Es la juez Cuarto Anticorrupción en lo Penal, Melina Lima, determinó la mañana de este viernes la detención preventiva de cinco imputados en el caso Taladros, en todos los casos por riesgo de fuga y obstaculización. Los acusados, según fundamentación del Ministerio Público, “no presentaron documentación idónea y original que acredite una actividad lícita en el país”.
Cuatro de ellos (Bigmarck S. P., David P. A., Félix B. M. y Gizel S. R.) serán enviados al penal de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, y uno (Julio C. N. ) a la cárcel de San Pedro, en La Paz.
Los cinco implicados están acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en la adjudicación de un contrato para la compra de taladros a la empresa italiana Drillmec.
“El Ministerio Público evidenció la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias por parte de cinco miembros del Comité de Licitación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y logró su detención preventiva por irregularidades en la adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres equipos de perforación”, informó la Fiscalía General en un comunicado público.
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Además explicó que la comisión de fiscales que investiga el caso “colectó los indicios suficientes sobre las irregularidades cometidas por los servidores públicos”, por lo que formuló la imputación.
En la audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla fundamentó su acusación. Una de las irregularidades detectadas es que el contrato para la firma con Drillmec pasó a revisión de la Unidad Jurídica después de la adjudicación del proceso de licitación, cuando ello debió ocurrir antes.
“Una vez que pasa a la Unidad Jurídica también se evidencia el accionar irregular de los abogados Kjari, Bustos y Siles ya que la empresa no cumplió con lo requerido por el DBC, porque no se constituye el Documento de Constitución de la Empresa, ni tampoco en un documento equivalente”, complementó Terrazas.
Jarandilla dijo que existían riesgos procesales por el hecho de que los imputados no acreditaron una actividad lícita en el país, por lo que se solicitó su detención preventiva.
“También concurre el riesgo de obstaculización del proceso debido a que los imputados pueden modificar, destruir u ocultar elementos de prueba importantes para este proceso, además que existe la probabilidad de que puedan influir en otros coimputados, peritos o testigos”, agregó.