La Confederación Nacional de la Micro y Pequeñas Empresas (Conamype) anunció para el 14 de agosto una marcha de protesta en todo el país para demandar la promulgación del proyecto de Ley de Asignación Competencial para la Comercialización de Mercancías Usadas que actualmente se encuentra paralizado en el Legislativo.
Desde mayo de este año, el tratamiento de la ley fue paralizada en el Legislativo ante amenazas de movilizaciones de los vendedores de ropa usada, quienes se oponen a la normativa argumentando que pondría en riesgo su medio de subsistencia.
“El sector de la manufactura a nivel nacional decide hacer una marcha nacional pidiendo la promulgación de esta ley porque es la única que puede controlar el mercado donde a los grandes, a los municipios autoriza y obliga que una mercadería totalmente ilícita, como es la ropa usada no pueda ser más comercializada”, señaló el ejecutivo de la Conamype, Humberto Valdivieso.
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El proyecto de ley de Asignación Competencial para la Comercialización de Mercancías Usadas fue acordado por el Gobierno en un encuentro con representantes de las micro y pequeña empresas el 13 de abril. Días después, los comerciantes de ropa usada protagonizaron una movilización a nivel nacional en rechazo a la iniciativa.
“El sector de la manufactura se va a pronunciar cuidando la economía y pidiendo que la ley de asignación de competencia siga su curso y sea promulgada por el Presidente del Estado plurinacional”, afirmó Valdivieso.
La iniciativa legal, entre otras cosas, plantea dejar en manos de los municipios el control de la comercialización de artículos a medio uso. Las protestas del sector fueron desactivadas tras el compromiso de parte del presidente Evo Morales de paralizar el tratamiento de la ley para llegar a un consenso, sin embargo, hasta el momento, no hubo un encuentro con el Jefe de Estado.
La importación de ropa usada está prohibida desde el 1 de abril de 2008, según el Decreto Supremo 28761, pero la mercancía sigue entrando de contrabando. En tanto que la venta fue impedida desde el 1 de abril de 2009, según el Decreto 29521, pero esa disposición tampoco se cumple. (27/07/2017)