El Gobierno aprobó este miércoles un decreto supremo que autoriza la subvención a la producción y comercialización de productos agropecuarios y sus derivados, con el propósito de fortalecer la cadena productiva de alimentos y estabilizar sus precios en el mercado interno. 

«Es el esfuerzo que hacemos como gobierno nacional, subvencionando alimentos con el objeto de mantener los precios justos y no afectar la economía de las familias más necesitadas. Vamos a continuar este año destinando esos recursos eficientemente para que las familias puedan acceder a los alimentos», informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, en conferencia de prensa.

La iniciativa será implementada a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que de forma excepcional subsidiará este año la comercialización de insumos clave como harina, manteca, levadura y azúcar para el sector panificador.

Además, se subvencionará el arroz para garantizar el abastecimiento interno y el maíz amarillo duro destinado a los productores avícolas. 

Con esta medida, el Gobierno busca garantizar la seguridad con soberanía alimentaria, protegiendo el bienestar de la población boliviana y apoyando a los sectores productivos estratégicos del país. Esta acción también apunta a mitigar el impacto de factores externos en los precios de los alimentos y asegurar el acceso a productos esenciales a costos accesibles. 

Luego de que dirigentes del sector panificador y autoridades gubernamentales acordaran mantener el precio de la unidad de pan en Bs 0,50 con el compromiso de aumentar la subvención de insumos para la elaboración del producto, algunos sectores consideraron que el Gobierno no será capaz de mantener lo acordado.

Ante ello, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, aseguró que se cuenta con los recursos económicos, Bs 528 millones, para cubrir la subvención.

“Ya en el Presupuesto General del Estado (PGE) habíamos previsto un monto de hasta 528 millones de bolivianos para el programa de subvenciones, estamos hablando que alcanza para la harina, el arroz, el maíz y evidentemente para estos insumos que se han agregado este año”, afirmó en entrevista con Bolivia Tv.

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Pan

El martes, el Gobierno se comprometió a entregar al sector panificador 2,5 millones de quintales de harina, 126.000 quintales de azúcar, 144.000 cajas de manteca de 16 kilos y 48.000 cajas de levadura, todo a precio subvencionado.

De esta manera, se logró levantar el paro de los panificadores, que debía durar 72 horas, se levantó la tarde del martes y la producción volvió a la normalidad al precio regular de Bs 1 por unidad de pan.

Sin embargo, algunos sectores cuestionaron el acuerdo, debido a que durante la pasada gestión, el Gobierno tuvo problemas para distribuir la cantidad de bolsas de harina que se había comprometido, lo que generó la desaparición temporal de la marraqueta.

Por ello, calificaron de “demagógico” el compromiso para mantener el precio del pan en Bs 0,50 por un año más.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, aseguró que más allá del presupuesto para la subvención, el Gobierno “verá después”, como garantizar los insumos para el sector.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) convocó a una marcha a realizarse este jueves en “defensa del litio potosino”, en rechazo de los contratos firmados con dos empresas trasnacionales por parte del Gobierno.

“Se ha resuelto convocar y participar de la marcha de protesta, por la defensa del litio potosino y el rechazo a la firma de contratos ilegales a favor de empresas trasnacionales, por parte del señor Luis Arce”, señala el instructivo del comité.

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Litio

La protesta se realiza luego de que la Comisión de Energía e Hidrocarburos diera el visto bueno a dos contratos que suscribió el Gobierno para la industrialización del litio en coordinación con dos empresas extranjeras.

Se trata de Uranium One Group, de Rusia, y el consorcio Hong Kong CBC, de China. En total, ambos acuerdos autorizan una inversión de más de $us 2.000 millones para que las firmas implementen su tecnología en los salares de Potosí.

Los acuerdos contemplan la construcción de plantas de producción de carbonato de litio grado batería, que, según el Gobierno, permitirán la industrialización del litio en el país.

Sin embargo, la preocupación de Comcipo y de varios actores de oposición es el rol que tendrán las trasnacionales. Denuncian que la mayor parte de las ganancias que se generen no se quedarán en el país, mucho menos en la región, sino que serán las empresas internacionales quienes acapararán los ingresos.

“Señor Arce, el litio es de Bolivia y no de tu familia”, se lee en una parte del documento de Comcipo.

Ante estas declaraciones, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) afirmó que ambos contratos garantizan la seguridad jurídica y la soberanía del Estado boliviano, asegurándole el 51% de las utilidades de las plantas.

Pese a ello, Comcipo convocó a la marcha que se realizará desde las 14.00 y mostrará “la rebeldía del pueblo”.

La línea Verde de la empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico entrará en mantenimiento mayor desde el viernes 17 hasta el miércoles 29 de enero, confirmó la empresa estatal, que pidió a los pasajeros tomar previsiones.

“Pensando siempre que transportamos vidas, estamos ingresando al mantenimiento mayor de la línea Verde, este mantenimiento se va a realizar del 17 de enero hasta el 29 de enero”, informó este martes el gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Alejandro Gonzales, en Bolivia Tv.

La autoridad informó que la línea cumplió 10 años de funcionamiento en diciembre del año pasado; y es una de las más antiguas.

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Asimismo, indicó que el mantenimiento mayor es indispensable para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los usuarios.

La línea Verde de la red de transporte por cable se encuentra en la zona sur de La Paz y abarca las estaciones Libertador, en la curva de Olguín; Alto Obrajes, al final de la avenida Costanera; Obrajes, en la calle 17; e Irpavi, en la calle 12 de Calacoto.

La empresa Mi Teleférico se convirtió en la red transporte urbano por cable más largo del mundo, con sus líneas Roja, Amarilla, Verde, Azul, Blanca, Naranja, Plateada, Café, Celeste y Morada, cuya construcción demandó al Gobierno una inversión de más de $us 300 millones.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) precintó este martes otra estación de servicio en Cochabamba por alterar datos y realizar carguíos irregulares de combustibles, informó Wendy Villaroel, directora distrital de Cochabamba.

El operativo se realizó en coordinación con la Policía y el Ministerio Público en la estación de servicio Dayana, en el municipio de Tolata.

“Hoy precintamos una estación de servicio, se hizo seguimiento con la Policía, esta estación realizaba cargas irregulares a vehículos que no correspondían; todas las cargas deben ser a vehículos que están en físico y con su respectiva placa, en este caso cargaba a diferentes vehículos con otras placas”, explicó Villaroel.

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Asimismo, indicó que hubo una denuncia contra ese surtidor y se investigó hasta evidenciar que estaba cometiendo carguíos irregulares.

Al respecto, el doctor Jorge Morales del Ministerio Público, indicó que el caso está en investigación; ya que se evidenció que se comercializaba gasolina con una placa a diferentes vehículos.

En las últimas semanas, la ANH precintó al menos tres estaciones de servicio en Cochabamba con el mismo modus operandi. Manipulaban una placa para vender combustible a varios vehículos.

En director de la ANH, Germán Jiménez, dijo que ese procedimiento genera sobredemanda y que el combustible se termine en los surtidores; por lo que se intensificaron los controles para evitar estos ilícitos.

La semana pasada, la ANH informó que se identificó más de 400 vehículos que se dedican al carguío irregular de gasolina, afectando al normal abastecimiento de carburantes en ese departamento.

Por ello, esas placas serán presentadas a la Policía Boliviana, para que inicie las investigaciones correspondientes. El presidente de la entidad, señaló que al acopio y comercio ilegal de combustible tiene una condena de hasta seis años de cárcel.