El Ministerio de Hidrocarburos y Energías proyecta la ejecución de una inversión en exploración y explotación de hidrocarburos de cerca de $us 777 millones con la entrada en vigencia de siete contratos de servicios petroleros de las empresas Vintage y Canacol, que representa un aporte significativo en la reactivación del Upstream 2021-2025.

En caso de que las actividades exploratorias resulten exitosas, se estima que el Estado pueda obtener aproximadamente $us 2.840 millones en concepto de renta petrolera.

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Como parte de la promoción de áreas reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Ministerio de Hidrocarburos y la petrolera estatal gestionaron la firma de los contratos con la empresa Vintage Petroleum Boliviana LTD. (Sucursal Bolivia), correspondientes a las áreas Sayurenda, Yuarenda y Carandaiti.

Los contratos de estas tres áreas se encuentran en etapa de protocolización y en los siguientes meses iniciarán las actividades.

El 25 de octubre del año pasado, la Cámara de Senadores aprobó los tres proyectos de ley de contratos de servicios petroleros para la exploración y explotación en áreas reservadas, suscritos entre YPFB y Vintage Petroleum.

Mientras que el 13 de noviembre, el presidente Luis Arce promulgó las tres leyes que ponen en vigencia los contratos petroleros de exploración y explotación de hidrocarburos, firmados con Vintage Petroleum Bolivia por $us 504,5 millones.

Canacol

Asimismo, YPFB gestiona con la empresa Canacol Energy Colombia SAS, Sucursal Bolivia, la suscripción de los contratos para las áreas Arenales, Ovai, Florida Este y Tita Techi. Esto representaría el inicio de operaciones de esta empresa en el país, que apuesta por el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

El 20 de mayo de 2023, el Senado sancionó la ley que faculta a YPFB a suscribir un contrato de servicios petroleros con la empresa Canacol Energy Colombia SAS para la exploración y explotación hidrocarburífera en el área Arenales.

En la política hidrocarburífera también resaltan las adecuaciones normativas realizadas para el desarrollo de las actividades del Upstream. Éstas abarcan las operaciones petroleras de exploración, evaluación, desarrollo y explotación ejecutadas por YPFB, así como las disposiciones normativas destinadas a promover la ejecución de nuevas inversiones en exploración.

Estas inversiones tienen como objetivo la reposición de reservas de gas natural e incorporar producción adicional de líquidos para contrarrestar los costos que implican la subvención de hidrocarburos en el país.

A abril de este año, las Reservas Internacionales Netas (RIN) crecieron en 5% y llegaron a los $us 1.796 millones, $us 87 millones más respecto del 31 al cierre de 2023, según informó el Banco Central de Bolivia (BCB).

El presidente del ente emisor, Edwin Rojas, consideró que ese incremento permite que las RIN se mantengan estables pese a un contexto interno y externo adverso para el flujo de divisas hacia la economía.

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“Es una noticia importante en términos que, al primer cuatrimestre, el nivel de las RIN del país se ha mantenido estables y si comparamos con lo que fue el cierre de la gestión pasada inclusive s e advierte un incremento”, sostuvo en conferencia de prensa.

Explicó que, en el ámbito interno, el fenómeno climático “El Niño” afectó la producción agrícola, derivando en menores exportaciones, agravado por el bloqueo de carreteras a principios de gestión. A eso se suma la menor capacidad de producción de hidrocarburos que redujo en menores volúmenes de exportación. También, el retraso en la aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa impidió el flujo de recursos a la economía.

En lo externo, sostuvo que el conflicto en medio oriente ha ocasionado tensiones a nivel global sobre la estabilidad de precios de las materias primas como el petróleo que se ha mantenido en niveles elevados traspasando la barrera de los $us 85 por barril.

Oro

La estabilidad en las reservas también se explica por las políticas aplicadas por el BCB como ser la Ley de Compra de Oro destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, que generó el mecanismo necesario para la adquisición, refinación y contribución a las reservas en oro, establecido en la Ley 1503 de mayo de 2023.

Rojas informó que, desde mayo de 2023 hasta abril de este año, el BCB compró un total de 8,65 toneladas de oro, de las cuales 4,56 fueron adquiridas en el primer cuatrimestre de 2024.

“A abril de la presente gestión, el Banco Central ha adquirido 8,65 toneladas de oro fino en el mercado interno (…). La compra de oro ha ido en línea a lo que ha establecido, ha programado el Banco Central, de poder comprar durante la gestión al menos unas 10 toneladas de oro que puedan fortalecer las Reservas Internacionales”, explicó Rojas.

Adicionalmente, el proceso de refinación del oro –que consiste en la certificación del metal precioso como barras de calidad de buena entrega conforme a los estándares de la Asociación del Mercado de Barras de Londres (LBMA, por su sigla en inglés)– ha permitido concluir con el ciclo de compra de este metal precioso, ya que, a la fecha, se refinaron 2,67 toneladas que fueron acreditadas en las cuentas del BCB en el exterior.

Indicó que a la fecha está en proceso de refinación en el extranjero cerca de 3,73 toneladas adicionales, que serán próximamente abonadas en las cuentas de oro del Ente Emisor.

En lo que respecta a las reservas en oro, en cumplimiento de la Ley 1503 y su Reglamentación, el BCB presentó este 2 de mayo a la Asamblea Legislativa el “Informe de operaciones con reservas en oro”, en el que explica que, a casi un año de promulgada la norma, el Ente Emisor culminó con la implementación del proceso de fortalecimiento de las RIN, en beneficio de la economía boliviana.

La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Ivette Espinoza, aseguró que, según la Encuesta Nacional de Servicios Financieros (ENSF-2023), el índice de satisfacción de los consumidores financieros sobre los servicios de las entidades financieras tuvo una calificación que llegó a 7,81 sobre 10.

En entrevista con La Razón Radio, reiteró que la encuesta se aplicó a 29.020 personas, de las que 7.299 participaron de manera presencial en 85 municipios, mientras que las restantes 21.721 lo hicieron en la modalidad en línea.

Informó que la encuesta permitió definir que son 6.200.000 consumidores de los cuales son prestatarios el 6%; prestatarios y depositantes, un 45%, y depositantes, un 39%.

Espinoza destacó que, en virtud de los puntos de atención en municipios, Bolivia se posiciona en el ranking de puntos de atención por cada 100.000 habitantes. “Estamos en el primer lugar», indicó.

En 2022, la calificación alcanzó un 7,84%, se reflejó una reducción de tres décimas con relación a 2023.

Dólares

El país atraviesa por un periodo de iliquidez de dólares desde el 2023. A raíz de ello, diversos sectores productivos y empresariado se ha visto afectado por la ausencia de la divisa estadounidense.

Al respeto, Espinoza aseguró que el problema emergió de la especulación y desinformación por parte de algunos actores. Descartó que el precio del dólar se esté incrementando, actualmente.

Sobre la situación actual, afirmó que la Asfi atiende los reclamos de las personas que no puede sacar la divisa internacional. “Nosotros hacemos inspecciones y, con base a eso, hemos establecido el tema de sanciones”.

Aseguró que su despacho analiza la manera de frenar la especulación y, para ello, solicitan información a las entidades. “La Asfi puede pedir información sobre la compra y venta de dólares para evitar fenómenos especulativos”.

A su vez, indicó que, a fin de evitar la especulación, las entidades financieras tienen que tener provisiones de divisas en el exterior.

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La Feria YPFB “Puertas Abiertas”, desarrollada entre el 8 y 26 de abril, generó un movimiento de $us 300 millones en procesos de contratación de YPFB Casa Matriz y sus empresas filiales y subsidiarias, un 42% de lo proyectado en el lanzamiento del evento.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) proyectó el 14 de marzo, en el inicio del Encuentro con Proveedores, efectuado entre el 14 y 15 de ese mes, mover más de Bs 718 millones a través de 331 procesos de contratación.

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“La respuesta fue tangible con una participación masiva de proveedores y empresas nacionales y extranjeras interesadas en ofrecer sus propuestas para la adquisición de una variedad de bienes, obras y servicios, así como servicios de consultoría”, indicó Cinthia Pedraza, gerente de Contrataciones Corporativa de YPFB.

Informó que, luego de la culminación del evento, el proceso se encuentra en etapa de revisión de propuestas y adjudicaciones, las que serán anunciadas en los siguientes días.

“Estamos construyendo un futuro próspero, participativo y transparente para todos, brindando nuevas oportunidades a nuestra comunidad y a aquellos que deseen colaborar con nosotros”, agregó.

Resaltó que la mayoría de las actividades del evento se gestionaron en formato electrónico, a través de las plataformas habilitadas por las diversas empresas de YPFB Corporación.

En el encuentro del 14 y 15 de marzo se difundieron los procesos de contratación que permitió a YPFB y a sus empresas filiales y subsidiarias contar con una base de datos de proveedores cada vez mayor.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) denunció que edificaciones en cercanías del aeropuerto internacional Jorge Wilstermann, en Cochabamba, ponen en riesgo las operaciones aéreas internas y externas.

El director de la DGAC, Iván García, informó que las construcciones están en proximidades de la pista auxiliar y son ejecutadas por la Alcaldía de Cochabamba, a la que, a través de comunicados, paralizar las construcciones.

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“Es precisamente el municipio que debería, entre sus funciones principales, ver que no se incumpla la normativa, principalmente las edificaciones en las inmediaciones de los aeropuertos”, cuestionó García en conferencia de prensa.

La Alcaldía de Cochabamba construye un edificio municipal en la plaza Colón, que está cerca de la pista 05-23 del aeropuerto Jorge Wilstermann. El alcalde Manfred Reyes Villa indicó que en la zona hay edificios de más de 20 pisos construidos y que la edificación de la Alcaldía solo será “de 17 pisos”.

García sostuvo que Bolivia es parte de convenios internacionales y que una de ellas es garantizar la operabilidad aeronáutica tanto para el despegue como para el aterrizaje de las aeronaves, más siendo un aeropuerto internacional. 

Esas construcciones limitarán algunas operaciones aéreas en el principal aeródromo de Cochabamba.

Restricción

“Esto puede implicar que el aeropuerto internacional Jorge Wilstermann tenga que restringir algún tipo de operaciones porque se viene vulnerando estos requisitos que son valores y parámetros de categoría internacional que están en uno de los anexos técnicos de un convenio que el Estado ha adoptado”, dijo.

García afirmó que la pista auxiliar es de mucho uso, por ello se hizo varias comunicaciones al gobierno local para evitar el avance de la construcción, pero, lamentablemente, no hubo una respuesta positiva.

Según el informe, las edificaciones en cercanías del aeropuerto no debieran exceder los 11 pisos, por lo que los topógrafos, con asistencia de la estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), realizan las gestiones para notificar el exceso o no de las superficies.

“Estamos en ese proceso, las comunicaciones han sido generadas y, en la medida que podamos desarrollar un impedimento conjunto, vamos a determinar; si se excede la superficie, habría que generar una demolición, pero eso será la jurisdicción que determine eso”, explicó. 

Visita

Recordó que en los pasados días se tuvo la visita de la empresa Airbus con uno de sus aviones más grandes, el A350-900 que llegó para certificar la llegada de esas aeronaves a los aeropuertos del país. “No podemos perder esa condición de aeropuerto de referencia y más que aeropuerto de referencia es perder la capacidad de conectividad”.

En 2020, una construcción de un edificio de más de 10 pisos en cercanías del aeropuerto internacional de El Alto, La Paz, fue observado por la DGAC porque era un obstáculo para las operaciones aéreas en el aeropuerto de El Alto.

Esa edificación superaba al menos 18 metros el límite permitido por lo que se procedió a la demolición de ese excedente construido.