El futuro de las cooperativas de telecomunicaciones en Bolivia depende de su capacidad para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y tecnológico. La transformación digital no es una opción, sino una necesidad urgente para garantizar su supervivencia en el sector.

Debido a las nuevas tecnologías y el acceso masivo a ellas, el teléfono fijo ha entrado en un notable declive, que comenzó hace aproximadamente dos décadas. A nivel global, este servicio ha sido progresivamente sustituido por la telefonía móvil y las plataformas digitales, y Bolivia no es la excepción. En el país, el número de líneas fijas ha disminuido un 46% en la última década, según un informe de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

En base al reporte, este medio mostró que existe una caída sostenida en el número de líneas telefónicas fijas, con una disminución del 12,57% solo entre 2022 y 2023, lo que representa una reducción de 60.754 líneas activas. Esta tendencia también se refleja en el tráfico de llamadas, que en 2023 descendió un 34,6% respecto al año anterior, con 78,7 millones de minutos menos de uso en la red fija.

Por ello, la situación de las cooperativas de telecomunicaciones, que alguna vez fueron pilares en el sector, ha cambiado drásticamente. Muchas de estas cooperativas, como Cotel en La Paz, Comteco en Cochabamba y Cotas en Santa Cruz, enfrentan desafíos económicos y operacionales.

Gran parte de su modelo de negocio original, basado en la telefonía fija, ha quedado obsoleto ante el avance de los servicios móviles.

Este medio se comunicó con Gamal Serhan Jaldin, presidente de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel), quien explicó a detalle los retos que las cooperativas telefónicas enfrentan en el contexto actual.

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Oligopolio. Explicó que solo el 20% de sus ingresos proviene de la telefonía fija, que, como ya se dijo, quedó obsoleta en comparación con el teléfono móvil. Por ello, las cooperativas tuvieron que incluir otros servicios, como televisión por cable o servicio de internet, para poder generar ingresos. Este accionar resultó provechoso y permite que estas empresas todavía se mantengan operantes. Indicó que, aproximadamente, el 50% de los ingresos proviene del servicio de internet, mientras que el 30% viene de la televisión por cable.

Por este motivo, Serhan cuestionó al Estado, pues, en su criterio, no permitió que las cooperativas participen en el negocio nacional, lo que las dejó sin nada que hacer frente a las empresas de telecomunicaciones Entel, Viva o Tigo.

“No nos olvidemos que las cooperativas de telecomunicaciones nacen con el aporte de los asociados para tener una acción telefónica, posteriormente tienen que incorporar a su modelo de negocio la venta de servicios de televisión por cable y finalmente la venta de internet fijo, pero además con una concesión de operación departamental y, cuando entró la telefonía móvil, el Estado nunca permitió que las cooperativas participaran del negocio nacional, dejándolas en total desventaja frente al oligopolio de Entel, Tigo y Viva”, protestó.

Más allá de ello, ahora las cooperativas enfrentan también una nueva amenaza que llegó con el periodo de digitalización: los servicios de streaming. A causa de ellos, el mercado de la televisión por cable enfrenta una baja, debido al creciente uso de plataformas en línea como Netflix, HBO y Amazon Prime, que han transformado la manera en que los usuarios consumen contenido audiovisual en la actualidad.

Además, debido a que cada vez hay más empresas que ofrecen servicios de internet, esto ha traído una “guerra de precios” y competencia con otras empresas de telecomunicaciones. Por todo ello, afirmó que la situación de las cooperativas es bastante “crítica”.

DESAFÍOS

De acuerdo con Serhan, más allá de la modernización, las cooperativas tienen otros desafíos administrativos, estructurales y hasta legales.

“Al ser organizaciones sin fines de lucro, ninguna persona natural o jurídica está dispuesta a invertir ni un peso para su transformación digital, puesto que la naturaleza de una inversión es el retorno. Además, en la proporción de la inversión realizada y en el sistema cooperativo, cada asociado vale lo mismo independientemente de la cantidad de certificados de aportación (acciones) que tenga”, explicó.

Ante este panorama, las cooperativas están explorando la posibilidad de convertirse en empresas de tecnología (TechCo’s) que ofrezcan no solo servicios de telecomunicaciones, sino también soluciones tecnológicas más amplias. Sin embargo, para lograr esta transformación, es necesario un plan de reestructuración financiera y la creación de un marco legal que permita una mayor competitividad en el sector.

No obstante, es complicada esta modernización cuando los consumidores más fieles de estos servicios son los adultos mayores. “Sin duda las personas de la tercera edad son los que más siguen usando la telefonía fija y los negocios”, reveló Serhan, aunque sin detallar la cantidad.

El presidente de Fecotel recuerda con sorpresa cómo se fueron devaluando los certificados de aportación (la línea telefónica en sí), la cual, según dice, era “patrimonio y se disputaba en las herencias”. Una persona de la tercera edad a la que entrevistó este medio afirmó que, antes de 2000, el servicio se adquiría por más de $us 1.500.

Por ello, la financiación de las operaciones se vuelve cada vez más compleja. Ante la disminución de los ingresos, las cooperativas de telecomunicaciones han tenido que recurrir al crédito de los proveedores para poder operar. No obstante, los costos siguen en aumento, especialmente en los gastos vinculados a la mano de obra, mientras que los ingresos continúan en declive, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de muchas de estas entidades sin fines de lucro.

Así, el futuro de las cooperativas de telecomunicaciones en Bolivia depende de su capacidad para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y tecnológico. La transformación digital no es una opción, sino una necesidad urgente para garantizar su supervivencia en el sector.

A pesar de la incertidumbre económica por la escasez del dólar en el país, una parte significativa de los consumidores de ingresos medios y altos percibe los inmuebles como una oportunidad de inversión.

Estos consumidores buscan rentabilizar sus ahorros mediante la compra de propiedades, pues ven a este negocio como una forma de capitalizar sus recursos y generar ingresos adicionales.

“La escasez de dólares ha hecho que algunos compradores tengan dificultades, pero el mercado sigue adelante. Muchas personas han encontrado maneras de seguir comprando y vendiendo, adaptándose a la situación. El mercado ha tenido que ajustarse, pero sigue habiendo interés y movimiento, aunque sea a un ritmo diferente”, dijo a La Razón el presidente de la agencia inmobiliaria RE/MAX Bolivia, Oliver Viera.

Para Viera, adquirir una propiedad siempre ha sido una forma de proteger el capital, sobre todo en tiempos inciertos. Señaló que los bienes inmuebles son una inversión que tiende a mantenerse estable y a veces incluso a apreciarse con el tiempo. Además, “tener una propiedad también puede generar ingresos por alquiler, lo que es un gran beneficio para muchos”, señaló el presidente de la agencia inmobiliaria.

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OFICIAL

Añadió que, normalmente, la mayoría de las ventas se hacen basadas en el tipo de cambio oficial, ya que es el estándar y genera confianza. “Pero, en algunos casos, las partes pueden estar de acuerdo en usar otro tipo de cambio si eso les da más tranquilidad. Cada acuerdo es único, y depende de lo que ambas partes consideren justo”.

Si bien el negocio inmobiliario continúa sólido, la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) considera que la fluctuación en el tipo de cambio ha generado un impacto significativo en el sector inmobiliario, particularmente en los costos de los materiales de construcción importados.

Debido a la escasez de dólares y las comisiones adicionales para giros al exterior, muchos desarrolladores se han visto obligados a revisar y ajustar sus modelos de negocio.

“De acuerdo con un estudio realizado por la consultora CITRINO, los precios de los bienes inmuebles en el primer semestre del año no mostraron variaciones significativas en comparación con el año anterior. Sin embargo, es importante destacar que el aumento en los costos de los materiales de construcción, impulsado por la escasez de dólares, llevará a un incremento en los precios de los nuevos proyectos para compensar estos sobrecostos”, señaló a este medio de comunicación el presidente de la CBDI, Juan Pablo Saavedra.

Dijo que, en respuesta a este desafío, la CBDI ha implementado el Índice de Costos de Construcción de Viviendas (ICC-CBDI), que es una herramienta clave para que tanto desarrolladores como compradores puedan entender las variaciones en los costos de construcción de viviendas. Esto permite ajustar los precios y cuotas a lo largo del tiempo, mitigando de manera más efectiva los efectos de la volatilidad cambiaria.

Saavedra afirmó que aún no se ha observado un incremento significativo en el valor de las propiedades, ya que los desarrolladores han tratado de mantener estabilidad en los precios para cumplir con la demanda de viviendas.

“No obstante, si las dificultades económicas persisten, es probable que veamos un ajuste moderado en el valor de las propiedades, especialmente en nuevos proyectos, donde el aumento en los costos de construcción se hace más evidente”.

Aún no se puede precisar un porcentaje exacto, pero es un escenario que estamos monitoreando de cerca a través del Índice de Construcción de Vivienda (ICC-CBDI), argumentó.

Según el estudio de CITRINO, para entender el comportamiento de los precios de los activos inmobiliarios se debe hacer una gran diferenciación entre dos términos.

Uno, el valor: que es el componente intrínseco de un inmueble, tierra y edificación. La primera, si se encuentra en una zona de desarrollo con construcción, se volverá escasa y se valorizará, lo que conocemos como plusvalía. Las edificaciones, si mantenidas adecuadamente podrán aportar a su valoración en el tiempo.

El precio, a diferencia de valor, es lo que el mercado está dispuesto a pagar y este depende de la capacidad de pago y voluntad de compra de la demanda, como también del nivel de oferta de inmuebles similares.

PLUSVALÍA

“El valor tienda a incrementarse (plusvalía) en el tiempo, en ciertos momentos de forma más acelerada, pero el precio fluctúa de forma cíclica, hay momentos que el precio se encuentra por encima del valor, otros por debajo del valor. Por ello es muy importante conocer el ciclo de ocupación de un tipo de activo en una región específica”, explicó a La Razón el fundador de Citrino Capitales Inmobiliarios, Julio Valenzuela.

Puso como ejemplo a la ciudad de Santa Cruz, donde el nivel de ocupación se encuentra en 94%, es decir de cada 100 inmuebles residenciales (casas y departamentos) 6 se encuentran desocupados, muy diferente a la situación del año 2016, donde el 99% se encontraban ocupados.

Esta situación significa que estos activos se encuentran en una fase de recesión generada por una sobre producción de inmuebles o sobre oferta.

“Adicionalmente necesitamos comprender qué ha sucedido con los valores de alquiler de estos activos en moneda extranjera. Debemos diferenciar esta situación en dos instancias, un momento predevaluación monetaria y posterior a la misma. Desde 2017 a 2022, los alquileres se redujeron de forma real un 26%. Y desde la perspectiva del propietario, desde 2023 a 2024, por los efectos de la devaluación, el propietario recibe un 21% menos en dólares. Consolidando una pérdida real de ingresos en dólares de un 42% desde 2017 a 2024”, acotó Valenzuela.

Para los entrevistados, es altamente posible que haya una bajada brusca de los precios de bienes inmuebles en el mediano plazo en el país, debido a la coyuntura económica existente, pero siempre tienden a recuperarse después de la caída.

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) cuenta con una cartera de 19 proyectos hidroeléctricos en diferentes regiones del país con un potencial de 6.376 megavatios (MW).

Durante un informe en la Cámara de Senadores, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejando Gallardo, informó que “se priorizará la gestión de su financiamiento sobre la base de los resultados técnicos y económicos y ambientales de cada uno de estos proyectos y los objetivos estratégicos del sector”.

De acuerdo con Gallardo, de los 19 proyectos, sólo Rositas, ubicado en el departamento de Santa Cruz, “cuenta con (estudio a) diseño final”. Tendrá una potencia de 600 MW y un carácter multipropósito porque contribuirá al almacenamiento de agua potable, uso productivo y control de inundaciones de la cuenca del río Grande, según un reporte de ABI.

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A éste se suman los proyectos de La Pesca, con una potencia de 460 MW, entre Cochabamba y Chuquisaca; Cañahuecal (Cochabamba – Chuquisaca) con 380 MW; Peña Blanca (Chuquisaca – Santa Cruz) con 380 MW; Icona (Cochabamba) con 342 MW; Okitas (Santa Cruz) con 85 MW; Seripona (Chuquisaca – Cochabamba) con 400 MW; y Las Juntas (Chuquisaca – Cochabamba – Santa Cruz) con una potencia de 150 MW.

EXPORTACIONES

También están los proyectos de Ocampo (Chuquisaca – Santa Cruz) con 150 MW; Santa Bárbara (Cochabamba) con 144 MW; Santa Elena (Cochabamba – La Paz) con 230 MW; Carrizal (Chuquisaca – Tarija) con 366 MW; Villa Jorka (Cochabamba) con 163 MW; Banda Azul (Cochabamba) con 143 MW; KirKi 2 (Potosí) con 56 MW; Chimoré (Cochabamba) con 100 MW; Cotacajes (Cochabamba) con 186 MW; Tamampaya (La Paz) con 41 MW; y Chepete (La Paz) con 2.000 MW.

La suma de generación eléctrica de los proyectos alcanzará 6.376 megavatios (MW).

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones nacionales de electricidad a Argentina representaron $us 16,5 millones de enero a agosto de este año.

La meta para 2025, año del Bicentenario de Bolivia, es alcanzar los 2.000 MW, de los cuales al menos el 70% estará cubierto por fuentes de energía limpia y amigable con el medio ambiente.

La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) expresó su profunda preocupación ante el anuncio de bloqueos a nivel nacional por parte del sector ‘evista’ del Movimiento al Socialismo (MAS), previsto para este lunes. La medida, convocada en apoyo al ex presidente Evo Morales, pondría en riesgo un flujo económico diario de $us 10,5 millones en el eje oriente-occidente del país, según la entidad.

«La medida de hecho paralizaría el aparato productivo, más aún si consideramos que Cochabamba es el gran eje articulador de la economía entre oriente y occidente», señaló la CAC en un pronunciamiento.

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Bloqueos

De acuerdo con la institución, este flujo económico involucra diversos sectores como la agricultura, la logística, la exportación y la industria, entre otros, y cualquier interrupción en la cadena afectaría gravemente a la región y al país.

Este sábado los seguidores de Morales convocaron a un bloqueo de caminos, en respuesta a la posibilidad de que Morales enfrente un proceso legal por estupro y trata de personas en Tarija.

Este anuncio encendió las alarmas en distintos sectores productivos, particularmente en el agropecuario, debido al posible impacto negativo en la economía nacional.

Según datos de la CAC, el 50% del comercio que atraviesa Cochabamba proviene del oriente con destino a los puertos del Pacífico, lo que genera divisas esenciales para la economía boliviana.

Afectación

Además, se advirtió sobre las posibles afectaciones al sector productor y exportador de banano del trópico cochabambino, que podría perder su mercado en Argentina.

La entidad también subrayó que los bloqueos afectarían directamente a más de 400.000 familias campesinas que dependen de la actividad agrícola.

“Urge evitar mayores pérdidas económicas y la vulneración a la seguridad alimentaria y el trabajo”, afirmó la CAC, insistiendo en la necesidad de mantener el libre tránsito de productos para garantizar la estabilidad económica y social.

La Cámara Agropecuaria reiteró su llamado a las autoridades y a los sectores convocantes para que se eviten acciones que perjudiquen al aparato productivo y a la “seguridad alimentaria” del país.

Concluyó en La Paz el taller internacional sobre la gestión de fuentes radiactivas en desuso, organizado por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) con el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Durante el evento, que contó con la participación de representantes de diversos países, se formularon propuestas clave para el manejo seguro y sostenible de estas fuentes.

El taller, desarrollado a lo largo de varios días, sentó las bases para la creación de políticas y estrategias destinadas a gestionar de manera responsable las fuentes radiactivas selladas al final de su vida útil.

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Un punto importante fue el abordaje de las llamadas fuentes radiactivas huérfanas, aquellas que han sido abandonadas o extraviadas, cuyo manejo adecuado resulta crucial para mitigar los riesgos asociados.

Este esfuerzo se enmarca en un proyecto regional más amplio, liderado por el OIEA, que busca fortalecer las capacidades nacionales y regionales en materia de control, seguridad radiológica y protección del medio ambiente. La iniciativa cuenta con el apoyo de países de la región, en un esfuerzo conjunto por implementar medidas de seguridad física y radiológica.

El director ejecutivo de la AETN, Eusebio Aruquipa, destacó la relevancia de esta colaboración internacional en el cierre del taller.

«Como autoridad reguladora, a la cabeza del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, sabemos que es importante este apoyo del OIEA para manejar adecuadamente la gestión segura de los desechos radiactivos», señaló.

Propuesta

La propuesta presentada por Bolivia incluye la participación del Ministerio de Hidrocarburos en la implementación de políticas, mientras que la AETN será responsable de la aplicación de normativas. Las instalaciones y actividades generadoras, por su parte, deberán cumplir con las normas y reglamentos establecidos, en conformidad con los principios internacionales de seguridad radiológica.

Según la AETN, este taller representa un avance significativo hacia una gestión más segura y responsable de las fuentes radiactivas en desuso, reafirmando el compromiso de Bolivia con la seguridad radiológica y la cooperación internacional en este ámbito.