El documentalista español y director de “La fuga”, Josep Morell, anunció el estreno del producto audiovisual que aborda abusos sexuales propiciados por los sacerdotes jesuitas Luis Tó (+) y Francesc Peris en Bolivia.

El documental se estrenará el 6 de mayo en el marco del festival Docs Barcelona y el 18 de junio en ‘Nits Sense Ficció’ de 3Cat.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, contó que la idea emergió de una investigación de pederastia impulsada por el periodista Guillem Sánchez. “Intentamos contar dos historias bien retratadas y seccionarlas en dos de los colegios más importantes de Barcelona, a donde va la elite de las clases sociales”.

Lamentó que durante décadas hubo una cultura de impunidad por parte de la Compañía de Jesús en el mundo. Tó y Peris estuvieron en Bolivia como sacerdotes y encargados de menores a quienes abusaron por años.

El 30 de abril de 2023 estalló el caso del sacerdote Alfonso “Pica” Pedrajas (+), tras la publicación de un reportaje del periódico español El País titulado ‘Diario de un pederasta’. Se trata de una revisión del documento, de 383 páginas, en el que el cura confesó que abusó sexualmente de al menos 85 menores de edad en su paso por América Latina.

En la transmisión, el exjesuita Pedro Lima afirmó que, a raíz del caso Pedrajas en Bolivia, aparecieron más víctimas en España. Denunció que “hay un patrón que se repite” en la Iglesia Católica que consiste en que se reconoce el abuso sexual, pero el proceso no avanza por ausencia de víctimas.

Recordó que, por ejemplo, en la localidad de Charagua, la Compañía de Jesús encubrió los casos de pederastia porque las autoridades conocían los hechos y cerraron la investigación con el argumento de que no había víctimas. “Sabemos que (la Compañía) desplegó su poder institucional para silenciar a las víctimas, (pero) por suerte hablaron”.

“El provincial sabía que niñas estaban siendo abusadas en Charagua”, dijo.

Aseguró que las órdenes religiosas de la Iglesia Católica suelen investigar casos de pederastia clerical y su conclusión es siempre la misma: «Es verosímil, pero no hay víctimas».

Lima contó que, en aquel entonces, denunció que Tó había llegado a Bolivia con el antecedente de abusador clerical en Barcelona con dos años de prisión por abusar a una niña, mientras la alistaba para una ceremonia religiosa. Sin embargo, en El Alto fue párroco y enseñaba catequesis a niños, pese a que debía alejarse de los menores por 4.000 días.

“Tó estuvo en parroquias, se convirtió en un referente social. Detectaba a niñas y las atacaba”, añadió Morell.

En 1992, una sentencia condenó a Tó por abusos a una alumna de ocho años del colegio “Sant Ignasi” de Barcelona. Poco después, los jesuitas enviaron a Tó a Bolivia, donde trabajó en varias parroquias de El Alto.

Según Morell, en 1993, había aterrizado también a Bolivia Francesc Peris, del colegio de los jesuitas de Casp, donde ya se habían recibido quejas.  Ambos acumulan denuncias de exalumnos que han decidido hacer públicos los abusos y reclamar una reparación.

Tó ya falleció y Peris envejece en una residencia en la ciudad de Manresa en Cataluña, España.

En el documental, la Compañía de Jesús pide perdón y niega cualquier patrón de encubrimiento de los pederastas.

Lima fue sacerdote jesuita y actualmente es impulsor y miembro de la llamada Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial. Anunció que se reabrirán algunos casos que fueron cerrados por injerencia de la Iglesia Católica en la Justicia.

Morell dijo que la Iglesia Católica debe reconocer su culpa y que hubo políticas encubridoras. Ratificó que se debe conocer la verdad de los “crímenes de lesa humanidad”. “La verdad es lo único que curará a los que sufrieron y hará creíble a las máximas instancias de la población de un país”.

Recordó que hay reportes de abusos clericales desde 1945 hasta este 2024 registrados por la misma Conferencia Episcopal, según la orden son entre 1.300 y 1.400 casos. Sin embargo, según un reporte del Defensor de Cataluña, han sufrido abusos en España más de 400.000 niños y niñas en colegios religiosos no religiosos.

También existen registros de violaciones a menores en Estados Unidos, Irlanda, Francia y América Latina. “Es una lacra absoluta. Han pagado los jesuitas para que no se sepan los casos”.

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La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Ivette Espinoza, aseguró que, según la Encuesta Nacional de Servicios Financieros (ENSF-2023), el índice de satisfacción de los consumidores financieros sobre los servicios de las entidades financieras tuvo una calificación que llegó a 7,81 sobre 10.

En entrevista con La Razón Radio, reiteró que la encuesta se aplicó a 29.020 personas, de las que 7.299 participaron de manera presencial en 85 municipios, mientras que las restantes 21.721 lo hicieron en la modalidad en línea.

Informó que la encuesta permitió definir que son 6.200.000 consumidores de los cuales son prestatarios el 6%; prestatarios y depositantes, un 45%, y depositantes, un 39%.

Espinoza destacó que, en virtud de los puntos de atención en municipios, Bolivia se posiciona en el ranking de puntos de atención por cada 100.000 habitantes. “Estamos en el primer lugar», indicó.

En 2022, la calificación alcanzó un 7,84%, se reflejó una reducción de tres décimas con relación a 2023.

Dólares

El país atraviesa por un periodo de iliquidez de dólares desde el 2023. A raíz de ello, diversos sectores productivos y empresariado se ha visto afectado por la ausencia de la divisa estadounidense.

Al respeto, Espinoza aseguró que el problema emergió de la especulación y desinformación por parte de algunos actores. Descartó que el precio del dólar se esté incrementando, actualmente.

Sobre la situación actual, afirmó que la Asfi atiende los reclamos de las personas que no puede sacar la divisa internacional. “Nosotros hacemos inspecciones y, con base a eso, hemos establecido el tema de sanciones”.

Aseguró que su despacho analiza la manera de frenar la especulación y, para ello, solicitan información a las entidades. “La Asfi puede pedir información sobre la compra y venta de dólares para evitar fenómenos especulativos”.

A su vez, indicó que, a fin de evitar la especulación, las entidades financieras tienen que tener provisiones de divisas en el exterior.

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El senador arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez anunció que las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa analizarán los alcances de la resolución que ponen en foja cero las elecciones judiciales.

El martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La medida fue emitida por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán. La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

En entrevista con La Razón Radio, el senador Gutiérrez dijo que, “de manera inmediata”, las comisiones tendrán que tomar una decisión sobre la resolución y someterla al Pleno de la Asamblea Legislativa.

“Tenemos que garantizar las elecciones judiciales”, añadió el legislador.

Reiteró que la ejecución de las elecciones judiciales es un mandato de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, cuya norma responde a un acuerdo multipartidario firmado el 2 de febrero entre representantes del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. “Esto se tiene que cumplir”.

Lamentó que varios postulantes hayan acudido a la Justicia, lo que derivó en la paralización de comicios judiciales. Admitió que, si bien la Justicia pudo aceptar los amparos, no debió paralizar el proceso con medidas cautelares. 

“Los jueces deberían admitir, pero no suspender las labores de la Asamblea, ahí se extralimitaron. Rechazamos y de mostramos que los postulantes incumplieron con los requisitos”, argumentó.

Al ser consultado sobre que la Justicia somete al Órgano Legislativo, afirmó que “no hay sometimiento de carácter político a ninguna instancia”. Además, aseguró que la Asamblea garantizó la doble instancia de impugnaciones en el proceso de preselección de candidatos.

“Las resoluciones son factores ajenos a la Asamblea. Ningún legislador observó el proceso. Los actores que acudieron a la Justicia (fueron) los postulantes que forman parte de la convocatoria”, dijo.

No obstante, admitió que la Asamblea no tuvo eficacia en el último año debido a la falta de consensos en las bancadas de las tres fuerzas políticas. “Desde la tercera gestión hay una debilidad por las divisiones internas del oficialismo y oposición”, comentó.

Aseguró que antes las dificultades se resolvían fácilmente, pero los problemas comenzaron luego de la elección al Defensor del Pueblo. “Nos costó sacar adelante la elección del Defensor, pero ahí recibimos el apoyo institucional”.

“No ocurre ahora porque hay peleas, intereses, factores políticos y la temprana electrolización ha ganado terreno”, lamentó.

Las elecciones judiciales están en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y se conocía la ausencia de mujeres e indígenas.

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Pese a no contar con la supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la facción arcista de del Movimiento Al Socialismo (MAS) insiste en que “sí o sí” inaugurará su congreso este viernes en El Alto. La inauguración será en puertas del Polideportivo “Héroes de Octubre”, en la avenida Juan Pablo Segundo.

En entrevista con La Razón Radio, Milán Berna, de la Comisión Política del Pacto de Unidad, explicó que luego de la inauguración se conformarán las comisiones de poderes y el presídium para abordar temas legales y jurídicos.

Se prevé presentar a la nueva directiva del MAS el 5 de mayo, plazo fatal establecido por el TSE. “Tenemos un equipo legal que hará seguimiento”, afirmó Berna.

Exhortó al TSE, a través de una comisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), a supervisar y acompañar el congreso convocado por las organizaciones sociales afines al presidente Luis Arce.

“Si el TSE desconoce estas actividades, estaría (incurriendo) en actos de irresponsabilidad contra miles de personas militantes y organizaciones sociales legalmente constituidas”, advirtió el dirigente.

Asimismo, anunció que agotarán todas las instancias, entre ellas, la jurídica administrativa, para “dar derecho” y decidir sobre el acompañamiento del TSE.

Ratificó que se presentó la documentación con los respaldos correspondientes ante el TSE para que la instancia avale las decisiones del encuentro. “El TSE ya tiene conocimiento de los aspectos legales. No nos puede, debe respeta la democracia interna”.

La Secretaría de Cámara del TSE archivó la solicitud de acompañamiento al congreso debido a que, tanto la facción arcista y evista, incumplen con el artículo 13 del estatuto orgánico del partido.

Dicha norma establece que “el Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.

Sin embargo, en criterio de Berna, su facción cumplió con el artículo, debido a que presentó la convocatoria firmada por algunos miembros de la dirección nacional y en consenso con las organizaciones matrices: confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CMCIO-BS) y Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIOB).

“Esta convocatoria es (realizada) por la dirección nacional, por la Comisión Orgánica y otros cuatro miembros en consenso con las organizaciones matrices en el plazo establecido. La expresión mayoritaria está”, añadió.

Recordó que, en cuatro ocasiones, enviaron notas y cartas de invitación al jefe del MAS y expresidente Evo Morales para que firme la convocatoria y participe del encuentro; no obstante, el Pacto de Unidad no obtuvo respuesta.

“Se ha cerrado en sus caprichos y ha hecho caso omiso a esta invitación”, dijo.

El miércoles, el TSE rechazó su supervisión al congreso arcista una vez más. La Sala Plena basó su decisión en un informe de la Secretaría de Cámara, que hizo cuatro observaciones a la convocatoria, entre ellas que la solicitud no fue presentada ante el TSE por los delegados políticos de ese partido acreditados por el Órgano Electoral.

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La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, aseguró que la reforma a la Ley 348, Integral para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, es una medida “inconstitucional” y violatoria “flagrante” de derechos de las mujeres y niños y, además, plantea la impunidad.

La polémica por la Ley 348 comenzó cuando el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que era una “ley antihombres”, luego de que la senadora evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricia Arce dijera que la ley “destruyó familias”.

La legisladora presentó el proyecto de ley (PL) 143-2023-2024 de Modificación y Sistematización de la Ley del Órgano Judicial, que es una reposición del Proyecto de Ley 288 – 2021 y, posteriormente, modificar la Ley 348.

Organizaciones de mujeres consideraron que el proyecto representa un atentado y retroceso para el derecho de las víctimas de violencia al acceso a la justicia, protegido por la Constitución Política del Estado (CPE) y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia.

Denunciaron que propone modificar el artículo 94, referido al principio de veracidad, de la Ley 348, eliminando la protección de las mujeres denunciantes contra la revictimización por parte del sistema judicial.

Cruz, Paula Estenssoro (responsable de Incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir) y Lucía Vargas (responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer) abordaron el problema en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

La viceministra rechazó las declaraciones de Rodríguez e informó que, desde 2013 a marzo de 2024, se registraron 443.614 denuncias por violencia contra la mujer. Del total, solo 18.459 personas están siendo cauteladas con la Ley 348.

Este número de personas cauteladas es “un 4,16% de la capacidad de respuesta de la ley”, añadió.

Ratificó que es “mentira” que todas las denuncias por parte de mujeres llevan a la cárcel a los hombres. “No es una ley antihombres”, insistió.

Develó que, en 2023, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) ha recibido 3.239 casos, en los cuales las víctimas son varones. “Es mentira que se haya utilizado la norma solo contra varones, cuando ellos también la han utilizado para ir contra mujeres”.

Lamentó que los senadores Rodríguez y Arce “están poniendo en tela de juicio” que hay un sistema patriarcal que busca un retroceso en la ley.

Por su parte, Vargas aseguró que el problema no está en el papel, sino en la implementación de la norma. “La reforma es un retroceso para los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas que denuncias ante un sistema insensible”.

En coincidencia, Estenssoro afirmó que la reforma presupone que las denunciantes mienten sobre los hechos de violencias física y sexual. Aseguró que la ley no es la que acaba con las familias, sino es la violencia machista.

“No podemos encarar esta reforma desde una perspectiva de un retroceso presumiendo que las mujeres son mentirosas”, sentenció.

Vargas afirmó que su despacho registró que del 100% de las denuncias, solo el 5 % tiene sentencia y el 95% restante no tiene un proceso abierto.

Cruz desmintió que se aplica detención preventiva solo con una denuncia interpuesta por una mujer y explicó que el principio de veracidad hace que la víctima no tenga cómo contar su abuso sexual en todas las fases del proceso.

“No necesitamos que lo repita ante la Justicia”, dijo.

Además, aseguró que la Fiscalía y la Policía deberían ser cuestionados por la mala implementación de la ley, debido a que ambas instancias son responsables de hacer las investigaciones. “Ellos deben responder”.

Insistió en que no es un problema entre hombres y mujeres, sino que es un problema estructural del sistema machista y patriarcal en el país. “¿Dónde está el juez de garantías?, que debe estar viendo que se no se apliquen medidas cautelares forzosas”.

La Ley 348 fue aprobada el 9 de marzo de 2013, luego de una serie de reclamos sobre caso de violación de derechos de las mujeres. Y la propuesta de la senadora Arce ahora pasó a revisión de la Comisión de Constitución del Senado.

Este 2024, en los primeros cuatro meses, se registraron 26 feminicidios y 16 infanticidios en el país.

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