Un ciudadano boliviano que hace un año perdió un brazo mientras trabajaba sin contrato en una panadería de la localidad española de Real de Gandía, en Valencia (este), expresó ayer su satisfacción por la solicitud del fiscal de seis años de prisión para los dueños de la empresa.
/ 29 de abril de 2010 / 05:00
Un ciudadano boliviano que hace un año perdió un brazo mientras trabajaba sin contrato en una panadería de la localidad española de Real de Gandía, en Valencia (este), expresó ayer su satisfacción por la solicitud del fiscal de seis años de prisión para los dueños de la empresa.
Franns Melgar Vargas, de 34 años, que sufrió la amputación de su brazo izquierdo con una máquina amasadora, hizo estas declaraciones tras conocer la víspera que la Fiscalía pide seis años de prisión y seis de inhabilitación profesional para cada uno de los dos hermanos propietarios de la fábrica donde se produjo el accidente.
Los hechos sucedieron en la madrugada del 28 de mayo del 2009 cuando Melgar, empleado de forma «ilegal» desde 2007 en la fábrica, manipulaba la amasadora de espiral, un trabajo que —dice el fiscal— realizaba «sin haber recibido ningún curso de formación ni de preparación y ninguna información de los riesgos que corría», pues la empresa carecía de un plan de riesgos laborales.
La acusación pública considera en su escrito de calificación provisional, conocido la víspera, que los dueños de la panadería, Juan Javier R. y Raúl R., cometieron dos delitos contra los derechos de los trabajadores, uno de ellos en concurso ideal y otro de lesiones por imprudencia grave.
Por cada uno de estos delitos, la Fiscalía pide tres años de prisión y otros tres de inhabilitación, además de 12 meses con una cuota diaria de 15 euros ($us 20) y una indemnización de 132.540 euros ($us 177.600) para la víctima.
El fiscal concluye que los sistemas de seguridad de la máquina se encontraban, desde hacía más de un año, «sin operatividad», ya que «la máquina funcionaba con la rejilla de seguridad levantada». Advierte de que los propietarios de la empresa habían permitido «la utilización de la amasadora sin el enclavamiento de seguridad», circunstancia que podría haber evitado el accidente.
Después de un silencio epidemiológico, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó este jueves un deceso por fiebre amarilla. El paciente de 21 años fue diagnosticado en El Alto, no obstante, se presume que resultó contagiado en un viaje al norte paceño.
“Esta semana epidemiológica 17 se ha presentado un caso que es en el Hospital Santiago II (El Alto), correspondiente a la Caja Nacional de Salud (CNS) (…). Ya ha sido confirmado por el laboratorio de Cenetrop (Centro Nacional de Enfermedades Tropicales). La fiebre amarilla se ha presentado, no es un caso de El Alto; eso debemos aclarar, es un caso que viene del norte de La Paz el contagio”, indicó el jefe de la Unidad de Epidemiología e Investigación del Sedes, Javier Mamani.
Esta enfermedad es transmitida mediante la picadura de un mosquito. Luego del contacto, el periodo de incubación se da entre tres y seis días, de acuerdo con el portal de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Si bien en algunos casos es asintomático; en otros puede presentar signos como “fiebre, dolores musculares, sobre todo de espalda, cefaleas, pérdida de apetito y náuseas o vómitos”.
FIEBRE AMARILLA
En La Paz, el Sedes informó que se había mantenido un silencio epidemiológico por casi tres años, hasta el reporte de este deceso.
“Teníamos, hasta este entonces, un silencio epidemiológico. El Servicio Departamental de Salud, a través de la Unidad de Epidemiología e Investigación, ya está haciendo el control de foco; es decir, se ha mandado ya personal que está ingresando al punto”, explicó Mamani.
La forma más efectiva de prevención de esta enfermedad es la vacunación. Por esto, el Sedes ha determinado reforzar las campañas, de manera que no se genere un brote y más decesos como el sucedido con este paciente.
“Debemos recomendar a toda nuestra población que toda persona que vaya a acudir a un centro tropical; a un lugar caliente como Nor Yungas, Sud Yungas, o cualquier lugar con características similares, se haga colocar la vacuna de fiebre amarilla que es totalmente gratuita”.
Mediante un mensaje en sus redes sociales, el presidente Luis Arce conmemoró el Día Contra el Acoso Escolar con un llamado para unirse en la lucha para terminar con este flagelo, que incluso ha causado muertes en todo el mundo.
“El acoso escolar o ‘bullying’ no solo provoca graves consecuencias psicológicas y emocionales a la víctima, sino que se constituye en una flagrante violación a sus derechos humanos y muchas veces puede terminar en tragedia. Acabar con este mal es una tarea de todas y todos. No permitamos que la felicidad de nuestros estudiantes sea arrebatada”, publicó el mandatario, en sus redes sociales.
Esta jornada dedicada a concienciar sobre este grave problema también lo conmemoró el Ministerio de Educación. Calificó a este problema como un “terrible peligro” para la población infantil y juvenil.
“Desde el Ministerio de Educación, reiteramos nuestro compromiso para tener ambientes educativos libres de toda forma de violencia, un trabajo conjunto que se lleva adelante con toda la comunidad educativa, desde las maestras y maestros, hasta las mismas madres y padres de familia”, aseguró la cartera estatal; también por medio de sus redes sociales.
El Día Internacional Contra el Acoso Escolar marcó agenda en el mundo este jueves. Gobiernos y familias se manifestaron ante la necesidad a acabar con este flagelo. Incluso casos de muertes se han conocido a consecuencia de estos abusos que, a veces, las víctimas sufren en silencio.
Siete de cada 10 adolescentes privados de libertad son investigados por delitos sexuales
El diagnóstico realizado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades reveló que el número de adolescentes en centros de reintegración social aumentó en 34% el 2023 en comparación con años pasados.
En los centros actualmente hay 1.420 adolescentes con responsabilidad penal.
Dentro del sistema penal para adolescentes, el 73%, es decir, siete de cada 10, están juzgados por delitos relacionados contra la integridad sexual, reveló este jueves un diagnóstico realizado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.
“Cerca del 73% de adolescentes privados de libertad que se encuentran dentro del sistema penal para adolescentes diferenciado, corresponden a delitos relacionados a violencia sexual”, indicó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz.
Explicó que en los centros actualmente hay 1.420 adolescentes con responsabilidad penal. Esto quiere decir que al menos, 1.037 están vinculados a este delito.
Del total de menores de edad con responsabilidad penal, 642 se encuentran privados de su libertad en los centros de reintegración social. En tanto que, los otros 778 están recluidos en centros de orientación.
La autoridad detalló que el 60% de adolescentes mujeres y el 28% de los varones en estos recintos se encuentran cumpliendo una medida cautelar de detención preventiva.
La viceministra alertó que el número de delitos en adolescentes crece “año tras año”.
Hasta el 2020 el número de adolescentes dentro del sistema penal era de 476 en el país. Sin embargo, para 2023, esta cifra de detenidos vinculados con actividades ilícitas “aumentó en un 34%”.
Según Cruz, esta situación genera una sobrepoblación de 31,2% de los espacios de reclusión del país. Los centros de mayor “preocupación”, son los ubicados en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.
Ante esta realidad, Cruz lamentó que no existe ningún tipo de abordaje interdisciplinario y especializado. “Las medidas socioeducativas no estarían cumpliendo con su finalidad educativa de reintegración social, de reparación del daño y de evitar la reincidencia”, indicó.
Es por esto que entre este jueves y viernes se desarrollará en la ciudad de La Paz, un “Encuentro Nacional de Entidades de Atención del Sistema Penal para Adolescentes”, con la participación de las instancias técnicas de los nueve departamentos, 16 centros de reintegración social, la Fiscalía y el Órgano Judicial.
En este evento se presentarán las debilidades de la implementación de la Justicia Restaurativa y medidas para la reintegración. También se analizarán los casos de adolescentes con discapacidades mentales en estos centros; así como el análisis de las consecuencias en adolescentes de las detenciones preventivas y traslados a cárceles de adultos.
Documental español aborda casos de pederastia y abusos clericales de dos jesuitas en Bolivia
El 30 de abril de 2023 estalló el caso del sacerdote Alfonso “Pica” Pedrajas, tras la publicación de un reportaje del periódico español El País titulado ‘Diario de un pederasta’.
El documental 'La Fuga' relata los abusos sexuales perpetrados en colegios de la Iglesia Católica.
El documentalista español y director de “La fuga”, Josep Morell, anunció el estreno del producto audiovisual que aborda abusos sexuales propiciados por los sacerdotes jesuitas Luis Tó (+) y Francesc Peris en Bolivia.
El documental se estrenará el 6 de mayo en el marco del festival Docs Barcelona y el 18 de junio en ‘Nits Sense Ficció’ de 3Cat.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, contó que la idea emergió de una investigación de pederastia impulsada por el periodista Guillem Sánchez. “Intentamos contar dos historias bien retratadas y seccionarlas en dos de los colegios más importantes de Barcelona, a donde va la elite de las clases sociales”.
Lamentó que durante décadas hubo una cultura de impunidad por parte de la Compañía de Jesús en el mundo. Tó y Peris estuvieron en Bolivia como sacerdotes y encargados de menores a quienes abusaron por años.
El 30 de abril de 2023 estalló el caso del sacerdote Alfonso “Pica” Pedrajas (+), tras la publicación de un reportaje del periódico español El País titulado ‘Diario de un pederasta’. Se trata de una revisión del documento, de 383 páginas, en el que el cura confesó que abusó sexualmente de al menos 85 menores de edad en su paso por América Latina.
En la transmisión, el exjesuita Pedro Lima afirmó que, a raíz del caso Pedrajas en Bolivia, aparecieron más víctimas en España. Denunció que “hay un patrón que se repite” en la Iglesia Católica que consiste en que se reconoce el abuso sexual, pero el proceso no avanza por ausencia de víctimas.
Recordó que, por ejemplo, en la localidad de Charagua, la Compañía de Jesús encubrió los casos de pederastia porque las autoridades conocían los hechos y cerraron la investigación con el argumento de que no había víctimas. “Sabemos que (la Compañía) desplegó su poder institucional para silenciar a las víctimas, (pero) por suerte hablaron”.
“El provincial sabía que niñas estaban siendo abusadas en Charagua”, dijo.
Aseguró que las órdenes religiosas de la Iglesia Católica suelen investigar casos de pederastia clerical y su conclusión es siempre la misma: «Es verosímil, pero no hay víctimas».
Lima contó que, en aquel entonces, denunció que Tó había llegado a Bolivia con el antecedente de abusador clerical en Barcelona con dos años de prisión por abusar a una niña, mientras la alistaba para una ceremonia religiosa. Sin embargo, en El Alto fue párroco y enseñaba catequesis a niños, pese a que debía alejarse de los menores por 4.000 días.
“Tó estuvo en parroquias, se convirtió en un referente social. Detectaba a niñas y las atacaba”, añadió Morell.
En 1992, una sentencia condenó a Tó por abusos a una alumna de ocho años del colegio “Sant Ignasi” de Barcelona. Poco después, los jesuitas enviaron a Tó a Bolivia, donde trabajó en varias parroquias de El Alto.
Según Morell, en 1993, había aterrizado también a Bolivia Francesc Peris, del colegio de los jesuitas de Casp, donde ya se habían recibido quejas. Ambos acumulan denuncias de exalumnos que han decidido hacer públicos los abusos y reclamar una reparación.
Tó ya falleció y Peris envejece en una residencia en la ciudad de Manresa en Cataluña, España.
En el documental, la Compañía de Jesús pide perdón y niega cualquier patrón de encubrimiento de los pederastas.
Lima fue sacerdote jesuita y actualmente es impulsor y miembro de la llamada Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial. Anunció que se reabrirán algunos casos que fueron cerrados por injerencia de la Iglesia Católica en la Justicia.
Morell dijo que la Iglesia Católica debe reconocer su culpa y que hubo políticas encubridoras. Ratificó que se debe conocer la verdad de los “crímenes de lesa humanidad”. “La verdad es lo único que curará a los que sufrieron y hará creíble a las máximas instancias de la población de un país”.
Recordó que hay reportes de abusos clericales desde 1945 hasta este 2024 registrados por la misma Conferencia Episcopal, según la orden son entre 1.300 y 1.400 casos. Sin embargo, según un reporte del Defensor de Cataluña, han sufrido abusos en España más de 400.000 niños y niñas en colegios religiosos no religiosos.
También existen registros de violaciones a menores en Estados Unidos, Irlanda, Francia y América Latina. “Es una lacra absoluta. Han pagado los jesuitas para que no se sepan los casos”.
El policía que tuvo contacto con el novio de la joven Odalys Vaquiata, que desapareció hace más de un mes, permanecerá detenido por cuatro meses en el penal de San Pedro de La Paz, informó la Fiscalía.
Ante esa determinación, el abogado del efectivo policial lamentó que Joel P. involucre a personas inocentes y que nada tienen que ver con la desaparición de la joven madre de 28 años.
“Esperemos que la Policía se ponga más diligente y logre encontrar el cuerpo a la señorita viva y se esclarezca este hecho”, dijo el abogado del policía, Marco Mostajo.
Según las investigaciones, el policía se vio involucrado en el caso por las conversaciones que tuvo con Joel, por las que recibió medidas cautelares.
“Como todo ciudadano que sufre algún problema, pidió orientación y mi cliente le dijo que haga lo conveniente y que diga lo que ha sucedido”, argumentó Mostajo.
El jurista aclaró que, en la primera comunicación, Joel estaba en estado de ebriedad y le comentó a su amigo sobre la desaparición de su enamorada. En la segunda le dijo que la buscó sin dar con su paradero; el policía le volvió a recomendar que acuda a las autoridades, según el letrado.
En el tercer llamado, Joel se comunicó cuando ya estaba arrestado. “’Tú habla toda la verdad y te van a ayudar’, le dijo mi cliente”, contó Mostajo.
El abogado recalcó que su cliente es inocente y que entregó su celular para que se conozca todo lo que habló con Joel.
“Mi cliente, en primera instancia, estaba como testigo. Él ha entregado el celular para que pueda ser punible a todo tipo de pruebas, pericias y demás. Y allí están encontrados esas llamadas, le había llamado también el abogado de Joel”, complementó el abogado.
A Joel Pérez lo trasladaron al penal de Chonchocoro luego de permanecer detenido en el centro de Qalauma del municipio de Viacha. La decisión de las autoridades penitenciarias se debe a que portaba un teléfono celular y por violar otras normas.
Pasó más de un mes desde que se conoció la desaparición de Odalys, el 31 de marzo. La Policía prosigue con las investigaciones y los operativos de búsqueda de la mujer de 28 años que se perdió en un viaje que hizo con Pérez al norte de La Paz.
