La Aduana Nacional (AN) beneficia con dinero en efectivo y mercancía gratuita a aquellas personas que denuncien el ingreso de productos de contrabando al país. Las denuncias de los interesados pueden ser anónimas.

En entrevista con La Razón Radio, el gerente Regional de La Paz de la Aduana Nacional, Mauricio Miranda, informó que su oficina ha recompensado a denunciantes de contrabando con Bs 581.683 y 2,2 toneladas de mercancía desde enero de 2021.

Los incentivos se basan en la política de la Aduana, donde los denunciantes pueden recibir hasta el 10% del valor en efectivo de las mercancías internadas ilegalmente al país y hasta el 40%, en caso de que la denuncia sea realizada por una comunidad.

De enero de 2021 a abril de 2024, la Aduana de La Paz entregó incentivos en 108 denuncias efectivas, incluyendo distribución de mercancía y dinero. “La ley establece que cualquier ciudadano puede realizar su denuncia y recibir incentivos en dinero o transferencia de mercancía”.

Mirando aseguró que, a nivel nacional, la Aduana ha otorgado incentivos por un total de Bs 4,2 millones y 19.504 kilos de mercancía en 609 casos.

Los denunciantes pueden hacer sus denuncias a través del sitio web de la Aduana o llamando a la línea gratuita y se garantiza la confidencialidad de sus datos. “La ley prevé mantener la identidad de forma confidencial”.

Explicó que el procedimiento comienza con la recepción de la denuncia, ejecución del operativo, comiso de la mercadería de contrabando, inventario de los productos y, finalmente, la emisión de carta de intervención.

“Quince días después, la Aduana llama al denunciante para que recoja su cheque o se le pide datos para transferirle la mercancía a título gratuito”, añadió.

Se considera una denuncia de contrabando cualquier información sobre la comisión de este ilícito, como el depósito, transporte y otros hechos relacionados con mercancías de contrabando.

La Aduana atiende las denuncias a través de la línea gratuita 800 10 6262, el Registro de denuncias en el Sistema SIDEA y en la página web www.aduana.gob.bo las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año.

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El abogado y analista político Vladimir Peña consideró que, por la crisis interna de Creemos, el Movimiento Al Socialismo (MAS) está “cogobernando” con el gobernador en ejercicio Mario Aguilera, tras los acuerdos en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz.

El lunes, la Asamblea de Santa Cruz eligió a las nuevas directivas de sus comisiones. De manera sorpresiva, la plancha que presentó Alianza Solidaria Popular (ASIP), junto con el MAS, logró imponerse con 21 votos.

De las 11 comisiones de la Asamblea, cuatro están en control del MAS, cuatro bajo tuición de Creemos, dos son presididas por pueblos originarios y una regida por ASIP.

“Este acuerdo en la Asamblea hace que el MAS, de alguna manera, esté cogobernando con el señor (Mario) Aguilera en la Gobernación”, explicó en entrevista con La Razón Radio.

En su criterio, la fractura interna de Creemos perjudica los intereses de la población cruceña y beneficia al MAS. “Si Creemos no se hubiera fragmentado, el MAS no hubiera obtenido estos espacios que ha concedido Aguilera”.

“Hay una alianza encubierta que no les convine criticar”, advirtió.

A su vez, lamentó que Creemos no encuentra un horizonte para hacer gestión en Santa Cruz. Atribuyó esta situación a que la agrupación emergió de un momento de efervescencia política, en alusión a la crisis poselectoral de 2019.

“Camacho llegó prometiendo federalismo. No se cumplió. Ni federalismo, ni gestión. La autonomía fue en retroceso. Los hospitales están saturados, las provincias abandonas. Todo se ha vuelto caótico”, reclamó. 

Advirtió que los próximos años “serán peores” por la crisis que atraviesa la principal fuerza de la región cruceña. “Si el gobernador Aguilera no encuentra acuerdos, no sé si ya tenga tiempo para encaminar la Gobernación que está paralizada”.

El miércoles, el gobernador electo de Santa Cruz y líder de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, observó desde el penal de Chonchocoro (La Paz) cómo su alianza pierde fuerza en su departamento.

Acusó a Aguilera de pactar con el MAS. “Gracias a Mario Aguilera y sus acuerdos, el centralismo masista lidera la comisión encargada de profundizar la autonomía en nuestra ALD (NdR: Asamblea Legislativa Departamental). Esto, además de una traición al voto de los cruceños, es una burla a las luchas de nuestro pueblo”, manifestó en su cuenta de X.

La fracción en Creemos se intensificó luego de la salida de Zvonko Matkovic de la presidencia de la ALD. El 3 de mayo, Antonio Talamás, uno de los asambleístas expulsados de la bancada de Creemos y propuesto por la plancha de ASIP, fue electo como nuevo presidente de la instancia legislativa cruceña.

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Los diferentes museos de La Paz “saldrán” a las calles para mostrar al público la historia, la fotografía, la comida y la música en la Larga Noche de Museos, que se celebrará este sábado 18 de mayo. 

En conmemoración al Día Internacional del Museo, la población podrá recorrer 15 circuitos en cuatro zonas (Max Paredes, Sopocachi, zona Sur y Miraflores). Podrá acudir a los puntos de activación al aire libre en una noche con gastronomía y más de 300 espacios de exposición.

La XVIII versión de la Larga Noche de Museos ofrece acceso gratuito a sus exposiciones y actividades especiales. Los paceños tendrán la oportunidad de participar en recorridos guiados, charlas informativas y talleres interactivos.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el músico Alan Gálvez, mejor conocido como Alandino, dijo que este sábado los museos salen de su lugar privilegiado a las calles y abren sus puertas para que la población tenga el privilegio de disfrutar la música y el arte.

“El museo sale a las calles y las personas tendrán el privilegio de que el museo salga de su zona de confort y mostrar arte y música para el transeúnte”, dijo. 

El jefe de Gestión Cultural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB), David Aruquipa, afirmó que el evento contagia sus actividades a los comerciantes, a los cafés y a los restaurantes. “Se genera un movimiento económico”.

Destacó que, gracias a la actividad, se podrá establecer un nexo entre la cultura y la gente de a pie. “Está abierto a toda la gente que pase por ahí”.

“Hemos logrado que la Alcaldía cierre algunas calles más para tener un escenario” y los músicos puedan mostrar su talento, aseguró en la transmisión.

Por su parte, las autoridades municipales sugirieron a los ciudadanos descargar la aplicación Agenda Cultural Jiwaki para tener todo el circuito disponible. Esta app está disponible en Play Store y App Store.

El Día Internacional de los Museos, creado por el Consejo Internacional de Museos y la Unesco y celebrado anualmente el 18 de mayo, sirve de plataforma mundial para promover el papel de los museos en el intercambio y el desarrollo cultural.

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El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, afirmó que hubo “desinformación e información malintencionada” sobre el Decreto Supremo 5143, de Derechos Reales, como decir que la norma obligaba a expropiar viviendas. “Es falso”.

El martes, el presidente Luis Arce abrogó la norma luego de reclamos de algunos sectores que especularon acerca de su contenido y advirtieron una supuesta intromisión del Estado en la administración de las propiedades privadas.

La decisión fue asumida luego de una solicitud del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB, Juan Carlos Huarachi, quien señaló que fue un pedido de sus organizaciones afiliadas, aunque dijo que se generó por una “mala información” de algunos actores políticos.

Esa norma se creó con el fin transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de derechos reales y desburocratizar el procedimiento que, incluso, tardaba entre dos y hasta tres años, en algunos casos.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Silva explicó que el decreto disponía la bancarización, para pagos en línea, y la interoperabilidad, para el cruce de información entre alcaldías, Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Serecí).

“Este decreto (consignaba) ordenar y señalizar sobre cuál era el camino para seguir y ponerle un alto a un desorden en el diseño institucional de Derechos Reales”, añadió.

Aseveró que el ahora abrogado decreto modificaba el Decreto 27967, firmado por el expresidente Carlos Mesa en 2004, que no implementaba la tecnología actual, los pagos en línea y la interoperabilidad.

“Hace 20 años no había tecnología. Nadie pensaba sobre la ciudadanía digital. La interoperabilidad le ayuda a Derechos Reales a garantizar la legalidad y legitimidad”, cuestionó Silva.

Admitió que la decisión de abrogar la norma fue política y tuvo el objetivo de evitar la desestabilización del Gobierno del presidente Luis Arce. “Fue una decisión política para prever un mal mayor”.

Asimismo, aseguró que “es falso» decir que Derechos Reales sea un registro discreto para los ciudadanos. “Derechos reales es un registro público al igual que el Serecí y Segip”.

El viceministro desafió a actores políticos y a algunos analistas a debatir sobre la norma. «Quisiera que nos digan qué artículo del Decreto 5143 es inconstitucional»

Advirtió que existen “intereses políticos y delincuenciales” por parte de políticos, estafadores y avasalladores para que no prosperen ciertos decretos, como el Decreto 4732, que señala que su objetivo es “la regulación, prevención de cláusulas abusivas y prácticas comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades, de bienes inmuebles”.

Los gremiales del país advirtieron que se movilizarán este viernes en demanda de la anulación de otras normas y de una solución a la escasez de dólares.

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El senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez auguró que la Cámara de Diputados apruebe la ley corta para continuar con el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales que fue suspendido el mes pasado.

El martes, los jefes de bancada de la Cámara de Senadores y los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural anunciaron el tratamiento del proyecto de una ley corta para extender los plazos, entre 30 y 40 días, para destrabar las judiciales.

Las elecciones judiciales fueron suspendidas el 30 de abril luego de que la Sala Constitucional Primera de Cobija dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, y dejó en fojas cero el proceso.

Desde entonces, la Asamblea Legislativa no ha presentado una posición institucional y los legisladores tampoco han podido consensuar salidas al entrampamiento por las fracturas dentro de las bancadas.

La semana pasada, la bancada arcista del MAS en Diputados, encabezada por Jerges Mercado, solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar para continuar con el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.

Por su parte, el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, solicitó al TCP, a través de un memorial, adelantar la revisión del fallo de la Sala Constitucional Primera de Pando que anuló la preselección de los candidatos judiciales y ordenó un nuevo proceso.

Ninguna de las propuestas fue consensuada entre las bancadas y tampoco se convocó al pleno. Por ende, las judiciales continúan en el limbo y cada vez se acercan más las elecciones primarias, cuyo proceso también está en debate.

En entrevista con La Razón Radio, Torrez defendió el proyecto de ley corta del Senado que permite la ampliación de los plazos para las elecciones judiciales y espera que sea aprobada en el pleno del Senado y, posteriormente, en Diputados.

“La preselección va a continuar más allá de que el Gobierno intente evitar que este proceso continúe”, dijo.

Responsabilizó al Gobierno del presidente Luis Arce y al ministro de Justicia, Iván Lima, de impulsar la suspensión de las elecciones judiciales; aunque no presentó pruebas. “Creo que manifestaciones públicas de Lima sobre las judiciales son elementos probatorios de que el gobierno frena el proceso”.

Cuestionó el silencio de Choquehuanca y aseveró que el vicepresidente tiene la obligación de convocar al pleno de la Asamblea. “Es un imperativo de la Constitución”. Afirmó que ese comportamiento motivará a presentar una acción de incumplimiento en contra de Choquehuanca. 

“Tarde o temprano estarán sentados en el banquillo de los acusados los que cometan acciones omisivas. Reitero vamos a interponer esa acción de incumplimiento hoy. Esto no puede quedarse ahí”, advirtió.

A su vez, consideró que la prórroga del mandato de los magistrados y consejeros electos en 2017 “es monstruosa, deleznable” y que “han vulnerado la Constitución” al ampliar sus funciones. “Incurren en un grave delito”.

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