El parlamento como institución ha acompañado el desarrollo de los sistemas políticos, a lo largo de la historia, desde las antiguas asambleas en sociedades premodernas hasta los parlamentos modernos representativos que hoy conocemos.

Las primeras formas de deliberación política organizada se remontan a las antiguas civilizaciones, como es el caso de la antigua Grecia o Roma, sin embargo, los parlamentos en el sentido moderno, podríamos situarlos en la Edad Media, con la convocatoria al «Parlamento Modelo» en Inglaterra, que creó la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Por su parte España, estableció las cortes que surgieron como asambleas consultivas en los reinos cristianos durante la reconquista, donde se reunían representantes de la nobleza, el clero y, en algunos casos, las ciudades.

Revise: Bolivia Bicentenaria: ¿Hacia dónde vamos?

Dichos estos antecedentes generales, en el caso de Bolivia, Antonio José de Sucre, mediante Decreto Supremo de fecha 9 de febrero de 1825, convocó al establecimiento del primer parlamento, que fue fundamental para el establecimiento del nuevo Estado, la República de Bolívar.

A lo largo de nuestra historia republicana, el parlamento boliviano (con sus diferentes denominaciones Asamblea Legislativa, Congreso y otras), ha desempeñado un rol esencial en la construcción del Estado y en la consolidación del país como actor en la comunidad internacional. A pesar de las reformas y ajustes que ha experimentado a lo largo de los años, esta institución sigue siendo el eje de la democracia boliviana.

En una mirada escueta de hechos significativos, se destaca también su rol determinante en la recuperación de la democracia, tras los periodos de gobiernos militares en los 70 y 80. En un primer momento, Walter Guevara Arce asumió la presidencia como titular del Senado (1979), y posteriormente, Lidia Gueiler Tejada, en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados (1979). Finalmente, el Congreso Nacional (elegido en 1980) nombró como presidente de la República a Hernán Siles Suazo (1982), restaurando el régimen democrático y poniendo en plena vigencia la Constitución, reformada en el año 1967.

En tiempos más recientes, el parlamento fue el responsable de viabilizar la convocatoria a la Asamblea Constituyente (2006) y, posteriormente, de acoger las negociaciones y aprobación del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado, después del referendo aprobatorio, culminando en el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia (2009).

Estos hechos, nos demuestran que las instituciones parlamentarias son pilares fundamentales de toda democracia, ya que encarnan la voluntad popular y aseguran la representación plural de la sociedad en la toma de decisiones. Cualquier intento de limitar o restringir su funcionamiento normal, ya sea por parte de otros poderes del Estado o por influencias de actores externos, constituye una flagrante violación de los principios democráticos y constitucionales.

En su recorrido histórico, el parlamento boliviano ha contado con personalidades destacadas que han dejado una huella imborrable, más allá de sus visiones políticas e ideológicas. Entre algunos de estos ilustres individuos se encuentran José Mariano Serrano, Belisario Salinas, Antonio Arguedas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Óscar Medinacelli, Ana María Romero de Campero, Felipe Quispe, entre muchos otros, quienes, con su actuación en el parlamento, marcaron profundamente el rumbo de Patria.

En consecuencia, ser parlamentario es un alto honor y un privilegio que entrega el pueblo. Para trascender en la historia no simplemente se requiere la presencia en el cargo, sino tener la capacidad de marcar la diferencia en medio de un conjunto diverso de personalidades e intereses. En muchas ocasiones, estos intereses pueden desviarse hacia la prebenda y el beneficio personal, sin embargo, el verdadero desafío de un parlamentario radica en superar esas presiones y actuar en favor del bien común, aportando de manera significativa al desarrollo y fortalecimiento de las instituciones democráticas y el proyecto país, Bolivia.

El actual parlamento ha sido, hasta la fecha, uno de los más intrascendentes en nuestra historia reciente. No obstante, a un año de concluir su gestión, aún queda la oportunidad para que sus integrantes rectifiquen el rumbo y reivindiquen su labor en esta bicentenaria institución. De ellos depende que su paso por el parlamento no quede marcado por el olvido o, peor aún, por el desprestigio. Todavía tienen tiempo para tomar decisiones que los coloquen en el lado correcto de la historia y eviten que su legado sea recordado con ignominia.

(*) Diego Pary es representante permanente ante la ONU y exministro de Relaciones Exteriores de Bolivia

La historia de América, en consecuencia de Bolivia, está marcada por un proceso de colonización que transformó profundamente nuestros territorios y sociedades. La llegada de los colonizadores europeos no sólo significó la explotación de los recursos naturales, sino también la imposición de una cultura y una estructura social ajena a las raíces indígenas de nuestro territorio. Este periodo dejó una huella persistente en la configuración política y socioeconómica del país, dando origen a un sistema de exclusión que perduró por siglos.

1825 representa uno de los hitos transcendentales de nuestra historia, la transición de la colonia, de los virreinatos a la república. Los indígenas, a pesar de su participación significativa en las luchas independentistas, fueron marginados de la estructuración política y económica del nuevo Estado, siendo una mayoría de la población. Esta exclusión también se extendió a los obreros y a las mujeres, quienes no tenían voz ni voto en la construcción del nuevo Estado. La República Boliviana fue pensada y creada desde la visión criolla y mestiza, perpetuando desigualdades, limitando el acceso a derechos básicos y a la participación política de la mayoría de la población.

La Revolución Nacional de 1952, como resultado del descontento acumulado por las desigualdades y levantamientos previos, marcó un punto de inflexión en la historia de Bolivia. Se llevaron a cabo reformas fundamentales que intentaron subsanar las fallas estructurales en el nacimiento de la Patria. Se implementó una reforma agraria que redistribuyó las tierras, se nacionalizaron las minas y se promovió la educación universal. Aunque estos esfuerzos representaron un avance para la inclusión, no lograron erradicar completamente las estructuras de exclusión y desigualdad.

La Asamblea Constituyente en el 2006 y la posterior promulgación de la nueva Constitución en el 2009, son dos momentos importantes en el ejercicio de la autodeterminación del pueblo y la reconfiguración de Bolivia como Estado soberano e independiente. Esta nueva Constitución detalla con precisión cada uno de los elementos estructurales que caracterizan al país; entre otros elementos centrales, incorpora la plurinacionalidad como identidad del Estado, así reconociendo la diversidad de pueblos y naciones, otorgando más derechos a los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, obreros y otros grupos poblacionales.

Para construir un futuro inclusivo y justo, es esencial no olvidar el pasado. Las persecuciones a los indios, las masacres de mineros y obreros, la desaparición de oponentes políticos, los golpes de Estado sangrientos son parte de la memoria histórica de nuestro pueblo, nos permiten recordar las injusticias y los errores del pasado, nos llaman a evitar y no repetirlos nunca más. El reconocimiento de la memoria viva de nuestros pueblos es un acto de justicia y la base fundamental para la reconciliación y la unidad.

Los elementos mencionados párrafos arriba, no pretenden resumir nuestra vasta historia, sino que nos permiten mirar algunos hitos del pasado para proyectar un futuro, en el cual vislumbremos a Bolivia como un país unido, democrático, desarrollado, respetuoso de la diversidad y en armonía con la Madre Tierra.

En democracia, los partidos políticos son esenciales porque proporcionan identidad política e ideológica a sus líderes y movilizan a la ciudadanía en torno a ideas y propuestas. Sin embargo, en una sociedad plural y diversa como la nuestra, que ha transitado por momentos críticos, amenazando la misma unidad de la Patria y la existencia del Estado, es fundamental que los partidos políticos, los líderes y los ciudadanos no perdamos de vista el objetivo común: primero debe estar siempre nuestro proyecto país Bolivia, y luego los intereses partidarios.

A puertas del Bicentenario, es tiempo que los doce millones de bolivianas y bolivianos, proyectemos para el país una hoja de ruta de 30 y 50 años, que nos conduzca hacia un futuro próspero y de bienestar. Pensemos todas y todos juntos en un proyecto país, en un proyecto Bolivia.

Al iniciar una nueva era de su existencia, Bolivia se enfrenta al gran desafío de reencontrar su unidad, valorando como parte de sus bienes comunes la diversidad política, económica, social y cultural. Podemos avanzar hacia un futuro donde todas y todos tengan un lugar y una voz. En este horizonte, el proyecto país Bolivia, debe ser nuestra brújula, guiándonos hacia un desarrollo integral y sostenible que honre nuestro pasado y abrace nuestro futuro.

Partimos con una máxima indiscutible para toda sociedad, especialmente para aquellos países en desarrollo, como Bolivia, la educación es la fuerza transformadora más poderosa de los pueblos. Un pueblo con educación siempre luchará por su libertad y dignidad, y superará cualquier obstáculo.

En este propósito, las maestras y maestros tienen un rol fundamental. A pesar de las distintas dificultades y problemáticas de nuestro sistema educativo, de ellos depende en gran medida la formación de las generaciones presentes y futuras; por ello, merecen todo nuestro reconocimiento, por la digna labor que cumplen.

Lea: Un barco a la deriva en mar abierto

El proceso histórico. Caiza «D» quizás es el lugar menos conocido en la historia de la educación boliviana. Sin embargo, entre 1926 y 1930, las primeras ideas de la Escuela Ayllu (nombre quechua) y el sistema de organización nuclear de la educación tuvieron sus primeros desarrollos en las escuelitas rurales de Chajnacaya, Kestuche, Tuctapari, entre otras; experiencias que posteriormente fueron implementadas ya de manera más organizada y sistemática en Warisata.

Warisata, el lugar donde afloró la idea de Escuela Ayllu, a partir de 1931, tuvo como objetivo principal transformar la educación boliviana y promover la educación indígena para la liberación de los pueblos originarios, a través de un enfoque comunitario y culturalmente relevante. Esta iniciativa buscaba romper con las estructuras coloniales, resistir la opresión y la explotación imperante hacia los pueblos indígenas en aquella época.

Estas experiencias sembraron las semillas iniciales de la educación intercultural bilingüe y el modelo socio-comunitario productivo mediante el desarrollo de cuatro cualidades de la persona: munay, yachay, ruway y atiy (querer, saber, hacer y decidir), además de recuperar de los pueblos indígenas el concepto de convivencia en armonía con la Madre Tierra.

La Transformación Educativa. Los ideales de Caiza “D” y Warisata, articulados con las nuevas teorías internacionales de la educación, permitieron proyectar un nuevo sistema educativo a partir del diálogo de conocimientos. Esto se plasma en la Constitución Política del Estado y la Ley de Educación actuales, organizando el sistema educativo en tres subsistemas: Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, y Educación Superior de Formación Profesional.

La histórica transformación de la formación de maestros en 2010, no solo cambió la estructura, constituyéndola como parte de la educación superior, sino que también incrementó los años de estudio de tres a cinco y jerarquizó la formación, de técnico superior a licenciatura. Además, le asignó al Estado la formación exclusiva de los maestros. De manera adicional, y no menos importante, se realizó una profunda reestructuración del diseño curricular de cada una de las especialidades de las escuelas superiores de formación de maestros, incorporando elementos como la descolonización, la despatriarcalización, conocimientos actualizados de cada una de las ciencias universales y el enfoque intra, intercultural y plurilingüe de la educación.

Con el paso de los años, se debe reconocer que todas estas importantes transformaciones fueron insuficientes para los grandes desafíos que se planteó el Estado Plurinacional, ya que la educación había dejado de ser prioridad de la política pública por décadas.

Hacia el futuro. Los procesos educativos siempre suelen ser cíclicos y existe la posibilidad de reencaminar los objetivos. No obstante, no se puede perder de vista que el maestro es uno de los actores fundamentales para la transformación educativa, como elemento central del desarrollo de todos los pueblos.

En este contexto, existe la necesidad imperiosa de abordar una segunda etapa en la transformación de la formación de maestros en el país, bajo tres elementos que deben guiar la integralidad del perfil del maestro:

1) Recuperar la gran experiencia construida desde Caiza «D», Warisata y la experiencia de la última década en cuanto al valor de las raíces culturales en la educación.

2) Actualizar y articular el conocimiento de las distintas ciencias universales, como las matemáticas, las ciencias naturales, entre otros, a la práctica cotidiana, más allá de las abstracciones teóricas aúlicas.

3) Aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que le han dado al mundo un nuevo rumbo, sin posibilidades de retorno, para hacer más y mejor educación.

Nuestro desarrollo, como pueblo y como país, dependerá en gran medida de la calidad que le otorguemos a la educación como a la formación de los maestros, y de que ésta se convierta efectivamente en la primera prioridad de nuestras políticas públicas..

(*) Diego Pary es licenciado en Pedagogía y exviceministro de Educación Superior de Formación Profesional (2008-2011)

El debate por la justicia no es un tema nuevo, ni un tema solo cuestionado en Bolivia, como sucede en la actual coyuntura. Sin embargo, los poderes institucionalizados aún no han comprendido la significancia profunda de este concepto, en la cotidianidad, en las relaciones y los tejidos sociales del pueblo.

La teorización de lo que representa la justicia, se remonta a siglos atrás, por ejemplo, Platón la define como “la armonía y equilibrio en la sociedad”; por su parte, Aristóteles plantea que “es dar a cada uno lo que le corresponde”. Uno de los autores más cercanos a la modernidad, como es Kelsen, caracteriza a la justicia como “subjetiva y extrajurídica”, diferenciándola del derecho que se basa en la autoridad y la jerarquía normativa.

Lea: Diego Pary afirma que Israel es un país que ‘practica terrorismo de Estado’

Más allá de estas importantes teorizaciones, nos permiten entender que la justicia siempre estuvo en el debate en diferentes momentos de la evolución de la historia de la humanidad, pues en nuestras actuales sociedades se ha constituido en un bien común, ya que la justicia no se limita a ser un conjunto de normas y principios legales, sino que se concibe como un elemento esencial para el bienestar colectivo, que puede implicar desde garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a los derechos fundamentales, oportunidades educativas, servicios de salud y otros aspectos esenciales para el desarrollo humano, hasta el abordaje en la actualidad de la protección del medio ambiente y la gestión responsable de los recursos naturales, en términos de la sostenibilidad, asegurando que las acciones presentes no comprometan el bienestar de las generaciones futuras.

Por otra parte, la justicia también se puede abordar como derecho, lo cual se refiere al conjunto de principios, normas y garantías legales que buscan asegurar que todas las personas sean tratadas de manera equitativa, imparcial y conforme a la ley. Este enfoque se basa en la idea de que cada individuo tiene derechos inherentes que deben ser protegidos y respetados por el sistema legal. La justicia como derecho reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas, como la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad y la dignidad. Estos derechos son considerados esenciales y universales.

Lo mencionado en el párrafo precedente implica que las leyes deben ser claras, previsibles y aplicadas de manera coherente. Esto garantiza que las personas puedan entender las reglas y prever las consecuencias legales de sus acciones. Por lo cual, para el funcionamiento de sociedades democráticas y el Estado de derecho, a través de la protección de los derechos individuales y la aplicación imparcial de la ley, se busca establecer un equilibrio entre la necesidad de mantener el orden público y la protección de la libertad.

Por tanto, la justicia es también una forma de vida, que implica adoptar principios y prácticas que buscan la equidad, la imparcialidad y el respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas en todos los aspectos de la vida cotidiana. No se limita únicamente al ámbito legal, sino que se extiende a las interacciones diarias, las relaciones sociales y la toma de decisiones en diversos contextos.

Adoptar la justicia como forma de vida implica integrar principios éticos y prácticas equitativas en todos los aspectos de la vida cotidiana. Esto va más allá de simplemente cumplir con las leyes y reglamentaciones, abogando por una manera de vivir que promueva la igualdad, la dignidad y la justicia en todas las interacciones y decisiones.

Esta idea de justicia, en Bolivia, todavía es una utopía, el país se enfrenta al gran desafío de construir un sistema de justicia que responda a las expectativas del pueblo boliviano, que las instituciones que la administren gocen de legitimidad y quienes son los responsables de hacer justicia hagan lo que realmente es justo.

La justicia es un pilar fundamental en la estructura de cualquier sociedad democrática y del Estado de derecho. Por lo cual, la legitimidad de las instituciones define también el cumplimiento de los preceptos básicos como la imparcialidad, la equidad y la accesibilidad. Cuando la justicia falla en cumplir estos preceptos, se produce una erosión de la confianza pública. La ciudadanía comienza a percibir el sistema judicial como ineficaz o parcial, lo cual puede llevar a una disminución del respeto por la ley y el orden.

(*) Diego Pary es representante permanente de Bolivia y vicepresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2023-2024

En los últimos días el mundo ha sido testigo de una nueva fase de la catástrofe que sufren los palestinos, como parte de la acumulación histórica de segregación y apartheid que han sufrido por parte de Israel. El conflicto tiene muchas complejidades históricas, políticas, culturales y religiosas.

Raíces históricas. El conflicto se remonta a finales del siglo XIX, cuando por razones económicas, religiosas y humanitarias se inicia la migración de judíos sionistas hacia la “Tierra Prometida”, en ese momento territorio palestino. Al inicio del siglo XX, producto de los Acuerdos secretos de Sykes-Picot en 1916, comienza la colonización inglesa, que en 1917 a través de la Declaración Balfour se comprometieron formalmente a constituir “un hogar nacional judío en Palestina”. En 1922, la Sociedad de las Naciones puso bajo administración británica el territorio palestino que en ese momento era parte del Imperio Otomano. En la década de 1930, producto de la persecución nazi, hubo una gran migración de judíos hacia este territorio, lo cual incrementó las tensiones entre los judíos que buscaban establecer un Estado en Palestina y la población palestina árabe que históricamente residía en la región.

Lea también: Del unilateralismo al multipolarismo

Las Naciones Unidas y la creación de dos Estados. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, ante la insostenibilidad del enfrentamiento entre palestinos que reivindicaban la independencia y judíos que ya se reconocían dueños de ese territorio, el Reino Unido requirió la participación de la ONU, que fue recientemente creada (1945).

La resolución 181 (II) de la ONU pone fin a la administración británica y divide Palestina en dos Estados, uno árabe palestino y otro judío (con el 55% del territorio), y quedando Jerusalén (ciudad importante para ambas culturas y religiones) con estatus de ‘corpus separatum’ bajo un régimen internacional.

Declaración de Israel como Estado. Israel proclamó su independencia en 1948, y en ese mismo año declaró la guerra a los Estados árabes vecinos, ocupando el 77% del territorio de Palestina y expulsando a más del 50% de la población árabe. En 1967, Israel ocupó y se apropió de la Franja de Gaza bajo dominio de Egipto y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, bajo control de Jordania desde 1948, provocando el desplazamiento de más de medio millón de palestinos.

El conflicto ha experimentado varias guerras y tensiones, durante décadas, lo que ha llevado a un enfrentamiento continuo de la población palestina e israelí.

Proceso de Paz. El Consejo de Seguridad de la ONU, en su Resolución 242, estableció los principios de una paz justa y duradera, incluyendo la devolución de los territorios ocupados, y en 1973, en su Resolución 338, llamó a iniciar negociaciones de paz.

En 1974, la Asamblea General de la ONU dio un importante paso al reconocer el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación, la independencia nacional, la soberanía y el regreso de los refugiados. De manera continuada, en 1975 estableció el Comité para el Ejercicio de los Derechos del Pueblo Palestino y reconoció a la Organización de Liberación de Palestina (OLP) como Observador.

Desde 1975 a la fecha, se dieron constantes ciclos de violencia y un conjunto de conferencias y reuniones de alto nivel para lograr la paz en la región y la autodeterminación del pueblo palestino.

En 1988, el Consejo Nacional de Palestina dio nacimiento oficial al Estado de Palestina y el 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de la ONU le concedió la condición de Estado Observador no miembro.

Última escalada del conflicto. En los últimos días, el mundo ha observado estupefacto un nuevo ataque de Israel contra la población palestina en Gaza, bajo el argumento de la legítima defensa por un ataque de Hamás a su territorio, reportándose al día de hoy 7.000 muertos, el 70% mujeres y niños. Se destruyeron miles de viviendas, escuelas, refugios y hospitales; la población no tiene acceso a alimentos, agua, medicamentos, combustible y electricidad. Sufre la peor violación de los derechos humanos, sin contemplación de un mínimo de sentido de humanidad.

Sin embargo, la comunidad internacional aún muestra indiferencia y no da señales claras que pare la catástrofe. Pasaron cuatro resoluciones por el Consejo de Seguridad (dos presentadas por Rusia, otra por Brasil y otra por EEUU), ninguna de ellas tuvo éxito.

Finalmente, la aprobación de la Resolución en la Asamblea General de la ONU, el 27 de octubre, abre una pequeña luz al final del túnel. La resolución llama con urgencia el cese al fuego y la atención humanitaria de todos los civiles que se encuentran atrapados en Gaza. Que este sea el inicio para que paren las armas de la muerte y triunfen las voces de paz.

(*) Diego Pary es representante permanente de Bolivia y vicepresidente de la Asamblea General de la ONU