En medio de un control de precios en el mercado de la Garita de Lima, en la ciudad de La Paz, el viceministro de Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó que el precio del kilo de pollo casi alcanza los Bs 16.

“El kilo de pollo está en 15,80 (bolivianos), cuando debería estar en 15 o en 14,50. Las propias comerciantes nos dicen que el pollo se está llevando al Perú y por eso el precio está más caro”, protestó este lunes en conferencia de prensa.

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De acuerdo con Silva, el incremento del costo de los productos se debe al denominado “contrabando a la inversa”, cuando los productores y vendedores llevan sus productos a otros países donde los precios son más elevados.

Según explicó, estas medidas afectan al mercado interno, ya que producen variaciones y alza de precios.

Aunque en el reporte que realizó el Viceministerio de Derechos del Usuario y del Consumidor se centró en el incremento del precio de carne de pollo y de res, Silva informó que otros productos también sufrieron incremento de precios. Es el caso del arroz, del aceite y del huevo.

Por ello, la autoridad adelantó que el Comité de Seguridad Alimentaria pedirá formalmente al Gobierno la militarización de las zonas fronterizas, especialmente con Perú, donde terminan los productos contrabandeados.

De igual manera, el viceministro informó que se prepara un decreto supremo para incrementar las sanciones por los delitos de contrabando, agio y especulación.

Debido al constante incremento de precios que, según el Gobierno se debe a un ‘contrabando a la inversa’ de los productos hacia países vecinos, el viceministro de Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó que se solicitará la militarización las zonas fronterizas.

“Vamos a solicitar formalmente como Comité de Seguridad Alimentaria que se militarice las zonas fronterizas, especialmente con el Perú”, informó este lunes en conferencia de prensa.

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De acuerdo con Silva, se contrabandea carne de res, de pollo, de cerdo, aceite, arroz, huevos, etc., debido a que estos productos se venden a precios más elevados en el país vecino.

El viceministro explicó que, a raíz de este hecho, los costos de estos productos presentan variaciones a nivel interno y se los encuentra en un precio más alto.

Con el control de militares en las fronteras se prevé reducir ese ilícito y “proteger la economía de los bolivianos”.

Decreto supremo

Pero, además de ello, Silva explicó que el Comité de Seguridad Alimentaria trabaja en un decreto supremo que será presentado al presidente Luis Arce, para que sea promulgado una vez se concluya el proceso de socialización. Esta medida busca incrementar las sanciones jurídicas a los delitos de contrabando, agio y especulación.

“Esperamos que eso lo podamos culminar entre hoy (lunes) y mañana y presentar el informe al presidente para que se proceda a la promulgación”, afirmó.

Además, Silva dijo que el Comité de Seguridad Alimentaria realizará el control de precios en los mercados locales para garantizar que los consumidores accedan a los productos a un “precio justo”.

La Ley 1582, de Modificación a los Límites Solidarios para la Pensión de Vejez, establece un plazo de 60 días para su reglamentación. Al respecto, el gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, prevé que comience a aplicarse en enero de 2025.

La norma fue promulgada por el presidente Luis Arce el 1 de octubre y, si se considera el plazo de 60 días para su reglamentación, ésta debería estar lista en diciembre, así aplicar el incremento a partir de enero del próximo año.

“La ley establece que se tiene 60 días para que nuestra Autoridad de (Fiscalización y Control de) Pensiones y Seguros (APS) pueda reglamentarla; en el caso de que se tomase los 60 días, estaríamos hablando desde que el beneficio empezaría a pagarse desde enero de 2025”, adelantó Durán.

Sin embargo, aclaró la autoridad, esos 60 días son el plazo para la reglamentación y puede variar según el trabajo de la APS. “Lo que sí es importante dejar en claro es que se trata de un trabajo técnico que se tiene que llevar adelante en cumplimiento a la normativa”.

Asimismo, Durán aseguró que la reglamentación se trabajará en coordinación con los sectores involucrados para que posteriormente no existan observaciones.

Renta Dignidad

El gerente de la Gestora recordó que, con la anterior ley, una persona que tenía 10 años de aportes se jubilaba con Bs 640, “pero ahora, con la nueva norma, ese límite inferior sube a Bs 720 bolivianos, que, sumados a la Renta Dignidad (Bs 300), da Bs 1.020”.

“En los hechos, ¿qué quiere decir esto? Que una persona de 60 años, la pensión mínima que va a tener con 10 años de aporte es 1.020 bolivianos. Ése es un tema muy importante”, resaltó.

En el caso de los límites superiores, puso como ejemplo que, un trabajador que tenía un promedio salarial de Bs 7.500 con la anterior ley, se jubiló con Bs 4.200; sin embargo, ahora, con la nueva Ley 1582, “esta persona tendrá una renta de Bs 5.200, que, sumando a la Renta Dignidad, percibirá Bs 5.500”.

“Esta ley, lo que hace es modificar los límites solidarios (…; entonces, de esa manera estamos hablando de incrementos importantes. Es desde 80 hasta 1.000 bolivianos el incremento”, explicó Durán.

La Gestora establece que la Renta Dignidad, para quienes perciben una pensión de jubilación del Sistema Integral de Pensiones (SIP), es de Bs 3.900 al año, monto que se paga en 12 pagos mensuales (11 de Bs 300 y uno de Bs 600, el cual incluye el aguinaldo de la Renta Dignidad).

En cambio, para quienes no perciben renta o jubilación, es de Bs 4.550 al año, que se paga en 12 pagos mensuales (11 de Bs 350 y uno de Bs 700, el cual incluye el aguinaldo de la Renta Dignidad).

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Beneficiarios de la pensión

Durán aclaró que actualmente la planilla de la Gestora tiene unos 220.000 beneficiarios de la pensión de vejez y la pensión solidaria de vejez, y se calcula que, de esos, 153.000 recibirían el incremento. “El resto de las personas tiene pensiones más altas, son más o menos 60.000, y la pensión solidaria ha sido diseñada para ayudar a lo que menos ganan”.

Remarcó que el financiamiento del incremento está garantizado con la solidez de los fondos que tiene la Gestora, que actualmente tiene fondos por encima de $us 27.000 millones y los fondos de financiamiento: el aporte patronal y de los trabajadores que ganan más de Bs 13.000.

El 1 de octubre, el presidente Luis Arce promulgó la ley que modifica los límites de la Pensión Solidaria de Vejez entre Bs 80 y Bs 1.000 para los jubilados que aportaron entre 10 y 35 años, respectivamente.

El Gobierno apunta a los intermediarios que desvían la carne de res a tres países para venderla a precios más alto y así causar una merma en el mercado interno, y, por ende, el incremento del costo de este alimento.

El viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, explicó este domingo que los intermediarios están sacando ilegalmente la carne de res a Perú, Argentina y Brasil, donde se vende el kilo por encima de los Bs 50.

La autoridad informó que el país produce por año unas 347.000 toneladas (t) de carne bovina y el consumo interno es de 305.000 t, lo que significa que existe lo “suficiente” para el mercado interno y para exportar.

“Pero, ¿qué está sucediendo? Que ellos (los ganaderos) pueden garantizar la puesta del producto en sus plantas, en sus granjas, pero hay intermediarios que van y lo compran y no lo traen al mercado local lo desvían hacia Perú, Argentina o Brasil, y eso está mermando el nivel de oferta que nuestro mercado requiere para estabilizar los precios”, denunció.

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Intermediarios

Según Lacoa, a esas acciones se suma el contrabando de ganado en pie y la afectación de la crisis climática que impactó el ciclo de engorde de las reses. Mencionó, además, a las quemas que afectan las pasturas y provocan que los animales no tengan suficiente alimento.

Asimismo, aseguró que el incremento en el precio de la carne de res es constante y se da por épocas, “en junio donde hemos registrado el precio más bajo de este año de Bs 20,60 el kilo gancho, pero, aún así, el precio de la pulpa corriente se mantuvo Bs 40 toda la gestión. Entonces lo que se está afectando es el margen de ganancia del carnicero que quiere sostener un nivel”.

Este fenómeno, aclaró, ocurre sobre todo en Santa Cruz y no en La Paz porque el departamento se abastece también con carne de Beni.

Laco dijo que el Gobierno nacional tiene un “contacto estrecho y directo” con los frigoríficos del país y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Federación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) garantizan el abastecimiento pleno de este alimento.

Confirmó, además, que la próxima semana el Gobierno, los ganaderos y la Confederación de Trabajadores en Carne (Contracabol) sostendrán una reunión para tratar el alza de precio del kilo gancho, el contrabando y otros temas.

Pollo

Respecto a la carne de pollo, Lacoa dijo que, a raíz de la sequía, se perdió la producción de muchos granos como el maíz, que es el alimento para las aves, por lo que se dispuso la ampliación en la compra de este grano para entregarlo a los productores.

Además, explicó, la humareda causada por los incendios está incidiendo en la muerte de más pollos bebés y, por ende, hay menor producción y el precio sube. Sin embargo, garantizó que este fenómeno es coyuntural.

“El cargado de pollitos bebés está alrededor de 5,2 millones por semana; Bolivia consume 4,7 millones por semana, es decir, hay un margen de seguridad, pero hace unas tres semanas con el tema de quemas y el nivel de contaminación los pollitos han sufrido mayor mortalidad, subiendo del 4% al 7% y 10%”, explicó.

Lo propio ocurre con el arroz, cuyo precio se incrementó en el país porque comenzó a escasear debido a que los intermediarios están sacando el producto para venderlo a precios más alto en los países vecinos.

Desde hace meses, el Gobierno intensificó los controles en fronteras para frenar el contrabando a la inversa, una de las razones a las que atribuye el incremento de precios en el país.

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, dijo este domingo que el abastecimiento de combustible para el mercado interno está garantizado con la llegada de más de 46 millones de litros de diésel, 35 millones de litros de crudo y más de 800 cisternas en tránsito con diésel y gasolina.

“El 29 y 30 de septiembre recibimos 20 millones de litros de diésel; el 4 y 5 de octubre, otros 26 millones de litros más, y el 1 y 2 de octubre recibimos un buque con alrededor de 217 millones de barriles de crudo, equivalentes a 35 millones de litros”, detalló el funcionario en Bolivia Tv.

Asimismo, explicó aún existe stock en la Terminal Sica Sica de Arica, en Chile, que sigue ingresando al país. Explicó que el combustible no llega solo a través de ese país, sino que hay en tránsito 400 cisternas con diésel y otros 400 con gasolina.

“El ingreso de carburantes al país está garantizado no solo por Arica, sino por diferentes puntos de importación. Tenemos cisternas con más de 14 millones de litros de diésel y otros 15 millones de litros de gasolina”.

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Combustible

Jiménez recordó que desde agosto se incrementó el despacho de combustibles para terminar con las filas en algunas estaciones de servicio y remarcó que éstas son producto de la especulación y sobredemanda.

Aclaró también que se intensificó el control con el apoyo de más de 1.000 militares, que no solo verifican la venta en las estaciones de servicio, sino que resguardan los camiones cisternas que salen de las plantas.

“Las filas no son porque no hay carburantes, son porque hay gente que especula o hay sobredemanda, pero estamos atendiendo y haciendo programaciones para terminar con las filas”, complementó.

Gran Chaco

Respecto del “tractorazo” anunciado para el martes en la región del Gran Chaco, en el municipio de Yacuiba, en Tarija, en protesta por la falta de combustible, Jiménez aclaró que los despachos a esa región se realizan con normalidad.

Informó que solo en la jornada del sábado fueron despachados 143.000 litros de combustible para esa región, donde la demanda en promedio es de 70.000 a 80.000 litros.

El funcionario explicó que, en regiones fronterizas, en un área de 50 kilómetros, las personas pueden comprar fuera de tanque hasta 50 litros de combustible; sin embargo, si requieren más deben pagar el precio internacional a migrar a un usuario directo para actividad productiva.