Actuar contra la violencia separatista
La UJC no es solo una ‘agrupación radical’, es una organización terrorista, con dinero, estructura y mandos.
DIBUJO LIBRE
La detención del señor Luis Fernando Camacho fue legal, ya que se ejecutó en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por autoridad competente, como es un fiscal de materia, representante del Ministerio Público, con el control jurisdiccional del Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal, dentro del caso Golpe de Estado I. Quedó demostrado que no son aplicables a este caso las sentencias constitucionales que los abogados de la autoridad cruceña quisieron utilizar para argumentar una supuesta detención ilegal. Ahora, pasado el momento crítico, corresponde analizar las violentas reacciones en la ciudad de Santa Cruz.
La invasión y toma de los aeropuertos El Trompillo y Viru Viru, encabezada por el asambleísta Svonko Matkovic, hombre acusado de terrorismo; el incendio de los edificios de la Fiscalía de Santa Cruz y del ex Conaltid, propiedad del Ministerio de Gobierno; la destrucción de las oficinas de Impuestos Nacionales y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas; la quema de la casa del Ministro de Obras Públicas; la destrucción de varias Estaciones Policiales Integrales; la toma y quema de oficinas de cobro de peajes de Vías Bolivia; el incendio de agencias del Banco Unión; los maltratos y lesiones a conscriptos militares en el aeropuerto de Viru Viru; la tortura a un abogado de Impuestos Nacionales. Larga es la lista de hechos delictivos que configuran un escenario bastante peligroso debido al alarmante crecimiento de la criminal Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
La UJC no es solo una “agrupación de gente con ideas radicales”, como indica algún vocero gubernamental; se trata de una organización terrorista que cuenta con financiamiento, estructura y mandos, y que se está convirtiendo en el germen de una milicia de ultraderecha, cosa inaceptable en un proceso democrático. Recordemos que el informe internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) la calificó como un “grupo parapolicial e irregular” y recomendó su desarticulación. Son los integrantes de la UJC los autores de las acciones vandálicas y delincuenciales, todas tipificadas en el Código Penal, y que nos recuerdan a las jornadas nefastas de 2008, también cargadas de odio y racismo, que fueron el preludio de la aventura separatista terrorista que, en una primera fase (caso Terrorismo 1) tuvo sentenciados que reconocieron sus delitos, pero lamentablemente en la segunda fase (caso Terrorismo 2) el funesto personaje recientemente sentenciado a 70 meses de cárcel en Estados Unidos, Arturo Murillo Prijic, cuando fungía como ministro del régimen golpista, de forma absolutamente ilegal retiró la denuncia y así benefició con la impunidad a Branko Marinkovic y a otros financiadores del grupo terrorista, liderado por el mercenario Rózsa Flores.
La UJC ya había actuado en 2008-2009, pero fue durante el golpe de Estado de 2019 que tomó un cuerpo mucho mayor, siendo sus financiadores las logias burguesas Caballeros del Oriente y Toborochi, que también controlan el Comité pro Santa Cruz, que a su vez brinda cobertura institucional a la UJC para sus fechorías. Son exactamente los mismos operadores de 2008-2009 y 2019, los que ahora organizan y realizan la toma, saqueo y quema de instituciones públicas en la capital oriental.
El método terrorista sirve al objetivo separatista. El Comité pro Santa Cruz ya no disimula esta finalidad separatista; recordemos que luego del cabildo del 13 de noviembre de 2022, publicó un documento titulado “La relación de Santa Cruz con el Estado boliviano”, en el que se arroga la atribución para “formar una comisión para replantear la relación de Santa Cruz con el nivel central del Estado boliviano (…) a fin de proyectar un nuevo modelo de relacionamiento que genere un cambio cualitativo sustancial de ese vínculo”. El artículo 1 de la Constitución Política del Estado define que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías…” por lo que la sola idea de “replantear la relación” de un departamento va contra el carácter de Estado Unitario; en otras palabras, es separatismo.
Hace poco, en una conferencia de prensa, el cívico Rómulo Calvo leyó un documento que lleva por título “Levantamiento del paro cívico de 29 de diciembre de 2022”, cuyo punto 1 textualmente dice: “Iniciamos como parte de las primeras medidas el bloqueo de las carreteras y vías de acceso fronterizo al departamento de Santa Cruz…” La Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales del 31 de enero de 2013 define solamente límites interdepartamentales y límites intradepartamentales. Un departamento no puede tener fronteras ni “vías de acceso fronterizo” con sus pares ni con otros países, las fronteras son límites internacionales entre Estados. Calvo, al decir “vías de acceso fronterizo”, manifiesta la intención de la élite cruceña de separar Santa Cruz del resto del país, al punto que la piensa así, con fronteras que la dividan de los demás departamentos de nuestro Estado. Eso es separatismo por donde se vea.
El terrorismo de derecha y el separatismo son las principales amenazas contra nuestra democracia e integridad nacional, por ello es urgente cumplir la recomendación del GIEI de desarticular la Unión Juvenil Cruceñista. Pero igual de urgente es reabrir el caso Terrorismo o caso Rózsa, porque los terroristas de 2009 son los golpistas de 2019 y los separatistas de hoy. Corresponde en derecho reabrir ese caso que, repito, fue ilegalmente cerrado por el gobierno golpista, cuando Arturo Murillo retiró la denuncia y la Fiscalía archivó obrados, incumpliendo su deber de continuar sus actuaciones hasta acabar con sentencia el juicio, por tratarse de delitos de orden público, aún más siendo delitos contra la seguridad interna del Estado. Sería una de las mayores afrentas que los responsables del intento de separar nuestro país en 2009 queden en la impunidad.
En una columna publicada en este mismo suplemento, el 20 de noviembre de 2022, propuse que el Ministerio Público conforme una comisión nacional de fiscales que investigue los hechos delictivos ocurridos durante el paro de 36 días en Santa Cruz. Hoy ratifico esta propuesta, en vista de la escalada de violencia en la capital cruceña luego de la detención del gobernador Camacho. No se puede ni debe subestimar el criminal ataque a las instituciones nacionales, que ha dejado enormes daños materiales, como del edificio de cinco pisos de la Fiscalía, y que ha causado daño personal a muchos. Si no actuamos hoy contra el terrorismo separatista, mañana será tarde.
(*)Álvaro Flores S. es abogado, parte del Comité Impulsor de Justicia