La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) precintó el jueves la estación de servicio Anita, ubicada en la carretera a Sacaba, en Cochabamba, reincidente en carguíos irregulares de combustible y alteración del sistema.

El director de la ANH, Germán Jiménez, advirtió que tres infracciones derivan en la clausura definitiva de la estación.

Asimismo, informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía; ya que no es la primera vez que la estación comete irregularidades, poniendo en riesgo la seguridad y la vida de los usuarios.

Acompañado de agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y la Fiscalía, Jiménez lideró el operativo. Los policías precintaron las bombas de Gas Natural Vehicular (GNV); y los ingresos al lugar para evitar que continúe comercializando carburantes.

“Es una reiterativa, cuando una estación tiene tres infracciones es la clausura definitiva. La operadora ha marcado una placa diferente en este vehículo que está bloqueado; estamos haciendo operativos para asegurar la integridad de nuestra población”.

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Combustible

Complementó que todos los vehículos que usan GNV deben pasar por inspecciones anuales y una recalificación que garantice su adecuado funcionamiento; y “en este caso, el operador vulnera el sistema de la ANH y coloca una placa diferente de un vehículo que sí estaba recalificado”.

Se presume que el motorizado que cargó combustible no estaba recalificado y se encontraba bloqueado en el sistema de la ANH.

El operador de la estación fue convocado a la Fiscalía, donde tendrá que explicar lo sucedido.

Jiménez reiteró que la ANH continúa realizando operativos de control.

Hace unos días, se informó que en dos semanas se incautaron más de 100.000 litros de carburantes que se pretendían comercializar de manera ilegal. Producto de los operativos, hubo 29 vehículos retenidos; y más de 38 aprehendidos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realiza pericias de auditoría forense a los documentos de los contratos efectuados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas para la construcción de 18 piscinas de evaporación para la provisión de materia prima para las plantas de carbonato de litio y cloruro de potasio.  

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explicó que, dentro del proceso investigativo de la comisión de fiscales, se secuestraron varios documentos que son analizados por los forenses.

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“La comisión de fiscales ha adelantado varios trabajos, ha secuestrado documentación relativa a la contratación de estos proyectos y están siendo sometidos a la pericia de auditoría forense en el IDIF”, dijo el funcionario.

La presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó el 18 de abril una denuncia formal ante el Ministerio Público, en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato en las piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial, con un daño económico de más de Bs 425 millones.

En la denuncia se informó que una auditoria determinó que 18 piscinas quedaron inutilizadas debido, entre otras cosas, a que se utilizó una geomembrana PVC de 0,50 mm, por debajo de los estándares requeridos (0,75 mm de espesor).

Investigados

Por este caso hay 11 personas investigadas. Dos ya fueron enviadas a la cárcel con detención preventiva y otros tres se beneficiaron con detención domiciliaria. Aún restan por ejecutar seis órdenes de aprehensión.

Lanchipa indicó que los exfuncionarios que participaron de esos contratos y licitaciones son investigados al igual de los que se beneficiaron con esas contrataciones.

La comisión de fiscales y la Policía allanaron el miércoles una empresa en Santa Cruz de la Sierra que realiza trabajo de impermeabilización y del lugar se secuestraron varios documentos. El negocio es investigado por supuestamente colocar material no adecuado para las piscinas.

Los empleadores tienen hasta el 31 de mayo para pagar el incremento salarial con retroactividad al 1 de enero de este año, así lo establece la Resolución 521/24 del 9 de mayo de 2024, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, indicó que la parte empleadora está obligada a presentar el formulario de declaración jurada del incremento salarial a través de la Oficina Virtual de Trámite (OVT) y las planillas de pago del retroactivo del incremento salarial hasta el 30 de junio.

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“Si bien la planilla debe ser presentada al 30 de junio, el pago debe efectuarse hasta el último día de mayo, el pago debe estar realizado a los trabajadores hasta el 31 de mayo, damos el mes siguiente para presentar los documentos que certifiquen ese pago”, explicó Navia en conferencia.

El 23 de abril, el presidente Luis Arce, luego de una reunión con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), hizo conocer el incremento salarial del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al salario básico para este año.

El director General de Trabajo, Yecid Mollinedo, indicó que, en caso de incumplimiento de algún empleador incumpla la disposición legal, será pasible sanciones pecuniarias. Los trabajadores que vean vulnerado el derecho del pago del alza salarial pueden apersonarse a las jefaturas departamentales o regionales de Trabajo para presentar la denuncia.

“No es necesario que (la denuncia) sea escrito, la denuncia puede ser presentada de forma verbal. El incumplimiento implica infracción a ley social que será sancionada”, manifestó Mollinedo.

Denuncias

No obstante, Navia pidió a los trabajadores que, antes de realizar la denuncia del incumplimiento del pago, verifiquen sus cuentas de depósito bancario, en caso no tener el monto, recién acudir a las oficinas del Ministerio de Trabajo.

Además, dijo que, aunque no está reconocido por las normas laborales, si existe un acuerdo consensuado entre la parte trabajadora con la empleadora para el pago del incremento salarial en especie, la parte patronal cumpla para que no haya reclamos y denuncias por incumplimiento.

“La ley general de trabajo prohíbe el pago en especies; sin embargo, nosotros mantenemos la apertura porque somos bolivianos y conocemos la realidad de muchas empresas, pero son principalmente los trabajadores, que algunos acceden a este pago. Recomendamos a la parte empleadora que cualquiera sea el acuerdo que se arribe con los trabajadores sea en consenso, todos los trabajadores tendrán que estar de acuerdo”, informó.

Recomendó a los empleadores a cumplir con la normativa toda vez que, en caso de no hacerlo, la multa podría ser mucho mayor al pago del retroactivo del incremento salarial.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la pericia grafotécnica, realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a la carta póstuma del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, era de su autoría.

Con ese resultado pericial, la investigación de la muerte del exfuncioario de la estatal YLB fue cerrada, afirmó Lanchipa.

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“El IDIF ha llevado adelante la pericia de grafotécnica sobre estas firmas y ha establecido que sí pertenecen a la persona fallecida, estas firmas estampadas en esos documentos póstumos. Ahí concluye el proceso de investigación en este caso del fallecimiento de este señor”, dijo a los periodistas.

El 24 de abril se conoció sobre la muerte de Montenegro quien, junto a otros exfuncionarios, era investigado por irregularidades en la construcción de 18 piscinas de evaporación de la Planta Industrial de Carbonato de Litio. Según una auditoría especializada, el daño económico al Estado es superior a los Bs 425 millones.

A raíz de ese hecho, el Ministerio Público activó una investigación. De acuerdo con el informe de la autopsia médico legal del cuerpo, se estableció que un infarto provocó su deceso.

“Las causas de la muerte (…), luego del resultado pericial, ha dado como resultado la ingesta de un medicamento que podría haber generado el infarto cardíaco que dio muerte al señor Montenegro”, reiteró Lanchipa.

Para junio se tiene previsto realizar las pruebas de seis de siete plantas del complejo siderúrgico del Mutún para que esté todo listo en septiembre, mes en el que se prevé inaugurar con la presencia del presidente Luis Arce.

El ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, informó que la entrega de la primera fase del complejo siderúrgico se lo hará en el aniversario del departamento de Santa Cruz.

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“En junio estamos probando las plantas, tienen que estar listas las seis plantas para el día de la entrega en el aniversario de Santa Cruz”, manifestó en conferencia.

El presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado, dijo el mes pasado que en septiembre de este año se inician las operaciones de las seis de siete plantas que contempla el complejo.

Las plantas de Concentración, Peletización, Acería, Laminación, Central Eléctrica y Plantas Auxiliares ingresaran en etapa de pruebas a partir de junio, mientras que la séptima, de Reducción Directa del Hierro (DRI por su sigla en inglés), ingresará en operación en febrero de 2025.

El hierro del yacimiento del Mutún, ubicado en Puerto Suárez, Santa Cruz, tiene una ley de mineral de 65% mientras que de Brasil es del 50%, dijo Santos.

La autoridad reiteró que una vez culmine la primera fase del complejo siderúrgico se ingresará a la segunda etapa que tendrá el objetivo de exportar la producción de hierro.

Producción

El Complejo Siderúrgico del Mutún producirá cerca de 200.000 toneladas de barras corrugadas y alambrón al año. Permitirá la sustitución de hasta en un 50% las importaciones de acero (barras corrugadas y alambrón).

El alambrón que se produzca podrá ser utilizado como materia prima de otras pequeñas industrias para la producción de clavos, tornillos, volandas, pernos, tuercas y otros que tienen gran demanda en el mercado nacional.

Evitará la fuga de divisas de alrededor de 200 millones de dólares anuales y generará 700 fuentes de empleo directo y más de 2.000 indirectos.