El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, defendió la sesión de la Asamblea Legislativa del pasado 6 de junio en el que se aprobaron las leyes de cesación de los actuales magistrados “autoprorrogados”, un crédito para la construcción de la doble vía Caracollo-confital-Bombeo, además de la continuidad del proceso de preselección judicial y la concesión del decreto presidencial amnistía e indulto por razones humanitarias.

También pidió al Órgano Ejecutivo, a la cabeza del presidente Luis Arce, promulgar las leyes sancionadas en la «Séptima Sesión Ordinaria» de la Asamblea Legislativa.

“Esa decisión se adecuó a lo establecido en el parágrafo II del Art. 158 de la CPE, concordante con el Art. 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados… (pero) debido a un Recurso Nulidad interpuesto por el Diputado (Juan José) Jáuregui, ante el TCP ‘auto prorrogado’, contra la convocatoria a sesión plenaria, esa instancia emitió el Auto Constitucional 134/2024, minutos antes del inicio de la sesión convocada, disponiendo la suspensión de la convocatoria, supuestamente, por falta de competencia de Andrónico Rodríguez, presidente en ejercicio de la ALP. Sin embargo, de manera errónea se notificó a Andrónico Rodríguez en calidad del presidente del Senado cuando la Sen. Daly Santa María había asumido la presidencia de esa Cámara de manera transitoria. Por ese motivo, la sesión se llevó a cabo el 6 de junio y la ALP tomó importantes decisiones”, (sic) señala parte de un artículo de opinión publicado hoy por Rodríguez en La Razón.

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Añade que “pretender bloquear atribuciones de la ALP reconocidas en el Art. 158 de la CPE, referente a dictar leyes, así como a preseleccionar candidatas y candidatos para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, es una aberración jurídica y se constituye en un total despropósito. En consecuencia, no es válido un recurso que cuestiona la competencia de un órgano que, efectivamente, su tarea es legislar”.

Indica que, una vez sancionadas estas leyes, se dispuso su remisión al Órgano Ejecutivo para su promulgación por lo que ahora la “decisión está en manos del Órgano Ejecutivo, dónde el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca tienen la palabra”.

“De nuestra parte, manifestamos nuestra esperanza en que las diversas instancias del Ejecutivo y Legislativo asuman sus responsabilidades en el marco de la coordinación y cooperación entre órganos del Estado, tal como hemos impulsado desde la Cámara de Senadores con voluntad de diálogo y concertación”.

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial (CBS), a través de un pronunciamiento, rechazó este lunes que las actuales autoridades de la Compañía de Jesús en Bolivia “intenten lavarse las manos o aparecer como paladines de la justicia”.

“La Fiscalía del Estado reabre el caso de Luis María Roma, no porque la Compañía de Jesús se lo vaya a urgir; sino por imperio de la verdad, develada por una rigurosa investigación periodística de El País, que duró cerca de un año, y porque aparecieron las víctimas, dispuestas hoy a judicializar su testimonio”, señala parte del comunicado.

Agrega que “las acciones negligentes, indolentes y nefastas” a las que hace referencia el comunicado de la Compañía de Jesús “no son sólo responsabilidad de quienes estuvieron a cargo de atender las denuncias de abusos sexuales… sino son responsabilidad institucional, pues se evidencia que conocían el caso: el ex provincial y ex delegado de ambientes seguros Oswaldo Chirveches; el acusado de abusar de niñas en el internado Juan XXIII, Carlos Vilamil Olea, y el superior de Lucho Roma, Arturo Moscoso, y no lo denunciaron a la justicia ordinaria, configurando omisión y encubrimiento institucional”.

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Ante ello, la CBS solicita a la Fiscalía del Estado prohibir “el funcionamiento de una comisión, a la cabeza de la delegada de Ambientes Sanos y Seguros de la Compañía de Jesús, que contacte a las víctimas del caso Roma, pues se corre el riesgo de acciones de amedrentamiento, cooptación, revictimización, y para evitar que usurpe funciones exclusivas del Ministerio Público, la Fiscalía y la Policía, conduciendo a la impunidad de los victimarios y encubridores”.

También ante las afirmaciones de la Compañía de Jesús que “no protegerá a nadie”, les pide que “cumplan su palabra y denuncien ante la  Fiscalía a los jesuitas Oswaldo Chirveches e Ignacio Suñol, por encubrir y encajonar durante años la información y los archivos del caso Roma».

Añade “denunciamos el encubrimiento de Luis Palomera, hacia Lucho Roma, pues era su mano derecha y las denuncias son de antigua data. Denunciamos a Marcos Recolons por haber destinado a Charagua a este pederasta, sabiendo  que era un perpetrador con antecedentes en el hogar de niños huérfanos de Tacata; a Antonio Menacho y Ramón Alaix, por haberlo protegido en un colegio de Sucre, otorgándole nuevamente trabajo con niños de primaria y haberlo cobijado en la comunidad chuquisaqueña, para que tenga su guarida con las fotos y archivos de sus abusos, sabiendo que había mellado la dignidad del pueblo guaraní y de los pueblos indígenas de Bolivia”.

Luego de conocerse la convocatoria al pleno de la Asamblea para el martes a horas 17.00, los asambleístas de oposición y del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista rechazaron determinación del presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca y indicaron que se busca desconocer la sesión del pasado 6 de junio, presidida por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

Desde la facción arcista señalaron que la sesión convocada por Rodríguez fue ilegal, debido a que había una cautelar que determinó que se suspenda y se deje sin efecto todos los resultados emitidos en ese encuentro. 

Renán Cabezas, diputado del MAS evista, reprochó la actitud de Choquehuanca e indicó que la convocatoria lo que busca es desconocer la función de la Asamblea, debido a que «emitió una convocatoria nula», porque “la Séptima Sesión Ordinaria se realizó el pasado 6 de junio”.

“Ahora Choquehuanca quiere confundir al pueblo, convoco a mis colegas senadores y diputados a que no asistamos. El asistir es reconocer esta convocatoria que no tiene ningún sentido”, dijo.

Alejandro Reyes, diputado por Comunidad Ciudadana (CC), descalificó la convocatoria a sesión e indicó que Choquehuanca “claramente” incumple deberes, lo cual se demuestra porque no “le interesa solucionar los problemas críticos que tiene el país” 

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“Para él (Choquehuanca), es una prioridad tratar la comisión de receso de la Asamblea antes que promulgar las leyes importantes o los créditos para la carretera de Confital -(Bombeo)”.

Desde sus redes sociales, Luisa Nayar, diputada por CC, señaló que la «Séptima Sesión ordinaria de la Asamblea» se llevó el jueves 6 de junio y aprobó el cese inmediato de los «autoprorrogados».

«@LaramaDavid en un acto de felonía y traición al Órgano de poder que el mismo preside, pretende someternos a la tiranía judicial. Es un llunku despreciable. ¡Rechazamos su convocatoria trucha!» (sic) escribió la legisladora.

Desde el ala arcista, el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, señaló que la séptima sesión “no existe” y que recién se concretará mañana.

“Siempre hemos argumentado que esa sesión fue ilegal, fue inconstitucional, oportunista de paso. Esa sesión no ha existido, además había una cautelar que dijo que se suspende y se deja sin efecto y que todos sus resultados serán nulos”, manifestó.

De acuerdo con la agenda programada para el martes, el primer punto corresponde a la correspondencia y el segundo a la designación de la Comisión de Asamblea para el Receso Legislativo de medio año.

Alberto Astorga, diputado por CC, señaló que «llama la atención» que se quiera tratar el receso parlamentario, esto debido a que en los últimos años este se trato pasando el 16 de julio. “Es prematuro que quieran convocar a receso parlamentario, con esto se demuestra que lo que se quiere es dilatar este tema, en este caso de la anulación de los autoprorrogados”.

Ante la convocatoria de Rodríguez, el pasado 6 de junio se desarrolló la sesión “Séptima Sesión Ordinaria” de la Asamblea, pese a la existencia de una sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que determinó su suspensión y advirtió que todo acto o disposición que se emita o se realice con posterioridad será “nulo de pleno derecho”.

En el encuentro de legisladores de oposición de CC y Creemos, además del MAS del ala evista se aprobó la cesación de los magistrados “autoprorrogados”, la resolución de Asamblea para continuar con el proceso de preselección, un crédito externo y el decreto presidencial sobre indulto y amnistía.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, cuestionó este lunes la convocatoria a sesión para este martes y pidió al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, rectificar el número de la convocatoria y sea la Octava Sesión Ordinaria, no así la “Séptima Sesión Ordinaria” como señala el documento. 

El legislador remitió una carta a Choquehuanca en el que solicita la rectificación del número de sesión o una aclaración sobre la nueva convocatoria.

“Tengo a bien informar que por Secretaría General de la Vicepresidencia del Estado y Presidencia de la Asamblea, emitió convocatoria a la 7ª Sesión Ordinaria de la ALP llevada a cabo el pasado 6 de junio de 2024; en este sentido, no guarda correlación con la convocatoria emitida para la sesión del martes 18 de junio, por lo que solicito se rectifique el número de convocatoria correspondiendo a la 8ª Sesión Ordinaria o se aclare el motivo de esta emisión, argumentando la normativa que establecería ello”(sic), dice la parte.

La tarde de este lunes se conoció la convocatoria a sesión de la Asamblea emitida por Choquehuanca para el martes a horas 17.00 con el mismo número de sesión que utilizó Rodríguez el pasado 6 de junio.

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De acuerdo al orden del día, se tratará la designación de la “Comisión de Asamblea para el Receso Legislativo de medio año”, además del tratamiento de dos leyes.

Rodríguez desde sus redes sociales señaló que “ignorar la legitimidad del trabajo de los dos tercios de la Asamblea Legislativa que participaron en la séptima sesión de la Asamblea, es desconocer nuestra Constitución, los reglamentos de ambas Cámaras (legislativas) y la voluntad del pueblo boliviano en temas tan sensibles como la justicia y la elección de magistrados”.

En una cuestionada sesión, la convocatoria presidida por Rodríguez del pasado 6 de junio se cumplió pese a la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que determinó su suspensión y advirtió que será “nulo de pleno derecho” todo acto o disposición que se realice o emita con posterioridad.

En esa sesión, se aprobó y sancionó en el pleno normas y resoluciones como el cese de las funciones de los exmagistrados “autoprorrogados” del TCP y demás instancias del Órgano Judicial, un préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Confital-Bombeo.

Además, se aprobó la resolución de Asamblea para la continuidad del proceso de preselección judicial y el decreto presidencial de concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias.

El presidente nato de la Asamblea Legislativa, vicepresidente David Choquehuanca, convocó este lunes a sesión del pleno para este martes con el mismo número de sesión que utilizó el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

Se “convoca (…) a la instalación de la Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea, a realizarse el día martes 18 de junio, a horas 17.00 en el hemiciclo del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa”, señala parte de la convocatoria.

De acuerdo al orden del día, como primer punto está la lectura de correspondencia, para posterior tocar la designación de la “Comisión de Asamblea para el Receso Legislativo de medio año”, además del “Tratamiento de las observaciones del Presidente Constitucional del Estado a la Ley sancionada denominada ‘Ley para garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en los municipios Sucre y Potosí’” y el “Proyecto de Homenaje a víctimas del periodo inconstitucional del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982”.

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El 6 de junio se realizó una controvertida sesión presidida por Rodríguez con el mismo denominativo de “Séptima Sesión Ordinaria”, pese a la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que determinó su suspensión y advirtió que todo acto o disposición que se emita o se realice con posterioridad será “nulo de pleno derecho”.

En ese encuentro de legisladores de oposición de Comunidad Ciudadana y Creemos, además del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista se aprobó la Ley 075 de cesación de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional y demás instancias del Órgano Judicial, además de la resolución de Asamblea para continuar con el proceso de preselección, un crédito externo y el decreto presidencial sobre indulto y amnistía.

Entonces, la Procuraduría General del Estado denunció Rodríguez y sus “cómplices” usurparon las funciones del presidente nato de la Asamblea y perpetraron “un golpe a la democracia, al Estado de derecho y al orden constitucional”.

“Esta institución de creación constitucional, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, y conforme manda el Artículo 229 de la Constitución Política del Estado, condena los actos desarrollados en la reunión inconstitucional e ilegal de legisladores que incurrieron en desobediencia a resoluciones constitucionales” (sic), señala el comunicado.