El Gobierno cuestionó que entre 2008 y 2020, entre las gestiones de Evo Morales (2006-2019), y de Jeanine Áñez (2020), se invirtió Bs 4.871 millones para la industrialización del litio de los salares del país y que solo se haya recuperado Bs 98,9 millones.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, indicó que en ese periodo (2008-2020) hubo una deficiente gestión de, primero, la Dirección Nacional de Recursos, creada en abril de 2008; luego la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) en 2010; y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en 2017, que puso en riesgo el proyecto de desarrollo del litio en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí.

“Se han invertido montos fuertes, desde 2013 a 2020 (sic) en ese momento se ejecutó 4.871 millones de bolivianos con créditos del Banco Central, total de ingresos recibidos 98,9 millones de bolivianos. A este rimo la inversión ni en 50 años se recupera”, cuestionó ayer en conferencia de prensa.

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Litio

Molina afirmó que los datos del periodo gubernamental de Evo Morales difieren radicalmente con lo que realizó el actual Gobierno en tres años. De acuerdo con YLB, la inversión correspondiente al período 2021-2024 llega a Bs 1.346 millones.

Para ese periodo se prevé una recuperación de Bs 1.437 millones. Entre 2021 y 2023 se generó ingresos por Bs 904,16 millones.

Entre 2008 y 2020 la producción de cloruro de potasio llegó a 65.867 toneladas, mientras que en los últimos tres años (2021-2023) alcanzó a 195.139 toneladas.

Respecto a la producción de carbonato de litio, entre 2008 y 2020 alcanzó 844,8 toneladas, mientras que entre 2021-2023, correspondiente a la actual gestión de YLB, el volumen fue superior, llegando a 2.050 toneladas.

La explicación para obtener esa poca producción con una alta inversión entre 2008 y 2020, es que en ese periodo hubo anomalías. Molina reiteró que uno de esos hechos irregulares es la mala construcción de las piscinas para la obtención de materia prima para las plantas de Cloruro de Potasio y de Carbonato de Litio.

Dato

Ese hecho fue denunciado ante la Fiscalía para que se investigue a al menos 10 exfuncionarios de la GNRE e YLB que causaron un daño económico al Estado de Bs 425 millones y el retraso en la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio.

Uno de los sindicados de estos hechos fue el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, quien apareció muerto el miércoles. El exfuncionario denunció, a través de una carta, que en su gestión se construyó e impermeabilizó 90 piscinas hasta la línea 12 para la obtención de materia prima, pero que fue abandonado por el actual Gobierno, de las que, según YLB, 18 estarían sin operación.

Molina aclaró que esas piscinas tenían problemas en el sistema hidráulico, lo que evitó su funcionamiento. “Cuando dicen que la reparación de las 18 piscinas tiene que ver con que se completen las líneas, en cierta manera es correcta, pero también no hay que olvidar que esas piscinas que fueron construidas no llegaron a operar nunca por una sencilla razón. Primero, la densidad de las geomembranas era muy delgada y, un segundo elemento, tal vez la más importante, es que dos años después de que se construyen las piscinas recién se completa el sistema de agua”, manifestó.

Una de las irregularidades fue la adquisición de la geomembrana PVC, que se utiliza en la impermeabilización de las piscinas que no cumplían el espesor estándar, según contrato de 0,75 milímetros (mm) y se adquirió una de menor espesor de 0,50 mm.

El Gerente de Ingeniería, Investigación y Proyectos de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Salvador Beltrán, afirmó que en los últimos tres años la estatal optimizó el manejo de las piscinas industriales de evaporación; para garantizar e incrementar la producción de cloruro de potasio, ante las irregularidades halladas en el circuito de producción.  

“Lo que hicimos es mejorar y optimizar, con los recursos que teníamos, el manejo de las piscinas, eso se demuestra con los resultados. Por ejemplo, hasta el 2020 lo máximo que se produjo fue 6.000 toneladas (de cloruro de potasio); y desde el 2021 fue subiendo paulatinamente hasta llegar a las 80.000 toneladas; teniendo la misma cantidad de piscinas dañadas”, indicó en un reporte institucional.

Las tareas de optimización incluyeron trabajos de impermeabilización de piscinas, llevadas adelante por el propio personal de YLB; para lograr habilitar tres líneas de producción de materia prima que abastecen a las plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio.

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YLB

Beltrán dijo que la auditoría que llevó adelante YLB identificó tres factores de mal manejo y mala administración, entre 2013 y 2017, que dejaron inoperables a 18 piscinas de evaporación; interrumpiendo el circuito industrial para la provisión de materia prima destinada, principalmente, a la producción de cloruro de potasio, que se utiliza como fertilizante.

Entre los factores están la adquisición de geomembranas de PVC de menor grosor del requerido; el inadecuado procedimiento de soldadura de ese material y la ausencia de un sistema de bombeo para llenar las piscinas industriales con salmuera; dejándolas expuestas a la radiación solar por casi tres años, provocando su deterioro.

Producto de este daño, YLB presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra 11 exfuncionarios de la estatal por la afectación a las piscinas industriales del complejo de litio; ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, descartó la posibilidad de que el porcentaje del alza salarial 2024 se pueda pagar en bienes o productos de Hecho en Bolivia mediante una billetera móvil, como planteó la Cámara Nacional de Industrias.

“El salario jamás puede ser pagado en especies porque es el reconocimiento de la inversión de la fuerza de trabajo que tiene el trabajador en el aparato productivo. Las propuestas llegarán al Ministerio de Economía; que proyecta el decreto para el 1 de mayo, de la otorgación de este incremento y las modalidades de pago”.

Aseguró que como ministerio controlarán y vigilarán que se cumpla ese decreto para esta gestión.

El jueves, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, planteó pagar el porcentaje del incremento en productos bolivianos; para evitar una mayor caída de las reservas internacionales, el deterioro y cierre de industrias, y el retiro gradual de trabajadores formales.

“Entendemos la preocupación de los empresarios, ya están seguramente enviando sus observaciones a Economía, pero la metodología no es establecer otra mesa de trabajo para establecer la reglamentación”.

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Alza salarial

Navia explicó que el aumento salarial implica una inyección de recursos en la economía, porque el trabajador gasta o invierte su dinero en Bolivia.

También destacó que el Gobierno promueve el fortalecimiento del sector privado con iniciativas como créditos blandos, a través del programa SiBolivia, dirigidos a la micro, pequeños, mediana y gran empresa.

Asimismo, descartó que el incremento al salario genere despidos o cierre de algunas empresas como anticipan empresarios y microempresarios por el incremento salarial.

De acuerdo con datos oficiales de 2019, entonces había 521.789 trabajadores en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) del Ministerio de Trabajo; mientras en 2020, como consecuencia de la pandemia y la crisis, la cifra descendió a 454.213 trabajadores. A enero de 2024 esa cifra subió a poco más de 520.000.

El martes, el presidente Luis Arce y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento del 5,85% al salario mínimo nacional y un 3% al haber básico.

Con una fotografía en sus redes sociales, el empresario boliviano Marcelo Claure informó este jueves que se reunió con el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, con quien abordaron varios temas y más inversiones en ese país.

“Tuve una reunión fantástica con el presidente Lula, donde discutimos mis inversiones en Brasil, nuestra pasión compartida por el fútbol y reforzamos nuestra asociación para el futuro”, dice parte del mensaje publicado en sus redes sociales.

El empresario agregó que cree “en el potencial de Brasil” y por eso seguirá invirtiendo en este país para un “prometedor futuro”.

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No es la primera vez que Claure se reúne con el presidente brasileño. El 29 de junio del año pasado, también publicó una fotografía y reafirmó su compromiso de abrir 2.000 fábricas de Shein (un minorista electrónico global de productos de moda, belleza y estilo de vida) y generar más de 100.000 empleos.

En febrero de 2023, el empresario fue anunciado como el nuevo presidente de Shein en Latinoamérica. Según la agencia PRNewswire, Claure dirige la formación de una junta consultiva en Latinoamérica e invertirá más de $us 100 millones en esa compañía.

Claure es un emprendedor global y el fundador y director ejecutivo de Claure Group. Se trata de una firma de inversión global de millones de dólares que se enfoca en múltiples sectores.

Además, el grupo trabaja en tecnología, telecomunicaciones, medios, bienes raíces y deportes.

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) detectó el miércoles a una persona que pretendía obtener su Número de Identificación Tributaria (NIT) con documentos falsos. El hombre fue aprehendido y conducido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz de la Sierra; acusado de falsedad material y uso de instrumento falsificado.

Según un reporte institucional, el hecho ocurrió la tarde del miércoles, cuando Jonathan M. C. se presentó en la gerencia distrital de Santa Cruz I; con el objetivo de sacar su NIT para actividad económica de comercialización de granos de maíz y soya.

Sin embargo, cuando realizaba el trámite, el personal técnico del SIN identificó irregularidades en la documentación; mediante un cruce de datos con sistemas de información en línea. Se detectó un contrato de alquiler con información adulterada.

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Asimismo, el formulario de “Certificación de Firmas y Rubricas” corresponde a un trámite notarial de préstamo de dinero, de personas que no están vinculadas al “contrato de alquiler” presentado. Además, la matricula computarizada mencionada en el contrato, corresponde a otro propietario del bien inmueble.

Debido a la presencia de estas irregularidades, la administración tributaria realizó una acción directa, procediéndose a la aprehensión por parte de personal policial que custodia la institución.

Jonathan M.C. fue puesto ante la autoridad competente; y luego se formalizó la denuncia ante la División Económico Financiero y Corrupción Pública de la FELCC.

El SIN lamentó que personas inescrupulosas pretendan realizar este tipo de ilícitos, que son detectados oportunamente a través de convenios con otras instituciones estatales. Explicó que el objetivo de estos controles es evitar la clonación; la falsificación o la mala utilización del NIT y los productos y servicios que brinda la entidad estatal.