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Sunday 28 Apr 2024 | Actualizado a 04:28 AM

La Fiscalía recibe tres años después el fallo contra Montenegro

En abril de 2016, un juez de Chuquisaca expidió el mandamiento contra el encausado, pero meses después el ahora exjuez de Cotoca Federico Jiménez, otorgó la tutela a Montenegro y, de esa manera, evitó su detención y con ello se frenó su extradición a Brasil.

/ 30 de mayo de 2019 / 09:57

El fallo que ratificó la orden para que el acusado de narcotráfico Pedro Montenegro sea capturado, tardó tres años en llegar a la Fiscalía, que ahora apunta a autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por delitos de incumplimiento y falsedad. 

“El Ministerio Público fue notificado recién con la sentencia constitucional 711 de 2016. Por eso, bajo el principio de celeridad, la Fiscalía activó de oficio un proceso contra autor y autores, por los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. Ya se convocó a varios funcionarios del TSJ”, informó ayer el fiscal de Chuquisaca, Mauricio Nava.

La orden de captura contra Montenegro, quien se entregó el 11 de mayo a la Policía, fue tramitada por Brasil en 2015 para que sea extraditado. Este boliviano es requerido en el vecino país por llevar algo más de 100 kilos de cocaína al estado de Sao Paulo. Por efecto de estas irregularidades, el delincuente no fue atrapado en el país, pues también fue protegido por jefes de la Policía, según resultados preliminares de las pesquisas.

¿Cuándo comenzaron las irregularidades? El 21 de julio de 2015 la Sala Plena del TSJ ordenó la detención preventiva con fines de extradición de Montenegro, pero también apareció otra orden que omitió la orden de captura.

En abril de 2016, un juez de Chuquisaca expidió el mandamiento contra el encausado, pero meses después el ahora exjuez de Cotoca Federico Jiménez, otorgó la tutela a Montenegro y, de esa manera, evitó su detención y con ello se frenó su extradición a Brasil.

Esa decisión judicial fue revisada en Sucre, el 6 de julio del 2016, por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ratificó la aprehensión de Montenegro, pero además solicitó a la Fiscalía de Chuquisaca y al Tribunal Supremo de Justicia investigar la existencia de dos sentencias sobre este polémico caso.

Nava confirmó ayer que el Ministerio Público evidenció la existencia de un auto supremo que no coincide con el original; por ello, la Sala Plena del TCP instó a que el TSJ, como el Ministerio Público, inicien la investigación. “Se vio en el TSJ posiblemente una falsedad en un auto supremo, y también se investiga por qué recién se notificó al Ministerio Público con esta resolución de 2016”.

De hecho, la retahíla de irregularidades emergió desde el 11 de mayo, cuando Montenegro finalmente se entregó a la Policía tras semanas de intensa búsqueda.

El Fiscal de Chuquisaca informó que se ha conformado una comisión de fiscales que ya comenzó con las pesquisas correspondientes “de manera objetiva” y por ello “ya elaboran requerimientos al TSJ y el TCP”.

El 15 de mayo, el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, admitió que se pudo haber modificado un fallo por el cual se disponía la aprehensión de Montenegro, puesto que hubo una manipulación en ese documento judicial. Instruyó internamente una investigación para establecer la participación de ex y actuales funcionarios, incluso exmagistrados.

Pero Montenegro también llegó a coludirse con jefes policiales y ya existen 32 personas implicadas. Entre ellos el excoronel Gonzalo Medina y el excapitán Fernando Moreira. Uno de los juicios contra el narco es por falsedad material, en el cual admitió su culpa y pidió someterse a juicio abreviado.

El abogado del Ministerio de Gobierno, Filemón Sandoval, informó que aceptarían el pedido si la condena es de seis años.

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La CIDH amplía al Estado el plazo para cumplir recomendaciones en el caso Terrorismo

Dos sobrevivientes al violento operativo policial del hotel Las Américas, en abril de 2009, comunicaron que el Estado boliviano reabrió el caso para dar con los responsables de esa acción.

Personal de la CIDH

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 17:17

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió, a favor del Estado boliviano, el plazo para el cumplimiento de las recomendaciones en el caso Terrorismo. Ahora Bolivia tiene tres meses más.

La información fue confirmada por la Procuraduría General del Estado en un comunicado publicado este sábado.

La CIDH “ha dispuesto la prórroga del plazo inicialmente fijado hasta el próximo 26 de julio de 2024, manteniéndose, por tanto, el seguimiento a las recomendaciones en fase aún no contenciosa”, dice parte del comunicado.

El caso cuyo plazo fue ampliado por tres meses lleva por nombre Mario Francisco Tadic Astorga y otros. Está referido a los hechos posteriores al violento operativo policial del 16 de abril en el hotel Las Américas, en Santa Cruz.

Caso Terrorismo

El fin de dicha operación era desarticular un grupo armado liderado por el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, fallecido en esa acción junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

También estuvieron implicados Elöd Tóásó y Mario Tadic, que sobrevivieron a la acción policial. Luego, aprehendidos, los investigaron porque formaban parte de un denunciado complot que, además, pretendía un magnicidio.

Estos dos últimos comunicaron el 13 de abril que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo del hotel Las Américas.

Investigación

El comunicado de la Procuraduría señala que “los argumentos presentados por el Estado boliviano, la asistencia técnica requerida y la respuesta favorable en cuanto a las posibles reparaciones económicas que facilitará el dialogo entre partes, fueron fundamentales para la extensión del plazo”.

Reabierto el caso Terrorismo, el exvicepresidente Álvaro García Linera pidió que también se investigue a los financiadores que, según dijo, propiciaron la llegada de la “célula terrorista”.

Incluso, sin decir nombre, afirmó que “un grupo de empresarios” dotó de recursos para hospedaje, y compra de armas “de todo tipo”.

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Viceministro Villca dice que congreso de mayo dará fin a la presidencia de Morales en el MAS

“No estamos peleando entre grupos, estamos velando por los derechos (político) de más de un millón de militantes”, dijo el viceministro Villca respecto de la convocatoria a congreso del MAS.

El presidente Luis Arce junto al expresidente Evo Morales. Foto de archivo: La Razón.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 17:00

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Juan Villca, afirmó que el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) cesará de la presidencia de ese partido a Evo Morales.

Anulado un congreso celebrado en octubre del año pasado de Lauca Ñ, el tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió no registrar sus resoluciones y amplió el mandato de la dirigencia del MAS electa en 2017.

“Aún no se han percatado que este paraguas que le ha hecho el Órgano Electoral, que le ha permitido seguir prorrogándose hasta el 5 de mayo, se acaba el 5 de mayo. Después del 5 de mayo, no es más presidente”, dijo a los periodistas.

Así, Villca se refirió al plazo fatal que el TSE emitió para que los 11 partidos de alcance nacional presenten sus nuevas directivas.

Congreso del MAS

En ese afán, el ala evista del MAS presentó una convocatoria para un congreso nacional y cumplir con lo dispuesto por la Sala Plena del TSE, pero su llamado fue observado por incumplimientos a su estatuto. Ese encuentro está previsto para el 10 de julio en el estadio Bicentenario del municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.

Por su parte, alertadas por una posible “proscripción” del MAS, las organizaciones matrices del Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, decidieron convocar a un congreso el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto. Ese llamado también fue observado.

Ambas facciones afirman que cuentan con el apoyo de las organizaciones sociales y la militancia de ese partido que, según Villca, “supera el millón”.

El TSE aún no definió la “legitimidad” de ninguna de las dos convocatorias.

“Estamos en puertas de la irresponsabilidad de Evo morales de proscribir al MAS; le pusieron el límite y las organizaciones decidieron salvar al instrumento político”, agregó Villca.

Evo Morales

En criterio del viceministro, a los simpatizantes de Morales “solo le interesa que Evo Morales siga sobreviviendo (políticamente)”.

Una vez más reclamó para las organizaciones sociales la “propiedad del MAS” y dijo que son ellas las que deben definir qué ocurre en adelante.

“El MAS es de las organizaciones (…). No estamos peleando entre grupos, estamos velando por los derechos de más de un millón de militantes. El 5 de mayo ya no existe esa dirección nacional”, insistió.

Consideró que “no solo va a ser derrotado el evismo, sino las formas verticales de gobierno”

Aún pendiente la respuesta del TSE sobre el congreso del MAS, ambas facciones defendieron, por separado, tener la razón y el respaldo de la militancia del “instrumento político”.

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El presidente Arce impulsa el congreso de El Alto para ‘recuperar’ el MAS

El presidente Luis Arce defendió otra vez a las organizaciones sociales como dueñas del MAS, esta vez en un ampliado de ese partido en Tarija.

El presidente Luis Arce en Tarija.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 15:15

El presidente Luis Arce impulsa el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocado por el Pacto de Unidad para mayo en El Alto y dijo que ese encuentro permitirá a las organizaciones “recuperar” el denominado “instrumento político”.

“La próxima semana tenemos un congreso, donde estamos seguros que vamos a mostrar la verdadera fuerza de las organizaciones sociales y recuperar el instrumento político”, dijo el mandatario en la inauguración del ampliado extraordinario del MAS en Tarija.

Arropado por organizaciones sociales de esa región, Arce volvió a reivindicar a las organizaciones sociales como “dueñas” del MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos).

Las declaraciones de Arce ocurren en medio de la discusión sobre la legitimidad de la convocatoria a un congreso nacional de esa organización política.

Congreso

Por un lado, la facción liderada por el jefe del MAS, Evo Morales, confirmó su encuentro para el 10 de julio de este año, en Villa Tunari, Cochabamba. Mientras que el bloque arcista ratificó su congreso para el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

Ambas convocatorias se enfrentan a la presión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que conminó al MAS a presentar su convocatoria hasta el pasado lunes, luego de una serie de observaciones.

Aún no se conoce la respuesta del TSE sobre cuál de las convocatorias goza de “legitimidad”.

“No hay nadie que se crea dueño del instrumento político, no hay dueño del MAS nacional ni del MAS de Tarija; los únicos dueños son las organizaciones sociales”, agregó el mandatario y volvió a defender el congreso previsto para mayo.

La discusión por la legitimidad de ambas convocatorias generó un intercambio de críticas entre ambas facciones del MAS.

Luis Arce

Miembros del arcismo calificaron de “caudillo” a Morales, de quien además dijeron que no es dueño de ese partido. Incluso, el vicepresidente David Choquehuanca, sin alusiones directas, defendió el cambio de liderazgos en esa fuerza. “Deben ser líderes sanos, apegados a la verdad y comprometidos con su pueblo”, pidió en varias ocasiones.

Por otro lado, la facción evista y el mismo Morales calificaron a Arce de “traidor” y de “derechizador” del llamado proceso de cambio. En medio del quiebre interno, el exmandatario y sus seguidores denunciaron un supuesto plan negro que, según dijeron, busca la inhabilitación de Morales a las elecciones presidenciales de 2025.

“No vamos a retroceder, sus amenazas y críticas no nos amedrentan”, arengó Arce.

Distanciados políticamente, Arce y Morales promueven la legitimidad del congreso, pero el TSE determinara aquello, cuando comunique su decisión respecto de las dos convocatorias.

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Una audiencia ‘determinante’ de amparo resolverá el lunes si las judiciales marchan o no

Hasta el jueves, se presentaron ocho amparos constitucionales sobre el proceso de preselección, de los que cuatro frenan la actividad.

La Comisión Mixta de Constitución revisa las carpetas de los postulantes.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 14:54

La audiencia para la resolución de una acción popular en contra de la Ley 1549 fue fijada para el lunes a las 09.00 en Cochabamba. Se trata de un recurso de acción popular presentado por la abogada Yeny Dury Bautista, que denuncia la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección a las elecciones judiciales.

Ese recurso fue presentado por la profesional el 18 de abril, en Cobija, Pando, ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia. Solicita la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

Según la denuncia, no existen candidatas pertenecientes a los pueblos indígenas, originarios, campesinos de Pando habilitadas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como dispone la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Elecciones judiciales

Al respecto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui advirtió que ese amparo puede afectar no solo parcialmente la fase de preselección, sino el proceso en su conjunto. Explicó que, en este caso, la denuncia no es por una vulneración a un derecho del postulante, sino por atropellos e irregularidades contrarias a lo establecido en la Ley de Elecciones Judiciales.

“Es un poco más complejo, porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante. Se está hablando, alegando, que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549 no estuviese permitiendo que en el caso de algunos departamentos puedan sus postulantes tener las mismas oportunidades (…); esa acción popular sí es para preocuparse”, sostuvo.

Proceso

El reclamo de la abogada está basado en el artículo 4 de la Ley 1549, que “garantiza una preselección equitativa de hombres y mujeres (…). En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas”.

Sobre eso, Jáuregui señaló que la determinación de esa acción popular puede “determinar la continuidad o la paralización” definitiva del proceso.

Hasta el jueves, se presentaron ocho los amparos constitucionales de postulantes inhabilitados para las judiciales; la Justicia otorgó tutela en cuatro casos, según informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Miguel Rejas.

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La Defensoría identifica 103 conflictos en el primer trimestre de este año

Un informe publicado por la Defensoría del Pueblo da cuenta que 35 de los 103 conflictos del primer trimestre de este año ocurrieron en La Paz y Santa Cruz.

Un bloqueo en Cochabamba.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de abril de 2024 / 10:40

Un informe de la Defensoría del Pueblo identificó 103 conflictos en el primer trimestre de este año. La mayoría de esos hechos ocurrieron en los departamentos de La Paz y Santa Cruz.

“De 103 conflictos, los departamentos de La Paz y Santa Cruz, reportan respectivamente 18 y 17 hechos de conflictividad, determinando los que mayor cantidad de demandas plantean, seguidos de los departamentos de Potosí y Beni, con 16 y con 15 el departamento de Cochabamba”, dice el informe del Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), citado en una nota de la Defensoría.

Del total de esos casos, según el SIMAT, 75 fueron conflictos sociales como tal, mientras que 27 fueron alertas tempranas y hubo un acuerdo de resolución de conflicto.

Defensoría del Pueblo

El informe muestra que el principal motivo por las movilizaciones está relacionado con el ámbito laboral, “por la falta de pagos de haberes devengados; la suspensión y extinción de fuentes laborales por parte de los tres niveles del Estado.

“Los hechos de conflictividad en regiones han persistido con mayor prolongación de tiempo y mayor intensidad en sus medidas de presión”, añade la nota.

Entre sus ejemplos, cita los bloqueos de carreteras propiciados por sectores afines al expresidente Luis Arce que exigieron la realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Asimismo, el informe muestra que, de la totalidad de reportes presentados, la mayor medida de presión utilizada por los actores demandantes es el bloqueo, como forma determinativa de exigencia de demandas.

Derechos

Aparte de lo expuesto, el documento identificó 39 casos del derecho al trabajo y empleo “que se han determinado por las tipologías laborales y económicas, lo que agrava más la situación del problema de estabilidad laboral o creación de fuentes de empleo.

También, advirtió la vulneración del derecho a la educación, principal función suprema del Estado, debe garantizar el acceso a este derecho humano y otros que se presentan en las gráficas del informe de conflictividad en Bolivia.

La Defensoría, según la nota, intervino en la resolución de conflictos “estratégicos”, entre ellos, elecciones judiciales y prórroga de autoridades judiciales, desabastecimiento de combustible, modificación a Ley de Pensiones, censo y límites municipales y departamentales, “elecciones primarias a través de las verificaciones in situ”, seguimiento y acciones para restablecer los derechos humanos.

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