El dirigente del Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional (Schatin), Pedro Quispe, denunció nuevamente que existe una escasez de diésel en el país, por lo que pide a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informar sobre este hecho.  

Sostuvo que desde el viernes se registran filas de camiones en las estaciones de servicio en busca del combustible para continuar sus rutas y el traslado de mercancías de importación y exportación.

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“Hay que preguntar a YPFB por qué tantas filas otra vez. En la ciudad de El Alto, a nivel nacional, en Santa Cruz, Cochabamba, no hay diésel, tenemos aproximadamente 50 unidades haciendo fila para abastecerse de diésel”, denunció el dirigente.

Según Quispe, YPFB disminuyó la cantidad de combustible que entrega a las estaciones de servicio debido a la falta de divisas para adquirir el diésel, lo que ocasionaría nuevamente las filas de los motorizados.

“Están comprando poco, si ya no compra el 100%, (solo) compra el 40%, (por tanto), siempre va a haber escasez, (además) ya no hay dólar, más la mala subvención, pierde el Estado que pierde millones”, consideró.

Durante 2023 se registraron largas filas de camiones en diferentes estaciones de servicio en el país en busca de diésel. Una de ellas se evidenció en noviembre del año pasado. Desde el Gobierno se atribuyó a la demora de llegada del buque que transportaba el combustible para el país.

La escasez de diésel en varias regiones del país generó especulación y la aparición de un “mercado negro” que afectó sobre todo al sector productivo.

En ese entonces, se constató que la venta clandestina de combustible para productores locales que adquirían el litro de combustible en hasta en Bs 5 en las carreteras; siendo que en las estaciones de servicio el precio es de Bs 3,74 por litro para gasolina y Bs 3,72 para diésel.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través del Plan de Reactivación del Upstream 2021-2025 (PRU), apunta a ampliar la frontera exploratoria con la ejecución de nuevos y antiguos proyectos que ya comenzaron a dar resultados, afirmó el viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta.

“Tenemos un potencial gasífero y petrolífero, especialmente en el Madre de Dios, tenemos que buscar ahora, poner en producción ese potencial”, manifestó la autoridad.

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Los recientes hallazgos en yacimientos y perforaciones de pozos, junto con las inversiones destacadas en exploración, confirman la viabilidad de expandir las reservas de hidrocarburos, añadió.

Explicó que en la gestión 2023, YPFB Casa Matriz ejecutó una inversión que supera los $us 265,80 millones de dólares, lo que equivale al 81% respecto a la programación presupuestaria.

Esta cifra marca un hito fundamental que no se había alcanzado desde hace cinco años.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, informó ayer que la producción de gas natural en el país alcanza actualmente a unos 40 millones de metros cúbicos día (MMm3d); sin embargo, aseguró que la estatal trabaja para revertir esa cifra.

Inversión

Para este año, YPFB destinará $us 397,67 millones a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, cifra que representa el 63% de sus recursos de inversión.

Lo anterior muestra que las inversiones en la exploración de hidrocarburos representan una necesidad de primer orden en el sector energético.

Según datos de YPFB, en 2023 se perforaron 15 pozos exploratorios y estratigráficos, nueve pozos de desarrollo y se realizaron intervenciones en tres pozos. Estos datos fueron expuestos en la rendición de cuentas de 2023 realizada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

Después de varios años de inacción y escasa gestión, especialmente durante el período entre 2015 y 2020, el Gobierno nacional, a través de YPFB, logró reconducir el sector de hidrocarburos mediante una estrategia centrada en la inversión en exploración y la optimización de las operaciones productivas.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social recibirá, a partir del 1 de junio, las denuncias de los trabajadores que no reciban el incremento salarial establecido por el Gobierno para este año.

El director General de Trabajo, Yecid Mollinedo, informó que una vez que el presidente Luis Arce emita el decreto supremo del alza salarial, el Ministerio de Trabajo publicará la reglamentación de la norma para el pago del retroactivo que debe efectuarse hasta finales de mayo.

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“El 1 de junio ya nosotros podemos recibir denuncias donde verifiquemos el incumplimiento en lo que se traduce en infracciones a leyes sociales”, sostuvo el funcionario. 

La semana pasada, el Gobierno y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento de 5,85% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y 3% al haber básico.

En 2023, el Salario Mínimo Nacional era de Bs 2.362, mientras que, con el acuerdo alcanzado con la COB, la remuneración mínima se incrementa a Bs 2.500 para la presente gestión.

Mollinedo sostuvo que a partir del 1 de junio se comenzará con la fiscalización para verificar el cumplimiento del pago retroactivo del incremento salarial.

“La disposición del incremento salarial es obligatoria y lo que sí tenemos es la variabilidad para el cumplimiento, eso significa que de pronto hasta el 30 de mayo, como ha sido el año pasado, se debe dar cumplimiento del pago al retroactivo del incremento salarial”, sostuvo.

Indicó que quienes no tienen una relación laboral con una empresa o institución y son trabajadores por cuenta propia no son beneficiarios del incremento salarial.

Mañana 1 de mayo, a través de la promulgación de un decreto supremo, el presidente Arce hará oficial el incremento salarial para este año.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros (ENSF-2023) señalan que el índice de satisfacción de los usuarios sobre la atención de la banca se mantiene casi gual que en 2022, indicó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).

La directora general de la Asfi, Ivette Espinoza, informó ayer que el índice de satisfacción de los consumidores financieros respecto a los servicios ofertados por las entidades financieras, tuvo una calificación positiva y llegó a 7,81 sobre un máximo puntaje de 10.

Respecto a 2022, cuando la calificación alcanzó un 7,84%, se refleja una leve reducción de tres décimas con relación a 2023.

“Uno de los primeros indicadores que hemos podido establecer es el índice de satisfacciones que nos refleja el desempeñó que ha tenido el sistema financiero (…). Hemos podido ver en el tema de la satisfacción que la calificación que han otorgado los que han sido encuestados ha sido de 7,81”, manifestó Espinoza.

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Satisfacción

La ENSF-2023 se realizó a un total de 29.020 personas, de las que 7.299 participaron de manera presencial el 15 de noviembre en 85 municipios, mientras que las restantes 21.721 lo hicieron mediante la modalidad en línea entre el 13 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado.

La consulta a los encuestados sobre si consideran solvente y confiable al sistema financiero nacional, el 86% respondió de manera positiva, mientras que el 14% calificó negativamente.

Esta situación se ve ratificada por el patrimonio de la Entidades de Intermediación Financiera (EIF) que, a febrero de 2024, llegó a Bs 24.570 millones, mientras que el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) se situó en 13,4%, superior al mínimo exigido por la Ley N 393 de Servicios Financieros (10%), destacando así la solvencia y fortaleza del sistema para continuar en crecimiento.  

“Es importante que dentro de esto, la población que ha sido consultada considera que se tiene un sistema financiero solvente porque, efectivamente, se le ha pedido a las entidades financieras que capitalicen y eso ha permitido que en 2023 llegue a un 13,4%, que está por encima de lo que es el establecido por ley que es el 10%”, dijo.

Espinoza informó también que los entrevistados, en un 81%, respondieron que el sistema financiero es inclusivo, porcentaje que se ve reflejado en el número de Puntos de Atención Financiera (PAF) por cada 100.000 habitantes adultos, donde Bolivia ocupa el primer lugar en Latinoamérica con 17 sucursales por cada 100.000 habitantes y con la cobertura de servicios financieros en el 90% de los 339 municipios.

Dato

La ENSF-23 destacó la calidad de los servicios financieros como positiva, logrando un indicador de 7,72 con relación a un máximo de 10 puntos. Del total de los encuestados, 87% tuvo una percepción positiva en cuanto a la calidad de servicios que brindan las Entidades de Intermediación Financiera en el país, mientras el 9% dijo que esta es regular y solo el 4% dijo tener una sensación negativa.

Contribución. Con relación a la Función Social que cumplen las EIF, los resultados de la encuesta muestran que este proceso contribuye al desarrollo de la comunidad y a mejorar la calidad de vida de las personas, ya que, del total de los encuestados, el 85% mostró una percepción positiva al impacto que tienen los servicios financieros en el desarrollo de su comunidad, y el 81% sostuvo que es positiva la contribución de las entidades financieras en la calidad de vida de las personas.

“Se ha visto el impacto de los servicios financieros en el desarrollo de la comunidad y la percepción positiva ha sido de 85%, regular 9% y negativa 6%. En la contribución de la calidad de la vida de las personas, la percepción positiva es de 81%, regular 11% y negativa 8%. En resumen, se ha tenido una calificación de 7,46%”, manifestó.

Solo el 22% de encuestados realiza reclamos

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros (ENSF-2023), un 22% de los consultados realizó algún tipo de reclamo por alguna irregularidad en la atención.

La directora de la Autoridad del Sistema de Intermediación Financiera (Asfi), Ivette Espinoza, indicó que, a pesar de que un 76% de los encuestados conoce que puede realizar reclamos por cualquier hecho, igual no realizan la denuncia ante las oficinas existentes en las entidades financieras.

“Cuando se ha consultado si conocen si pueden realizar reclamos, las personas han contestado que conocían en un 76% de manera positiva y un 24% que no. Además, se le ha consultado si alguna vez han realizado uno o más reclamos, ahí vemos que la población no utiliza, a pesar que se conoce no reclama, ahí el indicar baja a un 22% de los que hubieran hecho un reclamo y que nunca han hecho un reclamo un 78%”, informó Espinoza en el acto de presentación de los resultados de la encuesta nacional 2023.

Modalidades

La ENSF-2023 se realizó a un total de 29.020 personas, de las que 7.299 participaron de manera presencial el 15 de noviembre en 85 municipios, mientras que las restantes 21.721 lo realizaron mediante la modalidad en línea entre el 13 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado.

De ese total de encuestas, el 28% se realizó en el departamento de Santa Cruz, seguido por La Paz con el 26% y Cochabamba con el 18%. El restante 28% se efectuó en el resto de los seis departamentos (Oruro, Potosí, Pando, Beni, Chuquisaca y Tarija – ver cuadro)

Según los resultados de la consulta, de ese 22% de los encuestados, el 59% respondió que están satisfechos con la atención a sus reclamos, el 41% dijo lo contrario.

“De este 41%, el 66% sabe que puede acudir en segunda instancia a la Asfi. Y de los que han acudido en segunda instancia para hacer este reclamo, el 64% de los reclamos que ha recibido la Asfi han tenido una respuesta favorable para los consumidores financieros”, añadió Espinoza.

(30/04/2024)

Después de acogerse a un procedimiento abreviado, Jonathan M.C. fue sentenciado a tres años de reclusión en el Centro de Rehabilitación de Palmasola, en Santa Cruz, por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado cuando intentaba sacar su Número de Identificación Tributaria (NIT).

La sentencia fue dictada el sábado por la jueza Cuarto de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres, Marianela Salazar Siles. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), como parte afectada, se querelló contra el acusado.

El presidente del SIN, Mario Cazón, consideró que este fallo es una advertencia para quienes quieren vulnerar la normativa tributaria mediante acciones sancionadas por el Código Penal, como el uso de documentación falsa.

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El 24 de abril, Jonathan M.C. se apersonó a la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN; con documentación para obtener un NIT de una actividad económica de comercialización de granos de maíz y soya.

Personal técnico del SIN identificó irregularidades en la documentación presentada; mediante el cruce de datos con sistemas de información en línea, que detectó un contrato de alquiler con información adulterada.

Además de un “Formulario de Certificación de Firmas y Rubricas”, que corresponde a un trámite notarial de “préstamo de dinero”; de personas que no están vinculadas al “Contrato de Alquiler” presentado. Asimismo, “la Matrícula Computarizada en el referido contrato corresponde a otro propietario del bien inmueble”.

Por estas irregularidades, Jonathan M.C. fue inmediatamente detenido.