El dirigente de los Interculturales, del ala arcista, Vidal Gómez afirmó este lunes que el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) buscará renovar su directiva y elegir a su candidato para las elecciones primarias.
El cónclave se llevará adelante el 3, 4 y 5 de mayo en el Polideportivo “Héroes de Octubre” de la ciudad de El Alto.
La convocatoria fue acordada por los ejecutivos de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” y representantes de otras organizaciones sociales de los nueve departamentos.
En entrevista con La Razón Radio, Gómez informó que se enviaron cartas de invitación al expresidente Evo Morales y a los miembros de la directiva elegida desde 2016. “El congreso se llevará adelante con (la participación del) 50% más 1 del directorio del compañero Evo Morales”.
“Vamos a evitar la proscripción del MAS”, añadió.
Serán invitados el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores y asambleístas de los nueve gobiernos departamentales.
Afirmó que, durante el encuentro, el Pacto de Unidad elegirá a su candidato para las elecciones primarias. “Nuestro presidente (Luis Arce) y vicepresidente (David Choquehuanca) tienen todo el derecho de ser elegidos”.
Asimismo, aseveró que el objetivo del encuentro es cumplir con el registro de la nueva directiva del partido, antes del 7 de mayo, fecha límite que puso el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El TSE estableció que, hasta mayo de 2024, las diferentes organizaciones políticas del país puedan realizar sus congresos, asambleas, cabildos o reuniones nacionales para elegir a sus diligencias nacionales, departamentales o municipales en el marco de su democracia interna.
Afirmó que espera que el congreso sea un éxito y el reflejo de una reivindicación de una exclusión por una “dictadura sindical”.
El MAS evista desarrolló un congreso en octubre de 2023 en Lauca Ñ, en el cual se eligió a una nueva directiva y se nombró a Morales como candidato único a las elecciones 2025. Sin embargo, la Sala Plena del TSE decidió anular el encuentro y, además, recomendó la realización de un nuevo congreso.
Defensa del colegio Alemán de La Paz pone en duda los presuntos casos de abuso sexual
La abogada defensora del Colegio Alemán Mariscal Braun de La Paz, Audalia Zurita, afirmó que en las denuncias de presunto abuso sexual hubo información tergiversada.
La abogada Audalia Zurita en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco.
Audalia Zurita, abogada defensora del colegio Alemán Mariscal Braun de La Paz, aseguró que en las denuncias sobre presuntos abusos sexuales hubo “desinformación y/o información distorsionada”.
En las últimas semanas, se dieron a conocer dos casos de presunto abuso sexual en dicha unidad educativa. El primer caso se trata del presunto abuso sexual a una niña de cuatro años; el posible autor es el portero del colegio, quien guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro.
En el segundo caso, se denunció que una menor de 14 años de edad fue abusada por su compañero de curso de la misma edad en agosto de 2023. Pero los padres de la menor decidieron hacer público el caso por “el encubrimiento de parte de la Dirección del establecimiento educativo”.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Zurita contó que «el caso 1» estalló el 8 de abril, después del descanso pedagógico por Semana Santa. Develó que la madre de la menor aseguró que su hija no quiso ir al colegio; sin embargo, afirmó que la niña no quería ir al centro educativo desde el primer día de clases.
Afirmó que ese presunto abuso sexual fue «detonante» de otros casos. Según la jurista, la niña dijo que su abusador fue «un hombre vestido de negro», apuntó a un portero, pero mencionó el nombre de otro.
“Hubo una confusión de inicio”, añadió.
También, explicó que «no hay posibilidad de que un niño vaya al baño y que la profesora esté desatenta», debido a que los baños se encuentran cerca a las aulas en el sector de kínder. Afirmó que, normalmente, los porteros no entrar en horario de clases a esa área. “El colegio toma las previsiones para garantizar la seguridad de los niños”.
Por ello, aseguró que la investigación debe ser abordada con la técnica de la cámara Gesell, que es una habitación condicionada para permitir la observación con personas. Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y de video para la grabación de los diferentes experimentos.
“La entrevista queda grabada con las reacciones, los movimientos para que determinen si se dice la verdad”, explicó.
Respecto al segundo caso, Zurita indicó que el hecho no se supo sino después de una denuncia externa, «cuando el adolescente varón (de 14 años) le confiesa a una profesora de alemán externa. Estaba preocupado por las consecuencias».
Cuando la profesora externa da a conocer el hecho al colegio, la institución reúne a los menores de edad y, posteriormente, cita a sus padres para analizar las sanciones que iban a aplicar a los adolescentes. “La adolescente no quería que sus padres sepan”.
Sin embargo, al día siguiente, los padres de la menor acudieron al Ministerio Público y solicitaron las imágenes de las cámaras y toda la información. El colegio no pudo presentar los videos porque se encontraban cambiando el cableado. “Los estudiantes sabían eso”.
Develó que los adolescentes, ambos de la misma edad, habían acordado concurrir al baño de discapacitados. “La información que proviene de la investigación es que ellos se pusieron de acuerdo en lugar, fecha y hora”, dijo.
“Ambos están en la misma condición”, añadió.
Explicó que cuando hay una diferencia de tres años, recién se puede hablar de un delito sexual. “Cuando la diferencia de edad es menor a tres años no hay delito. Si son del mismo grupo etario. no hay delito siempre y cuando no haya habido violencia”.
La semana pasada, Fabricio Góngora, abogado de la familia de la adolescente de 14 años, denunció que existe encubrimiento por parte del colegio, revictimización y que existen irregularidades en la Justicia.
Sin embargo, Zurita reveló que el adolescente no fue permitido de volver a la unidad educativa en el primer trimestre de este año, pese a una orden judicial que obliga al colegio a ponerlo en listas. “No se revictimiza a la estudiante”, aclaró.
La orden judicial fue consultada con la Dirección Distrital para analizar si se dará o no cumplimiento.
MAS arcista se plantea modificar en el estatuto el ‘liderazgo nato’ de Morales y años de militancia
El bloque arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) buscará modificar los artículos 6 y 64 del Estatuto Orgánico, dijo Juan Carlos Gutiérrez, de la CSUTCB arcista.
Grover García, presidente del MAS arcista. Foto: APG
El bloque arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) buscará modificar los artículos 6 y 64 del Estatuto Orgánico, de “liderazgo nato” de Evo Morales y años de antigüedad, respectivamente, en un congreso orgánico en 90 días.
Dicho planteamiento fue conclusión del polémico congreso ejecutado el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto. El cónclave empezó el viernes en el coliseo Héroes de Octubre, en medio de un fuerte resguardo policial, para lo cual se destinaron más de 4.500 efectivos.
En entrevista con La Razón Radio, el secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Juan Carlos Gutiérrez, aseguró que se convocará a un congreso en 90 días para tratar las modificaciones al estatuto porque —en su criterio— la norma interna está hecha a medida del evismo, en alusión a los artículos 6 y 64.
El parágrafo 15 del artículo 6 indica: “Respecto al liderazgo nato: La militancia del MAS-IPSP ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes logros, avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional, dignificando a Bolivia en el contexto internacional como líder del MAS”.
El punto 2 del artículo 64 del Estatuto del MAS, vigente desde el 22 de septiembre de 2021, establece que el candidato (binomio) “deberá contar con 10 años de antigüedad y una trayectoria intachable como militante del MAS”.
El dirigente Grover García, representante de la CSUTCB, fue elegido jefe nacional del MAS que respalda al presidente Luis Arce. De consumarse legalmente su elección, reemplazará a Morales, quien concluyó su mandato el 5 de mayo luego de 25 años de liderazgo en ese partido.
Junto con García fueron elegidos Julia Ramos, de la Confederación Sindical Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (Csumciob) “Bartolina Sisa”, y Fidel Surco, de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), ambos como vicepresidentes.
La documentación del congreso será presentada este 6 y 7 de mayo para su eventual validación por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, el Órgano Electoral puso como plazo fatal el 5 de mayo.
Gutiérrez defendió la legalidad y legitimidad del congreso del MAS arcista y afirmó que ese bloque “recuperará” partido de Morales. “Se viene el trabajo duro (porque) habrá resistencia del otro lado (evismo)”.
La supervisión al congreso causó revuelo en la arena política, debido a que el acompañamiento fue obligado por un fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El TSE, en reiteradas ocasiones previas, había rechazado las solicitudes de las facciones evista y arcista por incumpliendo del artículo 13 del Estatuto Orgánico.
El artículo 13 establece que “el Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.
Ninguna de las facciones contaba con las 14 firmas de la dirección nacional; por ello, el TSE había rechazado ambas solicitudes.
Al conocerse el acompañamiento del Órgano Electoral, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), el bloque evista anunció medidas de presión para rechazar las determinaciones del cónclave.
El domingo, el ala evista se reunió en la ciudad de Cochabamba para analizar la situación del congreso arcista y determinó declararse en emergencia con miras al ampliado del 18 de mayo, para definir medidas de presión.
La elección de Talamás en la Asamblea de Santa Cruz devela la reducción del camachismo
La elección a la presidencia de la Asamblea Departamental fue realizada por plancha y tuvo como resultado 21 votos a favor de Talamás y seis por Giliana Etacore, de Creemos.
Nueva directiva de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD)
A diferencia de 2023, cuando Zvonko Matkovik fue elegido presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz con 17 votos, el respaldo a su plancha, este año, fue reducido, y su sustituto, Antonio Talamás, logró 21 votos.
Aunque el ahora expresidente dijo que “Creemos no perdió nada”, el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) Dilfe Rentería dijo en La Razón Radio que, con esa votación, la gente que apoyaba a Luis Fernando Camacho “ya está fuera”.
El viernes, la Asamblea Legislativa eligió a su directorio entre Talamás y Giliana Etacore, que tenía en su plancha a Matkovik como vicepresidente.
Talamás recibió el apoyo de 21 asambleístas, entre disidentes de Creemos, el MAS y representantes de pueblos indígenas, y Etacore, seis. De este modo, el camachismo quedó desplazado de la directiva.
Las tres anteriores directivas fueron presididas por Matkovic.
Rentería criticó las gestiones de la exautoridad y afirmó “no ha hecho un buen trabajo” en tres años. “Esa gente que apoyaba a Camacho no actuó por el bien de Santa Cruz. Prácticamente ellos (asambleístas camachistas) eran del Ejecutivo y Legislativo”.
“Se han dedicado a hacer política”, cuestionó.
Aseguró que 21 autoridades apostaron por el cambio y otros seis continuaron apoyando a Matkovic. “Esto quiere decir que todos querían un cambio. Con esta decisión esperemos que haya cambios”.
Lamentó que durante la gestión camachista las 15 provincias de Santa Cruz quedaron abandonadas por la ausencia de proyectos. A su vez, reclamó que en los tres años la bancada del MAS recibía malos tratos y desiguales.
“No se nos daba las condiciones, teníamos una sola oficina. Ni siquiera teníamos derecho usar el vehículo institucional”, denunció.
Recordó que luego de la detención de Camacho, el 28 de diciembre de 2022, les quitaron la secretaria de la bancada y personal administrativo del MAS.
Sin embargo, afirmó que, pese a la asunción de Talamás, la bancada del MAS continuará haciendo fiscalizaciones a las obras que se ejecuten en el departamento. “Si hay casos de corrupción, los vamos a denunciar. Si bien apoyamos a Talamás, no quiere decir que dejaremos nuestro rol fiscalizador”.
A Talamás lo acompañan los asambleístas Mavy Pedraza (Creemos), como primera vicepresidenta; Jhonny Silvestre (MAS), segundo vicepresidente; y Keila García (Creemos), secretaria.
Analistas advierten ‘desorden institucional’ que pone en riesgo las elecciones de 2025
Los analistas Mercado, Ortuño y Peña consideran que la crisis del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha derivado en un desorden institucional que arriesga la gobernabilidad y las elecciones de 2025.
Analistas en Piedra, Papel y Tinta. Foto: La Razón.
El país se encuentra frente a un desorden institucional “tan grande” entre los cuatro órganos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) que un poder puede decirle a otro que no cumpla sus propias normas y eso pone en riesgo, incluso, las elecciones generales de 2025.
Dichas consideraciones fueron expuestas por el economista Armando Ortuño, el abogado Vladimir Peña y el comunicador y analista político Manuel Mercado en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
A poco más de un año de las elecciones generales, la Asamblea Legislativa no logra encaminar las elecciones judiciales y tampoco debate su agenda, esto debido a decisiones judiciales y la división de las fuerzas políticas que la componen.
La más grave de las crisis políticas la sufre el Movimiento Al Socialismo (MAS), que impide consensos y la viabilidad de proyectos de ley emanados desde el Órgano Ejecutivo.
Ortuño consideró que la crisis interna del MAS afecta la gobernabilidad del país y pone en riesgo a las elecciones de 2025, debido a que, en su criterio, afecta la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que la población y actores políticos deberían cuidar.
El MAS atraviesa por una profunda crisis desde septiembre de 2022, cuando el expresidente Evo Morales denunció un “plan negro” en su contra, según dijo, impulsado por el gobierno del presidente Luis Arce.
Desde entonces se conformaron dos facciones, una formada por afines a Arce (arcistas o renovadores) y otra, por los seguidores de Morales (evistas o radicales).
En medio de la constante pulseta, las facciones arcista y evista intentan llevar adelante sus congresos por separado para elegir a su nueva dirección nacional; para ello, solicitaron la supervisión del TSE. Sin embargo, este órgano rechazó ambas solicitudes por incumplimiento del artículo 13 de su estatuto orgánico.
No obstante, la facción arcista presentó un amparo ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuya instancia falló a su favor y ordenó una medida cautelar que instruye al TSE acompañar el congreso convocado por el ala arcista que se realiza entre el 3 y el 5 de mayo en El Alto.
La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció una intromisión del Órgano Judicial tras el fallo que le obliga a supervisar el congreso, aunque lo hará de manera “provisional y excepcional”.
Al respecto, Peña aseguró que el conflicto del partido oficialista ha tocado la institucionalidad de los órganos del Estado. En su criterio, Arce se está defendiendo a través de mecanismos del Estado y advirtió que Morales, en respuesta, puede recurrir a las calles.
En coincidencia, Mercado afirmó que, en política, recurrir a los jueces es una mala estrategia, que, a largo plazo, podría tener efectos negativos para el país. Por ejemplo, la desconfianza y ausencia de credibilidad del Órgano Electoral que es, finalmente, la única vía democrática que da solución a las diversas crisis.
“Ya no estamos discutiendo el conflicto del MAS. Va más allá del problema y eso genera escenarios de riesgo en la institucionalidad democrática”, acotó Ortuño.
Peña lamentó que la intervención de un órgano sobre el otro afecte a la democracia. Según el jurista, “hay mucho ruido, humo, polarización y confrontación» sobre los fallos de salas constitucionales de distintos departamentos.
Afirmó que “el ADN” del MAS es operar a través de fallos y jueces. Recordó que, en 2016, Morales desconoció un referéndum en el que perdió y, posteriormente, fue habilitado como candidato a través de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Ese mismo año, el magistrado del TCP Macario Cortez explicó que se decidió «declarar la aplicación preferente» de los derechos políticos por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta.
El fallo se produjo, debido a que el MAS presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos.
«(Luis) Arce está haciendo lo mismo que (Evo) Morales», dijo sobre la obligatoriedad de supervisión al congreso.
Mercado coincidió con Peña e indicó que Morales no solo ignoró el referéndum, sino que intentó volver la reelección un derecho humano a través de ciertas modificaciones a la Constitución. “Gravísimo error”.
También, recordó que el TCP, en 2019, “avaló” la sucesión de Jeanine Áñez a través de un comunicado, luego del derrocamiento y salida del país de Morales rumbo a México.
El 12 de noviembre de ese mismo año, el TCP emitió un comunicado en el que invocó la Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001, con la que ese año el entonces vicepresidente Jorge Quiroga blindó su sucesión ante el dimisionario presidente Hugo Banzer.
Áñez y la oposición entendieron que ese comunicado validaba la sucesión de la senadora del partido Unidad Demócrata (UD).
“El TCP le dio legalidad a un gobierno y dio legalidad a acciones como sacar a los militares a las calles con un Decreto Supremo (4078) que permitía el uso de la violencia”, rememoró Mercado.
Por ello, afirmó que la política está transcurriendo por encima del Estado y sus poderes. “Eso significa que la política se ha salido de los márgenes y límites de los poderes que están muy debilitados”.
Ortuño consideró que la crisis institucional está llevando al país a una situación de ingobernabilidad que afecta la capacidad del Gobierno de afrontar la crisis económica, la escasez de dólares, litio, carburantes, exportaciones y empleo.
“Todo eso afecta en nuestra vida cotidiana”, añadió.
En su criterio, el país “se está paralizando» y aquello incide en la cotidianidad de los ciudadanos. Hizo referencia al bloqueo en la Asamblea Legislativa que no tiene la capacidad de consumar acuerdos para aprobar leyes o establecer una agenda parlamentaria.
Para salir del estancamiento institucional, Peña planteó una agenda de “regeneración democrática” y evitar que la política utilice la Justicia para una intromisión en las decisiones políticas y la institucionalidad del país.
Por su parte, Ortuño reclamó que, a partir de los fallos, cualquier juzgado podrá definir cualquier cosa sobre temas electorales. Advirtió que el país está ingresando en un proceso de «repolarización».
“Es una ilusión creer que a punta de sentencias se va a eliminar a Evo Morales. A lo único que nos llevará es a que en dos años sigamos en un conflicto que afectará la gobernabilidad”, dijo.
De ese modo, llamó a la población a proteger al Órgano Electoral y recomendó a los partidos políticos —MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— a encontrar acuerdos mínimos para que el país funcione. “Hasta las elecciones son inciertas”, advirtió.
En conclusión, Ortuño consideró que el TSE tiene la responsabilidad de tomar “decisiones difíciles” y acudir a la opinión pública cuando se vea vulnerado.
Bolivia atraviesa por una crisis política, económica y judicial. Las bancadas de la Asamblea Legislativa no encuentran consensos para aprobar leyes por sus disputas internas.
La situación económica es complicada por la falta de divisas y la caída de la producción de carburantes. Y, el proceso de elecciones judiciales fue paralizado por una resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando.
Salame presenta un proyecto para que la Asamblea reanude el proceso de preselección
El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular que dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame presentó un proyecto de ley ante la Comisión Mixta de la Cámara de Senadores y solicitó la convocatoria a una sesión para reanudar el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales con una propuesta de “cumplimiento” de la Ley 1549, que fue declarada constitucional con la Sentencia 0049/2023.
El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las judiciales.
En entrevista con La Razón Radio, Salame afirmó que la medida es “un avasallamiento de poderes” y que, por ello, su equipo hizo un análisis para ponderar la validez de las resoluciones de los tribunales.
“Indudablemente, hemos dado con la solución y es que la Asamblea emita una resolución suponiendo a la prosecución de la preselección judicial con base al principio de ‘erga omnes’”, añadió.
Erga onmes es una locución que significa de cumplimiento obligatorio y aplicabilidad de una norma, acto o contrato.
Para Salame, los legisladores deben aprobar una resolución que establezca el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 060/2023 y la Declaración Constitucional 0049/2023, ambas emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La Sentencia 060/2023, del 31 de julio de 2023, dejó en fojas cero los comicios e instó a la Asamblea a realizar una ley de convocatoria.
El TCP emitió, el 11 de diciembre, la Declaración 0049/2023, que dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.
Según la legisladora, si bien la determinación de la Sala Constitucional Primera de Pando dispuso la anulación del proceso de preselección y la inaplicabilidad de la Ley 1549, la misma entra en contradicción con la 0060/2023 y la 0049/2023 que son de obligatorio cumplimiento para la Asamblea.
Aseguró que los asambleístas deben hacer cumplir la sentencia y la declaración. Contó que la Comisión Mixta de Justicia Plural convocó a sesión el lunes, mientras que la Comisión Mixta de Constitución todavía no se pronunció.
Advirtió que, si las comisiones no analizan el proyecto de ley para reanudar las elecciones, Salame enviará una carta al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para que él convoque al pleno y se tome la decisión de seguir con el proceso de preselección.
Las elecciones están en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección, también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y la ausencia de mujeres e indígenas.
