Daño económico y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes son los dos delitos por los que se los acusará a 138 funcionarios y exfuncionarios del gobierno municipal de La Paz, quienes registraron de forma irregular predios municipales en el Padrón Municipal de Contribuyentes, sin derecho propietario.

“En un primer momento sería emisión de normas contrarias a la Constitución Política del Estado y después por daño económico. Ya sea a los particulares o también al Estado”, explicó la directora de la Administración Tributaria Municipal (ATM), Noemí Lastra.

La Alcaldía de La Paz informó que en 10 años se registraron de forma ilegal 15.417 predios sin derecho propietario. Identificó a 138 funcionarios que incurrieron en la irregularidad. Ellos registraron los bienes a sola presentación del carnet de identidad del ocupante, la certificación de la junta de vecinos sobre la posesión y un plano a mano alzada, como estableció una resolución administrativa emitida en 2012.

Sin embargo, los ocupantes no presentaron el “derecho propietario”, documento que certifica la propiedad del inmueble, extendido por la oficina de Derechos Reales. El registro sirvió para que los ocupantes de los predios paguen el impuesto municipal de bienes inmuebles.

“Durante 10 años, es decir, de 2012 al 2021, muchas personas han registrado (predios) para efectos de pago de impuestos de inmuebles. Pero no tenían el derecho propietario”, informó la funcionaria.

AUDITORÍA

Actualmente, se realiza una auditoría interna que determinará las responsabilidades de cada uno de los funcionarios y exfuncionarios ediles. Seis de los 138 funcionarios que realizaron los registros continúan en funciones en la Alcaldía. Una determinación del Ministerio de Trabajo instruyó su reincorporación.

“Ya termina la auditoría a fines de este mes y será el área legal que determine los tipos de responsabilidades que vamos a aplicar contra esos funcionarios y también contra los exfuncionarios”, remarcó Lastra.

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Ante esa irregularidad, la actual gestión del alcalde Iván Arias anuló la resolución y realizó una investigación, presentada públicamente el 8 de mayo de 2022. Estableció la actuación de un “triángulo perverso de corrupción”, conformado por el funcionario municipal, el ciudadano que pretende apropiarse de un predio indebidamente y la junta de vecinos, que otorgaron certificaciones a los ciudadanos que ocuparon terrenos ajenos.

Algunos funcionarios implicados en las irregularidades resultaron suspendidos.

Denunciados por un presunto delito relacionado con la falsificación de firmas, la notaria de Gobernación, Gina Talavera, y el gobernador electo detenido en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, deberán presentar sus declaraciones a la Fiscalía de Santa Cruz.

“Estamos investigando un presunto delito de incumplimiento de deberes y un presunto delito de falsedad material e ideológica dentro de una denuncia que ha interpuesto el Viceministerio de Transparencia en contra de la notaria de Gobierno y el señor Luis Fernando Camacho”, informó a los medios Yolanda Aguilera, fiscal a cargo del caso.

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Firmas

El hecho data del 1 de agosto de 2023. En ese entonces, Camacho, que fungía como gobernador desde Chonchocoro, La Paz, empastó una supuesta firma en un documento judicial para brindar poderes a algunos de sus secretarios en la Gobernación.

El poder no despertó polémica hasta abril de este año. Se observó que en el documento figuraba Santa Cruz como lugar de la firma. Pero Camacho no salió en ningún momento de la prisión de Chonchocoro.

Con el objetivo de esclarecer la situación, Efraín Suárez, vicepresidente de la agrupación Creemos, afirmó que fue él quien llevó el cuaderno a La Paz y se trataba de un “error de transcripción”. Sin embargo, la notaria Talavera no estuvo presente y aun así dio fe de la firma, en supuesta violación de la norma.

Tavalera inclusive nombró a dos testigos que estuvieron presentes en la firma, pero Suárez afirmó que solo él estuvo en presencia del gobernador electo. Entonces, no existe manera de verificar si la firma de Camacho es auténtica o si él instruyó que alguien más firme el documento en su nombre.

Poder

A raíz de los estudios grafológicos, las contradicciones entre los testimonios y otras irregularidades, se presentó la denuncia formal el jueves.

Se trata del poder 006/2023 que entregó autoridad a la directora de Asuntos Contenciosos del Servicio Jurídico Departamental y al director del Departamento Jurídico de Santa Cruz.

Carlos Correa, secretario de Justicia de la Gobernación, afirmó que se trata de un tema bastante “complejo”. En su criterio, este hecho podría desembocar en problemas institucionales en la Gobernación y en la nulidad de los actos realizados bajo ese poder.

“Hemos procedido a realizar la revisión, toma de fotografías y colecta de alguna documentación para efectos de la investigación (…); posteriormente se requerirá la realización de algunos estudios periciales si es necesario”, informó la fiscal, luego de que la Policía interviniera en la Gobernación.

Camacho

Camacho también es acusado de otros casos irregulares durante su gestión como gobernador, como el Decretazo o el Carro bombero. En febrero debía brindar su declaración por el caso Decretazo, por delegar funciones arbitrariamente y en contra del estatuto departamental. Sin embargo, su audiencia se suspendió debido a que no se permitió su traslado al penal de Palmasola, Santa Cruz.

“En todo proceso penal se tiene que citar a todas las partes denunciadas; entonces, obviamente, vamos a ver la forma de recibir declaración”, aclaró la fiscal Aguilera en relación al caso de Camacho.

Camacho se encuentra detenido en Chonchocoro desde el 30 diciembre 2022, a raíz del caso Golpe de Estado I, por sus actos en 2019 que desembocaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.

En la gestión del gobernador en ejercicio Mario Aguilera se iniciaron investigaciones y auditorías que revelaron que la Gobernación de Santa Cruz se encuentra en un estado de deterioro bastante crítico.

Hasta el momento, se encontraron irregularidades como el incremento injustificado de personal, compras sin registro, servicios deficientes y desactualizados, obras inconclusas. Además, la Gobernación acumula una deuda económica que alcanza Bs 1 millón.

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, salió en defensa de la localidad de Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba, donde tres personas fueron linchadas el miércoles.

“He pedido al Gobierno que haga operativos porque hay extranjeros que hacen mucho daño a la población y no tenemos seguridad; tengo algunas cartas para que vengan al trópico para tocar la seguridad porque aparecen hermanos linchados”, afirmó el expresidente.

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Ivirgarzama

Ante la denuncia de Morales, Miguel Delgadillo, de la dirección urbana del MAS, salió al paso. “Nuestro gobierno siempre ha querido estar presente en el trópico y lo ha estado haciendo, pero siempre los comunarios a la cabeza de Evo Morales cuestionaban la presencia de nuestro Gobierno”, respondió.

Tres hombres murieron el miércoles tras ser linchados en Ivirgarzama; ellos estaban acusados de secuestro y otros crímenes.

Pacto de silencio

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, también se refirió al caso y señaló que, tras el linchamiento, el Gobierno detecta un pacto de silencio entre los comunarios de Ivirgarzama.

“No podemos permitir esto, vivimos en un Estado de derecho en el cual se debe respetar el debido proceso por lo cual lamentamos el comportamiento de la población en Ivirgarzama porque estas personas ya se encontraban aprehendidas”, detalló Ríos.

Denunció que, “en este momento hay un pacto de silencio por lo cual la comisión de fiscales con la Policía está trabajando a partir de las imágenes. También los audios a fin de que estas sean convocadas a declarar y que la justicia determine cuál es su responsabilidad”.

Entretanto, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que Las autoridades comenzaron los las investigaciones por asesinato. Y que una comisión se trasladará a esa región para detener a los responsables.

“Linchamiento es asesinato, por eso el Ministerio de Gobierno ha ordenado que una comisión se traslade al lugar para detener a los instigadores”. Eso explicó el funcionario.

El Gobierno identificó a los principales agresores como Cristian G. y Julio T., de quienes se informó que tienen antecedentes penales.

Los hombres fallecidos fueron detenidos por los pobladores, acusados de robo y secuestros. Los entregaron a la Policía. Después, un grupo de pobladores los sacaron de las celdas para golpearlos y prenderles fuego en la misma plaza principal.

(10/05/2024)

Una serie de irregularidades son descubiertas por la Alcaldía de La Paz, que denunció que ha identificado a 136 funcionarios implicados en el registro de predios que no cuentan con derecho propietario. Se abrió una investigación.

“136 funcionarios han participado en el registro de estos predios. Hay 20 funcionarios que han realizado únicamente este tipo de registros por posesión y han realizado registros, cada uno, entre 200 registros a 1.000 registros”, informó la directora de la Administración Tributaria Municipal (ATM), Noemí Lastra.

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La Alcaldía informó, mediante una nota institucional, que seis de los funcionarios presuntamente implicados siguen en funciones, “a raíz de una determinación del Ministerio de Trabajado que instruyó su reincorporación”.

DERECHO PROPIETARIO

Añadió que de un total de 15.417 predios que se encuentran en el padrón municipal, pero que no cuentan con el derecho propietario. Esta irregularidad se habría cometido hace años en lo que se denominó un “triángulo perverso de corrupción” entre estos funcionarios, juntas de vecinos y las personas que se hacían como propietarias.

Para la inscripción, se denunció que solo se requería “carnet de identidad, una certificación de la junta de vecinos sobre la posesión, sobre la vivencia del tercero interesado y un plano a mano alzada”. Una vez en el padrón, pagaban impuestos como un respaldo de su propiedad, pero no contaban con los documentos de Derechos Reales que así lo acrediten.

La comuna aclaró que el derecho propietario solo se consolida “a través de un folio real que emite la oficina de Derechos Reales”.

Así, incluso una persona es acusada de haberse apropiado de 175 predios a su nombre, en solo un año. “Hay un funcionario que ha registrado 1.187 predios. También hay un ciudadano que en un año ha registrado 175 inmuebles a su nombre, solamente con esos tres requisitos”, dijo Lastra.

FUNCIONARIOS

Por todo esto, la alcaldía determinó anular la resolución administrativa de 2012 y bloquear los 15.417 predios; para que los ocupantes no vendan o realicen otro tipo de trámites. Además, se hacen intervenciones, como las realizadas esta semana en la Avenida del Libertador, con al menos cinco espacios que estaban en propiedad municipal.

“Continuamente se ha salido comunicando a la ciudadanía la recuperación de estos predios sin ningún problema porque es un tema conciencial. Si estoy apostada sobre un predio que no me corresponde y viene el legítimo propietario a reclamar, entonces tengo el deber de devolver ese predio”.

Se prevé que a fin de mes culmine la auditoría y así se determinarían las acciones legales a tomar contra los funcionarios y exfuncionarios.

Las advertencias se concretaron. La Alcaldía de La Paz empezó los operativos para el embargo de vehículos con deudas de impuestos por más de 10 gestiones. Una vagoneta ya fue interceptada y embargada; se preparan más acciones para dar con el total de motorizados en esta situación.

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía, esta vagoneta tenía deudas acumuladas desde 2012. El monto de la mora llega a los Bs 25.000, por lo cual quedó retenida tras ser interceptada en el centro paceño.

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“Vamos a llevar a nuestros recintos municipales, en los cuales se va a efectuar la custodia respectiva. Y en tanto (el dueño) no consiga el dinero, se va a quedar bajo nuestra custodia, de tal forma que en el momento que consiga el dinero, nosotros daremos por concluida esta acta de embargo y le devolveremos las placas para que el vehículo vuelva a la circulación nuevamente”, explicó la directora de la Administración Tributaria Municipal (ATM), Noemí Lastra.

ALCALDÍA

Lo que corresponde ahora es que el propietario del motorizado se acoja a un plan de pagos, con la cancelación del 10% en su cuota inicial para luego completar la deuda en 30 meses. “El ciudadano tiene 20 días hábiles, eso es un mes en el plazo, y si en ese plazo no efectúa la suscripción del plan de pago, inmediatamente vamos a proceder al remate respectivo”, aseveró Lastra.

Desde el 2 de mayo, por una veintena de vehículos en esta situación se activaron planes de pago para evitar esta medida extrema. Para optar por esta alternativa de saldo de deuda, los contribuyentes pueden acudir a las oficinas de la ATM, ubicadas en el edificio Armando Escóbar Uría, ex Banco del Estado, en la calle Colón esquina Mercado.

La comuna advirtió que estos operativos seguirán. Un total de 48.934 vehículos están propensos al embargo, dado que tienen deudas de impuestos por más de una década.

“La deuda es de 349 millones de bolivianos y tenemos que recuperar ese dinero que no ha entrado oportunamente al Tesoro Municipal”.