El presidente Evo Morales descartó este miércoles que su Gobierno intente “confiscar” las empresas privadas tal como lo advirtiera en horas precedentes la confederación del sector tras la aprobación, en Diputados, del proyecto de Ley de Creación de Empresas Sociales, que busca entregar a los trabajadores las firmas quebradas.
El Jefe del Estado aseguró que se contemplan compensaciones económicas a la patronal en ese y otros casos, aunque ningún artículo de la normativa en debate considera ese aspecto.
“Me he sorprendido de algunos medios de comunicación, que el Gobierno nacional mediante un proyecto de ley estarían planteando confiscar las empresas privadas. Quiero decirles que es totalmente falso”, aseguró el Jefe del Estado.
El empresariado privado cuestionó la ley que perfila que los trabajadores asuman como propietarios en aquellas firmas privadas en proceso de quiebra o liquidación, o que hayan sido cerradas o abandonadas sin justificación.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó que el proyecto de ley que ahora se encuentra en la Cámara de Senadores busca “medios para confiscar la propiedad privada e inviabilizar la apertura de empresas en el país”.
Ante las críticas, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales anunció este miércoles la paralización del tratamiento de la normativa por pedido del presidente Morales.
“Evidentemente la Confederación de Fabriles ha planteado que si una empresa privada ya está en quiebra va cerrar por muchas razones, si se cierra, si los obreros tienen capacidad económica o con crédito de la banca pueden comprárselo, pagárselo el costo de la empresa”, justificó Morales este lunes en un acto público en la localidad de paceña de Viacha.
“Esos obreros pueden convertirse en una empresa comunitaria, una empresa social. Es su derecho siempre y cuando se lo pague al empresario el costo de la empresa. ¿Cómo desde el Gobierno nacional podemos plantear confiscar a las empresas privadas?”, cuestionó el mandatario.
El artículo 2 del proyecto de norma define a una empresa social como “aquella constituida por los trabajadores activos de una empresa privada en proceso, en curso o finalizando, de quiebra, concurso o liquidación; cerrada o abandonada de forma injustificada”.
Asimismo, precisa que su “finalidad es reactivar la producción, reorganizar y absorber la mano de obra, incursionado en el mismo mercado que la empresa original u otra similar, en defensa de su trabajo”.
Morales, remarcó que su administración busca fortalecer las capacidades productivas del sector empresarial a través de, por ejemplo, del aporte gubernamental del 30% del salario de los nuevos trabajadores para cubrir los beneficios sociales; esto en el marco de un reciente plan de empleos. (17/05/2017)