Este martes, el Gobierno sostendrá una reunión con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) donde evaluarán el resultado de los acuerdos y compromisos con el sector, los cuales, según el viceministro de Políticas de Industrialización Luis Siles, se cumplieron plenamente.

“Nosotros hemos cumplido con el tema de hidrocarburos, con el tema de diésel que era el más importante y ya está regularizado. En cuanto a los eventos de liberación de soya (biotecnología) también hemos cumplido (…); el Estado ha cumplido con todos los compromisos que tenía”, afirmó en entrevista con Bolivia Tv.

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Compromisos

Desde inicios de noviembre, una vez que se suspendió el bloqueo de caminos del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), el Gobierno realizó reuniones con la CAO para garantizar el abastecimiento de diésel, principal demanda del sector.

Los agropecuarios advirtieron que la falta de combustibles pondría en riesgo la cosecha de alimentos para la gestión 2025. Asimismo, advirtieron la importancia de utilizar semillas genéticamente modificadas de soya, debido a que por cuestiones climáticas la producción se vio reducida.

En criterio de Siles, el Gobierno brindó atención a estas dos demandas, pues el sector agropecuario puede utilizar la semilla intacta y la HB4, las cuales están realizadas con biotecnología para hacer frente a condiciones climáticas adversas.

En cuanto al diésel, se implantó surtidores móviles y un abastecimiento diario de medio millón de litros del combustible para los productores. Sin embargo, desde la CAO se señaló que la medida es insuficiente.

Según siles, los titulares de los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Desarrollo Rural y Tierras, y Economía se reunirán con las autoridades y representantes de la CAO.

El viceministro añadió que el Gobierno siempre está dispuesto a “escucharlos y solucionar sus problemas”.

Además, informó que en la tarde del martes se sostendrá una reunión con las industrias oleaginosas, productoras de aceite, para revisar el stock disponible y evaluar las medidas ante el incremento “injustificado” del precio del producto en los mercados.

El sector privado ha manifestado su rechazo contundente a la disposición adicional séptima incluida en el Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, al considerar que genera inseguridad jurídica y un clima adverso para las inversiones.

En la disposición adicional séptima se establece que «con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos».

El lunes, en conferencia de prensa, representantes de cámaras industriales y empresarios expresaron su preocupación por las implicaciones de esta medida, calificándola de “arbitraria y discrecional”.

En entrevista con La Razón Radio, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), explicó que esta disposición plantea un marco ambiguo que podría ser interpretado de manera subjetiva por funcionarios, generando riesgos de extorsión y complicando las operaciones del sector formal.

“Hoy el industrial boliviano ya opera bajo un sistema normativo robusto, con control de precios y regulaciones estrictas. Esta disposición adicional no solo duplica normas existentes, sino que podría afectar directamente a 39,000 industrias, 600,000 fabricantes y 2 millones de microempresarios. Esto incentiva indirectamente al contrabando, que opera fuera de regulación y daña aún más nuestra economía”, declaró.

Camacho lamentó que, mientras otros países modernizan sus marcos legales para atraer inversiones, Bolivia se aleja de esta tendencia. “Hoy necesitamos certidumbre jurídica, pero esta disposición ahuyenta a las pocas inversiones nacionales y extranjeras que aún llegan al país”, afirmó.

Las cámaras empresariales han enviado cartas al presidente, a ministros, y a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados para solicitar la eliminación de esta medida. Además, están evaluando caminos legales para impugnar la norma si llega a promulgarse.

Camacho señaló que las reuniones con representantes gubernamentales son un paso inicial, pero instó al Gobierno y a la Asamblea Legislativa a priorizar leyes que fortalezcan la inversión, como una nueva ley de hidrocarburos, minería e inversiones.

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El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, afirmó que la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 podría generar un “efecto boomerang”, incentivando el contrabando y el comercio ilícito.

La disposición establece que, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales, las autoridades podrán actuar contra quienes almacenen, retengan o incrementen los precios de estos productos.

En entrevista con La Razón Radio, Camacho cuestionó la necesidad de esta disposición, argumentando que el marco legal vigente ya regula estas prácticas.

Además, destacó que la incertidumbre generada por la norma podría desalentar la inversión y debilitar el sector empresarial formal, perjudicando la generación de empleo y el desarrollo económico del país.

“El contrabando es el sector que no está regulado, no paga aranceles, no paga impuestos, daña nuestra economía, asfixia al industrial formal y puede terminar siendo un detonante para incrementar el contrabando y el crimen organizado en Bolivia”, denunció.

Ante la eventual aprobación del artículo, la CNI adelantó que recurrirán a acciones legales para impugnar la norma.

“Si el gobierno insiste en implementar esta disposición, tomaremos medidas legales. Esto solo generará más conflictos y desincentivará aún más a los inversores”, advirtió.

Este lunes, a través de un comunicado, la CNI expresó “su más profunda preocupación y alarma” por la disposición y pidió al Gobierno nacional adoptar medidas de política económica, que promuevan el desarrollo industrial nacional antes que medidas de orden represivo y confiscatorio.

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La Renta Dignidad, que beneficia a más de 1,2 millones de adultos mayores, tiene asegurados los recursos para su continuidad durante la gestión 2025. Así lo confirmó el gerente nacional de prestaciones de la Gestora Pública, Javier Molina, quien destacó que el Presupuesto General del Estado (PGE) contempla los montos necesarios para cubrir este derecho adquirido.

A pesar de la caída en los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la Renta Dignidad sigue siendo sostenible, según Molina, debido a los aportes de las empresas estatales como YPFB, Entel, BoA y otras.

El monto total mensual destinado al pago de la renta ronda los Bs 400 millones, con cada beneficiario que recibe entre Bs 300 (rentista) y Bs 350 (no rentista) al mes.

En entrevista con La Razón Radio, el gerente también aseguró que el fondo se ajusta anualmente y, además, permite incorporar a los nuevos beneficiarios que cumplen los 60 años. Solo en el último año, cerca de 40.000 personas se sumaron al sistema.

Para la próxima gestión, se estima un crecimiento similar en el número de beneficiarios, lo que refuerza la necesidad de una administración eficiente de los recursos. Molina reiteró que la Gestora Pública continuará cumpliendo su función operativa para garantizar el acceso a este derecho.

Con este presupuesto asegurado, la población adulta mayor puede estar tranquila respecto a la continuidad de un beneficio que ha sido pilar de la seguridad social en el país durante más de dos décadas.

La Renta Dignidad se enfrenta a retos financieros derivados de la caída de ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otras fuentes.

El Proyecto de Ley PGE 2025 se encuentra en la Cámara de Diputados, esperando que la Comisión de Planificación inicie su tratamiento. Una vez aprobado, debe remitirse a la Cámara de Senadores para que sea sancionado.

El gerente nacional de Prestaciones de la Gestora Pública, Javier Molina, explicó que la suspensión de la Renta Dignidad afectará exclusivamente a un grupo minoritario de entre 10.000 y 13.000 personas mayores de 60 años que continúan trabajando en actividades remuneradas.

“Es importante aclarar que no se está eliminando el derecho, sino que se suspende mientras las personas sigan en actividad laboral remunerada”, destacó en entrevista con La Razón Radio.

Una vez que las personas afectadas dejen de trabajar, podrán reactivar automáticamente su derecho a recibir la Renta Dignidad, siempre y cuando notifiquen formalmente la conclusión de su actividad laboral. Dicho procedimiento es similar al que ya aplican algunos jubilados para evitar doble percepción de ingresos (renta y salario).

Molina enfatizó que esta medida es parte del proyecto normativo del Presupuesto General del Estado (PGE) que aún está siendo tratado en la Asamblea Legislativa. “El objetivo no es ahorrar, sino transferir los recursos a quienes más lo necesitan, como las personas que no tienen pensión”.

En el marco del PGE 2025, el sistema de jubilación y los beneficiarios de la Renta Dignidad enfrentarán importantes ajustes normativos. Estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad del beneficio, pero también implican modificaciones que han generado debate.

La Renta Dignidad, que beneficia a más de 1,2 millones de personas en Bolivia, se enfrenta a retos financieros derivados de la caída de ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otras fuentes.

Sin embargo, Molina aseguró que los recursos están garantizados para el próximo año, debido a una programación anual que incluye aportes de empresas estatales y utilidades generadas por dividendos.

“Estamos viendo un crecimiento de aproximadamente 40.000 nuevos beneficiarios anuales, y este ajuste permite que los recursos puedan redistribuirse de forma equitativa entre quienes ya no cuentan con ingresos adicionales”, explicó Molina.

El Proyecto de Ley PGE 2025 se encuentra en la Cámara de Diputados, esperando que la Comisión de Planificación inicie su tratamiento y posteriormente lo remita al pleno para su aprobación. Una vez aprobado, debe remitirse a la Cámara de Senadores para que sea sancionado.