El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, demandó a la Cámara de Senadores una respuesta al Requerimiento de Informe Escrito (RIE) enviado sobre el tratamiento de los 19 contratos mineros, que aguardan ser considerados en el pleno senatorial.

Callisaya observó que, si esta instancia legislativa no cumple con la emisión de esta información, está incumpliendo uno de los pilares del Acuerdo de Escazú suscrito por Bolivia como país miembro, el cual establece que los Estados deben garantizar el acceso a la información para que la población conozca sobre proyectos que puedan tener impacto en el medio ambiente.

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“Quiero pedir al Senado pueda responder a la Defensoría del Pueblo como parte del cumplimiento del Acuerdo de Escazú, del cual es parte el país”, indicó el Defensor del Pueblo.

Señaló que se envió el requerimiento porque no existe claridad en la información disponible sobre si estos 19 contratos tienen un estudio de impacto ambiental.

“No hay claridad en cuanto a su ubicación (los lugares donde se realizará la explotación de minerales), o si hubo consenso con la población”, subrayó.

El defensor del Pueblo manifestó que, en caso de que el Senado no responda a este requerimiento de información, la Defensoría del Pueblo asumirá las acciones necesarias, en el marco del ordenamiento jurídico nacional constitucional e internacional en materia de derechos humanos.

La Comisión de Economía Plural del Senado avaló el 19 de abril el informe del proyecto de Ley 036/2023-2024 que aprueba 19 contratos administrativos mineros entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) La Paz y cooperativas auríferas, y los remitió para su tratamiento en el pleno de esa Cámara. A la fecha, esa instancia aún no trató la norma.

Tratamiento

El 9 de abril, la Cámara de Senadores había devuelto a Diputados el proyecto, argumentando que venció el plazo de 90 días para su tratamiento fijado por la ley minera.

Sin embargo, la Cámara de Diputados precisó, mediante una nota, que el plazo de 90 días se computa desde el tratamiento en la comisión, que comenzó el 25 de enero de este año.

El 4 de abril, Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la otorgación de 358 cuadrillas a 19 cooperativas; para que operen en las provincias Loayza, Larecaja e Inquisivi del departamento de La Paz.

Por mandato de la Constitución Política, la Ley 535 y la Ley 1333, los actores productivos mineros son responsables del cumplimiento de las normas ambientales; cuando realicen actividades mineras a su propio nombre, por lo cual están obligados a prevenir, controlar; reducir y mitigar los impactos ambientales negativos, y remediar y rehabilitar las áreas explotadas.

El Gobierno anunció que coadyuvará con el municipio de Santa Ana de Yacuma, Beni, si así lo requiere, para apoyar en la reconstrucción del puente Rapulo luego de que se desplomó la noche del miércoles al pasar un camión de alto tonelaje. 

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, explicó que la intervención del Gobierno se dará siempre y cuando las autoridades municipales de Santa Ana de Yacuma envíen una nota a su despacho ya que esa vía no es parte de la Red Vial Fundamental (RVF).

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“Es un puente municipal, el municipio cobraba el peaje para ingresar a este municipio. Entonces, el municipio nos tiene que hacer llegar una nota, porque al final, concurrir donde no nos llaman porque no es una Red Vial Fundamental VF con toda seguridad va llevar gastos y esos gastos nosotros no vamos a poder demostrar”, sostuvo en conferencia.

Solicitud

Dijo que el Ministerio de Obras Públicas tiene especialistas en puentes quienes pueden guiar en la reconstrucción, por lo que se espera la nota de las autoridades municipales de Santa Ana de Yacuma para mover maquinaria.

No obstante, indicó que anoche se trasladó el director regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) al lugar del desplome para ver los requerimientos.

El puente Rapulo fue inaugurado en marzo de 2010 durante la gestión del alcalde Gustavo Humberto Antelo. La obra fue financiada a través del programa “Bolivia Cambia Evo Cumple”, en colaboración con el municipio local.

La alcaldesa de Santa Ana de Yacuma, Rosío Roca, también informó que se realizaron las acciones inmediatas y técnicas sobre la entrega del proyecto del puente, por lo que un ingeniero civil realizará las evaluaciones. “No nos podemos adelantar a los hechos y culpar sobre qué es lo que ha pasado con el proyecto total del puente”.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó este jueves que la empresa Asociación Accidental Progreso se adjudicó la construcción de plataforma y pista del aeropuerto “la Joya Andina” de la ciudad de Uyuni, en el departamento de Potosí.

“Ya tenemos empresa adjudicada para el lado aire, esta empresa tiene 24 meses para terminar la ejecución de todo lo que es la pista, la señalización, la plataforma y ha sido ganadora la Asociación Accidental Progreso por más de 43 millones de bolivianos”, indicó la autoridad.

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También se contrató a la Asociación Accidental Esin Romenec para la supervisión técnica de la construcción de esas obras por un monto de más de Bs 2,6 millones. “Quiere decir que ya podemos dar el orden de proceder, lo que significa que ya podemos iniciar obras”, añadió.

Licitación

Además, Montaño indicó que el Gobierno prevé mejorar la infraestructura de la terminal aérea de Uyuni, por lo que se lanzó la convocatoria para que las empresas interesas presenten sus propuestas y la ganadora se adjudique la construcción y ampliación del aeropuerto.

Esta jornada se subió al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) para que las empresas constructoras presenten sus propuestas para mejorar la terminal por un valor de más de Bs 53 millones.

“Esta terminal tendrá tecnología ‘EDGE’, eso significa ahorro en el tema energético, ahorro en el tema agua y además de eso la terminal confluirá todos los diseños hacia lo que se tiene en el Salar de Uyuni”, mencionó Montaño.

Esta primera intervención proyecta las obras de la Terminal de Pasajeros, torre de control, bloque técnico, SSEI Bomberos, caseta de control, parqueo vehicular, iluminación exterior y media tensión, bloque eléctrico, iluminación de aproximación y sistema contra incendios.

Para hacer realidad la construcción de este proyecto que deberá ejecutarse en un plazo de 22 meses, el Gobierno invertirá Bs. 53.000. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 29 de julio de este año.

El ejecutivo de los gremiales de El Alto, Toño Siñani, informó que su sector asistirá al diálogo convocado por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor para el lunes 10 de junio.

El dirigente de una facción de los gremiales del país, aseguró que, en el encuentro, se ratificará las demandas del sector y que el Gobierno los atienda, caso contrario se asumirán las medidas de presión ya anunciadas.

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“Hemos tenido una reunión los compañeros de los nueve departamentos han quedado de acuerdo en asistir el 10 de junio a partir de las cinco de la tarde (…). Los gremiales a nivel nacional seguimos en estado de emergencia y no vamos a bajar todavía los brazos, vamos a estar en la reunión, pero si no tenemos cosas favorables, el sector gremial automáticamente vamos a tener que romper el diálogo”, indicó Siñani.  

El martes, el Gobierno convocó a este sector de los gremiales, quienes, a través de un ampliado vía virtual, determinaron asistir al encuentro.

La semana pasada, este sector determinó movilizarse a nivel nacional a partir del 10 de junio si el Gobierno no atiende sus demandas.

Aseguró que buscan la abrogación del Decreto Supremo 4732. La norma establece parámetros claros para la certificación de los contratos, incluyendo la identificación del propietario, la verificación de la propiedad del inmueble y la obligación de entregar el título de propiedad una vez finalizado el pago.

Además, demandan soluciones a la escasez de dólares y la destitución de la presidenta interina de la Aduana, por los cobros abusivos que realiza a los gremiales, y de Impuestos Internos.

Aclaró que su sector asistirá al diálogo para que el Gobierno no tenga argumentos y los califique como golpistas como varias autoridades de Estado indicaron.

“Porqué estamos asistiendo, porque el Gobierno está queriendo mentir y está queriendo engañar que queremos desestabilizar, queremos hacer golpe, por eso vamos a asistir, pero no vamos a asistir para que nos vaya a mentir, nos vaya a engañar”, remarcó.

COB

Asimismo, repudió las declaraciones del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, que advirtió “tomar” la Asamblea Legislativa si los legisladores no aprueban los créditos externos pendientes, lo que impide que existan dólares en la economía nacional.

Ayer, la COB escuchó las explicaciones del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y de personeros del Ministerio de Hidrocarburos sobre la escasez de dólares y de combustibles en el mercado nacional.

Siñani tildó a Huarachi de “payaso del Gobierno” porque es un dirigente que tiene un salario de más de Bs 30.000 y no conoce la realidad de los gremiales que al mes tiene un ingreso solo de hasta Bs 2.000.

“En vano están sacando a su payaso de Huarachi queriendo decir el tema del dólar, ese payaso nunca ha hecho nada (…). Por eso no es creíble cuando sale Huarachi a hablar el tema del dólar de la canasta familiar, si él tiene un sueldo de más de 30.000 qué tiene que observar, en cambio el sector gremial a lo mucho ganamos 1.500, 2000 bolivianos porque no tenemos un sueldo directo”, enfatizó.

A marzo de este año, el valor de las exportaciones no tradicionales cayó un 7% respecto a igual periodo de 2023. En tanto, las ventas externas de productos tradicionales, como el gas natural y los minerales, descendieron en 33%. 

De acuerdo con el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, la caída en el valor de las ventas de productos no tradicionales representa tan solo $us 41,7 millones en el periodo analizado, mientras que las exportaciones de los tradicionales registran una caída de $us 688,4 millones.

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“En cuanto a las exportaciones no tradicionales, queremos hacer un especial énfasis, su caída entre enero y marzo es de tan solo 42 millones de dólares, hubiéramos querido que crezcan, pero comparativamente a las caídas de minería e hidrocarburos este descenso de 42 millones en las exportaciones no tradicionales (son menores)”, dijo Rodríguez a los periodistas de La Paz. 

Las exportaciones no tradicionales se refieren a los productos agropecuarios, agroindustriales, forestales, madereros, manufactureros, artesanales que se comercializan a varios países, a diferencia del gas natural y minerales que solo llegan a una decena, consideró el gerente del IBCE.

Los productos no tradicionales que registraron una caída en las exportaciones al primer trimestre de este año son la soya y derivados, bananas, leche, chía, cueros y manufacturas, confecciones textiles, café, sésamo y maní. 

El fin de semana, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos de comercio exterior boliviano al primer trimestre. A marzo de este año, las exportaciones alcanzaron los $us 1.921 millones, una caída del 27,4% respecto a similar periodo de 2023 cuando llegaron a $us 2.645 millones.

De igual manera, las importaciones durante este período (enero-marzo 2023 versus enero marzo 2024) presentaron una disminución del 15,6%, de $us 2.797 millones a $us 2.359 millones.

Déficit

La caída en las exportaciones e importaciones dieron como resultado que, al primer trimestre de este año, Bolivia registre un déficit en su comercio exterior de $us 438 millones.

Rodríguez dijo que, para mejorar las exportaciones, principalmente de los productos no tradicionales, se debe considerar la propuesta del sector productivo de “armar una agenda publico privada” para trabajar por la productividad y abrir nuevos mercados que dará como resultado el obtener mayores divisas para la economía nacional.

“Hace más de cinco años que nosotros venimos hablando sobre la necesidad de un gran pacto social productivo para evitar llegar a esta situación para trabajar por la productividad, por la competitividad, por la apertura de mercados, por la facilitación de la exportación, por la seguridad jurídica para la inversión”, expuso el gerente del IBCE.

Rodríguez considero que una de las soluciones a la crisis de dólares que atraviesa el país es el apostar a una mayor exportación de la producción agroindustrial, por lo que pidió al Gobierno trabajar de manera aunada con la parte privada y no poner trabas a los planteamientos del sector productivo.

“No hay otra forma que, o nos endeudamos más como país o atraemos más capitales externos o exportamos más, y creemos que lo que está en nuestras manos, y con resultados que se pueden lograr a cortísimo plazo, a tres, cuatro, cinco, seis meses vista, si les damos las condiciones al sector agropecuario, al agroindustrial, forestal, maderero, podemos revertir esta situación”, indicó.