Nacional

Wednesday 1 May 2024 | Actualizado a 10:21 AM

La Policía comenzó una purga de corruptos

Plazo. En 20 días se conocerán los primeros resultados del ‘seguimiento y rastreo’

/ 21 de mayo de 2010 / 05:00

Un equipo especial trabaja en el ‘seguimiento y rastreo’ de los policías de diferentes unidades operativas para identificar y, posteriormente, sancionar y echar de la institución a los uniformados comprometidos con delitos, como el narcotráfico o crímenes, se informó oficialmente.

La información la proporcionó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, quien explicó que el objetivo es encarar una depuración y limpieza de los malos elementos de la institución del orden. Este trabajo se inició hace dos meses y en 20 días se anunciará los primeros resultados.

El «rastreo» se realiza en las diferentes unidades de la Policía Boliviana, entre ellas citó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), a la Dirección Nacional de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) y al Control Operativo Aduanero (COA). «Tenemos unidades de élite especializadas (en estas tareas)», dijo.

El presidente, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García, instruyeron esta purga policial. «Tendremos novedades (en breve) para hacer una limpieza de aquellos malos policías, quienes están inmiscuidos en delitos o crímenes…El reto del Viceministerio de Defensa Social, de la Policía y del Gobierno es depurar a estos malos policías», aseguró la autoridad.

La información se da siete días después del secuestro de William Rosales Suárez y el asesinato de seis de sus guardaespaldas, tres bolivianos y tres serbios, en San Ramón, Santa Cruz. En este caso fueron vinculados policías en servicio pasivo y activo de diversa graduación.

El teniente Dagner Paz, procesado por deserción, es acusado de ejecutar a los guardaespaldas. Además de Paz, fueron involucrados un ex teniente de apellido Rioja, el ex capitán Orlando Araujo y un policía con el sobrenombre de Masaco. El cabo Diego Guardia Vía es uno de los asesinados.

«A estas personas (policías vinculados con hechos ilícitos) hay que alejarlas de la institución. Institución como nuestra Policía dota de seguridad a la sociedad civil. Necesitamos policías honestos, que respondan a la sociedad y a la seguridad ciudadana de nuestros habitantes. En eso, el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios en coordinación con el Comando de la Policía», explicó.

El Vicepresidente y presidente en ejercicio informó de que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la FELCN coordinan acciones para «descubrir los vínculos y la infiltración de determinadas personas de la Policía» en el caso Rosales.

«Es mejor cortar ahora, de manera fuerte, pero inmediata, cualquier tipo de infiltración en nuestras instituciones por parte del narcotráfico», afirmó.

El comandante de la Policía, general Óscar Nina, informó el 29 de abril de que recurrirán a policías encubiertos para la lucha anticorrupción. «Estos uniformados harán un trabajo permanente y continuado en todas las instancias críticas, o sea, aquellas donde se presume y evidencia que hay corrupción», explicó en ese entonces.

Cáceres, por cuestiones de seguridad, evitó adelantar detalles sobre el proceso en curso para identificar a policías vinculados con hechos ilegales.

«Sin embargo, tenga por seguro el pueblo boliviano que de aquí a unos 15 a 20 días vamos a tener resultados muy concretos para de esta manera dignificar a la institución policial», dijo.

La Policía cuenta con más de 35.000 efectivos. Nina, en varias ocasiones, habló de depurar a más de 1.000 policías sin aspiración profesional.

Cooperarán a la fiscalía en pesquisas

El comandante de la Policía, general Óscar Nina, informó de que cooperarán con las investigaciones orientadas a establecer, como en el caso Rosales, vínculos de uniformados con hecho ilícitos. «Somos los más interesados en la investigación».

Tramitarán una ley para escuchas telefónicas

El Gobierno del presidente Evo Morales elaboró un proyecto de ley de escuchas telefónicas para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Una vez aprobado, en 20 días se tendrán resultados relacionados con la identificación de narcos, aseguró el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.  

La propuesta, enviada ayer al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, prevé que harán uso de este recurso previa autorización judicial y, exclusivamente, en casos de narcotráfico y de terrorismo.

«Son herramientas que tienen todos los países, menos Bolivia. Si me entregan esta ley el próximo mes, las primeras semanas de julio tendremos resultados y sabremos quién es, verdaderamente, el narcotraficante en el país», dijo.

Esta norma será aplicada en estricto apego al respeto a los derechos humanos, aseguró.
Cáceres informó de que el gobierno de Francia comprometió dotar el equipamiento para las escuchas telefónicas en contra del delito.

«Una vez tengamos la ley de interceptación de llamadas delictivas al narcotráfico y terrorismo, Francia nos dará todos los equipos de escucha para interceptar todas las actividades del narcotráfico en el país», precisó.

También anunció que se elabora un proyecto de ley para que los bienes de narcos pasen a dominio del Ministerio de Gobierno.

Relevan a Director de la FELCN cruceña

El ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Santa Cruz, coronel Jorge Romero, fue relevado del cargo por factores relacionados a la falta de control sobre su personal y de resultados en la captura de narcotraficantes, informó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.

La autoridad aseguró que el relevo del jefe policial no fue consecuencia de los hechos que rodean el secuestro de William Rosales Suárez y el asesinato de seis de sus guardaespaldas, entre ellos tres bolivianos y tres serbios.

«La unidad de Inteligencia nos ha hecho llegar informes de ciertas anormalidades que estaban sucediendo en Santa Cruz. Inmediatamente pusimos este caso a disposición de la Dirección de Responsabilidad Profesional y de la Fiscalía», sostuvo.

El comandante de la Policía, general Óscar Nina, explicó que no conoce «en detalle» el caso, aunque sostuvo que está en proceso de investigación.

No obstante dijo: «Lo que pasa es que se toman previsiones para evitar que las autoridades que luchan contra el narcotráfico se contaminen».

Romero estuvo seis meses como director de la fuerza antidrogas. «Hasta el momento no hemos recibido una denuncia directa de ningún interesado en contra de este jefe», aseguró e insistió en que no existe nada en contra del jefe policial.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

A la espera de notificación sobre fallo que anula judiciales, comisión dicta cuarto intermedio hasta este jueves

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

Sesión de la Comisión Mixta de Constitución.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:20

La Comisión Mixta de Constitución determinó este martes entrar en cuarto intermedio mientras se espera la notificación de la Sala Constitucional que concedió la acción popular a la dirigente indígena Yeny Duri y anuló el proceso de preselección de las judiciales.

“Teniendo en cuenta que aún no nos remitieron ninguna resolución y también vamos a ir presentando el informe de los amparos, los 18 que nos han interpuesto más la acción popular… declaramos un cuarto intermedio”, dijo el presidente de esa comisión, el senador Miguel Rejas.

Añadió que “inmediatamente” se los notifique, se los convocará y definirá si se envía un informe o no al Pleno de la Asamblea Legislativa.

Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana, indicó que están esperando la notificación que anuló las judiciales para determinar acciones como comisión.

“Lo que nos queda claro que el fallo de la Sala Constitucional de Pando es ilegal e inaplicable, ninguna sala constitucional tiene competencia para declarar inaplicabilidad de una ley, menos de la Ley 1549 que ha sido sometida a control constitucional y que además está respaldada por dos tercios de la Asamblea Legislativa”.

Añadió que en condición de primer órgano del Estado “exigen” que sea la Asamblea Legislativa la que dé el mandato para continuar o dejar por sentado el proceso de preselección.

La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

Lea más: Rodríguez Veltzé dice que por ‘incompetencia’ de Sala Constitucional es ‘inaplicable’ la anulación de las judiciales

La acción popular fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

La senadora Barrientos también señaló que los amparos presentados contra la Asamblea y las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural paralizaron el proceso de preselección desde hace dos semanas.

Comparte y opina:

Rodríguez Veltzé dice que por ‘incompetencia’ de Sala Constitucional es ‘inaplicable’ la anulación de las judiciales

La Sala de Pando determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

El expresidente del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, en una entrevista con La Razón.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:01

Luego de conocer que la Justicia anuló la preselección de postulantes para las judiciales, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que la “incompetencia” de la Sala Constitucional Primera de Pando hacen “improcedente e inaplicable” este fallo. 

“El objeto de la ‘acción popular’ protege intereses colectivos distintos a los vinculados a la elección judicial. La incompetencia de la ‘sala’ y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La ALP debe avanzar en el proceso de selección” (sic), escribió en su cuenta de X.

La tarde de este martes, la Sala de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

Lea más: Sala Constitucional obliga a la Asamblea a lanzar otra convocatoria para las elecciones judiciales

La acción popular fue presentada el 18 de abril por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri. En primera instancia, la Sala dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Salazar señaló que la Asamblea “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”. “Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

Añadió que la Asamblea tiene que emitir “una nueva convocatoria, cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Sala Constitucional obliga a la Asamblea a lanzar otra convocatoria para las elecciones judiciales

La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 18:47

Luego que la Justicia dejó sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, la vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando que concedió la acción popular, señaló este martes que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección” para los comicios judiciales.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo, por cuanto se ha evidenciado la falta de consideración en el tema del acceso a estas convocatorias para el tema de las mujeres como el sector indígena originario campesino. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo la autoridad judicial en GOvisión de Pando.

La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

Lea más: Contra la pared, comisión legislativa evalúa fallo que anuló el proceso para las judiciales

La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó la tarde de este martes dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada por la dirigente y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

El vocal Jorge Sotelo señaló que se concedió la acción popular, solicitado por la Central Indígena De Mujeres Amazónicas De Pando (CIMAP).

“Entiendo que se ha dejado sin efecto la convocatoria hasta que se tomen en cuenta los parámetros que se ha planteado. Básicamente acciones afirmativas, igualdad material y no discriminación en función de los agravios que ha planteado la CIMAP”, dijo Sotelo.

La autoridad judicial señaló que la resolución se hará conocer lo más antes posible, considerando el feriado nacional del 1 de mayo. “Lo más antes posible, ya se está redactando la resolución”.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Contra la pared, comisión legislativa evalúa fallo que anuló el proceso para las judiciales

La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La Comisión Mixta de Constitución revisa las carpetas de los postulantes.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 17:36

Luego que la Justicia dejara sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), informó este martes que reinstalarán la sesión para evaluar la situación de los recursos contra el proceso.

“Lamentamos lo que sucedió en Pando. Pisotea totalmente a la Asamblea Legislativa, de un órgano a otro, lo cual creo que es una aberración de parte de estos vocales que han dado a favor la tutela a esta señora que presentó la acción popular. Sin embargo, en el transcurso de la sesión vamos a evaluar para tomar acciones conjuntas con los miembros de la comisión”.

Añadió que “estamos retomando en estos momentos (la sesión) para evaluar y analizar de aquí en adelante. Nosotros tenemos toda la intención de continuar y concluir con este proceso que hemos arrancado hace ya más de un mes”, dijo el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos. Fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri, quien denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

Lea más: Tribunal de Pando admite acción popular y anula el proceso para las elecciones judiciales

Rejas recordó su denuncia sobre amaños de vocales y jueces con “algunos que presentaron sus amparos y eso significa directamente el manipuleo directo del Órgano Judicial a través de sus operadores, vocales y jueces, para poder obstaculizar y paralizar el proceso de preselección”

Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Froilán Mamani (MAS), señaló que esta determinación irá en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional y esa instancia puede revocarla o confirmarla. 

El legislador acusó al ministro Iván Lima de perjudicar el proceso. “Estamos preocupados, no nos está perjudicando a la Asamblea, está perjudicando directamente los intereses del país. Queremos denunciar a las organizaciones sociales e instituciones que se puedan pronunciar de manera inmediata, no es posible que una autoridad de Justicia vaya en contra de la Justicia boliviana”.

El jefe de bancada por Creemos en la Cámara Baja, el diputado Leonardo Ayala, rechazó el fallo de los vocales porque, en su opinión, vulneran los derechos de los más de 400 postulantes habilitados.

“Creemos quiere que se haga justicia y que sigan las elecciones judiciales con los más de 400 postulantes habilitados”.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Tribunal de Pando admite acción popular y anula el proceso para las judiciales

La acción popular fue presentada por la abogada Yeny Dury Bautista el 18 de abril.

Postulantes para elecciones judiciales

/ 30 de abril de 2024 / 15:47

En Pando, la Sala Constitucional Primera de Cobija dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La medida fue emitida por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La información fue confirmada por la senadora opositora Andrea Barrientos, presente en el acto judicial y citada en una nota de Los Tiempos.

La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

El diputado por CC Pablo Arízaga, desde sus redes sociales, criticó la medida e indicó que la acción popular “acaba de fulminar el proceso de Elecciones Judiciales 2024” (sic).

Lea más: Salame dice que ningún tribunal puede frenar la preselección a las judiciales

“No puedo llamarlos vocales, hemos llegado a un punto óptimo de ignorancia en las instituciones públicas que la excepción es tener conocimiento. Sotelo, se pasó de los límites hoy. ¿Sus fundamentos? Que no tienen los mismos derechos las mujeres de Pando porque su Universidad no es la misma que la de mi departamento y que por eso debe anularse todo y lanzar nueva convocatoria. ¿Pueden creer? Si, es vocal y no solo ello, presidente del Tribunal Departamental de Justicia” (sic), escribió Arizaga

Añadió que de la vocal Salazar “no esperaba más que su ratificación política partidaria”, esto en razón de que era candidata por el Movimiento Al Socialismo (MAS), por la circunscripción número 1 de Pando.

“Espero, que hoy todos los que nos lanzaron cohetes y dardos, mientras teníamos que lidiar con este bloque de ignorantes y corruptos, comprendan que debíamos estar unidos, hoy, nos sepultaron a todos juntos. Hasta aquí llegamos, pero por el momento. Este abuso no es eterno, lo sabe bien quien les enseño estas prácticas” (sic).

Temas Relacionados

Comparte y opina: