos, vídeos verificados, fotografías y material de audio, imágenes por satélites y declaraciones por parte del supuesto grupo perpetrador, demuestran que Israel ha privado de forma intencionada y sistemática a la población civil de todas las zonas de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia», ha añadido.

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha expresado este lunes sus dudas sobre la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) en cuanto a posibles delitos cometidos por dirigentes israelíes después de que la Fiscalía del TPI haya anunciado su intención de solicitar una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Berlín ha recordado que la solicitud de la Fiscalía deberá ahora analizarse por la Sala de Admisión, que decidirá si se emiten las órdenes de arresto. «La sala tendrá que responder a varias preguntas difíciles, como la cuestión de su jurisdicción y la de la complementariedad de las investigaciones entre estados constitucionales afectados, como Israel», ha apuntado Alemania.

El Gobierno alemán se refiere a que Israel no es Estado parte del Estatuto de Roma, constitutivo del TPI. Sin embargo, Palestina sí ha solicitado someterse a su jurisdicción y el propio tribunal confirmó en 2015 que tiene competencia en estos territorios.

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TPI

Además, Alemania ha criticado que se haya puesto al mismo nivel a Netanyahu y Gallant con los dirigentes de Hamás mencionados también en el escrito de la Fiscalía del TPI. «Da la falsa impresión de igualdad», ha reprochado.

«Los líderes de Hamás son responsables de una bárbara masacre en la que hombres, mujeres y niños fueron brutalmente asesinados, violados y secuestrados en Israel el 7 de octubre», ha recordado.

«Hamás sigue manteniendo secuestrados a rehenes israelíes en condiciones inenarrables; sigue atacando a Israel con cohetes; y sigue utilizando a la población civil palestina como escudos humanos», ha añadido. Por ello, «el Gobierno israelí tiene el derecho y el deber de protegerse y defender a su gente de esto», ha remachado.

En cualquier caso, Alemania ha destacado que el TPI «es un logro fundamental de la comunidad global» y que siempre lo ha apoyado. «Alemania respeta su independencia y sus procedimientos igual que los de los demás tribunales internacionales», ha subrayado.

El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha anunciado este lunes que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de los «motivos razonables» para creer que «tienen responsabilidad penal» en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad «cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre».

El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Mike Johnson, ha advertido este lunes de que podrían aprobar sanciones contra el Tribunal Penal Internacional en represalia por una posible orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra.

«El Congreso está estudiando todas las opciones, incluidas las sanciones, para castigar al TPI y que su dirección asuma las consecuencias si sigue adelante», ha afirmado Johnson, según recoge la prensa estadounidense.

Johnson ha acusado a la Administración del presidente Joe Biden de ayudar al avance de esta investigación. El fin sería conseguir contener las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza.

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Tribunal Penal Internacional

Fuentes estadounidenses han indicado al portal Axios que la votación podría ser esta misma semana. Tendría importantes opciones de ser aprobada debido a que los republicanos apoyan mayoritariamente a Israel y los demócratas están divididos al respecto.

«Rechazo de plano el anuncio del fiscal del TPI», ha afirmado la congresista demócrata Kathy Manning. El también demócrata Ritchie Torres ha criticado la decisión, «más política que legal».

En cambio, otros representantes demócratas como Mark Pocan o Ilhan Omar han manifestado su apoyo a la iniciativa de la Fiscalía del TPI. «Hay que permitir trabajar con independencia (al TPI), sin interferencias», ha apuntado Omar.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha destituido este lunes al comandante del Ejército Nacional, Luis Mauricio Ospina, y ha nombrado en su lugar a Emilio Cardozo Santamaría en medio del incremento de la violencia en el departamento de Cauca, que se ha saldado durante la jornada con la muerte de dos policías.

«El Gobierno nacional agradece profundamente al general Ospina Gutiérrez su destacado servicio y dedicación al país a lo largo de sus años en la institución», ha señalado el Ministerio de Defensa colombiano en un comunicado.

El sucesor de Ospina, oriundo del Valle del Cauca, tiene más de 35 años de experiencia en la institución. Ha sido comandante del Mando de División de Asalto Aéreo del Ejército; así como comandante de la Octava División y comandante del Mando de Ingenieros militares.

Esto se produce después de que al menos dos policías hayan muerto este lunes en un enfrentamiento con las disidencias de las FARC en el municipio caucano de Morales, oeste de Colombia, en paralelo a varios ataques más que se han registrado en otras localidades de Cauca y Valle del Cauca en donde no está vigente el alto el fuego bilateral.

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Incremento de la violencia

Los agentes Jaime Andrés Calderón Reyes y Diego David López Rodríguez han fallecido durante el ataque a una estación de policial de esta localidad ubicada en Valle del Cauca, que ha dejado también otros tres heridos.

Asimismo, se han registrado en la localidad varias explosiones en la sede del Banco Agrario y un asalto a la Alcaldía, informan medios colombianos. En consecuencia, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha ordenado el despliegue de tropas y equipos adicionales a Cauca para intentar contener la situación.

El presidente colombiano ha subrayado en la red social X que «es inaceptable» la situación que vive el departamento de Cauca. «No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas», ha señalado en la citada red social.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se trasladará a Cauca junto a miembros de la alta cúpula militar y de la Policía a fin de mantener un consejo de seguridad extraordinario a petición de Petro para tratar la violencia en la zona.