Cerca de las 11.30 de este lunes se instaló una nueva audiencia de medidas cautelares contra la exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa por el caso BTR (Buses de Transporte Rápido) en la que se definirá si la exautoridad saldrá o no en libertad.
Sosa ingresó el sábado una huelga de hambre en la cárcel de Palmasola, donde cumple detención desde diciembre de 2021, para exigir que se cumpla la determinación del Tribunal Tercero de Sentencia que la favoreció con libertad por el caso Ítems fantasma.
Antes de la audiencia, Sosa sufrió una descompensación debido a la huelga de hambre que cumple. El domingo y este lunes, la familia pidió a los administradores de Justicia concederle libertad a la exautoridad y alegó que su estado de salud está deteriorado.
“Mi mamá se desvaneció porque está hace 48 años en huelga de hambre. Ella quiere de una vez atender su salud en casa, tiene un niño menor de edad que se quedó sin padre y madre y por quien tiene que velar”, señaló la hija de Sosa, Nicole Perovic.
ESTRATEGIA
El vocero de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, afirmó que Sosa entró en una estrategia de victimización y que pretende burlar la justicia con acciones ilegales.
“Ella (Sosa) deber saber que es una ciudadana común y que debe responder a la justicia. Debe pensar en la gran cantidad de bienes que tenemos incautados y con anotación preventiva, (debe pensar) en devolver los recursos robados a las arcas municipales”, dijo Montenegro en conferencia de prensa.
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El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar afirmó que la familia de Sosa “quiere hacer creer que está en peligro de muerte”, pero que no es así. “En la audiencia de ayer le mostramos que la señora (Sosa) se encuentra en perfectas condiciones de salud. Sigue soberbia, prepotente”, dijo.
Afirmó que la exautoridad tiene dos opciones: declararse culpable e ir a un juicio abreviado o devolver los Bs 200 millones “que le robó al pueblo cruceño”.
Angélica Sosa guarda detención en la cárcel de Palmasola desde el 24 de diciembre de 2021. Fue acusada por el caso Ítems fantasma y luego se sumaron otros procesos, entre ellos por el caso Prestín y BTR.