El caso Narcovuelo generó polémica el año pasado, cuando 454 kilos de droga fueron descubiertos en el aeropuerto español de Barajas, los cuales llegaron desde Bolivia. El País señala que cuando se solicitó información al aeropuerto boliviano de Viru Viru, en Santa Cruz, llegaron videos con escenas borradas. 

La referencia surge tras el reciente reporte del Ministerio del Interior español sobre la desarticulación de un grupo criminal que introducía grandes partidas de droga oculta en bolsas de ropa sucia desde Bolivia y Ecuador.

En esta intervención se incautaron 538 kilos de cocaína y hubo cinco detenidos, dos de ellos empleados de una empresa que trabaja en el aeropuerto de Adolfo Suarez-Madrid Barajas, quienes eran los encargados de extraer la droga.

De acuerdo con el comunicado, la operación comenzó en agosto de 2022, tras el hallazgo de 20 kilos de cocaína en el interior de los sacos de ropa sucia de un vuelo procedente de Guayaquil, Ecuador. “Tras esa aprehensión, los agentes centraron sus indagaciones sobre varios empleados de empresas de limpieza que trabajan en el aeropuerto”.

“Posteriormente en abril de pasado año, los investigadores detectaron un nuevo envío de 454 kilogramos de cocaína ocultos entre la ropa sucia de un vuelo procedente del aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz (Bolivia). Cabe destacar que esta ha sido la mayor incautación de cocaína, hasta la fecha en nuestro país, oculta en equipajes en un avión de pasajeros”.

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El escándalo del caso Narcovuelo se conoció a fines de mayo de 2023, empero, el envío de 478 kilos de droga ocurrió en febrero de ese año. Un vuelo alquilado por Boliviana de Aviación (BoA) a la empresa española Wamos Air trasladó el cargamento del aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz) al de Barajas, en Madrid.

Las investigaciones revelaron que una empresa de courier con sede en Santa Cruz y una filial en España había enviado la carga. Sobre el tema, El País señala que “cuando las autoridades españolas solicitaron imágenes de las cámaras de seguridad a las del aeropuerto boliviano, estas solo enviaron grabaciones sin contenido de interés o con escenas borradas en momentos clave”.

Sobre el nuevo caso, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Ismael Villca, señaló que se coordina con autoridades españolas para sumarse a la investigación contra la banda de narcotraficantes por el envío de droga desde Bolivia y Ecuador.

“Estamos en las investigaciones, pero primero hay que ver el origen y la trayectoria, no descartamos de realizar inmediatamente ciertas acciones investigativas, provenientes a un sector específico, pero de manera general ya hemos realizado. Tenemos las unidades de Inteligencia y de coordinación con esos países que están transmitiendo los datos necesarios para que podamos tener mayores referentes y que en nuestras estrategias operativas tengamos mayores resultados”, dijo.

Dos brasileños fueron capturados y entregados el jueves a autoridades de su país en la frontera de Bolivia y Brasil. Ambos cuentan con órdenes de aprehensión por narcotráfico.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Beni tras un operativo antinarcóticos en la carretera Cachuela Esperanza – Villa Bella, interceptaron un vehículo de servicio público en el cual lograron identificar y aprehender a los súbditos brasileños.

Ambas personas fueron trasladadas al puerto fronterizo de Guayaramerín y efectivos de la FELCN realizaron la entrega a agentes policiales del Sexto Batallón de Policía de Frontera de Brasil.

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“Marcos Dos Santos de Lima (es) un peligroso líder del Comando Vermelho; también Jaqueline de Araujo Pereira, misma que es buscada por el delito de tráfico de drogas, en coordinación con autoridades policiales de la República Federativa del Brasil, se pudo validar la identidad de ambas personas que son requeridas en su país para cumplir una condena”, informó la FELCC a través de sus redes sociales.

También a través de sus redes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que no se permitirá “que extranjeros traten de delinquir en nuestro país”.

“Marcos Dos Santos de Lima y Jaqueline de Araujo Pereira… ya fueron llevados a la frontera para responder a la justicia de su país”.

Ante las declaraciones de la diputada por Creemos, María Rene Álvarez, sobre que Piso Firme pertenecería a Santa Cruz luego que el Órgano Electoral ratificara este hecho, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, lamentó las declaraciones de la legisladora e indicó que politiza el caso con “especulaciones”.

“Lamento las declaraciones de la diputada, pese que la hemos convocado a una reunión de información justamente para evitar este tipo de especulaciones o desinformación, claramente no ha entendido lo que consiste el proceso de delimitación. Me extraña que una diputada genere este tipo de comentarios. Ahora, entiendo el afán político, el protagonismo, la falta de visibilización por hacer algo interesante por su región, genera este tipo de declaraciones”, dijo.

El miércoles, Álvarez indicó que tras un cuestionario de preguntas enviado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), éste les respondió sobre una de las preguntas, respecto a “los parámetros que tiene la comunidad de Piso Firme” en San Ignacio de Velasco.

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“La respuesta fue contundente, ‘la localidad de Piso Firme se tiene registrado bajo los siguientes parámetros, departamento de Santa Cruz, provincia Velasco, municipio San Ignacio de Velasco, comunidad Piso Firme’. El cambio del trazo del límite departamental que surgió de un momento a otro de manera unilateral del Viceministerio de Autonomía entra en discrepancia sobre la identificación o pertenencia, o tuición jurisdiccional en las entidades territoriales implicadas”, cuestionó Álvarez.

La controversia limítrofe en esta comunidad se desencadenó tras la realización del Censo de Población y Vivienda, el 23 de marzo. Los pobladores del lugar reclamaron al ver que iban a ser empadronados por personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) de la regional Beni.

Desde entonces viene interviniendo el Viceministerio de Autonomías, en su calidad de autoridad conciliatoria entre los departamentos de Beni y Santa Cruz.

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla (MAS evista), informó que el equipo técnico de las comisiones mixtas trabaja en una propuesta de ley corta o interpretativa que se enviará al presidente nato de la Asamblea, vicepresidente David Choquehuanca, para que convoque y ponga a consideración del pleno.

“Estamos cumpliendo con el trabajo que nos manda la Constitución, de esa manera  las dos comisiones mixtas vamos a mandar una propuesta de ley corta, una ley interpretativa de la Ley 1549 para que la Asamblea la considere”, dijo.

El martes, el Vicepresidente descartó convocar a sesión del pleno para reencaminar el proceso de las judiciales e indicó que la responsabilidad de continuar con la preselección corresponde a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia.

Ante ello, también el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos insistieron en que Choquehuanca debe llamar a sesión por mandato constitucional, para tal efecto, le dieron un plazo de 72 para así aprobar una ley interpretativa que permita continuar con la preselección.

Padilla reiteró que, en cumplimiento a la Constitución, no les corresponde continuar, esto en razón a que se cumplió el plazo de 80 días para el proceso de preselección y no “cuentan con una base legal”.

Padilla reiteró que, en cumplimiento a la Constitución, como comisión mixta, no les corresponde continuar, esto en razón a que se cumplió el plazo de 80 días para el proceso de preselección y no “cuentan con una base legal”.

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“Quiero plantear a Choquehuanca que, para no perjudicar al tema de preselección del Órgano Judicial, netamente convoque con el único punto de tratar una ley interpretativa de las elecciones judiciales en la Asamblea. Él tiene miedo de convocar por las críticas que hay por las leyes 073 y 075”, mencionó.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, insistió en que el Vicepresidente convoque a sesión para continuar con el proceso de preselección. Además, dijo que están en la espera que convoque a una mesa de diálogo.  

“Seguimos esperando que el Presidente de la Asamblea convoque otra vez a otra mesa de diálogo y que podamos allanar el camino de manera inmediata, lo que sería una resolución o una ley corta”, señaló Rejas.

La preselección en las comisiones mixtas fue paralizada desde mediados de abril, debido a más de 30 amparos constitucionales y una acción popular presentadas en Salas Constitucionales del país. El proceso se estancó en la fase de exámenes orales, con más 400 candidatos perjudicados.

La semana pasada, la Sala Segunda del TCP revocó el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que anuló el proceso hacia las judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

El Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales instó a los sectores sociales a estar alertas porque pronto se saldrá a las carreteras debido a que el Gobierno no resolvió los problemas estructurales del país como son el económico, político y social.

“En este momento, como Pacto de Unidad, hacemos conocer a todos los sectores sociales, no solamente la confederación única de campesinos, ni interculturales, ni bartolinas, sino mineros y transportistas a ponerse en estado de alerta, ya llega (la hora) de salir a las calles y carreteras, porque no han resuelto los temas estructurales del país, en tema económico, dólar y combustible”, dijo Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala evista.

El dirigente reiteró que aún no se dará hora y fecha, pero, además pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que haga cumplir la ley de organizaciones políticas, esto respecto a la realización del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista, programado para el 11 de julio en el municipio de Villa Tunari, del departamento de Cochabamba.

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“El Tribunal Supremo Electoral está jugando con el sentimiento de la militancia y de los sectores sociales, especialmente con el movimiento indígena originario. Queremos decir, a los siete vocales supervisen el congreso de Villa Tunari, sino vamos a tener serios problemas con ellos, no vamos a aceptar ninguna intromisión”.

El 18 de mayo, el bloque evista realizó un ampliado en Cochabamba en el que se declararon en “emergencia permanente” y señalaron que están en situación de «apronte», por lo que se pidió a las bases organizarse para “futuras movilizaciones”.

“Si los derechos políticos del movimiento indígena son vulnerados, la respuesta será muy contundente en las carreteras y en las calles”, indicaron entonces.

Además, exigieron el cese inmediato de funciones de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional y Órgano Judicial “que emiten fallos para el Gobierno”.

“Hemos sido claros, porque en 72 horas tenían que tratar la ley 073 y 075, como han incumplido y no ha convocado David Choquehuanca, por lo tanto, nuevamente decimos y como está en la resolución (del 18 de mayo), debe convocar inmediatamente a una sesión ordinaria de la Asamblea para tratar ambas leyes. Caso contrario ya lo veremos”, advirtió Santos.