Las bajas definitivas de policías por faltas disciplinarias subieron un 60% en 2023 con relación a la gestión 2022; la mayoría de casos es por deserción, según la información brindada por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.

Esta máxima instancia de la entidad verde olivo registró 205 bajas definitivas el año pasado, frente a las 121 de 2022. Los procesos ya se encuentran ejecutoriados y concluidos administrativamente, hasta la jurisdicción de apelación; por lo que estos uniformados ya fueron notificados mediante memorándum del Comando General (más datos en la infografía).

En la actual gestión, de enero a la fecha, hay 77 policías que fueron dados de baja y además se tienen 700 casos en proceso de investigación, en los cuales figuran 856 agentes involucrados. 

Policías

En entrevista con La Razón, el presidente del Tribunal Disciplinario Superior, general Álvaro Flores, explica que en estos 700 procesos, en algunos se encuentran implicados no solo un servidor público, sino dos, tres o inclusive cuatro.

Basado en el procedimiento, el jefe policial señala que una vez que el caso es denunciado en la instancia respectiva, pasa a cargo de un fiscal de la institución que en 15 días —plazo designado para la investigación— emite un requerimiento acusatorio cuando existen elementos de convicción contra el acusado, y posteriormente lo envía al Tribunal Disciplinario Departamental que corresponda.

Sin embargo, aclara que los plazos para las pesquisas pueden ser ampliados entre 10 y 20 días, si el proceso lo amerita. “Posterior a esto, el tribunal disciplinario dicta un auto y fija la audiencia dentro de los 10 días”. Eso no es todo. Afirma que “concluida la audiencia, si existe una resolución sancionatoria, normalmente los servidores públicos policiales apelan; se llega al Tribunal Disciplinario Superior, que es donde se abre la competencia de esta presidencia”, o sea, del cargo que cumple Flores.

Bajas

Así, se abre el último eslabón para la ratificación o la anulación del dictamen inicial de baja. “Si mantenemos la sanción, la ejecutoriamos y se notifica al fiscal y al servidor público policial que ha sido sancionado, pero también al Comando General, donde se emite el memorándum de desvinculación de la institución policial”. Desde ese momento, ya no hay vuelta atrás en la determinación.

De acuerdo con los datos proporcionados a La Razón, de los 700 casos que se indagan este año, La Paz registra la mayor cifra, con 227, le siguen Santa Cruz con 90 procesos, Tarija con 87, Cochabamba con 68, Chuquisaca con 51, Potosí con 48, Beni con 44, Oruro con 43 y Pando tiene 42.

En cuanto a los cargos de los uniformados que están en la mira de los tribunales internos por supuestas faltas disciplinarias, de los 856 policías bajo investigación, la mayor parte son suboficiales y sargentos, con 668; luego se encuentran generales, jefes y oficiales, con 181 casos y, finalmente, personal de servicio, con siete (revisar la infografía).

Procesos

La Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana y los reglamentos de la institución verde olivo estipulan los tipos de faltas disciplinarias. La mayor cantidad de casos en los que se dio de baja a uniformados tiene que ver con la deserción, contra quienes abandonan sus funciones policiales por más de tres días.

Entre otras faltas está el consumo de bebidas alcohólicas usando el uniforme; así como el incumplimiento a mandatos u órdenes superiores y también el atribuirse grados jerárquicos que no corresponden, o faltar a la verdad. “Después está el inducir actos públicos que deshonren a la entidad policial”, subraya Flores. 

Cargos de policías

Respecto a la mora procesal, el presidente del Tribunal Disciplinario Superior indica que se arratran procesos de años anteriores. Asevera que desde que ocupa su cargo, 2016 hasta la fecha, solo se tienen pendientes casos desde 2023, los cuales están en grado de apelación. Como dato, los casos en tribunales disciplinarios departamentales ascienden a 1.440.

“Hay que tomar en cuenta que no se han aumentado las faltas, sino que hemos ido acumulando cuadernos de investigación precisamente por los años que han transcurrido. Por ejemplo, en la época de la pandemia del COVID-19 no se llevaron a cabo audiencias y todos los casos quedaron paralizados. Pero hemos ido regularizando. El año pasado tenemos algo de 600 resoluciones admitidas por el Tribunal Disciplinario Superior, como en ningún año. Entonces hemos adelantado bastante de las que teníamos pendientes”.

Subraya que una de las causas para que se genere la mora procesal se debe a que en la investigación y el desarrollo del proceso oral, los abogados generan “muchas argucias” que retrasan los procesos disciplinarios, con la ausencia a las audiencias y la presentación de bajas médicas o acciones de inconstitucionalidad a uno de los artículos de la Ley 101, pese a haber pasado el control constitucional. “Hay casos que se han suspendido hasta 17 veces, por lo que no hemos podido llevar a cabo el proceso disciplinario y eso perjudica al resto de los casos”.

El vigésimo sexto Congreso de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ eligió este domingo a David Mamani Quispe como nuevo ejecutivo de esa federación, quien indicó que trabajará en el marco de la unidad de su organización. 

“Hoy se ha decidido de manera soberana por el bien de la unidad de esta gran organización que siempre históricamente ha dado lineamiento en temas políticos y social a nivel departamental y nacional. Nosotros como nuevas autoridades tenemos todo el derecho y deber de encarar todo tipo de demandas y necesidades que requiere atender a las 20 provincias de esta región del occidente”, dijo el nuevo ejecutivo de La Paz.

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Añadió que en este congreso se vio la unidad de las 20 provincias, por lo que se fortalecerá orgánicamente, para ello se planificará y organizará lineamientos que se requiera encarar desde el tema político, social y productivo.

“En el marco del respeto, nosotros como organizaciones sociales vamos a trabajar con cualquier gobierno que esté de turno, pero no significa que vamos a ser captados o adormecidos por el gobierno. A lo contrario, como organizaciones sociales tenemos la obligación de reclamar todo tipo de necesidades o demandas que tiene a nivel del departamento de La Paz”.

El congreso de los campesinos se realizó este fin de semana en el Coliseo Héroes de Octubre de la ciudad de El Alto con la presencia las 20 provincias del departamento de La Paz.

Efraín Mollo, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afirmó este domingo que el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales fue declarado persona no grata en el Vigésimo Sexto Congreso de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz, por «entrometerse y dividir».

“Nuestra actividad es netamente sindical y no es política por lo que el Décimo Sexto Congreso de los Trabajadores del agro de La Paz, fue claro al rechazar la injerencia política de Morales y recordarle que este no tiene pisada en la Federación de Trabajadores Campesinos de esta región de Tupac Katari”, indicó Mollo al Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios.

El congreso de los campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ se realiza este fin de semana en el Coliseo Héroes de Octubre de la ciudad de El Alto con la presencia las 20 provincias del departamento de La Paz. En este cónclave, se elegirá a un nuevo directorio.

El sábado, el presidente Luis Arce denunció los “afanes divisionistas” en las organizaciones sociales por lo que pidió la unidad, no solo a este sector campesino, sino a todos los sectores sociales.

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“El congreso de los hermanos de la Tupac Katari se da en un momento en que varias organizaciones sociales en el país están siendo amenazadas con la división, con el fraccionamiento. Se da en un momento muy delicado, porque ya hay apetitos de división, no solo en La Paz, sino lo estamos viendo en varios departamentos, inclusive hasta con nuestra Central Obrera Boliviana”, dijo el Mandatario.

Mollo observó que en este congreso existe gente infiltrada que pretende pasar por dirigentes para dividirlos y porque hay intereses políticos partidarios a la cabeza de Morales. “A nivel de las 20 provincias estamos buscando la unidad del departamento, no creemos que un departamento tan revolucionario, tan político hoy termine en un congreso dividido. Estamos hablando de un congreso unido”.

Acusó también al bloque evista, entre ellos al senador Andrónico Rodríguez, de pasearse por las 20 provincias de La Paz y tratar de dividir. “Se han dedicado a dividir a las organizaciones sociales. Senadores y diputados están trabajando de manera permanente. Ayer han estado todo el día en la ciudad de El Alto, tratando de monitorear y dividir el congreso, estamos en esa lucha, en esa tarea de defender el proceso de cambio y defender la democracia”.

Añadió que se busca que “no siga ese dedazo, ese manoseo político que de forma adelantada ya han decidido hacer una campaña política por un representante que lamentablemente ha sido separado de las filas del movimiento campesino. Estamos hablando de Evo Morales”.

Santa Cruz es el epicentro de las casas de juego ilegales, con fraternidades en la mira. El Gobierno libra la lucha para frenar estos lugares porque los usuarios pueden ser víctimas de abusos, fraudes e incluso participar de forma indirecta con el crimen organizado.

Cifras de la Autoridad de Fiscalizacion del Juego (AJ) señalan que, desde 2011 hasta abril de este año, en Santa Cruz se decomisaron 12.772 maquinas ilícitas de juego, el 60,3% del total de las 21.167 secuestradas en el país. La incautación se aplicó en 846 operativos, de los 1.794 implementados en similar periodo.

Por ejemplo, el año pasado se mantuvo esta tendencia. Producto de los controles y las intervenciones, se comisaron 414 máquinas ilegales en el territorio nacional, 235 en el departamento cruceño.

Marco Sánchez, director nacional de la AJ, explica a La Razón que tras los constantes operativos en Santa Cruz, se identificó que el modus operandi de los juegos ilegales ya no es de forma abierta, sino que se “mimetizó”, sobre todo en cuanto al póker, sea en viviendas familiares, reuniones de fraternidad y/o negocios en los que se comercializan comidas y bebidas.

“Ya no lo hacen abiertamente como antes. Es más mimetizado en viviendas familiares donde las llamadas fraternidades se dedican al funcionamiento. Nos hemos percatado que funcionan más las mesas de póker, que sin guardar las medidas de seguridad ponen en peligro a las personas y a toda una familia”.

Agrega que en estos lugares inclusive se observó la presencia de menores, lo cual representa un riesgo para ellos debido a que allí se consumen bebidas alcohólicas y hasta sustancias controladas.

Los números nacionales de la entidad reguladora, de 2011 a abril de esta gestión, indican que se llevó a cabo el decomiso de 21.167 máquinas ilícitas de juego, a través de 1.794 operativos. Tras la conclusión de los procesos correspondientes, se destruyeron 19.533 de esos equipos; solo el año pasado fueron 782.

Cochabamba es el segundo departamento donde se incautaron más máquinas desde 2011, con 2.733 en 296 operativos de control. La tercera región es La Paz, con 2.438 y 180, respectivamente.

ANCIANOS

Una de las particularidades de las casas de juego ilegales en este último departamento, según la autoridad del rubro, es la presencia, en su mayoría, de mujeres de la tercera edad. “Es muy triste ver cómo la familia, sobre todo, incentiva a las personas de la tercera edad a que vayan a estos lugares, (incluso) las dejan en esas casas de juego”, dice Sánchez.

Complementa que este accionar pone en completo riesgo a esta población, en cuanto a su integridad y su salud. “(Se la) expone en estos centros que son totalmente oscuros, llenos de humo, no tienen ventilación y muchas veces los encargados de seguridad no tienen ningún respaldo policial, ya que no se conoce cuáles son los antecedentes con los que cuentan”.

La entidad reguladora también remarca que la lucha contra esta ilegalidad es una de sus principales funciones, por lo que pondera la alianza que se tiene con la población, esto en razón de que la mayoría de los operativos se realizaron a raíz de las denuncias reportadas de vecinos o comerciantes que al evidenciar la presencia de juegos ilegales convocan a las autoridades.

“La población se ha convertido en un trabajador más de la Autoridad de Fiscalización del Juego, ya que operamos a través de las denuncias que nos hace llegar la población. Los vecinos ven que están operando de manera ilegal estas casas de juego y las denuncian, pues lejos de traer el bienestar para la sociedad o para el vecindario se generan peleas y están hasta altas horas de la noche”.

Sánchez sostiene que como institución se toma la batuta del trabajo de seguimiento e intervención de estos lugares, muchas veces con la participación de uniformados como resguardo, porque en estos sitios es común encontrarse con personas en estado de ebriedad que son propensas a agredir a los funcionarios.

TRÁFICO

“Tenemos un mandato que viene desde el Presidente (Luis Arce) de luchar contra este flagelo, porque lejos de hacer un beneficio para la sociedad, nos enfrenta; en muchos de los casos también el ejercicio ilegal del juego viene acompañado con lo que es trata y tráfico y el manejo de sustancias controladas. Este último tiempo se han recibido amenazas vía telefónica y mensajes que los hemos puesto a conocimiento del Ministerio Público”.

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De acuerdo con el director de la AJ, la reincidencia de los implicados en esta actividad ilícita es constante, principalmente en Santa Cruz. “Nos llevamos la sorpresa de que son los mismos organizadores los que vuelven en otra dirección, estos van rotando”.

Otro es el panorama en cuanto a las casas legales, ya que la autoridad informa que solo una cuenta con autorización a nivel nacional y se halla en el departamento cruceño. Sobre este tema, Sánchez afirma que como ente regulador y fiscalizador se vigila que las máquinas de juego tengan certificación internacional, por lo que se hace un seguimiento continuo.

“Tenemos un sistema que se encarga de hacer el seguimiento minuto a minuto de lo que son las apuestas, de lo que es la participación (de las personas). Hay que precautelar el derecho de la población que está participando y que las máquinas no sean trucadas, y se haga un juego limpio”.

Añade que en los últimos cinco años no llegaron solicitudes de apertura para estos centros en el territorio nacional, pero sí en gestiones pasadas, las cuales fueron rechazadas porque los interesados no pudieron cumplir con los estrictos requisitos. “El juego no está prohibido en Bolivia, pero tiene que cumplir estándares y requisitos normativos que exigimos”.

ONLINE

En cuanto a los juegos en línea, sobre todo de apuestas, pese a que se cuenta con la normativa vigente, Sánchez subraya que no se tiene ningún operador autorizado; sin embargo, se lleva a cabo el seguimiento mediante el Departamento de Informática a las páginas que promocionan algún tipo de apuesta en el ciberespacio, las cuales fueron dadas de baja, principalmente en lo que significa a la extensión “.bo”.

“Hay que manifestar que la jurisdicción que tenemos nosotros por competencia es todo lo que está en el ámbito nacional. Lo que está más allá de las fronteras, nosotros no podemos regularlo y ahí es un llamado de atención a la población para que no participe, porque no va a haber ni la instancia ni el medio a los cuales acudan ellos para pedir que en algún tipo de estafa podamos ayudarlos”, advierte el director de la AJ.

Hay 27 sentencias condenatorias y 1.700 procesos en estrados judiciales

Los implicados en actividades de juego ilegales se arriesgan a una pena de hasta ocho años de cárcel. De 2011 a abril de este año, la Justicia dictó 27 sentencias condenatorias por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, y cuatro para la reparación de un daño económico de Bs 3,5 millones que los infractores deben pagar al Estado.

Desde la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), se establecen multas de 5.000 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda) por cada máquina decomisada, lo que equivale a Bs 12.485, y los involucrados son procesados.

Marco Sánchez, director nacional de la entidad de fiscalización, informa a LA RAZÓN que hasta abril hay 1.700 juicios que se ventilan en los estrados del país. Explica que las multas establecidas deben ser canceladas al Estado, aunque una vez que el proceso acaba con sentencia.

“Las intervenciones mínimas que tenemos son 5.000 UFV, que se tiene como sanción. Tenemos grandes casas con las cuales hemos encontrado más de 25 máquinas, entonces 25 por 5.000 UFV son alrededor de 125.000 UFV. Hay casos que se están peleando todavía por la vía jurídica”, complementa la autoridad.

Según Sánchez, por definición una casa de juego ilegal es una sala que cuenta con más de tres máquinas. Eso sí, señala que toda máquina que se encuentra, así sea “una, 10, 20 y demás”, son ilegales si no cuentan con la respectiva autorización de la AJ.

“Por eso es que también hemos abarcado a municipios. Por ejemplo, en El Alto había una proliferación grande, en cada negocio pequeño ponían una maquinita. Eso llamaba la atención, sobre todo de menores de edad, adonde iban con 1 boliviano y apostaban. Todas esas máquinas son ilegales y son susceptibles de sanción”.

PROMOCIONES

La institución reguladora indica que hasta abril se tiene 399 promociones autorizadas; en 2023 hubo 1.109. Sánchez afirma que hay equipos desplegados a nivel nacional para velar de que los emprendimientos y negocios que recurren a estas ofertas para sus clientes no incurran en incumplimiento.

“Muchas veces les prometen ilusiones, autos y demás, pero llegado el momento no les cumplen y es la AJ la encargada de hacer cumplir cuando la promoción está autorizada. Tenemos procesos sancionadores contra empresas que no han sacado la autorización”, añade. 

Tras la denuncia del presidente Luis Arce sobre un “golpe blando” a su gestión por “fuerzas oscuras”, internas y externas, que conspiran contra la integridad del país, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, señaló que este “golpe blando” no solo viene del expresidente Evo Morales, sino de todas las fuerzas opositoras que buscan generar una desestabilización política y económica.

“No solo viene de Evo Morales, el golpe blando viene también de las fuerzas opositoras, residuos del neoliberalismo y de todos estos actores políticos como Tuto (Jorge Quiroga), como (Carlos) Mesa, como (Luis Fernando) Camacho. Todos ellos han generado una estrategia de desprestigio contra el Gobierno y han empezado a acusarlo de varias cosas, inclusive llegando al extremo sobre todo de desacreditarlo”, señaló la autoridad a ‘Que no me pierda’ de la red Uno.

Indicó que el “golpe blando” denunciado por el Mandatario busca evitar que el Gobierno cree condiciones y se genere una desestabilización política y económica.

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Además, dijo que Morales también forma parte de “esas fuerzas oscuras”, debido a que de manera clara y abierta se le oye en un audio “hasta cuándo le vamos a aguantar a Lucho” y después permanentemente “cuestiona con el mismo discurso que se lo cuestionaba sobre la economía en los años 2017, 2018 y 2019”. “El mismo discurso traslada contra el Gobierno sobre el mal manejo de la economía y contradiciéndose de manera realmente absurda”.

Con estas declaraciones, dijo Novillo, Morales busca ser candidato y ganar las elecciones generales de 2025, pero “mucho mejor” si estas se anticipen porque “él considera que es el candidato y que la única forma de impulsar su candidatura es sobre todo enfrentando, buscando un enemigo y usando al gobierno con una serie de calumnias y difamaciones, pero totalmente abiertas, que el pueblo lo conoce y no es un secreto”.

“Evo y todo su entorno, en un plan de desestabilización, quieren desplazar a Lucho Arce y al gobierno para que ellos puedan potenciarse en una campaña electoral para que Evo sea presidente nuevamente por el Movimiento Al Socialismo (MAS)”.

En ese contexto, señaló que fue un “grave error histórico” la división que se generó al interior del MAS desde el 2022, con acciones desestabilizadoras como el rumor de devaluación; el paro de 18 días que provocó la pérdida económica de $us 1.000 millones de dólares y, actualmente, el bloqueo de créditos en la Asamblea Legislativa.

El presidente Luis Arce viene advirtiendo constantemente de un supuesto “boicot” a su gestión, propiciada por la facción evista del MAS y el bloque de oposición Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, principalmente en la Asamblea Legislativa, ante la falta de voluntad de aprobar diferentes normas, entre ellos, los créditos externos.