Con la participación de más de 20 asociaciones de productores de cinco departamentos, los días jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de mayo se instalará en La Paz una feria de frutos amazónicos, cacao y chirimoya.

El director ejecutivo de la Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA), Hugo Janco, informó que la población podrá adquirir variedad de productos a precio justo, del productor al consumidor.

Participarán productores de Alto Beni, Ixiamas, Palos Blancos, Guanay, Sorata, Tacacoma, Cairoma, Yanacachi; Trinidad, Guayaramerín, Riberalta, Filadelfia, Abuna, Bella Flor, Puerto Rico, Cobija; Chimoré, Villa Tunari, Puerto Villarroel y San Carlos de los departamentos de La Paz, Beni, Pando, Cochabamba y Santa Cruz.

Lea más: El Gobierno analiza medidas de fomento para subir la exportación de algunos productos

Asimismo, Janco informó que se aseguró la participación de 20 asociaciones de productores, 400 familias productoras y 56 fruticultores.

“Vamos todos a la feria, son productos de manos bolivianas de alto valor nutricional, ecológicas; y sin intermediación directo entre productor y consumidor”, invitó la autoridad.

Al respecto, la representante de la Federación de Productores, Recolectores Transformadores y Comercializadores de Productos Amazónicos, Mirtha Velásquez Ramírez, invitó a la población paceña a visitar la feria. Además, destacó que gracias al impulso del Gobierno se mejoró los procesos productivos; favoreciendo a la economía familiar de los medianos y pequeños productores.

Una comisión de Fiscales y la Policía allanó este miércoles una empresa en Santa Cruz de la Sierra en el marco de la investigación por irregularidades en la construcción de las piscinas de evaporación de la planta de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB).

Se trata de una empresa que realiza trabajo de impermeabilización y del lugar se secuestraron varios documentos. El inmueble quedó precintado.

Lea más: Envían a prisión a quinto implicado en caso YLB; suman dos los encarcelados

El negocio es investigado por supuestamente colocar material no adecuado para las piscinas.

Las autoridades permanecieron en el lugar durante más de cuatro horas y al salir se negaron a brindar información.

En la denuncia presentada por la estatal YLB, se informó que una auditoria determinó que 18 piscinas quedaron inutilizadas debido, entre otras cosas, a que se utilizó una geomembrana PVC, de 0.50 mm; por debajo a los estándares requeridos (0.75 mm de espesor).

Por este caso hay 11 personas investigadas. Dos ya fueron enviadas a la cárcel con detención preventiva y otros tres se beneficiaron con detención domiciliaria. Aún restan por ejecutar, seis órdenes de aprehensión.

La estatal YLB presentó la denuncia debido a que 18 piscinas de evaporación destinadas a proveer materia prima a la planta industrial de carbonato de litio están inoperables a causa de los materiales usados y un mal manejo, según una auditoría.

La empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) recibió este miércoles a una delegación de representantes de países que junto a Bolivia conforman el “Triángulo del Litio” y de México, en el marco del taller de intercambio de conocimientos y experiencias sobre investigación y tecnología, informó la presidenta de la estatal, Karla Calderón.

“Tenemos delegaciones de Argentina, Chile y de México, nos acompaña también la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y la cooperación alemana. El objetivo es el intercambio de experiencias concerniente a la cadena del tema de litio y los evaporíticos, para poder trabajar a futuro entre los países hermanos, de manera mancomunada, en el desarrollo de litio”, explicó. 

El encuentro concluye este jueves en el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos de Bolivia (CICYT MAT-REB), en la comunidad de La Palca, municipio de Yocalla en Potosí.

Lea más: Planta Industrial de Litio continúa en operaciones y tiene garantizada la materia prima

Litio

Además del taller, la delegación realiza visitas al centro de investigación y a las plantas piloto de materiales catódicos y de baterías, donde los profesionales bolivianos de YLB socializan la experiencia y conocimientos en el desarrollo de materiales activos, celdas y baterías.

“Los visitantes han quedado impresionados por el nivel tecnológico que tenemos en el centro de investigación. Hemos podido mostrar la capacidad de nuestros profesionales, toda la explicación de lo que hacemos y los equipos con los que contamos, muchos son únicos a nivel Bolivia, algunos a nivel Sudamérica”, indicó.

La actividad es parte del “Foro permanente de diálogo técnico sobre innovación, desarrollo tecnológico y agregación de valor al litio”, impulsado desde el 2021 por los gobiernos de Bolivia, Chile, Argentina y, recientemente, México, en coordinación con la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 

Según informe de la estatal, se realizan otros cuatro talleres de intercambio de experiencias y conocimientos con visitas de campo en laboratorios, plantas y salares de Argentina, Chile y Bolivia.

El «Triángulo del Litio» es una región geográfica en América del Sur que abarca los límites de Argentina, Chile y Bolivia y alberga más del 65% de las reservas mundiales de litio, un metal crucial en la producción de baterías. 

El año pasado, el Gobierno informó que Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas de litio cuantificadas y se consolida como el mayor reservorio del mundo de este recurso estratégico.

Hasta enero de este año, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) erogó Bs 1,1 millones mediante la devolución del 5% del Régimen de Reintegro en Efectivo del IVA (Re-IVA) a 4.198 beneficiarios.

El presidente del SIN, Mario Cazón, pidió “tranquilidad” a los beneficiarios del Re-IVA y reiteró que la Administración Tributaria “tiene que necesariamente hacer el cruce de información”; para verificar que los datos de las facturas corresponden a la venta de bienes y servicios realizadas.

“Quisiéramos que la población nos entienda. Como presidente de Impuestos Nacionales tengo la obligación de cuidar los recursos del Estado (…), no puedo yo devolver el 5% del IVA por una transacción que no se ha realizado”, justificó.

Asimismo, explicó que se debe verificar que la persona que emitió la factura registre en el Libro de Ventas y además declare y pague el IVA; pues verificaron que “no ha estado ocurriendo eso”.

Mediante este control de verificación, el SIN llegó a detectar casos en que un vendedor emitió factura para un pariente; sin que se hubiese realizado la venta de un bien o servicio, solo para beneficiarse de manera ilegal del Re-IVA.

“La Administración Tributaria regularizará en estos días la devolución del 5% del IVA, a medida que se vaya finalizando el cruce de información antes mencionado; tanto para la modalidad de cómputo automático correspondiente a enero de 2024 como de febrero de este año”, aclaró.

Lea más: Desde 2021, el SIN devolvió Bs 223,9 millones a contribuyentes mediante el Re-IVA

SIN

El Re-IVA es parte de la política gubernamental de redistribución del ingreso, entre las personas naturales; que tienen un ingreso mensual igual o menor que Bs 9.000.

El Re-IVA tiene dos modalidades de registro: modalidad de cómputo automático, es decir que el SIN identifica y cuantifica las facturas emitidas en el mes a nombre y número de la Cédula de Identidad del beneficiario.

Y la modalidad manual, es decir que el mismo beneficiario debe registrar y enviar al SIN el detalle de las facturas del mes mediante el Formulario 111, a través del aplicativo “Mis Facturas”.

En enero de este año, Cazón informó que desde la aplicación del Re-IVA, de enero de 2021 a diciembre de 2023, el SIN devolvió Bs 223,9 millones a los contribuyentes que se registraron en esta modalidad.

El Gobierno instituyó el Re-IVA mediante la Ley 1355, de 28 de diciembre de 2020, en el marco de la implementación de las medidas para la reactivación de la demanda interna; la reconstrucción de la economía boliviana y para fortalecer su política de redistribución del ingreso.

Edwin U. Y., exsupervisor de la planta de litio en Uyuni e implicado en la denuncia de presuntas irregularidades en la construcción de las piscinas de las plantas de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), fue enviado este miércoles a la cárcel de San Pedro, en La Paz, con detención preventiva.

La justicia halló presuntos indicios en su contra cuando cumplía funciones en la planta de la estatal, por lo que determinó que guarde detención preventiva durante tres meses.

Con Edwin U. Y., suman dos los encarcelados en el marco de la investigación de la denuncia presentada por YLB.  El exfuncionario Jorge F. M., también fue enviado hace unos días con detención preventiva al penal de San Pedro.

Antes, fue aprehendido el exministro de Minería y exgerente nacional de recursos evaporíticos, Luis Alberto Echazú, quien fue beneficiado con detención domiciliaria.

Similar suerte corrieron Paul Q. B., y Cristian A.A., exfuncionarios. La Policía confirmó que aún restan por ejecutar seis órdenes de aprehensión.

Lea más: La Policía aprehende al quinto implicado en el caso YLB

Extinguen caso YLB

Entre los investigados del caso estaba el exgerente Juan Carlos Montenegro, quien fue hallado muerto hace unos días.

Al respecto, la abogada Audalia Zurita informó que, mediante una resolución judicial, la investigación en contra del exgerente fue extinguida.

“Una resolución fue emitida por el juez Sexto penal Anticorrupción y de Violencia hacia la Mujer que dispone el cierre del caso o extinción de la acción respecto del ingeniero Juan Carlos Montenegro y además la orden para que se archive la investigación”, explicó.

El 18 de abril, YLB presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la construcción de 18 piscinas industriales del Complejo Industrial de Uyuni que ocasionaron un daño económico al Estado por 425 millones de bolivianos.

La estatal YLB presentó la denuncia debido a que 18 piscinas de evaporación destinadas a proveer materia prima a la planta industrial de carbonato de litio están inoperables a causa de los materiales usados y un mal manejo, según una auditoría. Aunque cinco ya fueron recuperadas.

La investigación estableció un daño económico al Estado superior a los Bs 425 millones.