El 54% de los ahorros de los trabajadores está invertido en el sector privado financiero, según el informe de la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2024 de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) publicado el viernes.

El monto alcanzado a esa fecha fue de Bs 179.582 millones, lo que significa que se invirtieron unos Bs 96.974 millones en ese ámbito.

El documento también muestra otros tres ámbitos en lo que la administradora estatal invirtió esos recursos. En el sector estatal se invirtió el 31% (Bs 55.670 millones); en el privado no financiero, 13% (Bs 26.345 millones) y en el estatal extranjero, 2% (Bs 3.591 millones).

Asimismo, incluye un cuadro en el que se detalla la cartera de inversiones así como una lista de 15 destinos de los Bs 179.582 millones administrados por la Gestora.

Se destinaron Bs 90.599 millones (50,45%) a Depósitos a Plazo Fijo (DPF); Bs 48.864 millones (27,21%) a la compra de Bonos del Tesoro (BTS); en el caso de las Cuotas de Fondos Cerrados (CFC), la inversión alcanzó a Bs 15.551 millones (8,66%) de los recursos al 30 de abril de este año. (Ver cuadro).

En menor porcentaje, la Gestora también realizó inversiones, todas a través de la Bolsa de Valores, en Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), Bonos de Largo Plazo (BLP) y Cupones (CUP), entre otros.

El rendimiento de esos recursos, a abril de este año, alcanzó el 4,11%, según informó el gerente general de la Gestora Pública en el acto de rendición pública de cuentas del viernes, en La Paz.

“Esta estructura es similar a las que dejaron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Conforme información publicada por la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), al 30 de abril de 2023, que fue el último cierre de mes administrado por las AFP, el Valor de los Fondos del SIP ascendía a Bs 168.329 millones”, respondió la Gestora ante una consulta de La Razón.

“En algún momento se nos ha indicado que, con la (implementación) de la Gestora, todo se iba a invertir en el sector estatal, pero eso es totalmente falso. Hemos estado invirtiendo en ese sector, pero estableciendo un equilibrio para que los recursos puedan rendir lo que se necesita”, aclaró el gerente general de la Gestora, Jaime Durán.

Asimismo, explicó que la entidad estatal recibió de manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) una Cartera de Inversiones de Bs 164.969 millones ($us 24.048 millones) que se incrementó a 179.582 millones ($us 26.178 millones), lo que representa un aumento de Bs 14.613 millones. “Es decir que, durante la administración de la Gestora, los fondos han crecido en $us 2.130 millones”, destacó.

El titular de la gestora también destacó el crecimiento de los aportes para la jubilación que, a un año de gestión, tuvo un crecimiento de Bs 41.620 millones, lo que significa un incremento de 3,5%.

Explicó que fueron incorporados 116.545 nuevos afiliados, entre trabajadores dependientes, independientes y consultores, por lo que el universo alcanzó un total de 2.690.397. En cuanto a los empleadores, la Gestora registró a 46.575.

“Es importante decir que los fondos, cada vez, están creciendo más. Por un lado, las inversiones y (por otro) que estamos ampliando la base de gente que está aportando y eso hace crecer los fondos y eso permite que más personas puedan acceder a la jubilación”, relievó Durán.

Pero existen factores que “contribuyeron” a que más personas naturales y empresas formen parte de la Gestora. Por ejemplo, entre los beneficios que ahora tienen los jubilados y los derechohabientes es el cobro de sus rentas mensuales a través de 39 entidades financieras que realizan el pago y el pago anticipado para todos los beneficiarios, que normalmente se realiza el último día de cada mes y no el primero, como se acostumbraba

A diferencia de las AFP, la Gestora Pública dejó de cobrar una comisión del 1,31% por la administración de los ahorros de los trabajadores. Esa eliminación, según explicó Durán, representaba un costo aproximado de Bs 9 millones mensuales y Bs 90 millones anuales.

La Razón consultó a algunos jubilados respecto de si conoce o no que la Gestora invierte los aportes de los trabajadores y consideran “justo” que el rendimiento positivo debiera ser “redistribuido entre los rentistas”.

“Finalmente, es el aporte de todos los jubilados lo que se invierte, lo correcto sería que, al existir un incremento, una utilidad que también se refleje en nuestras rentas”, dijo Rocío S., trabajadora jubilada de La Paz.

Indicó que su renta mensual es un poco más de Bs 3.200 y que tuvo incrementos Bs 0,50 y Bs 0,80 en anteriores gestiones.

Por otra parte, Roberto G., también jubilado de La Paz, dijo que no tiene conocimiento de las inversiones que realiza la Gestora, sin embargo, destacó que existan medidas que “hacen más fácil el cobro”.

Explicó que él recibe su pago mensual a través de la modalidad de abono en cuenta, opción que calificó como “segura”. “Además, nos pagan un día antes que termine el mes, entonces, en mi caso, me permite distribuir y programar mejor mis gastos”, celebró.

Uno de los objetivos de la Gestora, dijo Durán, es “animar” a los trabajadores independientes a que realicen sus aportes en esa entidad, “porque hay beneficios” como la edad de jubilación y los la cantidad de cuotas.

Invitó a ese sector a informarse sobre los beneficios que brinda la Gestora Pública.

En un año, la renta dignidad alcanzó a 1,17 MM de personas

Entre abril de 2023 y abril de 2024, 1.171.000 personas mayores de 60 años cobraron la Renta Dignidad en todo el país, según la Rendición Pública de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora).

El documento que contiene esa información fue publicado por la entidad estatal que comparó la cifra con abril de 2023. La diferencia entre ambas gestiones da un incremento de 41.620 beneficiarios.

El pago mensual de este beneficio para las personas que no tienen una pensión de jubilación es de Bs 4.550 (incluido el aguinaldo), a razón de un pago mensual de Bs 350. Ahora, para las personas que tienen una renta, el pago mensual, incluido el aguinaldo, es de Bs 3.900. Cada pago mensual es de Bs 300.

“Hay personas que prefieren acumular hasta seis meses antes de cobrar”, explicó el gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán.

El mismo informe da cuenta que hasta abril de este año, la Gestora realizó 10.249 pagos por gastos funerales, esa cifra refleja una reducción de 234 pagos respecto de 2023.

En este caso el pago de Bs 1.800 por una sola vez, que puede solicitarse ante el fallecimiento de una persona beneficiaria de la Renta Dignidad.

La Razón consultó a la Gestora sobre cuál es la cantidad de personas que accedieron a esos beneficios y la distribución por departamentos, pero la respuesta contiene los datos hasta marzo de este año.

Así, se conoció que 1.229.439 personas fueron las beneficiarias. De ese total, el 31% se pagó en el departamento de La Paz, el 20% en Santa Cruz, el 18% en Cochabamba, 6% en Chuquisaca, 6% en Oruro, 9% en Potosí y el 6%, 4% y 1%, en Tarija, Beni y Pando, respectivamente.

Desde que la Gestora asumió la administración plena de los fondos, hubo un incremento de 17% en la cantidad de beneficiarios de la Renta Dignidad y de los gastos funerales.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, defendió el proyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca”, que contiene un nuevo tipo penal para casos de robo flagrante y un procedimiento sumarísimo, que permitirá que el Ministerio Público emita, directamente, una imputación contra delincuentes acusados de robo en flagrancia.

“No queremos que los administradores de Justicia vayan a beneficiar a estos delincuentes con chicanerías (…). Tenemos que seguir sacando a los delincuentes de las calles y tienen que estar donde tiene que estar: en las cárceles del país”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.

El tipo penal que incluye el proyecto impulsado por el Gobierno se llama apoderamiento flagrante de la cosa ajena, cuya pena será de siete años de prisión. Incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional será de dos años, es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve años.

Del Castillo

La norma, además, prevé una sanción de ocho años para los extranjeros que cometan ese tipo de ilícitos.

Según la explicación de Del Castillo sobre la aplicación de esa norma, cuando un delincuente sea encontrado en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.

Eso permitirá, según dijo, que las autoridades judiciales no emitirán una imputación, sino una acusación penal. “La primera y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años”, dijo Del castillo.

“Es un hartazgo contra los administradores de Justicia”, apuntó el ministro de Gobierno y explicó que varias víctimas denunciaron que muchos delincuentes recuperan su libertad “a horas de su captura”.

También dijo que se creará una unidad específica con efectivos que operarán de incógnito en diferentes zonas con gran concurrencia de personas, como la Ceja de El Alto, la Cancha en Cochabamba.

Delincuentes

“Se creará una unidad especial antirrobos donde policías actuarán de incógnito en los mercados populosos del país”, remarcó la autoridad.

Difundido el contenido de la norma, varios sectores advirtieron que ese procedimiento vulnera los derechos como el debido proceso, pero la autoridad respondió: “Este anteproyecto de ley ha sido trabajado y estudiado durante casi un año para evitar que se vulnere cualquier derecho humano. Los acusados tendrán derecho a la apelación y a una siguiente instancia”.

Una vez más, Del Castillo llamó a los miembros de la Asamblea Legislativa a que prioricen y aprueben el anteproyecto de ley y sobrepongan los intereses colectivos sobre los particulares y partidarios.

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, condicionó un congreso de unido de ese partido a que el presidente Luis Arce se comprometa públicamente a no proscribir su partido ni a inhabilitar a su líder en las elecciones generales de 2025.

“Si de veras Lucho (Arce) quiere un nuevo congreso de unidad, yo quiero que públicamente diga: ‘Lucho no va a impulsar ni la proscripción del MAS-IPSP ni la inhabilitación de Evo’”, dijo este domingo en su programa dominical de radio Kawsachun Coca.

Las declaraciones del líder cocalero ocurren una semana después de que el ala arcista del MAS eligiera a Grover García como nuevo jefe nacional del MAS en un congreso convocado por el Pacto de Unidad, que respalda a Arce, en El Alto.

Evo Morales

Si bien el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) supervisó el evento, aún resta conocer su informe para validar o no las determinaciones. Para ello esa oficina debe verificar si los convocantes cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley 1096, de Organizaciones Políticas, y el reglamento de supervisión.

Dicho informe, según informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila, se conocerá esta semana. Luego de eso, pasará al debate en la sala plena de ese órgano, para que defina si registra o no ante el Órgano Electoral las resoluciones del cónclave arcista.

“El TSE no puede reconocer el congreso (de El Alto). Reconocer (sus resoluciones) es un suicidio para la Sala Plena”, agregó Morales.

Asimismo, volvió a decir que el congreso del ala arcista tuvo la asistencia masiva de funcionarios, a los que incluso, según voz del mismo Morales, “obligaron a sacar vacaciones para asistir”.

Congreso

Por su parte, el TSE emitió esta semana la primera amonestación contra el MAS por incumplir con la conminatoria para convocar a un congreso nacional para la renovación de su directiva nacional.

Se trata de una primera “tarjeta amarilla” para el partido de Morales. Según explicó el vocal Tahuichi Tahuichi a La Razón, las organizaciones políticas pueden acumular hasta dos amonestaciones graves, pero ante una tercera, pierde su personería jurídica.

Morales, en repetidas ocasiones, acusó al Gobierno de buscar “eliminar” al MAS e inhabilitarlo como candidato en los siguientes comicios presidenciales.

Aún está pendiente el pronunciamiento del TSE respecto de la convocatoria evista a un congreso, que está previsto para el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba.

Ambas facciones reclaman la legitimidad de sus congresos y defiende haber cumplido con los requisitos que exige el TSE.

La Fiscalía determinó el congelamiento de las cuentas bancarias y la anotación preventiva de los bienes del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, investigado en un caso de presunta legitimación de ganancias ilícitas.

“Se emitió resolución de anotación preventiva y congelamiento de cuentas a nivel nacional a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Nro. 01/2024 de fecha 17 de enero de 2024, a fin de que se proceda al congelamiento de cuentas”, dicta el requerimiento fiscal conocido este sábado.

Esa medida fue dictada en enero de este año y dispone una igual para Raúl C. P., Rolando G. T. y Zulema C.P., también investigados por la supuesta comisión de ese delito; uno de ellos es policía.

Ese caso fue abierto por Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Según la acusación, hubo un incremento injustificado en el patrimonio del titular de Diputados.

La presunta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del 2023; fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero de este año.

Según consta en la Contraloría General del Estado, Huaytari cuenta con 10 bienes declarados; un total de bienes activos por Bs 605.350, deudas por Bs 2,78 millones y rentas recibidas por Bs 294.215.

Pese a que el caso tuvo fue abierto en La Paz, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que el proceso ahora radica en Santa Cruz.

Consultado al respecto por los periodistas, Huaytari negó su vinculación con el hecho y dijo que está dispuesto a renunciar a su derecho al secreto bancario. “No hay miedo”, dijo.

En La Guardia, en Santa Cruz, el presidente Luis Arce entregó dos colegios, dos mercados y enlosetados con una inversión de Bs 44,6 millones.

“Venimos no por una obra (…). Hoy estamos entregando el mercado Zona Sur D-3 y la construcción del mercado municipal Arco Iris, dos mercados que ya están concluidos”, celebró el mandatario en un acto público en esa capital.

A esa infraestructura se sumó la entrega del enlosetado de calles en seis distritos de La Guardia.

“Esta visita, con la entrega de cinco obras en este municipio, le estamos entregando al alcalde, con estas obras, dos mercados, dos unidades educativas y un enlosetado, Bs 44, 6 millones para La Guardia”, agregó.

La Guardia

Arce comprometió obras no solo para esa región, sino “para todos los departamentos”. “Cuando hay una voluntad y decisión política de servir, nada nos puede detener”, dijo.

Dijo que su gestión, “con mucho esfuerzo”, financia este tipo de obras a pesar del contexto “adverso”.

“Pese a todo lo que estamos enfrentando, una crisis internacional sin precedentes, un bloqueo económico interno, estamos haciendo obras para el pueblo boliviano, nada nos detiene cuando hay la voluntad política de atender al pueblo”, remarcó.

Pero, aparte de la entrega de esas cinco obras, el jefe de Estado se comprometió con el alcalde de La Guardia y las organizaciones de gremiales que acompañaron el acto a construir un instituto tecnológico para que los jóvenes “reciban formación especializada”.

Según anunció el mandatario, ese instituto estará destinado a la formación de técnicos para la reparación de maquinaria pesada.