Partimos con una máxima indiscutible para toda sociedad, especialmente para aquellos países en desarrollo, como Bolivia, la educación es la fuerza transformadora más poderosa de los pueblos. Un pueblo con educación siempre luchará por su libertad y dignidad, y superará cualquier obstáculo.

En este propósito, las maestras y maestros tienen un rol fundamental. A pesar de las distintas dificultades y problemáticas de nuestro sistema educativo, de ellos depende en gran medida la formación de las generaciones presentes y futuras; por ello, merecen todo nuestro reconocimiento, por la digna labor que cumplen.

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El proceso histórico. Caiza «D» quizás es el lugar menos conocido en la historia de la educación boliviana. Sin embargo, entre 1926 y 1930, las primeras ideas de la Escuela Ayllu (nombre quechua) y el sistema de organización nuclear de la educación tuvieron sus primeros desarrollos en las escuelitas rurales de Chajnacaya, Kestuche, Tuctapari, entre otras; experiencias que posteriormente fueron implementadas ya de manera más organizada y sistemática en Warisata.

Warisata, el lugar donde afloró la idea de Escuela Ayllu, a partir de 1931, tuvo como objetivo principal transformar la educación boliviana y promover la educación indígena para la liberación de los pueblos originarios, a través de un enfoque comunitario y culturalmente relevante. Esta iniciativa buscaba romper con las estructuras coloniales, resistir la opresión y la explotación imperante hacia los pueblos indígenas en aquella época.

Estas experiencias sembraron las semillas iniciales de la educación intercultural bilingüe y el modelo socio-comunitario productivo mediante el desarrollo de cuatro cualidades de la persona: munay, yachay, ruway y atiy (querer, saber, hacer y decidir), además de recuperar de los pueblos indígenas el concepto de convivencia en armonía con la Madre Tierra.

La Transformación Educativa. Los ideales de Caiza “D” y Warisata, articulados con las nuevas teorías internacionales de la educación, permitieron proyectar un nuevo sistema educativo a partir del diálogo de conocimientos. Esto se plasma en la Constitución Política del Estado y la Ley de Educación actuales, organizando el sistema educativo en tres subsistemas: Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, y Educación Superior de Formación Profesional.

La histórica transformación de la formación de maestros en 2010, no solo cambió la estructura, constituyéndola como parte de la educación superior, sino que también incrementó los años de estudio de tres a cinco y jerarquizó la formación, de técnico superior a licenciatura. Además, le asignó al Estado la formación exclusiva de los maestros. De manera adicional, y no menos importante, se realizó una profunda reestructuración del diseño curricular de cada una de las especialidades de las escuelas superiores de formación de maestros, incorporando elementos como la descolonización, la despatriarcalización, conocimientos actualizados de cada una de las ciencias universales y el enfoque intra, intercultural y plurilingüe de la educación.

Con el paso de los años, se debe reconocer que todas estas importantes transformaciones fueron insuficientes para los grandes desafíos que se planteó el Estado Plurinacional, ya que la educación había dejado de ser prioridad de la política pública por décadas.

Hacia el futuro. Los procesos educativos siempre suelen ser cíclicos y existe la posibilidad de reencaminar los objetivos. No obstante, no se puede perder de vista que el maestro es uno de los actores fundamentales para la transformación educativa, como elemento central del desarrollo de todos los pueblos.

En este contexto, existe la necesidad imperiosa de abordar una segunda etapa en la transformación de la formación de maestros en el país, bajo tres elementos que deben guiar la integralidad del perfil del maestro:

1) Recuperar la gran experiencia construida desde Caiza «D», Warisata y la experiencia de la última década en cuanto al valor de las raíces culturales en la educación.

2) Actualizar y articular el conocimiento de las distintas ciencias universales, como las matemáticas, las ciencias naturales, entre otros, a la práctica cotidiana, más allá de las abstracciones teóricas aúlicas.

3) Aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que le han dado al mundo un nuevo rumbo, sin posibilidades de retorno, para hacer más y mejor educación.

Nuestro desarrollo, como pueblo y como país, dependerá en gran medida de la calidad que le otorguemos a la educación como a la formación de los maestros, y de que ésta se convierta efectivamente en la primera prioridad de nuestras políticas públicas..

(*) Diego Pary es licenciado en Pedagogía y exviceministro de Educación Superior de Formación Profesional (2008-2011)

El debate por la justicia no es un tema nuevo, ni un tema solo cuestionado en Bolivia, como sucede en la actual coyuntura. Sin embargo, los poderes institucionalizados aún no han comprendido la significancia profunda de este concepto, en la cotidianidad, en las relaciones y los tejidos sociales del pueblo.

La teorización de lo que representa la justicia, se remonta a siglos atrás, por ejemplo, Platón la define como “la armonía y equilibrio en la sociedad”; por su parte, Aristóteles plantea que “es dar a cada uno lo que le corresponde”. Uno de los autores más cercanos a la modernidad, como es Kelsen, caracteriza a la justicia como “subjetiva y extrajurídica”, diferenciándola del derecho que se basa en la autoridad y la jerarquía normativa.

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Más allá de estas importantes teorizaciones, nos permiten entender que la justicia siempre estuvo en el debate en diferentes momentos de la evolución de la historia de la humanidad, pues en nuestras actuales sociedades se ha constituido en un bien común, ya que la justicia no se limita a ser un conjunto de normas y principios legales, sino que se concibe como un elemento esencial para el bienestar colectivo, que puede implicar desde garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a los derechos fundamentales, oportunidades educativas, servicios de salud y otros aspectos esenciales para el desarrollo humano, hasta el abordaje en la actualidad de la protección del medio ambiente y la gestión responsable de los recursos naturales, en términos de la sostenibilidad, asegurando que las acciones presentes no comprometan el bienestar de las generaciones futuras.

Por otra parte, la justicia también se puede abordar como derecho, lo cual se refiere al conjunto de principios, normas y garantías legales que buscan asegurar que todas las personas sean tratadas de manera equitativa, imparcial y conforme a la ley. Este enfoque se basa en la idea de que cada individuo tiene derechos inherentes que deben ser protegidos y respetados por el sistema legal. La justicia como derecho reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas, como la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad y la dignidad. Estos derechos son considerados esenciales y universales.

Lo mencionado en el párrafo precedente implica que las leyes deben ser claras, previsibles y aplicadas de manera coherente. Esto garantiza que las personas puedan entender las reglas y prever las consecuencias legales de sus acciones. Por lo cual, para el funcionamiento de sociedades democráticas y el Estado de derecho, a través de la protección de los derechos individuales y la aplicación imparcial de la ley, se busca establecer un equilibrio entre la necesidad de mantener el orden público y la protección de la libertad.

Por tanto, la justicia es también una forma de vida, que implica adoptar principios y prácticas que buscan la equidad, la imparcialidad y el respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas en todos los aspectos de la vida cotidiana. No se limita únicamente al ámbito legal, sino que se extiende a las interacciones diarias, las relaciones sociales y la toma de decisiones en diversos contextos.

Adoptar la justicia como forma de vida implica integrar principios éticos y prácticas equitativas en todos los aspectos de la vida cotidiana. Esto va más allá de simplemente cumplir con las leyes y reglamentaciones, abogando por una manera de vivir que promueva la igualdad, la dignidad y la justicia en todas las interacciones y decisiones.

Esta idea de justicia, en Bolivia, todavía es una utopía, el país se enfrenta al gran desafío de construir un sistema de justicia que responda a las expectativas del pueblo boliviano, que las instituciones que la administren gocen de legitimidad y quienes son los responsables de hacer justicia hagan lo que realmente es justo.

La justicia es un pilar fundamental en la estructura de cualquier sociedad democrática y del Estado de derecho. Por lo cual, la legitimidad de las instituciones define también el cumplimiento de los preceptos básicos como la imparcialidad, la equidad y la accesibilidad. Cuando la justicia falla en cumplir estos preceptos, se produce una erosión de la confianza pública. La ciudadanía comienza a percibir el sistema judicial como ineficaz o parcial, lo cual puede llevar a una disminución del respeto por la ley y el orden.

(*) Diego Pary es representante permanente de Bolivia y vicepresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2023-2024

En los últimos días el mundo ha sido testigo de una nueva fase de la catástrofe que sufren los palestinos, como parte de la acumulación histórica de segregación y apartheid que han sufrido por parte de Israel. El conflicto tiene muchas complejidades históricas, políticas, culturales y religiosas.

Raíces históricas. El conflicto se remonta a finales del siglo XIX, cuando por razones económicas, religiosas y humanitarias se inicia la migración de judíos sionistas hacia la “Tierra Prometida”, en ese momento territorio palestino. Al inicio del siglo XX, producto de los Acuerdos secretos de Sykes-Picot en 1916, comienza la colonización inglesa, que en 1917 a través de la Declaración Balfour se comprometieron formalmente a constituir “un hogar nacional judío en Palestina”. En 1922, la Sociedad de las Naciones puso bajo administración británica el territorio palestino que en ese momento era parte del Imperio Otomano. En la década de 1930, producto de la persecución nazi, hubo una gran migración de judíos hacia este territorio, lo cual incrementó las tensiones entre los judíos que buscaban establecer un Estado en Palestina y la población palestina árabe que históricamente residía en la región.

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Las Naciones Unidas y la creación de dos Estados. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, ante la insostenibilidad del enfrentamiento entre palestinos que reivindicaban la independencia y judíos que ya se reconocían dueños de ese territorio, el Reino Unido requirió la participación de la ONU, que fue recientemente creada (1945).

La resolución 181 (II) de la ONU pone fin a la administración británica y divide Palestina en dos Estados, uno árabe palestino y otro judío (con el 55% del territorio), y quedando Jerusalén (ciudad importante para ambas culturas y religiones) con estatus de ‘corpus separatum’ bajo un régimen internacional.

Declaración de Israel como Estado. Israel proclamó su independencia en 1948, y en ese mismo año declaró la guerra a los Estados árabes vecinos, ocupando el 77% del territorio de Palestina y expulsando a más del 50% de la población árabe. En 1967, Israel ocupó y se apropió de la Franja de Gaza bajo dominio de Egipto y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, bajo control de Jordania desde 1948, provocando el desplazamiento de más de medio millón de palestinos.

El conflicto ha experimentado varias guerras y tensiones, durante décadas, lo que ha llevado a un enfrentamiento continuo de la población palestina e israelí.

Proceso de Paz. El Consejo de Seguridad de la ONU, en su Resolución 242, estableció los principios de una paz justa y duradera, incluyendo la devolución de los territorios ocupados, y en 1973, en su Resolución 338, llamó a iniciar negociaciones de paz.

En 1974, la Asamblea General de la ONU dio un importante paso al reconocer el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación, la independencia nacional, la soberanía y el regreso de los refugiados. De manera continuada, en 1975 estableció el Comité para el Ejercicio de los Derechos del Pueblo Palestino y reconoció a la Organización de Liberación de Palestina (OLP) como Observador.

Desde 1975 a la fecha, se dieron constantes ciclos de violencia y un conjunto de conferencias y reuniones de alto nivel para lograr la paz en la región y la autodeterminación del pueblo palestino.

En 1988, el Consejo Nacional de Palestina dio nacimiento oficial al Estado de Palestina y el 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de la ONU le concedió la condición de Estado Observador no miembro.

Última escalada del conflicto. En los últimos días, el mundo ha observado estupefacto un nuevo ataque de Israel contra la población palestina en Gaza, bajo el argumento de la legítima defensa por un ataque de Hamás a su territorio, reportándose al día de hoy 7.000 muertos, el 70% mujeres y niños. Se destruyeron miles de viviendas, escuelas, refugios y hospitales; la población no tiene acceso a alimentos, agua, medicamentos, combustible y electricidad. Sufre la peor violación de los derechos humanos, sin contemplación de un mínimo de sentido de humanidad.

Sin embargo, la comunidad internacional aún muestra indiferencia y no da señales claras que pare la catástrofe. Pasaron cuatro resoluciones por el Consejo de Seguridad (dos presentadas por Rusia, otra por Brasil y otra por EEUU), ninguna de ellas tuvo éxito.

Finalmente, la aprobación de la Resolución en la Asamblea General de la ONU, el 27 de octubre, abre una pequeña luz al final del túnel. La resolución llama con urgencia el cese al fuego y la atención humanitaria de todos los civiles que se encuentran atrapados en Gaza. Que este sea el inicio para que paren las armas de la muerte y triunfen las voces de paz.

(*) Diego Pary es representante permanente de Bolivia y vicepresidente de la Asamblea General de la ONU

Desde aquel fatídico diciembre de 2019, cuando se anunciaba la aparición del COVID-19, la humanidad entera entra en pánico, justificado, por cierto; urbes y territorios en todas partes del mundo se van paralizando, atemorizados por un virus invisible.

Después de 18 meses de una batalla sin precedentes, en la medida que el virus se va coronando con su conquista, contagiando a 180 millones de personas y provocando el deceso de 3,9 millones, aún el mundo no vislumbra una solución a corto plazo.

Los distintos gobiernos, cada uno a su manera, implementaron medidas extraordinarias para paliar la crisis económica que sufren las familias, principalmente en los países en desarrollo. La evolución de la economía mundial cada vez es más incierta con la caída del precio internacional de petróleo, seguido de las bolsas de valores.

Es evidente que la vida en el planeta dio un giro sin retorno. Las familias, las comunidades, las ciudades, el mundo entero recrean nuevas formas de convivencia y relacionamiento. La práctica diplomática, no ha sido la excepción.

La diplomacia, entendida en su concepto más básico del relacionamiento entre los Estados, a través de sus representantes, también ha sufrido las consecuencias del COVID-19. Las cumbres presidenciales y conferencias ministeriales, los foros multilaterales, las reuniones bilaterales y el mismo comercio exterior entraron en un “silencio dinámico”. Sin embargo, los conflictos mundiales continuaron a su propio ritmo.

Los debates multilaterales se han virtualizado, como muchas cosas de la dinámica cotidiana, gracias a la magia de los avances tecnológicos del último siglo y han permitido mantener un diálogo casi silencioso.

Cada representante diplomático, a su turno detrás de una computadora o a través de un video, expresa su posición y/o propuesta de país, sin tener la certeza de que el mensaje haya sido efectivamente escuchado o mínimamente oído, quedando, al menos, para los registros de la historia. Aquí el primer y central elemento de esta reflexión de diplomacia en tiempos de pandemia, ya que, las percepciones, los gestos y los diálogos de pasillo, no solo son importantes, sino imprescindibles para el avance de negociaciones y suma a posiciones país dentro el multilateralismo.

Por otro lado, el bilateralismo, ahora centrado en el control de fronteras para contener el ingreso del virus invisible, ha dejado de lado los asuntos relacionados a la integración, la cooperación, el intercambio comercial y muchos asuntos que generalmente solían ser asuntos del día a día de los ministerios de Relaciones Exteriores, efectivizados en las distintas comisiones políticas y/o comisiones técnicas binacionales.

Al final del camino, la diplomacia de palabra y en persona, nacida en los viejos imperios griego y romano, renacerá, seguramente con sus matices y adaptaciones al nuevo tiempo para una vez más facilitar el diálogo fluido entre Estados y fortalecer las relaciones, pero también para resolver los conflictos más lacerantes que aún enfrentan a muchos pueblos.

El viejo refrán dice “días mejores vendrán”, sin embargo, aún la incertidumbre es parte del día a día. Los expertos y la Organización Mundial de la Salud prevén que cuando el 70% de la población mundial haya recibido la vacuna, podría lograrse superar la crisis sanitaria. Este objetivo aún se vislumbra lejano, se requieren mayores esfuerzos y voluntad política de los gobiernos y de los organismos internacionales, para al menos, intentar acercarse en el mediano plazo.

Con el pasar del tiempo, también el virus pasará, como todo en la vida, y la humanidad nunca más volverá a ser la misma.

Diego Pary Rodríguez es embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas.

Bajo el beneficio de la distancia y la ausencia, hay quienes días atrás salieron a vociferar, insultar, humillar y crear falsas verdades. De manera deliberada se manipuló, engañó y se distorsionó la información con el simple propósito de sacar beneficio político. La convocatoria a sesión del Consejo Permanente en la OEA el 3 de abril pasado fue suspendida por Bolivia, al asumir la presidencia, sobre la base de la normativa de la organización y respaldados por el Art. 8 inciso “d” del reglamento de dicho Consejo, que faculta a la presidencia realizar consultas con los 34 países miembros de la OEA para coordinar, y en caso de ser necesario, consensuar las propuestas de resoluciones, como fue necesario en este caso, al ser un tema altamente delicado que involucraba a uno de los Estados miembros. Las decisiones asumidas no fueron personales, fueron institucionales.

La OEA es ante todo un organismo de debate político; ante temas de alta complejidad son evidentes las disidencias y actualmente se observan dos posiciones claramente definidas. En este caso, la presión generada por un grupo de países, apoyados por la nación más poderosa de la región (que controla la organización, a través del 59% del presupuesto), y la desesperación de ejecutar con carácter sumario a un país miembro pudo más que el respeto a su misma institucionalidad y el diálogo entre Estados soberanos.

La instalación del Consejo Permanente por parte de Honduras, impuesto por un grupo de países poderosos y la Secretaría General de la OEA, fue ilegítima e ilegal, porque el Art. 6 del reglamento establece que el presidente es el único facultado para convocar a una sesión; y en caso de ausencia o impedimento, le corresponde a la vicepresidencia. Pero en ninguno de los casos hubo ni ausencia ni impedimento, Bolivia, en la presidencia, y Haití, en la vicepresidencia, se encontraban en la misma sede de la organización. Las vulneraciones al reglamento y la ilegalidad se hicieron aún más evidentes al finalizar la reunión, la decisión se tomó solo con el apoyo de 17 países. La OEA está compuesta por 34 Estados activos, para cualquier decisión se requiere 18 votos de aprobación.

La presidencia a cargo de Bolivia, bajo el principio de igualdad soberana entre los Estados y el respeto a todos los países de las Américas (por más pequeños que éstos sean), tenía la obligación de consultar con los 34 Estados; los 17 países (la mitad de los Estados miembros) que no aprobaron la decisión (ilegal) del Consejo y que acompañaron la decisión de Bolivia no valen más ni menos que los demás.

Hoy más que nunca el país ejerce su soberanía en todos los espacios multilaterales y es actor en la dinámica internacional. La presidencia del Consejo Permanente en la OEA a cargo de Bolivia no aceptó ni aceptará imposiciones e instrucciones de otros gobiernos; no podía convertirse solo en un lector de un libreto diseñado por un grupo de países poderosos y que le instruyeran poner a votación una decisión ya predefinida.

Ante la firmeza en la defensa de la dignidad y los derechos del país, ciertos grupos —más allá del debate político, la crítica constructiva y el debate de ideas— intentaron, pues, atacar a la personalidad o al origen indígena de la persona. Ello solamente muestra el repugnante racismo y el carácter discriminador de su discurso.

La dignidad de la patria no se negocia, se la respeta y se la defiende frente a cualquier agresión. El debate político y de ideas se debe dar cuando sea necesario y en cualquier espacio; el racismo y la discriminación por condición indígena, jamás.