El proceso de preselección para las judiciales continúa incierto en la Asamblea Legislativa pese al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dio vía libre de continuar con las elecciones.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, informó este viernes que tras el fallo del TCP aún no se conoce la fecha de convocatoria por parte de las comisiones mixtas para retomar el proceso de preselección.

“Es de conocimiento que ambos presidentes de las comisiones mixtas de Justicia Plural y Constitución (Roberto Padilla y Miguel Rejas) obedecen al radicalismo y penosamente, según datos de sus colegas senadores, recién se va a convocar a sesión a la comisión mixta la siguiente semana”, dijo el legislador.

La Sala Segunda del TCP revocó el jueves el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando que anuló el proceso hacia las elecciones judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

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Jáuregui cuestionó que ambos legisladores esperen que pase “el Gran Poder, las efemérides departamentales de Chuquisaca y seguramente cumplir los festejos por el Día de la Madre” para convocar a las respectivas comisiones de la Asamblea.

El legislador señaló que existen varios elementos que se deben analizar, lo cual amerita de una urgente reinstalación de las sesiones de las comisiones mixtas.

En tanto, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, afirmó que ya perdieron toda competencia, de acuerdo a la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

“Siempre hemos dicho que queremos continuar la etapa de preselección, pero ahorita nosotros ya no tenemos competencia. Hasta 5, 6 de mayo teníamos que remitir al Tribunal Electoral (la lista de candidatos preseleccionados), ¿ahora en qué fecha estamos? 24 (de mayo); ya no tenemos competencia”, señaló Padilla a radio Global Sucre.

Desde la oposición, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, señaló que la resolución del TCP tiene un fin político y la decisión les es “indiferente” porque no reconocen a los magistrados del Constitucional, debido a que están “usurpando funciones”.

Sin embargo, señaló que está claro que se debe hacer un ajuste de los plazos y esa será la tarea de las comisiones mixtas con un informe previo de cuál es el tiempo “exacto” que garantice la conclusión de la etapa.

Además, indicó que se está consiente que el país necesidad de nuevas autoridades judiciales y si en el escenario del debate y las consideraciones se tiene que dejar de lado las elecciones primarias, “por supuesto se dejará de lado en la Asamblea y se priorizará las judiciales”.

El Gobierno volvió a descartar el traslado del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro a Santa Cruz para el inicio del juicio oral por el caso Decretazo, esto en razón a que no existen las condiciones de seguridad.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, reiteró que no se generaron “las condiciones” para realizar el traslado, así como un pronunciamiento serio de parte de la administración de la justicia sobre ese tema.

“Hasta que el juzgado de Santa Cruz emita un informe técnico respaldando las condiciones de seguridad para el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho para una audiencia en la capital cruceña no se autorizará el mismo”, señaló Limpias, según Unitel.

La audiencia de juicio contra Camacho fue fijada para el 27 de mayo, por lo que la orden judicial dispone que el traslado debe ejecutarse 24 horas antes al inicio de su audiencia. Camacho debe declarar en el proceso del caso Decretazo, referido a la promulgación del Decreto Departamental 373, el 9 de marzo de 2022, con el que encargó su suplencia a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, ahora gobernador en ejercicio.

Limpias reiteró que cuando hubo la salida de algún privado de libertad por un tema delicado, se tuvo agresiones físicas no solo a él sino a sus custodios, por lo que espera que el Órgano Judicial y los jueces que están a cargo de ese tribunal les digan “no hay riesgos. Nosotros garantizamos” el traslado de Camacho.

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“Nosotros estamos viendo como Policía Boliviana, porque hay un informe del Comando Departamental y hay un informe de (la administración de la cárcel de) Palmasola. No nos responden qué es lo que va a pasar respecto al traslado de este privado de libertad. Es fácil decir desde un asiento que se traslade a una persona, sin responder el fondo de un informe técnico”.

En esa línea, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, señaló que hay informes que se han emitido tanto de Inteligencia de la Policía Bolivia como por la administración penitenciaria respecto a la “conflictividad social” que se pueda generar sobre el traslado de Camacho a Santa Cruz.

“Como ustedes conocen, en el momento de su aprehensión, se han atacado a instituciones, se ha quemado el Ministerio Público, se han tomado aeropuertos internacionales y se ha puesto en riesgo toda la paz social en el municipio de Santa Cruz, por lo cual estos antecedentes justamente han sido valorados por los informes correspondientes, así como también otras posibles situaciones que se pueden generar por un posible traslado de Fernando Camacho”, dijo Ríos.

También reiteró sobre la recomendación que se hizo a los vocales de Sala Penal de Santa Cruz para que se pueda utilizar otros medios electrónicos disponibles, esto en razón a que existen audiencias que se llevaron de manera virtual y existen las condiciones para que puedan desarrollarse de esta manera en el recinto penitenciario de Chonchocoro, como en otros casos.

El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

Luego que el representante de Human Rights Foundation, Javier El-Hage, señalara que existe “vulneración a los derechos humanos” del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló este viernes que esas versiones emitidas “no son serias”, debido a que “nunca se requirió una solicitud” de informes.

“Toda la información de los privados de libertad hemos puesto a disposición de estas instancias (como la CIDH). Nunca me ha llegado otro requerimiento de algún tipo de información de esas otras instancias (como HRF) que sacan sus informes viendo los medios de comunicación, no son serios. Lo serio es cuando vienen acá, nos piden informes y nosotros mostramos todo lo que corresponde y ven como están los privados de libertad, ahí podemos referir un informe más serio y reflejado a la realidad”, dijo el titular de la administración penitenciaria. 

El-Hage visitó el jueves a Camacho en la cárcel de Chonchocoro y tras su salida del centro penitenciario indicó que existe “vulneración a los derechos humanos” de la autoridad cruceña en el tiempo que está encarcelado.

“Hemos verificado in situ que el gobernador Luis Fernando Camacho padece desde hace 17 meses tratos crueles, inhumanos y degradantes que son violatorios del derecho internacional”, afirmó El-Hage a la Red Uno.

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Limpias señaló que como administración penitenciaria se informó “muchas veces” que “no hay vulneración de derechos” de Camacho, y que en el tema administrativo se “trata” de garantizar todos los derechos del privado de libertad.

“Hemos informado no solo a nivel de la opinión pública, sino a nivel internacional, también a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) hemos podido dar nuestro informe. Es más, es que la CIDH se ha hecho presente en el penal de Chonchocoro y se ha entrevistado por cerca de una hora con el privado de libertad y ha emitido un informe al respecto al trabajo que hace la administración penitenciaria”, señaló. 

Añadió que las opiniones de instancias que ven cómo es la realidad y cómo se está desarrollando el trabajo de la administración penitenciaria les “tiene tranquilos”, esto en razón que se “está respetando (los derechos) no solamente del privado de libertad de Luis Fernando Camacho, sino en todos los casos”. El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló este viernes que el proceso de preselección para las elecciones judiciales está en manos de los presidentes de las Comisiones de Constitución y de Justicia Plural, quienes tienen que darle las garantías al pueblo de que son idóneos para desempeñar este cargo.

“Ambos son los presidentes de las comisiones mixtas (senadores Miguel Rejas y Roberto Padilla) y deben liderar este proceso que a partir de la sentencia del día de ayer, no tiene ningún obstáculo para llegar a buen puerto”, dijo.

El jueves, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando que anuló el proceso hacia las elecciones judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

Lima también cuestionó “la honorabilidad” de los senadores Rejas y Padilla, titulares de las comisiones mixtas, esto en razón a la circulación de los audios sobre “negociaciones de cargos”.

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“Si Rejas y Padilla hacen su trabajo vamos a tener elecciones judiciales. Si continúan negociando los cargos para llevar a sus padrinos, perdón a sus ahijados, a las candidaturas claramente no las vamos a tener. Si dejan de negociar y empiezan a trabajar vamos a tener elecciones judiciales”.

Añadió “esperemos que no lleguen a la realidad los acuerdos y los diálogos que están en esos audios. Esperamos que pueda darle una explicación al país sobre ese cuestionamiento a las declaraciones, a las grabaciones que han circulado”.

Respecto a los plazos para continuar con este proceso, indicó que esto se deberá estudiar desde el punto de vista constitucional, empero, señaló “no hay ningún límite en este momento porque la Constitución Política está por encima y (esta) garantiza que el pueblo boliviano vaya a elegir a sus autoridades”.

“Creo que hay que ver la sentencia 60/2023, la declaración 49/2023, la sentencia del día de ayer. El tribunal permanentemente exhorta a hacer vivo el derecho del pueblo boliviano, el derecho político a elegir y por encima de cualquier plazo, de cualquier norma formal y adjetiva está el derecho sustantivo”.

La Justicia concedió este miércoles una acción de libertad para los jueces del Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz que denunciaron amedrentamiento policial durante una audiencia de cesación a la detención preventiva de Misael Nállar.

“Han concedido la acción de libertad en el entendido que se pueda investigar a la fiscal que evidentemente estaba su nombre en el mandamiento de aprehensión como a los policías que vinieron hacer una persecución indebida, se los va a procesar. (Eso) ha dispuesto la autoridad convertida en juez de garantías constitucionales”, dijo el juez Freddy Coronel, del Tribunal Séptimo de Sentencia, a la red DTV.

Investigación

El juez Coronel indicó que en este caso se remitirán antecedentes al Ministerio Público y ellos, anticorrupción, serán los que investigarán este hecho, pero; también se enviarán los antecedentes al Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana de los uniformados involucrados.

El miércoles, durante la audiencia del caso Nállar, los jueces denunciaron la presencia de uniformados policiales y civiles armados que intentaron amedrentarlos, tomando fotografías y preguntando sus nombres, sin justificación alguna.

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De acuerdo con la autoridad, lo que ocurrió en miércoles en la audiencia del Tribunal Séptimo de Sentencia fue una “persecución ilegal”. Señaló que en audiencia de acción de libertad la Policía Boliviana negó este aspecto

Dijo que la Policía Boliviana se maneja por subordinación; por lo que ningún policía puede actuar a criterio personal y que “todos los policías que vinieron a Palacio de Justicia y se supone; se sobre entiende que han sido dirigidos por su comandante, en este caso es el comandante departamental” de la Policía, Erick Holguín. 

Jueces

La Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz denunció también el “amedrentamiento” en el Tribunal Séptimo de Sentencia por parte de la Policía y expresó su rechazo y “profunda preocupación” ante los acontecimientos ocurridos duranta la audiencia de Misael Nállar.

“Exige el cese inmediato de cualquier tipo de amedrentamiento y la garantía de un entorno seguro y libre de presiones externas para los jueces en el ejercicio de sus funciones”, señala el pronunciamiento.

La juez Claret Llanos, del Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, también pidió sanción contra quienes están buscando amedrentarlos; y que no acudan a las audiencias si no existe una solicitud de las autoridades.

 “Eso se tendría que hacer y prohibir que estén ejerciendo injerencia en el Órgano judicial”, dijo la autoridad.