La ejecución presupuestaria en los municipios del país llegará, en promedio, máximo al 80% por la demora en la entrega de recursos adicionales ante la tardanza de la Asamblea Legislativa para aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 reformulado.
El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, Enrique Leaño, aseguró que hasta el 31 de diciembre las ejecuciones presupuestarías variarán entre el 60% y el 75%
“Muchos de los municipios, incluyendo Sucre, vamos a dejar recursos económicos en saldos de caja y banco por la demora que ha tenido el Congreso en la aprobación de los adicionales. Como promedio calculamos que hasta el 31 de diciembre se va llegar a un 75%, con suerte al 80% en la ejecución de todos los municipios”, dijo Leaños, en radio Fides.
Recordó la “pelea” de todos los municipios para que la Asamblea apruebe el PGE 2023 reformulado, lo que retrasó la entrega de recursos de parte del Gobierno.
“Ha sido una pelea incansable de todos los municipios para que puedan aprobar y por intereses de grupo y personales los congresistas no aprobaron en su momento. Eso ha reducido en un porcentaje la ejecución de todos los municipios de Bolivia”.
El PGE 2023 reformulado destinó adicionalmente Bs 868 millones a los gobiernos municipales para enfrentar la crisis climática y los incendios.
Fue aprobado en noviembre tras varios meses de espera, pese a la insistencia de las autoridades del Ejecutivo y vigilias de alcaldes y organizaciones sociales.
El 54% de los aportes para la jubilación está invertido en la banca
La Gestora informó que, a abril de este año, los fondos que administra alcanzaron a los Bs 179.582 millones, frente a los Bs 168.329 millones que recibió de las AFP
Renta. Personas de la tercera edad reciben el pago por su jubilación en una ventanilla habilitada para esa transacción, en La Paz.
El 54% de los ahorros de los trabajadores está invertido en el sector privado financiero, según el informe de la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2024 de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) publicado el viernes.
El monto alcanzado a esa fecha fue de Bs 179.582 millones, lo que significa que se invirtieron unos Bs 96.974 millones en ese ámbito.
El documento también muestra otros tres ámbitos en lo que la administradora estatal invirtió esos recursos. En el sector estatal se invirtió el 31% (Bs 55.670 millones); en el privado no financiero, 13% (Bs 26.345 millones) y en el estatal extranjero, 2% (Bs 3.591 millones).
Asimismo, incluye un cuadro en el que se detalla la cartera de inversiones así como una lista de 15 destinos de los Bs 179.582 millones administrados por la Gestora.
Se destinaron Bs 90.599 millones (50,45%) a Depósitos a Plazo Fijo (DPF); Bs 48.864 millones (27,21%) a la compra de Bonos del Tesoro (BTS); en el caso de las Cuotas de Fondos Cerrados (CFC), la inversión alcanzó a Bs 15.551 millones (8,66%) de los recursos al 30 de abril de este año. (Ver cuadro).
En menor porcentaje, la Gestora también realizó inversiones, todas a través de la Bolsa de Valores, en Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), Bonos de Largo Plazo (BLP) y Cupones (CUP), entre otros.
El rendimiento de esos recursos, a abril de este año, alcanzó el 4,11%, según informó el gerente general de la Gestora Pública en el acto de rendición pública de cuentas del viernes, en La Paz.
“Esta estructura es similar a las que dejaron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Conforme información publicada por la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), al 30 de abril de 2023, que fue el último cierre de mes administrado por las AFP, el Valor de los Fondos del SIP ascendía a Bs 168.329 millones”, respondió la Gestora ante una consulta de La Razón.
“En algún momento se nos ha indicado que, con la (implementación) de la Gestora, todo se iba a invertir en el sector estatal, pero eso es totalmente falso. Hemos estado invirtiendo en ese sector, pero estableciendo un equilibrio para que los recursos puedan rendir lo que se necesita”, aclaró el gerente general de la Gestora, Jaime Durán.
Asimismo, explicó que la entidad estatal recibió de manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) una Cartera de Inversiones de Bs 164.969 millones ($us 24.048 millones) que se incrementó a 179.582 millones ($us 26.178 millones), lo que representa un aumento de Bs 14.613 millones. “Es decir que, durante la administración de la Gestora, los fondos han crecido en $us 2.130 millones”, destacó.
El titular de la gestora también destacó el crecimiento de los aportes para la jubilación que, a un año de gestión, tuvo un crecimiento de Bs 41.620 millones, lo que significa un incremento de 3,5%.
Explicó que fueron incorporados 116.545 nuevos afiliados, entre trabajadores dependientes, independientes y consultores, por lo que el universo alcanzó un total de 2.690.397. En cuanto a los empleadores, la Gestora registró a 46.575.
“Es importante decir que los fondos, cada vez, están creciendo más. Por un lado, las inversiones y (por otro) que estamos ampliando la base de gente que está aportando y eso hace crecer los fondos y eso permite que más personas puedan acceder a la jubilación”, relievó Durán.
Pero existen factores que “contribuyeron” a que más personas naturales y empresas formen parte de la Gestora. Por ejemplo, entre los beneficios que ahora tienen los jubilados y los derechohabientes es el cobro de sus rentas mensuales a través de 39 entidades financieras que realizan el pago y el pago anticipado para todos los beneficiarios, que normalmente se realiza el último día de cada mes y no el primero, como se acostumbraba
A diferencia de las AFP, la Gestora Pública dejó de cobrar una comisión del 1,31% por la administración de los ahorros de los trabajadores. Esa eliminación, según explicó Durán, representaba un costo aproximado de Bs 9 millones mensuales y Bs 90 millones anuales.
La Razón consultó a algunos jubilados respecto de si conoce o no que la Gestora invierte los aportes de los trabajadores y consideran “justo” que el rendimiento positivo debiera ser “redistribuido entre los rentistas”.
“Finalmente, es el aporte de todos los jubilados lo que se invierte, lo correcto sería que, al existir un incremento, una utilidad que también se refleje en nuestras rentas”, dijo Rocío S., trabajadora jubilada de La Paz.
Indicó que su renta mensual es un poco más de Bs 3.200 y que tuvo incrementos Bs 0,50 y Bs 0,80 en anteriores gestiones.
Por otra parte, Roberto G., también jubilado de La Paz, dijo que no tiene conocimiento de las inversiones que realiza la Gestora, sin embargo, destacó que existan medidas que “hacen más fácil el cobro”.
Explicó que él recibe su pago mensual a través de la modalidad de abono en cuenta, opción que calificó como “segura”. “Además, nos pagan un día antes que termine el mes, entonces, en mi caso, me permite distribuir y programar mejor mis gastos”, celebró.
Uno de los objetivos de la Gestora, dijo Durán, es “animar” a los trabajadores independientes a que realicen sus aportes en esa entidad, “porque hay beneficios” como la edad de jubilación y los la cantidad de cuotas.
Invitó a ese sector a informarse sobre los beneficios que brinda la Gestora Pública.
En un año, la renta dignidad alcanzó a 1,17 MM de personas
Entre abril de 2023 y abril de 2024, 1.171.000 personas mayores de 60 años cobraron la Renta Dignidad en todo el país, según la Rendición Pública de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora).
El documento que contiene esa información fue publicado por la entidad estatal que comparó la cifra con abril de 2023. La diferencia entre ambas gestiones da un incremento de 41.620 beneficiarios.
El pago mensual de este beneficio para las personas que no tienen una pensión de jubilación es de Bs 4.550 (incluido el aguinaldo), a razón de un pago mensual de Bs 350. Ahora, para las personas que tienen una renta, el pago mensual, incluido el aguinaldo, es de Bs 3.900. Cada pago mensual es de Bs 300.
“Hay personas que prefieren acumular hasta seis meses antes de cobrar”, explicó el gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán.
El mismo informe da cuenta que hasta abril de este año, la Gestora realizó 10.249 pagos por gastos funerales, esa cifra refleja una reducción de 234 pagos respecto de 2023.
En este caso el pago de Bs 1.800 por una sola vez, que puede solicitarse ante el fallecimiento de una persona beneficiaria de la Renta Dignidad.
La Razón consultó a la Gestora sobre cuál es la cantidad de personas que accedieron a esos beneficios y la distribución por departamentos, pero la respuesta contiene los datos hasta marzo de este año.
Así, se conoció que 1.229.439 personas fueron las beneficiarias. De ese total, el 31% se pagó en el departamento de La Paz, el 20% en Santa Cruz, el 18% en Cochabamba, 6% en Chuquisaca, 6% en Oruro, 9% en Potosí y el 6%, 4% y 1%, en Tarija, Beni y Pando, respectivamente.
Desde que la Gestora asumió la administración plena de los fondos, hubo un incremento de 17% en la cantidad de beneficiarios de la Renta Dignidad y de los gastos funerales.
La Región de Antofagasta, en el norte chileno, acoge a 41.805 migrantes bolivianos, el 28,2% del total de connacionales que residen en el país vecino y que llegan a 148.059, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile.
Al ser una región minera atrae cada año a cientos de bolivianos, algunos para el trabajo en las minas, otros para el área de servicios. Sus ciudades principales son la homónima Antofagasta, Calama y Tocopilla. Otras localidades importantes son Mejillones, Taltal, San Pedro de Atacama y María Elena. La colectividad boliviana reside principalmente en Antofagasta y Calama.
En segundo lugar, se ubica la Región de Tarapacá, con 34.354 residentes bolivianos (23,2% del total), según el “Informe de resultados de la estimación de personas extranjeras residentes en Chile”. La mayor parte de los compatriotas reside en las ciudades de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte.
La economía de la región se basa principalmente en la extracción de recursos naturales, especialmente minería y pesca comercial. La actividad turística es también muy importante. Las connacionales trabajan habitualmente en las áreas de servicios, minería y agricultura.
En tercer lugar está la Región Metropolitana de Santiago, con 27.803 (18,8%) migrantes bolivianos. Aunque la colectividad boliviana representa apenas el 3% del total de personas extranjeras que residen en esa región del centro de Chile, su número es alto si se lo compara con los connacionales que radican en otras regiones del país vecino.
En cuarto lugar, se ubica la Región de Arica y Parinacota, donde viven 12.262 (8,3% del total) connacionales, la mayoría en la ciudad de Arica. Los bolivianos trabajan principalmente en servicios y en la agricultura (Valle de Azapa).
La presencia de los compatriotas no solo se restringe a estas cuatro regiones administrativas, también hay inmigrantes bolivianos en Atacama, O’Higgins, Valparaíso, Coquimbo, Maule, Biobío, Los Lagos, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos, Aysén y Magallanes.
Los connacionales viajan a estas regiones chilenas atraídos por la oferta de trabajo y los elevados salarios. Actualmente, el salario mínimo en Chile es de 460.000 pesos, unos 497 dólares (3.470 bolivianos) al tipo de cambio actual. A partir de julio de este año, la paga mínima se incrementará hasta los 500.000 pesos chilenos (540 dólares al cambio actual).
Los expertos coinciden en que el mayor flujo migratorio hacia el país vecino es porque “hay una gran demanda de mano de obra”.
La mayor parte de los bolivianos que migran hacia Chile son de Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, en ese orden.
Rige acuerdo para migración regular
En septiembre de 2023, Bolivia y Chile firmaron un Acuerdo de Cooperación Migratoria que hace más expedito y simple el proceso de solicitud y entrega de residencias temporales a nacionales de ambos países y, además, elimina el costo de dicho trámite. El documento tiene validez por dos años.
En otras palabras, el acuerdo migratorio hará más expedita la posibilidad de obtener una residencia temporal recíproca de dos años en ambos países. Esta medida permitirá a los ciudadanos trabajar en territorio vecino de manera legal. El documento debe ser solicitado en el país de origen y será gratuito.
De acuerdo con el “Informe de resultados de la estimación de personas extranjeras residentes en Chile”, publicado en diciembre de 2023 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del país vecino, en 2022, la población extranjera en situación irregular era principalmente venezolana, con 65,9%; seguida de Bolivia, con 11,3%; y Colombia, con 6,6%. “Estos tres colectivos concentran el 83,8% del total de la población extranjera en situación irregular estimada para 2022”, cifrada en 107.223 personas, señala el INE.
Esto quiere decir que de los 148.059 migrantes bolivianos, 12.095 se encontraban en situación irregular en la nación trasandina.
“Respecto a la variación relativa de los colectivos de la población irregular en el período 2018-2022, los mayores crecimientos se presentan por parte de Venezuela, que pasó de 1.072 a 70.647 personas (crecimiento relativo de 6.490%); Bolivia, que pasó de 881 a 12.095 personas (1.273%), y Haití, que pasó de 315 a 4.104 personas (1.203%)”, indica el INE de Chile en su informe.
En marzo de 2023, La Razón informó que en 13 años (2009-2021), la cifra de inmigrantes bolivianos en Chile pasó de 24.116 a 132.094.
Chile se ha convertido en los últimos años en el destino preferido de los migrantes bolivianos debido a su oferta laboral y a los elevados salarios. En cinco años, las remesas desde ese país se han duplicado y la migración a la nación trasandina ha crecido en 35,1%.
Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, publicado el 29 de diciembre de 2023 en su página web, la colectividad boliviana creció, entre 2018 y 2022, en 35,1%, de 109.576 a 148.059 personas.
El documento titulado “Informe de resultados de la estimación de personas extranjeras residentes en Chile”, elaborado por el INE y el Servicio Nacional de Migraciones, da cuenta que, “después de Venezuela, Bolivia es el colectivo que más aumentó, con 35,1%, pues en 2018 equivalía a 8,4% del total de población extranjera”. Actualmente representa el 9,1% del total de extranjeros residentes en el país vecino, por detrás de los colectivos de Venezuela (32,8%), Perú (15,4%), Colombia (11,7%) y Haití (11,4%), pero por delante de Argentina (4,9%) y otras naciones.
Aparejado a este crecimiento de la población migrante boliviana en Chile, también ha aumentado de manera progresiva el envío de remesas familiares.
En cinco años, de 2019 a 2023, los envíos de dinero provenientes de los trabajadores bolivianos a sus familias, en el país, se ha duplicado, al haber pasado de $us 159,30 millones a $us 312,97 millones, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Bolivia (BCB) en su sitio de internet.
Bolivia recibe, principalmente, remesas desde España, Chile, Estados Unidos, Argentina y Brasil, además de casi una veintena de países en todo el mundo.
Chile es un caso especial, porque en la última década ha pasado del quinto al segundo lugar como país origen para el envío de remesas familiares a Bolivia. Primero desplazó a Brasil, luego a Argentina y desde hace tres años a Estados Unidos, según el análisis realizado por La Razón con base en la información estadística del ente emisor. (Ver infografía).
RUBROS
Los migrantes bolivianos, mayoritariamente, llegan a laborar a ciudades del norte de Chile como Calama, Antofagasta, Arica o Iquique, atraídos por las posibilidades de un puesto de trabajo, ya sea en la minería o en el sector servicios que se ha desarrollado a partir del auge minero. También en la zona norte, sobre todo en la Región de Arica y Parinacota y en la Región de Tarapacá, el trabajo agrícola ocupa a mucha población boliviana.
Pero no son los únicos rubros. En el último quinquenio, el servicio doméstico, así como el cuidado de ancianos y niños en la ciudad de Iquique —que antes era dominado por los migrantes peruanos— está cubierto ahora en parte por mujeres bolivianas.
Los sectores de la construcción y mecánica automotriz son también otros rubros que ocupan a la mano de obra boliviana.
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Pobladores bloquean ruta Santa Cruz-Cochabamba por flexibilidad para comprar combustible
Exigen la presencia del director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Acordaron dar cuartos intermedios para no perjudicar a los productores de Mairana y Samaipata
Varios camiones quedaron parados por el bloqueo en la ruta Santa Cruz-Cochabamba. Foto: Opinión
Pobladores de Mairana y Samaipata, en Santa Cruz, activaron este domingo un bloqueo en la ruta antigua entre ese departamento y Cochabamba en demanda de la flexibilización de requisitos para la compra de combustible.
La protesta, sin embargo, se cumple con cuartos intermedios para no perjudicar a los productores de la zona. El corte de vías se realiza en dos sectores: en la zona del Mercado, municipio de Mairana, y en el puente de Samaipata.
La determinación se asumió luego de una reunión de las subcentrales y el sector productivo de la provincia Florida, en Santa Cruz. Los pobladores reclaman la presencia del director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y del Ministerio de Hidrocarburos.
La principal demanda de los pobladores es la flexibilización de los requisitos para la compra de combustible a favor de pequeños productores agrícolas de la zona.
Se quejaron de que no hay combustible para las motobombas y piden una solución urgente pues afectará la producción
Varios vehículos quedaron parados en la vía rumbo a los valles cochabambinos; sin embargo, por la tarde los bloqueadores acordaron dar un cuarto intermedio para permitir la circulación de los camiones y no afectar la producción.
Los cuartos intermedios se darán constantemente para facilitar la circulación de los camiones con producción de la zona, según determinación de los pobladores.
Al respecto, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, dijo este domingo que es un tema que compete a la ANH. Sin embargo, aclaró que lo que el Gobierno está haciendo es cuidar el combustible que en el país es subvencionado.
“Desgraciadamente, hay muchas personas que utilizan esto (la subvención) para llevarse (el combustible) de contrabando o a actividades ilícitas, por eso la ANH puso requisitos sobre todo para la carga en bidones”, explicó.
Por esa vía, los productores llevan los productos agrícolas a diversos mercados del país.
Bolivia aprovechará la experiencia, los avances tecnológicos y otros recursos desarrollados por empresas chinas que operan en la industria mundial del litio, informó Diego Ayala, representante de la misión del Ministerio de Hidrocarburos que participó de un encuentro con autoridades, expertos y empresas del país asiático.
La delegación boliviana, integrada por profesionales vinculados al proyecto de desarrollo, participaron en las ciudades de Beijing, Golmud y Xinyu en el Seminario de Desarrollo y Utilización de Recursos de Litio y Producción y Comercialización de Baterías de Salares de Bolivia, organizado por el Servicio Geológico de China.
En ese contexto, Ayala señaló que China, consciente de la importancia estratégica de este metal en el panorama energético mundial, realiza inversiones en su extracción, procesamiento y en el desarrollo de tecnologías relacionadas.
Durante el seminario, se detalló exhaustivamente cómo China está a la vanguardia de la innovación tecnológica en el sector. Se explicó desde el desarrollo de baterías de ion litio más eficientes hasta la exploración de nuevas formas de extracción y procesamiento más sostenibles.
Asimismo, el representante boliviano informó que China reconoce la importancia de la colaboración internacional para abordar nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades en el desarrollo de recursos evaporíticos.
Ayala manifestó que, al tener Bolivia las reservas más grandes del mundo de litio, representa una gran oportunidad para compartir conocimientos con las empresas chinas del sector, con el fin de mejorar la gestión y el desarrollo de las plantas industriales de Yacimientos de Litio Bolivianos.
Esta colaboración estratégica podría impulsar el desarrollo y la competitividad de la industria del litio en Bolivia, generando beneficios tanto económicos como tecnológicos para el país.
La participación del equipo multidisciplinario de Bolivia en el seminario sirvió para reconocer e identificar las fortalezas y debilidades del desarrollo del litio en Bolivia, señala un informe del Ministerio de Hidrocarburos.
