El presidente Luis Arce decidió abrogar el Decreto Supremo 5143, de Derechos Reales, luego de reclamos de algunos sectores que especularon acerca de su contenido y advirtieron una supuesta intromisión del Estado en la administración de las propiedades.

“Hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo, para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando, porque lo que menos queremos nosotros es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

“Seguramente hemos tocado intereses que no quieren que se modernice Derechos Reales y que ello fue distorsionado y manipulado”, justificó.

En criterio del jefe de Estado, hay grupos que utilizaron “elementos sensibles para confundir” a la población respecto de esa norma y, así, generara su rechazo.

En ese sentido, advirtió que “hay un plan de convulsión, para las siguientes semanas, que está en marcha” y que sus promotores buscan utilizar ese y otros temas para justificarlo y ejecutarlos.

La decisión fue asumida luego de una solicitud de la Central Obrera Boliviana (COB). Su secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, señaló que fue un pedido de sus organizaciones afiliadas, aunque dijo que se generó por una “mala información y la cizaña” de algunos actores.

Esa norma se creó con el fin transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de derechos reales y desburocratizar el procedimiento que, incluso, tardaba entre dos y hasta tres años, en algunos casos.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el contenido de ese decreto y dijo que buscaba “transparentar” la administración de derechos reales, varios ámbitos, por ejemplo, la recaudación de recursos por los trámites en esas ventanillas. “hay un hoyo negro en la recaudación”, advirtió.

Desde su promulgación, varias autoridades explicaron el contenido sobre el contenido y alcance de la ahora norma abrogada, entre ellos, la viceministra de Justicia Jessica Saravia y su par de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

La bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados se solidarizó con el presidente de ese órgano camaral, Israel Huaytari, por el proceso que enfrenta en un caso de supuesta legitimación de ganancias ilícitas.

Asimismo, dijo que la Justicia debe definir la situación jurídica del también legislador del ala arcista del MAS; también defendió el debido proceso para que se procese al titular de Diputados.

“Pedimos que no crucifiquemos a un ciudadano sin que se demuestre, todavía, su culpabilidad. Él tiene que acudir al llamado de la Justicia. Eero exigimos y pedimos que haya el debido proceso y la presunción de inocencia y que no justifiquemos a un ciudadano sin que se demuestre su culpabilidad”, dijo Mercado a los periodistas en el edificio de la Asamblea Legislativa, en La Paz.

Mercado declaró así sobre la investigación que abrió el Ministerio Público a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en el patrimonio de los investigados.

El caso también involucró a dos miembros de la Policía Boliviana. Se trata de Raúl C. P. y Rolando G. T. A., además Lizeth P.C.P., ésta es hermana de uno de ellos.

“Estos servidores policiales están siendo investigados por la Ley 101, con la Fiscalía Policial, en el Departamento de Investigación Interna en Santa Cruz”, confirmó el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez.

La presunta irregularidad atribuida a Huaytari está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del 2023; fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero de este año.

Si bien el caso fue abierto en La Paz, ahora radica en Santa Cruz, debido a un incidente de declinatoria de competencia; ese recurso fue presentado por uno de los policías.

Ante el crecimiento del hacinamiento en las cárceles del país, el Gobierno impulsa la descongestión de los recintos carcelarios con dos medidas principales: la amnistía o indulto y la construcción de pabellones.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó a La Razón sobre ese plan y detalló que, en el primer caso, pidió al presidente Luis Arce un decreto presidencial de amnistía e indulto. Por otro lado, señaló que ya existen los recursos, otorgados por el Ministerio de Economía, para la construcción de nuevos pabellones en las cárceles y que éstos serán edificados por los mismos reclusos.

“Si queremos mayor comodidad, si queremos pensar en el hacinamiento carcelario, también tenemos que pensar en que las personas privadas de libertad deben empezar a trabajar dentro de las cárceles”, dijo la autoridad.

Pero también recordó que existe un proyecto de ley referido a la implementación de manillas electrónicas, para el control de privados de libertad involucrados en casos de violencia familiar, cuyo tratamiento se encuentra “dormido” en la Cámara de Diputados.

La pertinencia de ese plan de liberación de cárceles radica en el crecimiento de la población privada de libertad, que hasta abril de este año alcanzó a 30.659 personas, distribuidas en las 46 cárceles del país, según reportó la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario a este medio.

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Cárceles

Si se toma en cuenta que la capacidad real de los recintos penitenciarios está prevista para 10.521 personas, con la población actual existe un hacinamiento del 191%.

La anterior semana, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca”, que contiene un nuevo tipo penal para casos de robo flagrante y un procedimiento sumarísimo, que permitirá que el Ministerio Público emita, directamente, una imputación contra delincuentes acusados de robo en flagrancia.

El tipo penal que incluye el proyecto impulsado por el Gobierno se llama apoderamiento flagrante de la cosa ajena, cuya pena será de siete años de prisión. Incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional será de dos años, es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve años.

Dato

Respecto de la aplicación de esa norma, el mismo Del Castillo explicó que, cuando un delincuente sea encontrado en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.

Eso permitirá, según dijo, que las autoridades judiciales no emitan una imputación, sino una acusación penal. “La primera y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años”, sostuvo.

“Esta problemática del hacinamiento carcelario no va a incrementar directamente se apruebe este proyecto de ley, en atención a que la gestión anterior se ha detenido preventivamente a 2.900”, indicó Del Castillo, consultado por la incidencia de esas sentencias rápidas en el crecimiento de la población carcelaria.

 En criterio de la autoridad, las acciones como el indulto, la construcción de nuevos pabellones y el uso de las manillas electrónicas permitirán, primero, que se reduzca el hacinamiento en las cárceles del país y lograr revertir el estado de causa de los privados de libertad, que hasta ahora contempla el 62,5% de detenidos preventivos y el 37,5% de sentenciados.

“Estamos trabajando desde este momento hacia adelante para que no tengamos un hacinamiento carcelario al interior de nuestras cárceles en nuestro país, que sea un problema actual.

Actualmente, el robo y robo agravado es el tercer tipo penal más cometido por los reclusos, pues son 4.004; o sea, el 13,06% de la población carcelaria.

(14/05/2024)

El presidente Luis Arce inauguró este lunes la construcción de la carretera doble vía Oruro-Challapata y advirtió que “algunos tienen envidia” por la entrega de obras por parte del Gobierno en todo el país.

En el acto, celebrado en Soracachi, a 60 kilómetros al noreste de la ciudad, el mandatario explicó que la vía, en su primer tramo, unirá Vinto y Cruce Huanuni”, el inicio de la carretera entre Oruro y Potosí.

Al acto asistieron algunos ministros, senadores, diputados, autoridades locales y comunarios, además de varias organizaciones sociales orureñas.

Arce destacó que la obra descongestionará la actual carretera de ese sector, de la que dijo que “parece avenida” por la lenta circulación de vehículos.

Entre sus consideraciones, el jefe de Estado mencionó que el Gobierno impulsa ése y otro tipo de obras, pese al contexto nacional e internacional, y volvió a fustigar a “la nueva derecha”, como calificó a la facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lidera Evo Morales.

Luis Arce

“No quieren que avancemos y no quieren que hagamos obras, y que no quieren que entreguemos obras. Parece que hay envidia de algunos compañeros. Pero, aquí, no se trata de una sola persona, no es el presidente Lucho que viene a entregar (obras), es el Gobierno democráticamente elegido en las urnas”, reclamó.

Y siguió: “Si hay gente que no le gusta que el gobierno nacional cumpla con el pueblo con estas obras, allá ellos. Vendremos a entregar estas obras, les guste o no les guste”.

Entre otras obras, anunció la pronta entrega de la Planta de Industrialización de Camélidos en el municipio de Turco, capital de la Ganadería Camélida de Bolivia, a 155 kilómetros al oeste de la capital.

Si bien el mandatario no hizo alusiones directas, su mensaje coincide con las constantes críticas de Morales y sus seguidores. Ese bloque lanzó sus dardos contra la gestión de Arce respecto de su administración y la ejecución de obras. “Inaugurar piedras, no es entregar obras”, dijo, por ejemplo, el senador evista del MAS Leonardo Loza.

En cuanto a los datos de la obra como tal, esa construcción demandará una inversión de Bs 508,08 millones, de los que el 20% (Bs 101,6 millones) será otorgado por la Gobernación de Oruro y el restante 80% (Bs 406,4 millones), por el Gobierno.

Según informó el presidente Arce, el contrato con la empresa responsable de la doble vía prevé la entrega final de la obra en un plazo de 570 días.

El comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, confirmó que dos policías están investigados por la comisión del supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Ambos están incluidos en la investigación que indaga la supuesta participación del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, en ese ilícito.

“Los procesos investigativos están siendo desarrollados adecuadamente y con objetividad (…). Estos servidores policiales están siendo investigados por la Ley 101, con la Fiscalía Policial, en el Departamento de Investigación Interna en Sant Cruz”, dijo en conferencia de prensa.

Se trata de Raúl C. P. y Rolando G. T. A., además Lizeth P.C.P. e Israel H.M., quienes fueron incluidos en la investigación. Además de eso, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explicó que entre los investigados en ese caso está Lizeth P. C. P., identificada como hermana de uno de los uniformados.

El comandante Álvarez dijo que se encargó al inspector que lleva adelante la investigación “con objetividad, para que los malos policías sean sancionados si se encuentra responsabilidad en esos actos”.

Ese caso fue abierto por el Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en el patrimonio de los investigados.

La presunta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del 2023; fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero de este año.

El viernes, el mismo Lanchipa informó que el caso radica ahora en Santa Cruz, a raíz de un incidente de declinatoria de competencia presentado por uno de los uniformados investigados.