La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incautó, en un operativo en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, casi 80 kilos de marihuana y aprehendió a tres personas y se quedó con el vehículo en el que se encontraban.

“El 12 de mayo de 2024, en la carretera antigua que conecta Cochabamba con Santa Cruz, se logró el secuestro de 79 kilos con 50 gramos de marihuana, además de la aprehensión de tres personas”, informó Jaime Mamani, viceministro de Sustancias Controladas.

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Operativo

Así, en esa oportunidad, según el viceministro, el personal antidrogas se encontraba realizando labores de “interdicción al narcotráfico”. Ahí, un vehículo llegó al punto de control a la altura de Bermejo, en la antigua carretera que conecta Santa Cruz y Cochabamba,

En el vehículo se encontraban tres personas; el conductor y dos acompañantes. Según Mamani, uno de ellos mostró bastante nerviosismo y contradicciones con sus compañeros respecto a las preguntas que realizaban los oficiales. A raíz de esos hechos, se decidió revisar el automóvil.

Marihuana

De esta manera se halló 150 paquetes, sellados al vacío, que contenían 79,5 kilos de marihuana. Los paquetes se escondieron previamente hábilmente en los costados laterales del vehículo.

“Ante la flagrancia del hecho, se procedió a la aprehensión de los involucrados y al secuestro de la sustancia y del vehículo”, establece el comunicado del viceministro de Sustancias Controladas.

Entonces. con éste, suman 9.003 aprehendidos a causa del narcotráfico en los últimos tres años, de acuerdo a los datos de este viceministerio.

El pasado viernes, Mamani presentó un informe de los resultados durante su gestión como viceministro. En aquella oportunidad ratificó el compromiso que existe en la lucha contra el narcotráfico.

En medio de la denuncia de la Fiscalía contra Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, por el presunto delito de ganancias ilícitas, varios legisladores, tanto del Movimiento Al Socialismo (MAS) como de la oposición le pidieron que dé un paso al costado.

“Pedir que el diputado Huaytari, primeramente, renuncie al cargo de presidente de la Cámara de Diputados y después pueda pedir licencia para seguir el proceso que se le viene solicitando”, exigió Juan José Torrez, diputado de Comunidad Ciudadana (CC) en entrevista con DTV.

El proceso contra Huaytari se denunció por la Fiscalía luego de una pesquisa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Denunciaron un presunto aumento injustificado en su patrimonio.

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Pese al respaldo ofrecido por el jefe de bancada de su partido, Jerges Mercado, otros legisladores del MAS no se solidarizaron con Huaytari.

Los senadores arcistas Andrés Flores y Felix Ajpi, coincidieron en que el presidente de la Cámara de Diputados debe dejar la presidencia de esta instancia. En criterio de los legisladores, de esta manera, Huaytari podría resolver con mayor tranquilidad el proceso en su contra.

Renán Cabezas, diputado del ala evista del MAS, argumentó que Verónica Challco, primera vicepresidenta de Diputados, podría tomar la presidencia durante la investigación a Huaytari.

“Vamos a exigir que se altere el orden del día y se incorpore un debate para tener una resolución y alejar de su cargo a Israel Huaytari, debería dar un paso al costado, ser suspendido en la Cámara de Diputados”, criticó en conferencia de prensa.

Huaytari, por su parte, insiste en su inocencia. Inclusive, propuso levantar su secreto bancario para corroborar que sus ingresos no se incrementaron.

Ante el riesgo de que las elecciones primarias cerradas y las elecciones judiciales coincidan en el calendario electoral, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuhichi Tahuichi Quispe, insistió en su propuesta de suspender las primarias y priorizar las judiciales.

“Si no arrancara las elecciones judiciales pronto, habría esta complicación jurídica de impedimento. Ahí viene la propuesta que la hago personal: si anulamos las elecciones primarias cerradas, nos olvidamos, y al año habrá elecciones generales presidenciales directamente en abril y así tendríamos tiempo, desde hoy hasta abril del próximo año, para pensar en judiciales”, propuso este martes en conferencia de prensa.

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El proceso de las elecciones judiciales se paralizó el 30 de abril, cuando una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Pando falló en favor de una acción popular.

Esta acción la presentó la abogada Yeny Dury, quien denunció que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, no contemplaba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas.

Calendario electoral

Con el calendario desfasado, Tahuichi considera que existe el riesgo de que dos procesos electorales coincidan.

“Se viene inminentemente las elecciones primarias; arrancaría en agosto de este año, cosa de que las elecciones sean en diciembre. La misma ley le da un impedimento, prohíbe que haya dos elecciones paralelas”, afirmó el vocal.

Justamente, el artículo 87 de la Ley del Régimen Electoral establece que “no podrá organizar, dirigir, supervisar, administrar o ejecutar procesos electorales cuyo calendario electoral se superponga con el de procesos electorales”.

“El Tribunal Electoral está ansioso, está deseoso, de poder emprender las elecciones judiciales. Si hoy día nos entregara la Asamblea esta lista de los preseleccionados, hoy mismo arrancamos”, afirmó el vocal.

El 5 de mayo venció el plazo para que la Asamblea Legislativa remita la lista de los candidatos preseleccionados. El TSE tenía 150 días para llevar adelante el proceso electoral.

Ahora, la realización de las judiciales se encuentra, una vez más, en vilo.

La propuesta de Tahuichi Quispe se suma a otras que barajean los actores políticos con el fin de viabilizar elecciones judiciales para este año.

“Bolivia tiene una cuenta pendiente con elegir por sufragio a los magistrados”, insistió.

Los actuales consejeros y magistrados prorrogaron su mandato a finales del 2023, ante la imposibilidad de concretizar elecciones judiciales ese año. En esa oportunidad, fueron otros amparos constitucionales los que imposibilitaron los comicios.

Tras más de 40 días de su desaparición, la investigación para encontrar a Odalys Vaquiata, con o sin vida, trasladará al principal sospechoso, su novio, al lugar donde se suscitaron los hechos, con el objetivo de que se pueda constatar la información.

La salida judicial se determinó con fines investigativos para que Joel P., sospechoso principal, pueda coadyuvar en la búsqueda de su expareja, quien desapareció la madrugada del 30 de marzo.

“Ustedes tienen conocimiento de muchas contradicciones que ha existido; entonces, la finalidad del registro del lugar del hecho es constatar, verificar (las declaraciones)”, informó a los medios el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Jhonny Chávez.

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El hombre será trasladado a los Yungas, donde se denunció la desaparición de Odalys.

En esa oportunidad, Odalys realizó un viaje con su novio a la localidad de Tocaña. De acuerdo con el primer testimonio del joven, Odalys decidió bajarse del vehículo luego de un altercado entre ambos. Sin embargo, posteriormente, afirmaría que ambos se encontraban en una fiesta y que ella, enfadada, dejó el lugar para dirigirse al vehículo. 

Por las contradicciones, Joel P., inicialmente con detención preventiva, fue trasladado el 29 de abril al penal de Chonchocoro, en La Paz. Se le acusa del delito de trata y tráfico de personas.

Nuevas hipótesis

Según el general Álvaro Griffin, se obtuvieron nuevas hipótesis de acuerdo a las conversaciones del novio con un policía que era amigo suyo. Sin embargo, el general no dio más detalles debido a que el caso entró en reserva.

El caso se complejizó cuando la FELCC descubrió que el hombre y su familia mantenían contacto con el policía amigo, que los mantenía al tanto de los detalles de la investigación. El policía se presentó a declarar y, debido a que sus respuestas no esclarecieron sus hechos, se le dictaminó detención preventiva.

La búsqueda de Odalys implicó una gran movilización de fuerzas especiales; se la buscó por agua, por aire, mediante helicópteros, y se utilizaron canes especializados, pero no se encontró ningún rastro de ella.

Con este nuevo recurso, se espera que se obtenga nueva información respecto al paradero de la joven madre. Su familia estima que está cerca de encontrarla.

Las denuncias del expresidente Evo Morales en torno al Decreto Supremo 4732 obligaron al ministro de Justicia, Iván Lima, responderle y acusarle de mentir y de desinformar.

Morales calificó al decreto como “preocupante” ya que, en su criterio, se trata de un ataque a la libre determinación de la propiedad.

El ministro dijo que el exmandatario “desinforma y miente en todo lo que dice” y el decreto “está vigente, con el objetivo de evitar cláusulas abusivas de las empresas constructoras y las inmobiliarias”.

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Decreto 4732

“No se aplica a ventas entre particulares; por lo tantom no se ha afectado la compraventa de ningún bien inmueble y ningún ciudadano ha tenido que pedir un ‘permiso’ al Ministerio de Justicia para comprar o vender su propiedad”, aclaró Lima en su cuenta de X.

Morales, durante su programa dominical en radio Kawsachun Coca, denunció que el Decreto Supremo 4732 establece que el Gobierno es el verdadero dueño de la propiedad.

“Con ese decreto (4732) si usted, Ramiro, (conductor del programa de Morales) quiere vender su casa, tiene que sacar un certificado del Ministerio de Justicia; si no tienes ese certificado del Ministerio de Justicia, no puedes vender tu casa, y para sacar el certificado una serie de requisitos, 18 requisitos”, cuestionó Morales el domingo e insistió que se trataba de una inconstitucionalidad.

“Lo único que le interesa es él mismo”, criticó Lima.

Prorrogados

Morales insiste en que ese decreto es un abuso al que recurre el presidente Luis Arce mediante los magistrados y consejeros “autoprorrogados”.

Sobre ese criterio, Lima también lo desmintió y dijo que el decreto fue promulgado hace dos años, en 2022. Cuando los magistrados y consejeros judiciales cumplían su mandato constitucional.

En las últimas semanas, los diputados del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron un recurso para impugnar el decreto. Sin embargo, de acuerdo con Morales, éste fue solo un paso inicial y afirmó que buscarán “su abrogación”.