El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) detectó el miércoles a una persona que pretendía obtener su Número de Identificación Tributaria (NIT) con documentos falsos. El hombre fue aprehendido y conducido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz de la Sierra; acusado de falsedad material y uso de instrumento falsificado.

Según un reporte institucional, el hecho ocurrió la tarde del miércoles, cuando Jonathan M. C. se presentó en la gerencia distrital de Santa Cruz I; con el objetivo de sacar su NIT para actividad económica de comercialización de granos de maíz y soya.

Sin embargo, cuando realizaba el trámite, el personal técnico del SIN identificó irregularidades en la documentación; mediante un cruce de datos con sistemas de información en línea. Se detectó un contrato de alquiler con información adulterada.

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Asimismo, el formulario de “Certificación de Firmas y Rubricas” corresponde a un trámite notarial de préstamo de dinero, de personas que no están vinculadas al “contrato de alquiler” presentado. Además, la matricula computarizada mencionada en el contrato, corresponde a otro propietario del bien inmueble.

Debido a la presencia de estas irregularidades, la administración tributaria realizó una acción directa, procediéndose a la aprehensión por parte de personal policial que custodia la institución.

Jonathan M.C. fue puesto ante la autoridad competente; y luego se formalizó la denuncia ante la División Económico Financiero y Corrupción Pública de la FELCC.

El SIN lamentó que personas inescrupulosas pretendan realizar este tipo de ilícitos, que son detectados oportunamente a través de convenios con otras instituciones estatales. Explicó que el objetivo de estos controles es evitar la clonación; la falsificación o la mala utilización del NIT y los productos y servicios que brinda la entidad estatal.

La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó este jueves la propuesta de los empresarios privados para anular el retroactivo del alza salarial 2024 o que se pague en seis cuotas.

El dirigente Gustavo Arce descalificó la sugerencia de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y dijo que es una norma del Gobierno que debe ser cumplida hasta finales de mayo.

«No estamos de acuerdo de ninguna manera, no hay vuelta atrás. Esos centavos que vamos a recibir como incremento salarial tienen que ser bien usados por los trabajadores; y generar movimiento económico», dijo el dirigente.

El Gobierno y la COB acordaron esta semana que el incremento salarial sea de 5,85% al salario mínimo y 3% al haber básico.

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El jueves, el presidente de la CNC, Jaime Ascarrunz, planteó al Gobierno que la medida no sea retroactiva (desde enero de este año); o que se pague en seis cuotas mensuales.

Asimismo, propuso que el pago de los finiquitos, ante posibles “desvinculaciones emergentes” del aumento; puedan ser cancelados en 12 cuotas mensuales.

No es el único sector que protestó contra la medida. Los gremios de los empresarios, industriales y productores reclamaron al Ejecutivo por la medida; y advirtieron con despidos y más informalidad laboral.

Ante estos reclamos, el miércoles, el secretario de Seguridad Social de la Central Obrera Boliviana (COB), Boris Villa, calificó de “desubicados” a los sectores del empresariado privado que cuestionan el alza salarial para este año.

Un ingeniero de obras fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro en La Paz y otros dos exaltos ejecutivos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) recibieron detención domiciliaria en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni, Potosí.

Cuatro audiencias de medidas cautelares se realizaron hasta este jueves, según informes del Ministerio Público.

Este jueves, Paul Q, B., exgerente de recursos evaporíticos, y Cristian A.A., exencargado de fiscalización, se beneficiaron con detención domiciliaria; mientras que el exingeniero de obras, Jorge F. M., fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.

En la primera audiencia, realizada el martes, el exministro de Minería Luis Alberto Echazú Alvarado recibió detención domiciliaria además de arraigo y una fianza. La exautoridad cumplió con los requisitos y salió de celdas policiales donde permaneció durante dos días.

Según el informe oficial, Echazú está acusado de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estados y conducta antieconómica. Paul Q. B., Cristian A. A. y Jorge F. M., son investigados por incumplimiento de deberes.

Este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de supuestas irregularidades en la instalación de las 18 piscinas de la Planta de Litio en Uyuni, Potosí.

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YLB

La autoridad confirmó que son 11 las personas investigadas por este caso. Uno de los investigados es el exgerente de YLB Juan Carlos Montenegro, quien el miércoles fue hallado sin vida.

La Fiscalía estableció, luego de la autopsia médico legal, que el hombre falleció con un infarto agudo; aunque aún se espera los resultados de un examen toxicológico y un estudio grafológico de la carta póstuma que supuestamente dejó.

Los otros investigados son exdirectores de operaciones, exjefes de obras civiles exjefe de plantas y representantes de la empresa que se adjudicó los contratos para la construcción de las piscinas.

El caso se investiga a instancias de Yacimientos del Litio Bolivianos, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno nacional.

La presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado; incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados y la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia acordaron este jueves conformar mesas técnicas para analizar las observaciones al proyecto de Ley 035, sobre el cambio a los límites solidarios para la jubilación.

Mientras se analice la norma, las medidas de presión del magisterio quedan suspendidas.

El proyecto de Ley 035 modifica los límites de la pensión solidaria de vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario; sin embargo, sectores como salud, de los docentes universitario y el magisterio reclaman que en el documento se plantea, según su opinión, una “jubilación forzosa” a los 65 años.

El Gobierno aclaró, en varias ocasiones, que lo que busca el proyecto es proteger la seguridad de los trabajadores; y que a los 65 años se realicen un examen médico para establecer su condición de salud.

El diputado Omar Yujra informó que las mesas se instalarán este viernes para iniciar de inmediato el debate sobre la disposición adicional única.

“Queremos agilizar este tema, así como el sector médico y el magisterio tienen sus observaciones a temas puntuales; hay otros sectores que están pidiendo que se apruebe este proyecto de ley. Queremos trabajar lo antes posible en esta mesa y llegar a buen puerto”, dijo Yujra en conferencia de prensa.

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Jubilación

El diputado indicó que se convocará al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que expliquen los alcances de la norma y disuelva las dudas de los movilizados.

El legislador dijo que el objetivo es lograr un acuerdo para que beneficie a toda la población; sin descartar la posibilidad de hacer modificaciones en la norma.

Al respecto el dirigente del magisterio urbano Patricio Molina remarcó que piden una jubilación digna para todos; y que ellos consideran que el proyecto de ley 035 vulnera los derechos de los trabajadores.

“Seguramente las mesas técnicas van a arrojar resultados, esperamos favorables para todos y en ese marco estaremos atentos, esperamos que podamos discutir el tema de la jubilación y frenar esa disposición adicional única”, dijo.

Esta semana la Comisión firmó similar acuerdo con los médicos que también estaban movilizados por el mismo tema.

El martes, la Central Obrera Boliviana advirtió con la toma física de la Asamblea Legislativa hasta que se apruebe el proyecto de Ley 035, por lo que pidió a los legisladores dejar los intereses políticos y a los movilizados, reflexionar.

El banco Mercantil Santa Cruz se sumó a la venta del “Bono BCB en dólares”, con lo que ya son cinco las entidades financieras privadas las que emiten el instrumento financiero.

El Mercantil Santa Cruz anuncia la venta del bono en sus tres agencias en Santa Cruz de la Sierra, en otras tres en la ciudad de La Paz, dos en Cochabamba, además de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando.

El “Bono BCB en dólares” se emite además en las agencias de los bancos Ganadero, Bisa, BancoSol y FIE; y en oficinas del Banco Unión y el Banco Central de Bolivia (BCB) a nivel nacional, desde el 15 de este mes, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a este instrumento financiero.

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El “Bono BCB en dólares” se lanzó en febrero como parte del punto 3 del Acuerdo Económico, Productivo y Empresarial entre el Gobierno y el empresariado boliviano del 19 de febrero.

El instrumento financiero ofrece la siguiente escala de intereses: por tres meses 4,5%, por seis meses 5%, por un año 6%, por dos años 6,25% y por tres años se pagará un interés de 6,50%.

El ente emisor informó que entre el 27 de febrero y el 10 de abril de este año, colocó $us 53,4 millones en títulos del bono para personas naturales y jurídicas, cifra que supera el 50% del objetivo que el ente emisor se propuso hasta agosto.

La oferta culminará el 30 de agosto y hasta esa fecha, el Banco Central proyectó una colocación de $us 100 millones.