El estado y la industrialización posible
Cualquier esfuerzo estatal por industrializar los recursos naturales es una aspiración totalmente válida.
DIBUJO LIBRE
Alarma escuchar juicios de valor como “se terminó el ciclo económico del gas generado con las reformas liberales”, “el MAS despilfarró la renta gasífera del país” y “en pocos meses no existirán reservas internacionales”; aludiendo a que el marco legal previo a la nacionalización de 2006 fue el que posibilitó el boom económico del gas en Bolivia, argumentando que la renta del gas habría sido despilfarrada en gasto corriente y que con ello las Reservas Internacionales Netas (RIN) estarían muy cerca de desaparecer.
Nada más alejado de los hechos reales y visibles, porque la nacionalización de los hidrocarburos recuperó el control y administración de la industria en sus diferentes fases y se firmaron nuevos contratos con las empresas internacionales, invirtiendo la relación de ganancias a favor del Estado boliviano. Todo ello, permitió incrementar sustancialmente los ingresos estatales por concepto de utilidades e impuestos a los hidrocarburos. Basta con mencionar que el Estado percibió $us 50.000 millones por renta petrolera en 16 años y que el proceso de nacionalización de los hidrocarburos tuvo un costo para el Estado de $us 764 millones por la compra de acciones capitalizadas negociadas y derivados de los laudos arbitrales.
Estos excedentes del gas fueron canalizados a la economía interna a través de inversión pública destinada a infraestructura (carreteras y caminos), área social (hospitales y escuelas) y desarrollo productivo (producción y tecnología); generando un efecto multiplicador y una dinámica interna pocas veces vista en el país, logrando incrementar sustancialmente el PIB en pocos años. A saber, la inversión pública ejecutada entre los años 2006 y 2021 alcanzó $us 47.531 millones, cifra similar a la renta petrolera percibida en el mismo periodo.
Del total de la inversión estatal ejecutada entre 2006 y 2021: $us 18.362 millones fueron destinados a infraestructura, $us 13.663 millones al área social y $us 13.541 millones fueron exclusivamente inversión productiva; en otras palabras, un 28% de la inversión pública ejecutada fue esencialmente de carácter productivo. Con este enorme esfuerzo en inversión estatal, se incidió positivamente en el crecimiento de la producción nacional; el PIB de 2006, que fue de $us 11.521 millones pasó a ser $us 40.703 millones en 2021; en otras palabras, la producción nacional se cuadriplicó en dieciséis años.
Bajo este enfoque desarrollo progresista, el orden macroeconómico es tan importante como la estabilidad social; por ello, los excedentes de la industria del gas contribuyeron y contribuyen a financiar la inversión en educación, salud y vivienda y al sostenimiento de bonos destinados a elevar el consumo de la población más vulnerable (ya sea en dinero o bienes de origen nacional); contribuyendo a que un gran porcentaje de bolivianos salga de la pobreza y se aminoren las desigualdades en la sociedad boliviana. Vale decir, como resultado de este conjunto de políticas, alrededor de dos millones de bolivianos salieron de la pobreza en el periodo 2006-2021 y actualmente más de siete millones de bolivianos se sitúan en la población de ingresos medios.
Respecto a las reservas internacionales, en efecto éstas han descendido desde el año 2014, por una combinación de factores como la reducción en volumen y precio de las exportaciones de gas natural (es decir, por una menor demanda de gas por parte de Brasil) y por el crecimiento de las importaciones (que presionan la balanza comercial). Por ello, es importante mencionar que en 2021 la balanza comercial cerró con un superávit de $us 1.471 millones, lo que supuso menor presión sobre las reservas internacionales y mostró esfuerzos en el proceso de diversificación de exportaciones.
A saber, las reservas internacionales netas disminuyeron de $us 15.123 millones en diciembre de 2014 a $us 4.312 millones en septiembre de 2022; se trataría del nivel más bajo en 16 años. No obstante, las medidas de ampliación de operaciones con oro por parte del BCB han logrado estabilizar las reservas internacionales al alrededor de los $us 4.000 millones; monto que supera en meses la importación y cobertura de deuda externa de corto plazo, cumpliendo con los parámetros aceptados internacionalmente. Al respecto, en septiembre de 2022 la Calificadora de Riesgo Fitch Ratings calificó el “riesgo país” de Bolivia en ‘B’ (con perspectiva estable) señalando entre otras cosas que, si bien las RIN se encuentran bajo presión a la baja, éstas se habrían estabilizado en comparación a años previos.
Por su parte, la política de estabilidad cambiaria orientada al mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda nacional (que ha contribuido exitosamente a los objetivos de controlar la inflación y a una mayor utilización del boliviano) se constituye en otro factor que puede presionar a la caída de las reservas internacionales, siempre y cuando genere desalineamientos del tipo de cambio real; fenómeno que no ha sucedido hasta el momento.
En síntesis, se puede decir que el manejo estratégico de las reservas internacionales como colchón de seguridad ha permitido sobrellevar crisis de liquidez en el transcurso de los últimos 16 años. Asimismo, la agresiva política de inversión pública, como pilar en la expansión de la demanda agregada, ha llevado a superar la crisis del año 2020 y ha podido reactivar la economía.
Finalmente, es importante señalar que cualquier esfuerzo estatal por industrializar los recursos naturales estratégicos (como el gas o ahora el litio) es una aspiración totalmente válida que debe contar con el apoyo permanente de la sociedad en su conjunto.
Un proceso de industrialización propio frenaría cualquier tentación interna o presión externa por delegar la administración o el control de las empresas estratégicas a empresas internacionales; es decir, la única forma de romper el ciclo de privatizaciones y nacionalizaciones es precisamente construir una industria competitiva con aporte de capital mayoritariamente estatal. Para ello, es imprescindible invertir en investigación y desarrollo científico, en la adquisición de tecnología de punta, el contar con recursos humanos especializados, en conseguir socios estratégicos y cumplir objetivos claros en generación de valor agregado a corto, mediano y largo plazo.
(*)Luis Paz Ybarnegaray es economista.