Este miércoles, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, informó que el país se encuentra negociando el costo por el alquiler de sus gasoductos para que Argentina pueda exportar el gas excedente que produzca al mercado brasileño. De acuerdo con la autoridad, el país podría generar $us 10 millones.

“Se encuentra en negociación varios contratos, pero de acuerdo a los volúmenes que se puede generar en lo que es la comercialización, tomando en cuenta los precios, la tarifa de transporte que tenemos, podemos generar unos 10,2 millones (de dólares)”, explicó en conferencia de prensa.

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Gas

En septiembre de 2024 el país dejó de exportar gas a Argentina tras un acuerdo de casi 20 años de duración.

Este hecho se debe principalmente a que el país vecino comenzó a producir grandes cantidades de gas de su yacimiento petrolífero Vaca Muerta, que es la segunda reserva más grande del mundo.

Por ello, Argentina decidió suspender la importación de gas boliviano y apuesta por Vaca Muerta para abastecer el mercado interno.

Inclusive, debido a la gran cantidad de producción que se estima en el yacimiento, Argentina exportará el gas excedente a Brasil a través de los gasoductos bolivianos.

Gasoductos

En ese sentido, el Gobierno considera que aunque se perdió a un importante cliente comercial, también se abrió una nueva posibilidad de negocio, debido a que no existe otra forma a corto plazo de transportar el gas argentino a Brasil sin intervención de Bolivia.

Además, el gas que dejó de exportarse a Argentina tendrá como destino a Brasil, donde, según el Gobierno, los precios son más competitivos.

En ese contexto, como resultado del trabajo entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), TotalEnergies (de Argentia) y Grupo Matrix Energia de Brasil, hacia la integración energética regional Argentina-Bolivia-Brasil, se firmó a finales de noviembre el primer contrato para viabilizar la exportación de gas natural argentino al mercado brasileño a través de la infraestructura de transporte boliviana.

Como Gallardo explicó, ahora solo se negocian los detalles finales para establecer el costo final por el uso de los gasoductos.

El Gobierno remitió nuevamente a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley para la aprobación de créditos destinados a importantes obras de infraestructura. Estos recursos permitirán la construcción de la carretera El Salto – Monteagudo en Chuquisaca, la edificación de los puentes Guanay en La Paz y Chimoré en Cochabamba, la conclusión del proceso de saneamiento de tierras y la ampliación de la Línea Café del Teleférico en La Paz. 

“En un nuevo intento para que la Asamblea Legislativa viabilice créditos fundamentales que garantizan obras en favor del pueblo boliviano, volvemos a remitir estos anteproyectos”, anunció el presidente Luis Arce en sus redes sociales.

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Créditos

El mandatario hizo un llamado a los legisladores a priorizar el bienestar colectivo, especialmente en el año del Bicentenario de Bolivia. 

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, recordó que en la gestión pasada la Asamblea rechazó estos proyectos, lo que frenó el progreso de distintas regiones.

“El evismo fue el principal opositor de estos créditos, afectando el desarrollo de obras como la ampliación del Teleférico en La Paz y el saneamiento de tierras, que beneficia a pequeños y medianos productores”, lamentó. 

Cusicanqui explicó que la negativa también impactó en la ejecución de obras clave, como el tramo carretero El Salto – Monteagudo, el Puente Guanay y el Puente Chimoré. Ante esto, el Gobierno reitera el pedido para que los legisladores debatan y aprueben estas iniciativas en favor del desarrollo del país. 

De acuerdo con el ministro, los tres créditos suman una cantidad de $us 220.500.

Además, con estos proyectos, más otro que se envío este miércoles para la construcción de un planta refinadora de zinc, en la Asamblea están 16 créditos por más de $us 1.600 millones a la espera de ser aprobados.

Debido al rechazo que genera la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso de mercancías y productos, el Comité de Seguridad Alimentaria se reunió para evaluar qué hacer con la normativa para brindar seguridad y tranquilidad al sector productor.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, consideró que la medida está siendo malinterpretada por los sectores que se consideran afectados.

“Las preocupaciones que tiene el sector industrial empresarial productivo, si bien son legítimas, están muy alejadas de la realidad del objetivo de la disposición que tiene otra connotación, otro alcance, otra finalidad”, sostuvo.

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Disposición

La autoridad reiteró que el objetivo es luchar contra el agio y la especulación, por lo que aquellos que operen dentro del marco legal no deberían preocuparse por que se aplique la disposición.

“Estamos hablando de luchar de forma conjunta, productores, empresarios, industriales, que realizan una actividad importante, porque generan empleos, invierten, pagan impuestos, y por lo tanto hay que proteger a nuestra nacional y hay que luchar contra aquellas personas, organizaciones criminales, que se apropian de su producción”, señaló Silva.

Además, el viceministro afirmó que el Gobierno brindará solución a la preocupación de estos sectores antes de que el tema “se politice”.

En los últimos días, diversas marchas multisectoriales se realizaron a nivel nacional, dándole plazos al Gobierno para derogar la disposición séptima y no aplicarla.

En criterio de Silva, este es un ejemplo de que se intenta confundir a algunos sectores para utilizarlos con fines políticos, en un año electoral.

Por ello, el Gobierno buscará brindar seguridad a los sectores y evaluará qué es lo que se debe hacer con la disposición.

La semana pasada, Silva propuso que en la reglamentación se aclare explícitamente que la norma no alcanza a los comerciantes minoristas. Asimismo, aclaró que mientras no se tenga un diálogo con todos los sectores involucrados, la disposición no entrará en vigencia.

Ante las protestas de los trabajadores de La Paz Limpia por supuestos retrasos salariales de tres meses, la Alcaldía de La Paz aclaró que no mantiene ninguna deuda con la empresa y que cumple rigurosamente con el cronograma de pagos. 

El secretario municipal de Gestión Ambiental, Juan Pablo Saavedra, informó que desde la firma del contrato en 2016, la Alcaldía ha respetado los términos de pago acordados.

“El Gobierno Municipal de La Paz no tiene ninguna deuda pendiente con la empresa La Paz Limpia. Por ello, hemos solicitado a los trabajadores que trasladen sus reclamos directamente a la empresa y no afecten a la ciudadanía”, afirmó Saavedra. 

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Alcadía

La autoridad explicó que se presentó documentación a los obreros para demostrar que los pagos se realizan conforme al contrato, el cual establece un plazo de hasta 60 días para el cumplimiento de las obligaciones financieras.

Saavedra detalló que el municipio se encuentra dentro de los plazos estipulados, con un primer pago del 60% correspondiente a noviembre de 2024 ya ejecutado. Los pagos restantes están programados entre el 20 y 22, y el 28 y 30 de cada mes, según el acuerdo entre la Alcaldía y la empresa. 

Sin embargo, los movilizados, que obstaculizaron el paso en la calle Mercado con camiones recoge basura, negaron esta versión y afirmaron que no existe ningún documento que acredite el pago.

Por su parte, Saavedra instó a los trabajadores a canalizar sus demandas a través de los mecanismos internos de La Paz Limpia, evitando afectar a la ciudadanía con medidas de presión. 

Durante la jornada de este miércoles se obsevaron amagues de enfrentamientos entre los movilizados y miembros de la Guardia Municipal.

La Paz Limpia advirtió con suspender el servicio de limpieza urbana a partir del jueves si es que no se realiza el pago de los salarios pendientes.

Con el objetivo de fomentar la importación de combustibles, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, informó que se promulgó un decreto supremo para realizar modificaciones al Decreto Supremo 5271, que autoriza la comercialización de carburantes importados, para que su duración se amplíe hasta tres años.

“La vigencia de esta normativa era de un año, entonces, ahora con la modificación que se ha hecho se amplía este plazo a tres años con el fin de que ellos (los empresarios) puedan tener el flujo necesario para realizar los diferentes contratos ya sea de almacenamiento con sus proveedores y puedan tener indicadores positivos”, detalló en conferencia de prensa.

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Combustibles

Aparte de esta medida, Gallardo informó de otras acciones para optimizar la importación. Por ejemplo, se ampliaron las instancias que pueden emitir un certificado de autorización para los tanques de almacenamiento de los combustibles importados.

De igual manera, las autorizaciones de compra local antes tenían una vigencia de solo un mes ahora durarán 120 días.

Además, se darán otras facilidades en Sustancias Controladas para que el proceso demore menos de 10 días.

Pese a que la venta de combustibles importados está vigente desde noviembre del año pasado, a la fecha, ninguna empresa o persona recurrió a esta posibilidad.

De acuerdo con analistas y opositores, esto se debe a que los costos de la gasolina y diésel son mayores en el mercado internacional, lo que representaría pérdidas económicas, pues el decreto señala que aquellos que comercialicen combustibles importados no podrán vender carburantes subvencionados.

Otro problema que señalan es el acceso a moneda internacional que dificultaría la compra en el mercado.

Divisas

Al respecto, Gallardo señaló que los interesados en la importación, que son del sector agropecuario y minero principalmente, tienen dólares que provienen de exportaciones.

“Muchos de estos sectores generalmente realizan exportaciones, entonces ellos cuentan con las suficientes divisas para poder ver como una oportunidad de negocios la importación y comercialización de comestibles líquidos”, explicó.

En ese sentido, el ministro reiteró que existe una empresa autorizada para importar 20 millones de litros de carburantes y otras tres se encuentran realizando el proceso de autorización.

La medida que implementó el Gobierno busca generar una mayor oferta de combustibles en el mercado interno como medida de previsión ante posibles periodos de desabastecimiento.