Después de que un juez lo absolviera de culpa, R. Ch., el taxista acusado de ser cómplice en el rapto del bebé Álex, enfrenta una situación muy difícil, pues el banco advirtió con embargarle el vehículo, que usa para trabajar, por incumplimiento de cuotas.
“Por esta situación (rapto del bebé) estoy muy perjudicado. Me han quitado mi honorabilidad y mi fuente de trabajo, ahora resulta que el banco me quiere quitar mi auto”, dijo a F10 indignado y al borde de las lágrimas.
R. Ch. estuvo cuatro meses con detención preventiva en el penal de San Pedro, acusado de participar en el rapto del bebé Álex. En diciembre de 2022, por falta de pruebas un juez determinó su inocencia y lo absolvió de culpa.
Sin embargo, ahora debe enfrentar una deuda que, según el Banco Nacional de Bolivia (BNB), supera los Bs 89.000. No obstante, el chofer —con papeles en mano— asegura que esta deuda no superaba los Bs 64.000, que adquirió para comprar su vehículo de trabajo.
Ante esta situación, pide a las autoridades del Gobierno ayudarlo para que el banco acepte una reprogramación del crédito. Aseguró que ya que no pudo cumplir con las cuotas porque se encontraba preso “injustificadamente”.
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Contexto caso bebé Álex
El 18 de agosto del año pasado, R. Ch. salió a trabajar con su vehículo, como todos los días, cerca de la plaza Eguino, en La Paz; una mujer que llevaba a un bebé y su acompañante abordaron su coche. Entonces, él no tenía conocimiento de que se trataba de un rapto. El chofer los trasladó hasta la zona de Villa Fátima, luego ya no supo más de ellos.
La Policía, luego de cruzar los videos de las cámaras de vigilancia del sector donde fue raptado el bebé, identificó que las mujeres subieron al vehículo de Chura.
El taxista fue identificado y llevado a las dependencias de la Fuerza Especial Contra el Crimen (FELCC) para que brinde su declaración informativa, pero fue aprehendido y acusado bajo cargo de complicidad de rapto.
Entonces, él alegó ser inocente; sin embargo, al día siguiente, el juez de turno dispuso enviarlo con detención preventiva al penal de San Pedro. Su abogado, Manolo Rojas, denunció varias irregularidades contra su cliente y reclamó garantías constitucionales y presunción de inocencia.