El día de mañana arranca el mes de junio, lo que nos permite ubicarnos con un año de distancia de la promulgación de la “Ley transitoria para garantizar el proceso de preselección de candidatas y candidatos (para Elecciones Judiciales)”, que buscaba entonces destrabar por segunda vez este proceso cuya realización está aún pendiente. Para fines de este espacio denominaremos este proceso como las elecciones del ayer, toda vez que las mismas debían concluirse, con la materialización de sus resultados, al inicio de este año y a esta altura, debieran idealmente ser parte ya de nuestro pasado colectivo.

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Con elecciones de hoy, la referencia es para las Elecciones Primarias que debieran convocarse (es decir iniciarse como proceso electoral) en esta segunda mitad de 2024 que pronto se avecina. De ellas sabemos, hasta la fecha, que se encuentran en el centro de la pugna interna que atraviesa el MAS-IPSP, partido nacional que se encuentra en el centro de la política, y que se está librando en medio de una batalla de medidas judiciales y amenazas que cada día le aumentan la presión al torniquete que sostiene la institucionalidad electoral del país.   

Y, entonces, usted ya sabrá que con las elecciones de mañana se hace referencia a las Elecciones Generales 2025, que debieran ser secundadas por las Subnacionales en 2026. Y que, al día de hoy y con la normativa vigente, como primer paso deben sortear un proceso de Primarias. La hipótesis que lleva a aseverar que estamos ante una caótica acumulación (que cada vez se hace más visible) de trabas, presiones y zancadillas que tienen el foco puesto en los procesos electorales de ayer, hoy y mañana, no es nueva, pero sí debiera ser una convocatoria a nuestra mayor preocupación. Pues no hay energía ni atención colectiva que aguante tanto desgaste. ¿Hasta dónde va a ser posible horadar la piedra de la institucionalidad democrática, ya bastante venida a menos?

Un elemento paradójico, pero a la vez principal de esta problemática, es que los actores que tienen en sus manos la posibilidad, pero sobre todo responsabilidad de reducir los decibeles del intercambio y retornarlo a los cauces más propios (y menos estridentes) de la política, son precisamente quienes se encuentran en el centro de la disputa. Y es ahí donde radica el pesimismo con el que se hipotetiza sobre el futuro de este fenómeno que atravesamos. 

Una primera grave consecuencia de este escenario ya la estamos viviendo ante la incertidumbre de que algunos de los procesos electorales se mantengan en vilo o, el día de mañana, directamente no se realicen y asociemos ello a este nuevo panorama de “normalidad política” en el que estamos ya bastante sumergidos. Pero una segunda consecuencia, que también de alguna manera es fácil avizorar porque empieza a manifestarse en la superficie de la práctica política, es precisa y paradójicamente la de vaciar a la política de Política.

Y es que pensar en la posibilidad de que arribemos al momento de las Elecciones Nacionales, absolutamente zarandeados y desintegrados por este agotador preludio, presentaría la dificultad de que el mismo llegue a realizarse al calor de los más bajos mínimos políticos que hayamos vivido anteriormente y que vivamos las consecuencias del voto “que se vayan todos”. Pues ello, nos llevaría a una nueva gestión de “gobiernos-castigo” (nacional y su correlato, subnacional), cuya peor cara sería la incapacidad de hacer política, la falta de experiencia en la cosa pública y la imposibilidad de gobernabilidad. Experiencias que, a la larga, terminan volteando el verdadero castigo hacia las y los votantes mismos. 

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

A mediados de esta semana se celebró el Día Internacional de las Familias a nivel global. Valga la ocasión para rememorar un par de momentos en el pasado de mediano y corto plazo en Bolivia, en los que se intensificó la batalla cultural con foco en este tema.

Uno primero se remonta a la discusión que se generó alrededor del Código de Familias que fue promulgado en 2014. Entonces corrían tiempos en los que el proyecto que encabezó el MAS-IPSP había logrado proponer soluciones a algunos problemas socioeconómicos y el gobierno contaba con una nutrida legitimidad que le permitió adentrarse durante esos años en algunos de los temas más culturales de nuestra sociedad, en clave de desarrollo normativo del texto constitucional garantista que había sido aprobado mayoritariamente en 2009.

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Entonces, incluso dentro del mismo MAS-IPSP se libró una pugna de sentidos entre las posiciones conservadoras y progresistas que compartían partido y gobierno en ese momento (estas posturas habían quedado bastante develadas en 2010 por el tema del derecho a elegir). Y, claro, de manera externa al gobierno, no quedaron exentas las voces desde iglesias varias y organizaciones que, con el foco territorial en Santa Cruz, defendían sus posturas conservadoras ante lo que se entiende como familia (entonces así, en singular).

De ahí que el resultado del debate puntual sobre este tema —mediado por una Asamblea Legislativa Plurinacional que aún representaba estas posturas y, sobre todo, funcionaba como tal— terminó dando como resultado una normativa que finalmente plantea, hasta el día de hoy, una visión diferente de la estructura de familia, del derecho de filiación, de la emancipación y de la asistencia familiar, entre otros asuntos.

Por el otro lado, así sea a nivel local y se haya visibilizado de forma intempestiva, el pasado 2023, en fechas similares a las de hoy, existió también un momento político en el que una concepción más conservadora de lo que se entiende por familia retomó la palestra política y discursiva a nivel local. El denominado Family Fest (evento que se organiza a lo largo del globo con el objetivo de “recuperar” la noción de “familia natural”) tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz y fue apoyado por la Gobernación del departamento. Entonces, el evento tuvo una para nada desdeñable concurrencia, pero sobre todo inversión de recursos que lo amplificaron en varios niveles. Fue la ocasión en la que Agustín Laje estuvo en Bolivia para decirle a nuestra sociedad que las políticas que amplían derechos para las mujeres buscan la “demonización de los hombres”. Este año, la llegada del Día de las Familias parece haberle pisado los talones (y los bolsillos) a una Gobernación que con el liderazgo de Creemos (ala camachista), en 2023 avanzaba decididamente hacia la implementación de normativa y políticas (en consecuencia recursos) de corte conservador.

Por el momento, por las desafiantes pugnas de poder que atraviesa la Gobernación y la Asamblea Legislativa Plurinacional de Santa Cruz, esa intentona neoconservadora parece haber pasado a un segundo plano, lo que no significa que el sentido cultural respecto a cómo la sociedad y el Estado entienden a las familias dejará de ser una importantísima asignatura por disputar desde la política. Pero su funcionamiento cotidiano seguirá siendo una experiencia personal, vital, identitaria y cambiante, multiplicada por todas sus posibilidades y cada una de las vivencias; cuya bandera —ya se ve— será levantada desde la política institucional solamente cuando los intereses de cambio y/o preservación cultural estén amenazados.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Producto de la apertura de una investigación judicial basada en informaciones de medios digitales a Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, es que éste comunicó la semana pasada que se tomaba unos días para reflexionar en torno a si aún valía la pena continuar a la cabeza del gobierno español cuando los ataques llegan a los seres más queridos; dejando así a la ciudadanía en vilo durante cinco días. El lunes de esta semana inició con el tan esperado anuncio no solo por este país, sino por varios otros del mundo: la noticia fue internacional. En éste, Sánchez señaló que seguiría a la cabeza del gobierno y denunció aquel secreto a voces que padecen las sociedades en los últimos años: la política se ha vuelto un lodazal.

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Luego del anuncio, varias han sido las reacciones. A Sánchez, que se le conoce por ser un político que sobrevive a varias embestidas políticas, la oposición de derecha le ha criticado por el dejo de victimismo que tuvieron estas acciones y la oposición de izquierda, que no haya anunciado medidas concretas para darle batalla a este escenario político contaminado. Asimismo, desde ambos lados señalan haber sido víctimas anteriormente de estas sucias prácticas que combinan desinformación y juzgados. Esto aunque es claro que, al menos en el caso español, esta época de cloacas y lodazales coincide con la emergencia de portales de desinformación como Ok Diario o partidos políticos de ultraderecha como Vox. 

Lo que ocurrió en España se constituye en uno de los más importantes hitos en comunicación política en habla hispana de los últimos años. Más aún, cuando en el centro del hecho político se encontró, precisamente, un fenómeno atravesado por ella. La pregunta que queda es: ¿cómo se va a gestionar hacia adelante una democracia habitada por una política con las características actuales gracias, en buena parte, a la dinámica comunicacional contemporánea? Como pocas veces se había visto anteriormente, resulta más que determinante para la salud y preservación de la democracia lo que desde la comunicación se proponga.

Que en la actualidad la desinformación vestida de periodismo y la construcción discursiva de posverdad se hayan vuelto moneda corriente en la comunicación, y que el descrédito y el atrincheramiento tribal le hayan ganado terreno al intercambio de argumentos en lo político, están resultando ser un fenómeno político cuya magnitud está modificando radicalmente la percepción de la ciudadanía respecto a la importancia de vivir en democracia. Dando como resultado nuevas generaciones que creen hacer política desde la antipolítica (es decir, rechazándola), oponiéndose —sin matices— a todo aquello que tenga apariencia de institucionalidad y atrincherándose en sus identidades como proyecto de vida y futuro individual. 

La comunicación política para la democracia lo viene advirtiendo desde hace décadas: sin una información y un periodismo de calidad, no se puede contar con una ciudadanía crítica que participe activamente en política, generando una democracia saludable. Lastimosamente, con los años lo que es contrario a esta premisa ha ganado terreno y hoy acudimos a un escenario informativo plagado de desinformación y malas prácticas periodísticas (además de su crisis existencial), y todas las consecuencias que esto implica. Sumado —cómo no— a la instrumentalización de jueces y juzgados (porque a esas prácticas no se les puede llamar Justicia) que solamente van consiguiendo la tergiversación de la política, la degradación de la vida pública en democracia y la erosión del tejido social. ¿Le suena familiar?

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

La verdadera controversia en torno a lo que el presidente del Senado declaró el miércoles está más relacionada con el trasfondo de su postura más que con ella en sí misma. En el caso del presidente Rodríguez, lo ocurrido esta semana implica un hito en la construcción comunicacional de su personalidad política como una de las figuras sobre las cuales se está vertiendo una enorme cantidad de expectativas de liderazgo nacional. Al final, quiérase o no, que una de las más importantes figuras políticas del país haya emitido un criterio con ese alcance nos permite (aunque no de la manera deseada) volver a poner sobre la mesa de la agenda nacional un tema latente, irresuelto y urgente: la violencia contra las mujeres.

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Para darle algo de contexto a la declaración sobre la cualidad “antihombres” que tuviera la Ley 348 contra la violencia contra las mujeres, huelga decir que tuvo lugar en medio de una sesión camaral en la que se trataban modificaciones a la misma. Respecto al estilo comunicacional del presidente Rodríguez, un poco por decisión y otro poco por circunstancia, está claro que, hasta ahora, ha optado por una imagen pública de bajo perfil, con algo de presencia en actos propios del cargo y de la pertenencia a su partido político, pero con poca densidad discursiva. Se trata de una opción legítima de administración de su comunicación política, pero ello, por supuesto, hace que sus posturas manifiestas y polémicas adquieran mayor peso y resonancia. A esto se le suma que existe una real necesidad de conocer las posturas políticas de la tercera persona más importante del Gobierno nacional, pues empieza a ser insuficiente una comunicación que por buscar la neutralidad ante las corrientes internas de su organización, lo sea ante temas nodales de disputa política en la actualidad.

En el otro lado, resulta curioso el momento en el que emerge esta propuesta de modificación legislativa y la posición, esta vez, ya no solo del presidente Rodríguez, sino además de sus colegas parlamentarios del masismo durante este mismo impasse: concretamente Patricia Arce y Daniel Rojas. La primera presentó la propuesta de modificación de la norma bajo el discurso de que su objetivo es que la misma proteja de igual manera a hombres y mujeres. Esta comprensión invisibiliza el hecho de que la violencia contra las mujeres es un penoso hecho estructural y tira por la borda la actual vigencia de una sociedad patriarcal. Y el segundo acude (en entrevistas televisivas) al uso de datos elaborados a conveniencia y provenientes de organizaciones emergentes como la Casa del Hombre o la Federación Nacional de Víctimas de Denuncias Falsas que, vaya casualidad, en sus recientes movilizaciones (de hace menos de una semana) solicitaban modificaciones a la ley en “beneficio” de quienes ahora se consideran las nuevas víctimas (los hombres) y no así de las alrededor de 430.000 mujeres que denunciaron violencia durante la vigencia de esta norma.

Es una verdadera lástima que el tema vuelva a palestra de esta manera, sobre todo cuando anteriormente ya se había entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional una nutrida agenda de propuestas de modificación a la Ley 348, pero buscando, sobre todo, proteger de mejor manera a las mujeres sin dejar de lado —cómo no— la discusión en torno a la mejora de la gestión de las acusaciones falsas que son pocas y no debieran alcanzar a empañar el espíritu de la norma. En el trasfondo de lo ocurrido esta semana en la ALP existe un aire antifeminismos y antiderechos, y ese es —al final del día— el hecho que debiera ponernos en alerta. Pues, las cosas son claras y no se debe permitir su distorsión: la Ley 348 no enfrenta a mujeres con hombres, la ley busca proteger la vida de las mujeres.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Así se puede calificar lo que se le viene al MAS-IPSP y que desde ya atraviesa estas semanas, en las que se ubica, más que lo usual, en el centro de la atención mediática y política del país. Es cierto que muchas veces se ha cuestionado la centralidad noticiosa que de manera continua adquiere la figura de Evo Morales y la del MAS. Pero, en esta ocasión, se puede alegar que al estar en juego la viabilidad electoral de la sigla del partido más grande del país, los hechos en torno a la carrera que transita para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Organizaciones Políticas son relevantes sobre todo en su relación con el desgastado sistema de partidos del país. No es poca cosa.

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Ya que se trata de hechos relevantes para el sistema político, corresponde también preguntarse por qué es recién hasta ahora que, contrarreloj (e incluso contra la pared, dirán algunos), esta organización busca los caminos para salir de su propio laberinto. Y, ojo, no es el único partido que corre contra el tiempo; se sabe que de 10 partidos políticos, solo tres han cumplido hasta la fecha con lo establecido respecto a directivas. Huelga señalar que el plazo que hoy se maneja como de máximo cumplimiento: 7 de mayo, es un plazo establecido en una cuarta ampliación, el verdadero plazo feneció hace dos años. Cuatro veces ha debido flexibilizar la normativa el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conminando a quienes pugnan por ofrecer proyectos colectivos al país a que cumplan la normativa. Algo similar a lo que pasa con la actualización de los estatutos de las organizaciones, cuyo plazo extendido por tercera vez culminará también a inicios de mayo.

Apelo al dato porque da cuenta del nivel de flexibilidad con la que la institucionalidad electoral viene intentando que el cúmulo de organizaciones políticas cumpla con lo que estableció la norma hace seis años. Bien podría decirse que también el TSE lleva mucho tiempo intentando sortear obstáculos y salir del laberinto que implica “jalar” a la mayor parte de organizaciones políticas del país a que cumpla la norma. De ahí las conminatorias, exhortaciones y ampliaciones que terminan debilitando su capacidad para dar cumplimiento a la ley.

Además de ello, es inevitable caer en cuenta, y por lo tanto imposible de no apuntar, que una buena parte de las acciones institucionales que ha tenido que adoptar el TSE en sus recientes acciones, provinieron de una intervención judicial. El efecto simbólico de esta intrusión es el incremento de la presión sobre la institución electoral y el efecto material es el de mantener al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) como una instancia administrativa y no jurisdiccional en temas electorales (como le es asignado en la CPE, pero casi no ha sido puesto en práctica).

Buena parte de los partidos políticos, pero el MAS-IPSP en el centro —por su peso en el sistema de partidos—, tienen una responsabilidad no solo con sus proyectos de país y militancias, sino también con la institucionalidad democrática del país, que necesitamos en pie para sortear adecuadamente el periodo electoral que se avecina. Y la responsabilidad tiene que ver con cumplir la normativa sin presionar a que el árbitro determine a conveniencia las formas que están ya escritas en leyes, reglamentos y estatutos. Pues esto solo significa seguir comprimiendo la ya debilitada institucionalidad, en detrimento de los clásicos mecanismos políticos: como ser el diálogo, la negociación y la concertación. 

Es complejo que empiece a parecer mejor idea zafar de lo que se está convirtiendo un problema: la democratización interna dentro de las organizaciones políticas (es decir: primarias). Pues este fracaso daría cuenta de que en vez de ampliar la democracia, tenemos que contraerla porque nuestra realidad política nos impide, en este momento, gestionarla en su bondadosa amplitud.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka