Exportar coca, una opción factible
DIBUJO LIBRE
En el contexto polarizado como el que vivimos hoy, en el que los clivajes identitarios, políticos y territoriales nos confrontan, es difícil hablar del tema coca sin que el contraargumento sea el aumento de cultivos y su relación con el narcotráfico o el narcotráfico y su relación con el incremento de la violencia en el oriente, temas de no menor importancia que necesitan otro tratamiento y espacio para ser abordados (tanto desde el crimen transnacional organizado como desde las coyunturas que los detonan). En este punto, el objetivo es hacer un breve ejercicio de reorientación en la mirada que el boliviano promedio tiene sobre el concepto de desarrollo, para explorar cómo aprovechar la coyuntura política regional en pos de generar una agenda local que profundice la revalorización económica de la coca dentro del marco de la descolonización que plantea el Estado Plurinacional en Bolivia.
COLOMBIA.
A fines de agosto, en el Consejo Presidencial Andino realizado en Lima (Perú), el presidente Gustavo Petro sugirió la creación de una asamblea regional para replantear la política de drogas. Colombia tiene la política más represiva y con los peores resultados de la región (David Restrepo, economista colombiano, en el Seminario Internacional “Hoja de coca, perspectivas a 5 años para la región”, La Paz, agosto de 2022). Uno de los indicadores para medir la efectividad de su política antidrogas es la cantidad de cultivos excedentarios, que en este caso es de 160.000 ha, le sigue Perú con 50.000 ha, y Bolivia con aproximadamente 8.000 ha.
Pero el gobierno de Petro propone no solo un diálogo regional; a nivel local, iniciativas como el Proyecto de Ley 236 para la regulación con enfoque étnico del mercado de la coca marcan el camino no solo para la paz, sino también para un mercado internacional, que Bolivia debe aprovechar dadas nuestras obligaciones desde la Reserva.
PERÚ.
Hoy, Perú propone cuatro pilares de política de drogas al 2030, que implican el Pacto Social Ciudadano (PSC) en la Región Andino- Amazónica, mediante el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, y el cambio de modelo empresarial para la mejora de la promoción y control del uso de la planta y la reducción gradual focalizada de los cultivos.
El Pacto Social es la cristalización de un compromiso entre el Estado y la sociedad civil de la región andinoamazónica, con productores agrarios y pueblos originarios, para “reducir los cultivos de coca con fines ilícitos y contribuir al desarrollo integral sostenible” (Hugo Cabieses, economista peruano, en el mismo seminario “Hoja de coca…”). Esta estrategia nace de las lecciones aprendidas de la aplicación del desarrollo alternativo en Perú, cuyo balance concluye en que el desarrollo rural no es posible con erradicación-fumigación de cultivos y tampoco se logra sin la participación social ni con políticas macroeconómicas que sobreexplotan recursos naturales y excluyen a las fuerzas sociales y productivas.
Finalmente, el aprendizaje del tratamiento de los cultivos desde la represión ha enseñado al vecino país que la sustitución de cultivos es un problema de economía y cultura rural integral y no así un asunto policial o militar (Hugo Cabieses).
TRADICIONAL.
La Convención de 1961 de Naciones Unidas contemplaba la eliminación de los usos tradicionales, culturales y ceremoniales de la coca para diciembre de 1989. Usos que hoy están protegidos desde la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) y tienen un reconocimiento cuando Bolivia aplica en su readhesión a la Convención del 61 en 2013, bajo la reserva sobre el derecho al uso tradicional, ritual, cultural y medicinal de la planta en su estado natural, apoyada en la Constitución Política del Estado.
Los orígenes de la prohibición de la planta se dan en 1950, con el Informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca y se materializan en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. A raíz de esto surgen patrocinios para la enmienda de este error histórico bajo el liderazgo de Bolivia, Perú y Colombia, que en nombre de 12 países (incluido Ecuador) consideraron que era “importante respetar los usos tradicionales de la coca por los indígenas” y que las medidas de erradicación deberían respetar los derechos humanos fundamentales tomando en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde exista la evidencia histórica —artículo 14.2 de la Convención contra el tráfico Ilícito 1988 (Martín Jelsma 2019)—. En ese sentido, continuar acciones regionales para tratar el tema de la coca desde nuevas perspectivas no sería otra cosa que ser consecuentes con esto.
FUTURO.
El mercado argentino de coca es un mercado históricamente grande y exigente con la calidad. En este, la planta se trata por kilo, no por libra, ya que el consumo y tenencia para coqueo son legales; sin embargo, la internación sigue siendo ilegal.
La crisis económica y sanitaria generada por el surgimiento y expansión del COVID-19 en 2020 afectó tanto el comercio interno de hoja de coca en Bolivia como el abastecimiento en el Norte de Argentina (NOA), esto ha propiciado propuestas para importar legalmente la planta, ya que uno de los efectos fue el incremento del precio, llegando a costar el cuarto kilo de hoja hasta 4.000 pesos argentinos (45 dólares) en ese año.
Enmarcada en el artículo 12 de la Ley 906 de Coca, la exportación es denominada como de “prioridad nacional”. No olvidemos que nuestra regulación, así como los tratados internacionales de Naciones Unidas, permiten este tipo de intercambio comercial siempre y cuando se sigan las reglas establecidas. Recientemente, nuestro país ha empezado la exportación de coca hacia Australia con fines medicinales, esto puede ser el inicio de mirar la economía regional desde una perspectiva legítima, legal y progresista, pues si hablamos de comercio internacional de plantas prohibidas, hay que tener en cuenta que el reporte Global Cannabis Report: 2020 proyecta para el mercado legal de cannabis una producción de cerca de 150.000 millones de dólares al año en todo el mundo.
Esta propuesta en el marco del desarrollo humano sostenido, desde instituciones inclusivas que fomenten la actividad económica mediante una buena gestión del conflicto, puede fortalecer nuestros valores comunitarios, económicos y familiares, pues Bolivia es un Estado resiliente, con una sociedad civil fuerte y organizada, solo hace falta un poco más de voluntad y corresponsabilidad social por las decisiones que se tomarán a futuro, pues la tan urgida reactivación económica puede encontrar salidas en esta única y especial coyuntura andina.
Tomando en cuenta que 14% de la población en Bolivia produce coca, y en vista de que parte de esta población está confrontada por temas mayormente políticos, es preciso entonces preguntarnos si en nuestro país hoy tenemos la capacidad de soñar en grande, y si esos sueños son más individuales que colectivos.
(*)Patricia Chulver B. es directora de Fundación Acción Semilla